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martes, 11 de diciembre de 2012

El Ejecutivo destacó la referencia a un posible "alzamiento" de la Sala I, por Gabriel A. Morini (para “INFOnews” del 11-12-12)



Además, ratificaron que piensan avanzar con el jury a los camaristas

Lo mencionó el juez Zaffaroni en una "ampliación de fundamentos". Fuentes oficiales dijeron que el rechazo al per saltum "era previsible".
 

Pese a que el fallo de la Corte Suprema podría evaluarse como un revés a la estrategia planteada por el Ejecutivo para revertir la extensión de la cautelar en favor del Grupo Clarín, fuentes oficiales sostuvieron que la decisión unánime del máximo tribunal de rechazar el per saltum fue "un escenario previsible por un cuestión de protocolo procesal", al tiempo que destacaron la "ampliación de fundamentos" hecha por el juez Eugenio Zaffaroni. También se refirieron a "una interpretación restrictiva de la ley" que reglamentó el salto de instancias judiciales.
En rigor, fue clave el párrafo aportado al fallo por Zaffaroni, el único de los supremos que profundizó los argumentos esgrimidos por el gobierno nacional para interponer el recurso. Allí se abrió la puerta no sólo para presentar un recurso extraordinario ante la Cámara –algo que se podría materializar en las próximas horas– sino que anticipó que podría ser viable, en caso de detectarse que los camaristas incurrieron en una contradicción con lo ya dispuesto por la Corte en su fallo del 22 de mayo pasado, tanto por la extensión de la cautelar como por el hecho de que eximen al Grupo Clarín del cómputo de un año para completar su desinversión. 
El próximo paso será presentar ante la Sala I la solicitud para acudir a la Corte y superar todas las instancias de consulta a las partes, hecho que deberá ser resuelto en diez días corridos. Ante una negativa, al Ejecutivo le queda apelar al recurso "en queja" para subir al máximo tribunal.
La referencia de Zaffaroni a que el comportamiento de la Cámara podría implicar un "alzamiento de la instancia ordinaria contra decisiones firmes de esta Corte" fue interpretado por el oficialismo en sintonía con lo expresado en ocasión de la recusación en pleno de la Cámara, cuando el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió sobre un eventual "alzamiento". Fuentes gubernamentales no descartaron que pueda configurarse incluso un delito penal, un nuevo escenario para enfrentar a los camaristas más allá de la investigación por presuntas dádivas que se lleva adelante contra el juez Francisco de las Carreras. En el segundo inciso del artículo 230 de los delitos contra los Poderes Públicos se tipifica la figura delictiva como alzamiento público (no importa si es o no armado) con el fin de impedir la ejecución de las normas jurídicas o las resoluciones de carácter nacional o provincial.
También desde el Ejecutivo piensan avanzar con el proceso de jury a los camaristas, trámite que no será sencillo ya que el oficialismo no tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura. Necesita nueve votos afirmativos y ya cuenta con cinco rechazos seguros del bloque de consejeros que se abroqueló para trabar la designación de cinco jueces titulares y dos camaristas del fuero Civil y Comercial.
En tanto, dirigentes del arco opositor consideraron "positivo" el rechazo de la Corte al pedido de per saltum y aseguraron que se "ajusta a estricto derecho". Referentes del radicalismo, el Frente Amplio Progresista (FAP), el PRO y el peronismo disidente salieron a respaldar el accionar judicial. Por caso, el titular del FAP, Hermes Binner, consideró que "si no logramos la independencia de los tres poderes, estamos en una situación complicada como Nación"

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