Debates que revolucionaron la radiodifusión en EE.UU.
El problema de la Argentina es la
concentración que limita la aparición de nuevas y más voces.
Por:
Federico Bernal
Federico Bernal
En los EE UU, el período comprendido entre 1922 y 1927 se
caracterizó por un crucial y áspero debate político e ideológico en materia de
radiodifusión, por cierto, debate de notables similitudes al originado por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual en la Argentina. Una seguidilla de conferencias masivas
por el grado de participación y sus implicancias políticas y legislativas,
fueron identificando los problemas del sector, estableciendo nuevos objetivos,
redefiniendo conceptos y delineando las bases para un futuro marco regulatorio
en el país norteamericano. Sucedía entonces que la legislación de 1912
resultaba incompatible con las nuevas necesidades nacionales y el exponencial
crecimiento de la radiofonía. Las crecientes interferencias y el
desmejoramiento del servicio, las desmedidas ambiciones privadas y el
preocupante nivel de concentración económica estaban a la orden del día. ¿Quién
debe controlar el sector de la radiodifusión? ¿Debe regularse o seguir
desregulado? ¿Libertad de expresión o libertad del oyente? ¿Interés público o
privado? Estas, entre otras, las preguntas directrices formuladas por los
protagonistas del debate y que por supuesto habrían de dividir las aguas. Para
quienes impulsaban la regulación estatal, como por ejemplo los senadores
Clarence Dill y William H. Bora, "el futuro de la democracia estaba en
juego". Herbert Hoover, entonces secretario de Comercio e impulsor de un
enfoque transformador favorable al interés público, opinaba que "un poder
de persuasión radiofónico desregulado podría ser utilizado por inescrupulosos
para sus fines personales". En la vereda opuesta, la poderosa Corporación
Americana de Radio, seguida de lejos por otras radioemisoras privadas y la
industria radiofónica en general. Así hasta 1927, cuando la posición que
privilegiaba el interés público terminó por imponerse al poder corporativo.
Para el historiador estadounidense y especialista en esta materia, profesor
Mark Goodman, los resultados de las conferencias sobre radiodifusión promovidas
por Herbert Hoover en la década del '20 fueron la columna vertebral de la Ley de Radio de 1927:
"Las conferencias, que reunieron a funcionarios, empresarios del sector y
expertos (amateurs y profesionales), crearon el consenso necesario para la
definición de políticas representantes del interés público, las cuales a su vez
desembocaron en la elaboración de un nuevo marco regulatorio. De hecho, la
mayoría de las provisiones de la
Ley de Radio de 1927 surgieron de las conclusiones de las
mismas conferencias" (Journalism History - 26:3:2000). La citada ley y su
superación con la Ley
de Comunicaciones de 1934, permitieron regular y desmonopolizar las principales
licencias, así como priorizar el interés público por sobre el privado. Asimismo
y con la reasignación de licencias, se garantizó la pluralidad de opiniones
(aunque se excluyeron las de raíz comunista y socialista). En esta primera nota
analizaremos los antecedentes que culminaron en las revolucionarias leyes.
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN" E "INTERÉS PÚBLICO" SEGÚN HOOVER. En su proyecto original, Hoover planteaba cinco grandes atribuciones para el Departamento de Comercio en calidad de autoridad de aplicación: "1) Asegurar el crecimiento de la radio: el gobierno aseguraría el crecimiento y desarrollo de la industria de la radiofonía a través de la regulación de la tecnología aplicada a ella; 2) Protección del público: el gobierno se sentía en la obligación de defender a la audiencia de locutores y contenidos irresponsables; 3) Protección a la libertad de expresión de las emisoras, por medio de una legislación idónea. A propósito, resulta más que interesante rescatar el concepto de libertad de expresión según la versión que el mismo Hoover brindara en la conferencia de 1924: 'Las emisoras de radio deberán estar libres de censura gubernamental, lo cual no implica que sean libres de transmitir cualquier contenido. Las mantendremos libres –libres de monopolios, libres en la programación y libres en la expresión– pero también habremos de mantenerlas libres de malicia e insalubridad'; 4) Crear un mejor gobierno: el gobierno podría utilizar la radio para protegerse a sí mismo y mejorar la administración del país. El Comité de Asesoría Radial listó las siguientes instituciones estatales como aquellas con intereses en la regulación del sector: el Estado propiamente dicho, el Tesoro, la Armada y los ministerios de Guerra, Justicia, Correo Postal, Interior, Agricultura y Empleo; y 5) Servir el interés público: el objetivo supremo del gobierno era el de proteger los derechos de la audiencia al asegurar que las emisoras sirvieran el interés público" (Goodman. Ob. Cit.). Sin embargo, no sería el Departamento de Comercio la autoridad de aplicación creada por la ley sino la Comisión Federal de Radio, una propuesta original del senador Dill y Bora.
HOOVER LE HABLA A MAGNETTO. Durante la Cuarta Conferencia de Radio (9 de noviembre de 1925), Hoover siguió profundizando su visión transformadora. El secretario de Comercio abrió la jornada con estas palabras: "Hasta el presente, hemos tenido una política de absoluta libertad e ilimitada operación, un campo abierto a todo el que quisiera transmitir aquello que desee. (...) El resultado fue un maravilloso y extenso desarrollo al que no se podría haber llegado de ninguna otra manera. (...) (Pero) se ha agravado el problema del tráfico y la frontera de la interferencia se ha expandido. Debemos enfrentar esta actualidad con franqueza. No podemos seguir con la idea del espacio ilimitado para cualquiera en las avenidas de la radiofonía. No tenemos más canales (...). La disyuntiva es entre el interés público y el deseo privado, y nosotros no titubearemos en tomar la decisión correcta. (...) Escuchamos se pone mucho énfasis en la libertad del aire; pero a decir verdad existen dos posiciones en cuanto a lo que la libertad del aire y la libertad de expresión involucran. Está por un lado el que elabora los discursos y está por el otro el oyente. Ciertamente en radio, yo creo en la libertad del oyente. (...) La libertad no puede significar que cualquier persona o corporación disponga de una licencia para transmitir su nombre o sus mercancías, monopolizando así el aparato receptor del oyente. No conseguimos mucha libertad de expresión si 50 personas hablan desde un mismo lugar y al mismo tiempo (...). El éter es un medio público, y su uso debe destinarse al beneficio público. El uso de un canal de radio se justifica sólo si hay beneficio público. El elemento dominante para la consideración en el campo de la radiodifusión es –y siempre será–, el gran cuerpo de la audiencia pública, millones en número y de distribución nacional. (...) El supremo interés público ha de ser el factor decisivo. Presumo que pocos disentirán con lo correcto de este principio, desde que todos coincidiremos que el bien público debe superar el deseo privado. Pero su aceptación conduce amplios e importantes efectos prácticos, los cuales si bien podrán no generar la misma unanimidad, carecen de escapatoria lógica".
CONCLUSIONES. Las conferencias que condujeron a la Ley de Radio de 1927 presentan enormes similitudes con el debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como hoy ocurre con el Grupo Clarín en la Argentina (aunque el verdadero enemigo del interés popular es la cultura del granero del mundo, el atraso y la exclusión), en los EE UU de la época relatada un grupo económico también se opuso a la regulación y desconcentración del sector. La Corporación Americana de Radio (CAR) tenía desde 1919 el monopolio de las licencias radiofónicas y no estaba dispuesta a perder sus privilegios. A finales de 1926, meses antes de la sanción de la Ley de Radio, la publicación especializada Radio Broadcast advertía que dicha corporación (General Electric) controlaba todas menos dos de las principales licencias a nivel nacional (The Radio Patent Structure y What It Means). Mientras tanto, los senadores Pittman y Davis, favorables a la regulación y desconcentración, opinaban que la corporación "conspiraba para convertir a la radio en un monopolio", desde el cual "usaría la voz radiofónica para obtener todo el poder político y modelar el pensamiento en América" (The radio act of 1927 as a product of progressivism. Mark Goodman). La CAR, que apoyó en un comienzo la regulación de Hoover, se opondría luego a las modificaciones más radicales de Dill y Bora que terminarían por entrar en la ley de 1927. Una vez puesto en vigencia el marco regulatorio, la CAR se ajustaría a derecho, aunque lloverían cautelares y juicios al Estado. Cinco años después, el Ministerio de Justicia lograría quebrar el trust entre ella, General Electric y Westinghouse. Para terminar y retomando la importancia que las conferencias representaron a la creación del marco regulatorio de 1927 (y 1934), nada más oportuno que sus conclusiones/recomendaciones al Congreso de la Nación: (a) Los estatutos federales existentes resultan inadecuados para una apropiada administración de las actividades de comunicación radial; (...) (c) Las presentes condiciones así como el interés público requieren la activación de una nueva legislación que permita tal administración; (...) (f) No se permitirá ningún monopolio en el sector de la radio-comunicación; [...] y (l) El Departamento de Comercio tendrá el poder para revocar o suspender cualquier licencia según determine. El problema en EE UU era la concentración, la desregulación y la superpoblación de señales. El problema de la Argentina es la concentración que limita la aparición de nuevas y más voces. Ambas requieren obligadamente de la regulación estatal y un nuevo marco regulatorio que proteja la diversidad y revierta la concentración.
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN" E "INTERÉS PÚBLICO" SEGÚN HOOVER. En su proyecto original, Hoover planteaba cinco grandes atribuciones para el Departamento de Comercio en calidad de autoridad de aplicación: "1) Asegurar el crecimiento de la radio: el gobierno aseguraría el crecimiento y desarrollo de la industria de la radiofonía a través de la regulación de la tecnología aplicada a ella; 2) Protección del público: el gobierno se sentía en la obligación de defender a la audiencia de locutores y contenidos irresponsables; 3) Protección a la libertad de expresión de las emisoras, por medio de una legislación idónea. A propósito, resulta más que interesante rescatar el concepto de libertad de expresión según la versión que el mismo Hoover brindara en la conferencia de 1924: 'Las emisoras de radio deberán estar libres de censura gubernamental, lo cual no implica que sean libres de transmitir cualquier contenido. Las mantendremos libres –libres de monopolios, libres en la programación y libres en la expresión– pero también habremos de mantenerlas libres de malicia e insalubridad'; 4) Crear un mejor gobierno: el gobierno podría utilizar la radio para protegerse a sí mismo y mejorar la administración del país. El Comité de Asesoría Radial listó las siguientes instituciones estatales como aquellas con intereses en la regulación del sector: el Estado propiamente dicho, el Tesoro, la Armada y los ministerios de Guerra, Justicia, Correo Postal, Interior, Agricultura y Empleo; y 5) Servir el interés público: el objetivo supremo del gobierno era el de proteger los derechos de la audiencia al asegurar que las emisoras sirvieran el interés público" (Goodman. Ob. Cit.). Sin embargo, no sería el Departamento de Comercio la autoridad de aplicación creada por la ley sino la Comisión Federal de Radio, una propuesta original del senador Dill y Bora.
HOOVER LE HABLA A MAGNETTO. Durante la Cuarta Conferencia de Radio (9 de noviembre de 1925), Hoover siguió profundizando su visión transformadora. El secretario de Comercio abrió la jornada con estas palabras: "Hasta el presente, hemos tenido una política de absoluta libertad e ilimitada operación, un campo abierto a todo el que quisiera transmitir aquello que desee. (...) El resultado fue un maravilloso y extenso desarrollo al que no se podría haber llegado de ninguna otra manera. (...) (Pero) se ha agravado el problema del tráfico y la frontera de la interferencia se ha expandido. Debemos enfrentar esta actualidad con franqueza. No podemos seguir con la idea del espacio ilimitado para cualquiera en las avenidas de la radiofonía. No tenemos más canales (...). La disyuntiva es entre el interés público y el deseo privado, y nosotros no titubearemos en tomar la decisión correcta. (...) Escuchamos se pone mucho énfasis en la libertad del aire; pero a decir verdad existen dos posiciones en cuanto a lo que la libertad del aire y la libertad de expresión involucran. Está por un lado el que elabora los discursos y está por el otro el oyente. Ciertamente en radio, yo creo en la libertad del oyente. (...) La libertad no puede significar que cualquier persona o corporación disponga de una licencia para transmitir su nombre o sus mercancías, monopolizando así el aparato receptor del oyente. No conseguimos mucha libertad de expresión si 50 personas hablan desde un mismo lugar y al mismo tiempo (...). El éter es un medio público, y su uso debe destinarse al beneficio público. El uso de un canal de radio se justifica sólo si hay beneficio público. El elemento dominante para la consideración en el campo de la radiodifusión es –y siempre será–, el gran cuerpo de la audiencia pública, millones en número y de distribución nacional. (...) El supremo interés público ha de ser el factor decisivo. Presumo que pocos disentirán con lo correcto de este principio, desde que todos coincidiremos que el bien público debe superar el deseo privado. Pero su aceptación conduce amplios e importantes efectos prácticos, los cuales si bien podrán no generar la misma unanimidad, carecen de escapatoria lógica".
CONCLUSIONES. Las conferencias que condujeron a la Ley de Radio de 1927 presentan enormes similitudes con el debate en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como hoy ocurre con el Grupo Clarín en la Argentina (aunque el verdadero enemigo del interés popular es la cultura del granero del mundo, el atraso y la exclusión), en los EE UU de la época relatada un grupo económico también se opuso a la regulación y desconcentración del sector. La Corporación Americana de Radio (CAR) tenía desde 1919 el monopolio de las licencias radiofónicas y no estaba dispuesta a perder sus privilegios. A finales de 1926, meses antes de la sanción de la Ley de Radio, la publicación especializada Radio Broadcast advertía que dicha corporación (General Electric) controlaba todas menos dos de las principales licencias a nivel nacional (The Radio Patent Structure y What It Means). Mientras tanto, los senadores Pittman y Davis, favorables a la regulación y desconcentración, opinaban que la corporación "conspiraba para convertir a la radio en un monopolio", desde el cual "usaría la voz radiofónica para obtener todo el poder político y modelar el pensamiento en América" (The radio act of 1927 as a product of progressivism. Mark Goodman). La CAR, que apoyó en un comienzo la regulación de Hoover, se opondría luego a las modificaciones más radicales de Dill y Bora que terminarían por entrar en la ley de 1927. Una vez puesto en vigencia el marco regulatorio, la CAR se ajustaría a derecho, aunque lloverían cautelares y juicios al Estado. Cinco años después, el Ministerio de Justicia lograría quebrar el trust entre ella, General Electric y Westinghouse. Para terminar y retomando la importancia que las conferencias representaron a la creación del marco regulatorio de 1927 (y 1934), nada más oportuno que sus conclusiones/recomendaciones al Congreso de la Nación: (a) Los estatutos federales existentes resultan inadecuados para una apropiada administración de las actividades de comunicación radial; (...) (c) Las presentes condiciones así como el interés público requieren la activación de una nueva legislación que permita tal administración; (...) (f) No se permitirá ningún monopolio en el sector de la radio-comunicación; [...] y (l) El Departamento de Comercio tendrá el poder para revocar o suspender cualquier licencia según determine. El problema en EE UU era la concentración, la desregulación y la superpoblación de señales. El problema de la Argentina es la concentración que limita la aparición de nuevas y más voces. Ambas requieren obligadamente de la regulación estatal y un nuevo marco regulatorio que proteja la diversidad y revierta la concentración.
Publicado
en:
http://tiempo.infonews.com/2012/12/12/editorial-92638-cuando-herbert-hoover-alecciono-a-magnetto.php
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