Arriba : ¿Así quisieran verlos los denunciantes?
Qué esconde la denuncia contra los periodistas por instigación
a la violencia y el reclamo ante la
Corte por denegación de justicia
Los abogados del Grupo apuntan a una asimilación entre la
inminencia de la adecuación a la
Ley de Medios en la Argentina y lo ocurrido en Venezuela con Radio
Caracas Televisión (RCTV) y el presunto hostigamiento a periodistas por parte
del chavismo. Dos episodios con diferencias claras.
Por:
Martin Piqué
Martin Piqué
La sucesión de presentaciones judiciales del Grupo Clarín
viene generando intriga, sorpresa y hasta indignación (por la denuncia penal a
periodistas) en algunos casos. El 21 de noviembre, el Grupo que encabezan
Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto se presentó ante la Corte con un argumento
inédito –se consideró víctima de "indefensión y privación de
justicia"– para solicitar la extensión de la medida cautelar que lo
favorece (el máximo tribunal, en un revés muy fuerte para el Grupo, rechazó el
pedido y lo consideró "inadmisible"). El 22 de noviembre, un día después
de recurrir a la Corte,
Clarín presentó una denuncia penal por incitación a la violencia y coacción
agravada contra periodistas (a los que trató como "propaladores del
mensaje"), funcionarios y legisladores ante la justicia federal. Los acusó
de ser los "instigadores y determinadores del delito de incitación a la
violencia colectiva en perjuicio del Grupo Clarín y sus directivos" y
pidió la cárcel para ellos. La condena generalizada que despertó la denuncia
contra periodistas –Roberto Caballero, Sandra Russo y el relator de fútbol
Javier Vicente– dejó espacio luego al interrogante sobre por qué Clarín estaba
dando esos pasos, que una primera lectura podría considerar atolondrados y poco
serios.
¿Cuál es la estrategia jurídica de Magnetto y del enorme estudio
jurídico que lo asesora, con el penalista Hugo Wortman Jofré, ex socio de Luis
Moreno Ocampo, como cara visible y presunto estratega? La respuesta que circula
entre los abogados especializados en comunicación, como también entre los
investigadores que siguen de cerca el litigio por la aplicación de la ley,
tiene una explicación concreta. Según esa lectura, los abogados de Clarín están
intentando forzar una asimilación entre la situación que debe asumir el Grupo,
con el panorama que atravesó la empresa venezolana Radio Caracas Televisión
(RCTV) en mayo de 2007, al vencerse la concesión que le había otorgado el
Estado para explotar el canal VHF 2 de TV abierta.
La intención de Clarín de asimilar ambas situaciones choca,
sin embargo, con la propia realidad. El vencimiento de la licencia de RCTV fue
un procedimiento legal, administrativo, a través del cual el gobierno de Hugo
Chávez decidió no renovar la concesión de un solo medio (a los demás se les
renovó la licencia) al cumplirse el plazo de 20 años que duraban las
concesiones previstas por el Reglamento sobre Concesiones para Televisoras y
Radiodifusoras. El argumento para no renovar la licencia de RCTV fue que ese
canal había utilizado su pantalla para promover el golpe de Estado contra
Chávez, en abril de 2002. La situación en la Argentina es muy
distinta, porque más allá de la absoluta legalidad del acto administrativo
dispuesto en Venezuela, aquí se votó una nueva Ley de Medios con un amplio
consenso en la sociedad y en ambas cámaras del Congreso.
El contenido de la ley incluso recibió muchos elogios fuera
de las fronteras, como ocurrió esta semana con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza. "La ley (de
Medios) sirve para la construcción de una mayor normalidad democrática. El tema
tiene que ver con el avance en el ejercicio de la profesión de periodista y a
la vez con el avance normativo para defender el derecho a comunicar",
dijo. Los elogios de la CIDH
son importantes para el avance definitivo hacia la plena aplicación. Y pueden
resultar, también, un anticipo de lo que podría pasar en el caso de que el
Grupo Clarín decida acudir al sistema interamericano de Derechos Humanos, que
está integrado por la
Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Para poder acudir a la CIDH, y que ese organismo acepte la presentación
y la gire a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el demandante tiene
que poder demostrar que se encuentra en una situación de "indefensión y
desprotección jurídica", que se están violando –en perjuicio suyo–
artículos del Pacto de San José de Costa Rica y que, además, agotó todas las
instancias judiciales ante el Poder Judicial local. Y esta alternativa parece
ser la apuesta final de Clarín.
¿Pero cómo podría el grupo de Herrera de Noble y Magnetto
presentarse ante la CIDH
y que su presentación sea aceptada para, así, iniciar un "caso
contencioso" (como los define la
Corte interamericana) contra el Estado argentino? La única
alternativa que parece quedarle a Clarín es tratar de convencer al sistema
interamericano de Derechos Humanos sobre la existencia de un supuesto clima de
hostigamiento e intimidación impulsado desde la administración de Cristina
Fernández que pondría en riesgo la práctica profesional del periodismo. Para
intentar esta alternativa, Wortman Jofré y sus socios deberían lograr que la CIDH considere que los
directivos y periodistas del Grupo Clarín están siendo víctimas de una campaña
alentada desde el gobierno. Esto es, justamente, lo que Clarín planteó en la
controvertida denuncia penal que tramita en el Juzgado Federal Nº 9, a cargo de Luis
Rodríguez.
Si llegara a avanzar en esta estrategia, el multimedios
cuenta con dos antecedentes ("casos contenciosos" que tramitaron en la Corte Interamericana)
que también provienen de Venezuela. Se trata de las causas "Ríos, Luisiana
y otros c/ Venezuela" y "Perozo, Gabriela y otros c/ Venezuela",
en los que hubo sentencias parcialmente desfavorables para el gobierno
venezolano. En el primer caso, un grupo de periodistas de la cadena RCTV
denunció al Estado por hostigamiento y agresión de miembros de los Círculos
Bolivarianos en el marco de los hechos que sucedieron durante el intento de
golpe de Estado contra Chávez y su regreso triunfal como presidente legítimo.
La segunda denuncia fue hecha por periodistas de Globovisión, otra cadena
antichavista. En la sentencia de fondo del caso "Ríos c/ Venezuela",
en las consideraciones previas (página 35), la Corte Interamericana
mencionó la existencia en Venezuela de "un clima de agresión y amenaza
contra la libertad de expresión y, en particular, contra la integridad personal
de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y demás trabajadores de la
comunicación social". El fallo además mencionaba la "falta de
investigación por parte de la
Justicia venezolana" de esos episodios de violencia,
como también la existencia de "restricciones indirectas" a la
libertad de expresión.
En la
Argentina no se produjeron incidentes del tipo de los que, en
su momento, denunciaron los periodistas de RCTV y Globovisión. Los últimos
episodios de violencia contra periodistas se produjeron en Malvinas Argentinas
y en los cacerolazos del 13S y 8N. La apuesta de Clarín, a cinco días del 7D,
es equiparar aquellos hechos, que transcurrieron en la convulsionada Venezuela
de 2002, con la polémica denuncia por "incitación a la violencia" y
"coacción agravada" que presentaron el 22 de noviembre. «
La visita
Llega la SIP
El jueves llegará a Buenos Aires una delegación de la SIP encabezada por el
presidente de la Comisión
de Libertad de Prensa e Información, el editor uruguayo Claudio Paolillo, para
"evaluar in situ el estado de libertad de expresión" en el país entre
el 6 y 7 de diciembre.
Fiesta de la democracia
El 9 de diciembre, domingo, un día antes del lunes feriado,
el centro histórico de la
Ciudad de Buenos Aires –la Plaza de Mayo, la Avenida 9 de Julio,
Diagonal Norte y Diagonal Sur– recuperará el aspecto del Bicentenario. Una
fiesta, con cientos de miles de personas en la calle. La concentración tendrá
varias efemérides –coincidencias del calendario– para festejar. Y también habrá
una clara reivindicación del kirchnerismo y de la gestión de Cristina
Fernández. La combinación de aniversarios (casi 30 años de democracia, 100 años
de la Ley Sáenz
Peña, el Día Internacional de los Derechos Humanos y cinco años de gobierno de
Cristina) se completará con una fecha más, que se fue convirtiendo en un
símbolo. Una fecha que está asociada al futuro inmediato: el 7D, el vencimiento
del plazo establecido por la
Corte para la medida cautelar que traba la plena aplicación
de la Ley de
Medios. "La fiesta de la democracia" que se realizará en los
alrededores de Plaza de Mayo tendrá una programación musical con artistas de
muchísima convocatoria, también habrá actores famosos leyendo poemas y una de
las sorpresas –no la única– será la entrega de premios que distinguirán a
figuras comprometidas con los Derechos Humanos. El galardón será entregado por
la presidenta y está confirmado que los distinguidos serán el director de
orquesta Daniel Baremboim, el pintor y escultor León Ferrari y el poeta Juan
Gelman.
Al igual que en el Bicentenario, la fiesta del 9D tendrá un
carácter participativo, con desfile de murgas, colectividades, pueblos
originarios y comunidades campesinas con sus tradiciones, ropas y canciones
típicas. Sobre las avenidas Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Julio A. Roca
(Diagonal Sur) se instalarán stands y palcos para sentarse y seguir de cerca
los movimientos. Uno de los rasgos que lo diferenciará de las actividades por la Semana de Mayo de 2010 será
que esta vez los festejos tendrán un fuerte carácter federal: ese mismo domingo
se harán festejos en cerca de 20 ciudades de todo el país.
Al igual que en 2010, la Unidad Bicentenario
que comanda el publicista Javier Grosman –también factótum de Tecnópolis– tiene
una responsabilidad importante en la organización. Otra diferencia con el
Bicentenario es que esta vez no tendrá participación alguna el grupo de teatro
Fuerza Bruta, que mantiene excelentes relaciones con la Unidad Bicentenario,
pero que en esta época del año se encuentra de gira por distintas provincias
del país. Es muy probable que la convocatoria termine con un discurso de
Cristina Fernández, aunque todavía no está confirmado. Como hace dos años, la
concentración multitudinaria tendrá un visible componente de reivindicación
nacional, con muchas banderas argentinas y –en lo posible– menos banderas de
las múltiples organizaciones políticas ligadas al kirchnerismo.
Publicado en :
http://tiempo.infonews.com/2012/12/02/argentina-92055-clarin-busca-llegar-a-la-cidh-con-una-estrategia-de-victimizacion.php
http://tiempo.infonews.com/2012/12/02/argentina-92055-clarin-busca-llegar-a-la-cidh-con-una-estrategia-de-victimizacion.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario