Miradas al Sur.Año 5. Edición número 233. Domingo 4 de
noviembre de 2012
Por
Gabriel Bencivengo
El congreso armado por el Grupo Clarín en Miami arroja luz
sobre los vínculos entre algunos jueces y el holding. Los intereses, los
jugadores y las cámaras del sector con las que Magnetto presiona para preservar
un ámbito privilegiado de acumulación.
Que las cámaras empresariales se integren con propietarios y
ejecutivos de compañías es normal; tan normal como que pugnen por defender los
intereses de sus asociados, o que intenten preservar ámbitos privilegiados de
acumulación. Son las reglas del juego. Que esas mismas cámaras financien
centros de investigación que producen documentos orientados a legitimar las
posiciones de sus patrocinadores es también una práctica extendida. Los famosos
think tanks. Lo que sin duda es anormal, o debería serlo, es que integrantes de
la magistratura, concretamente cinco jueces de la Cámara Civil y
Comercial Federal –de un total de ocho en actividad–, participen de un
seminario organizado por un centro de investigación creado y financiado por un
grupo económico que tiene intereses en juego en el fuero en cuestión. Tal es la
médula de la situación planteada por el viaje que hicieron los camaristas
Francisco de las Carreras, Alfredo Gusman, Santiago Kiernan, Ricardo Recondo y
Ricardo Guarinoni –según la declaración del secretario general del tribunal,
Gustavo Boccanera– invitados por el ahora famoso Centro de Estudios para el
Desarrollo de as Telecomunicaciones y Acceso a la Sociedad de la Información de América
Latina (Certal) que financia, entre otros multimedios de la región, el Grupo
Clarín.
Los antecedentes. “Mi
materia prima es la democracia, por esos no pegan”, se victimizó Héctor Magnetto
durante la tenida que mantuvieron esta semana en Montevideo los empresarios que
integran la
Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Claro está:
nada dijo sobre los motivos que llevaron a su empleadora, Ernestina Herrera de
Noble, a brindar con el dictador Jorge Rafael Videla cuando Clarín y La Nación se apropiaron
de Papel Prensa.
Tampoco habló Magnetto de las presiones que aplicó el matutino sobre la frágil democracia del período presidencial de Raúl Alfonsín para que las propietarias de medios gráficos y las sociedades provenientes de cualquier sector de la economía pudieran ingresar en el mercado de la televisión y la radio; objetivos alcanzados durante el menemismo con la Ley de Reforma del Estado que abrió el juego de las privatizaciones y modificó una serie de artículos del Decreto-Ley 22.285 de la dictadura cívico-militar.
Mucho menos mencionó Magnetto los irrisorios 11 millones de dólares que desembolsó Arte Radiotelevisivo Argentina S.A. –sociedad que usó Clarín en la licitación– para quedarse con el Canal 13 y todas sus instalaciones y equipos. El desembarco le permitió, mediante el sistemático abuso de su posición dominante, consolidar un conglomerado que alcanza, según las imprecisas cifras oficiales, unas 250 licencias de radio, televisión y televisión por cable en todo el país. No es extraño que, desde entonces, el peso del Grupo se hiciera sentir en la agenda pública y que, mediante otra intrincada red de relaciones, modelara a su imagen y semejanza las cámaras empresarias del sector.
Tampoco habló Magnetto de las presiones que aplicó el matutino sobre la frágil democracia del período presidencial de Raúl Alfonsín para que las propietarias de medios gráficos y las sociedades provenientes de cualquier sector de la economía pudieran ingresar en el mercado de la televisión y la radio; objetivos alcanzados durante el menemismo con la Ley de Reforma del Estado que abrió el juego de las privatizaciones y modificó una serie de artículos del Decreto-Ley 22.285 de la dictadura cívico-militar.
Mucho menos mencionó Magnetto los irrisorios 11 millones de dólares que desembolsó Arte Radiotelevisivo Argentina S.A. –sociedad que usó Clarín en la licitación– para quedarse con el Canal 13 y todas sus instalaciones y equipos. El desembarco le permitió, mediante el sistemático abuso de su posición dominante, consolidar un conglomerado que alcanza, según las imprecisas cifras oficiales, unas 250 licencias de radio, televisión y televisión por cable en todo el país. No es extraño que, desde entonces, el peso del Grupo se hiciera sentir en la agenda pública y que, mediante otra intrincada red de relaciones, modelara a su imagen y semejanza las cámaras empresarias del sector.
Colonizando cámaras.
Algunos vínculos son interesantes. No porque hablen de actividades
ilícitas, sino porque explicitan los intereses en juego y dejan en claro por
cuenta y orden de quienes actúan los jugadores. Un caso sintomático lo
constituye la Comisión
de Asuntos Públicos y Regulación del célebre Certal. Su titular es el ex
secretario de Defensa de la
Competencia y al Consumidor, Carlos Winograd, quien a
mediados de 2000 aprobó el convenio mediante el cual el Grupo Clarín le compró
a Techint el 50% de Impripost Tecnología S.A., dedicada a la impresión de datos
variables y ensobrados de documentos en grandes volúmenes
La compra implicaba un alto grado de concentración. Winograd no exigió estudios de mercado para determinar si la operación disminuía, restringía o distorsionaba la competencia. El visto bueno se otorgó en base a las cifras declaradas por las partes interesadas en que el negocio se concretara. La participación de Impripost en el mercado creció aún más cuando el Grupo Clarín sumó nuevos clientes al negocio de la televisión por cable; por ejemplo, a través de la compra de Multicanal.
No es el único caso que alimenta el entramado de intereses. En la práctica, Winograd es secundado en la Comisión de Regulación del Certal por Walter Burzaco, representante de Magnetto en el negocio de la televisión por cable y titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). La entidad, creada a principios de los ’90, fue colonizada por el Grupo Clarín a la par que asfixiaba primero y fagocitaba después una infinidad de pequeños y medianos operadores del interior del país que no podían resistir la presión del dueño del fútbol codificado y que terminaron vendiéndole a Magnetto.
Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios de Clarín y directivo del Certal es otro caso típico. Además de las posiciones que detenta en el holding y en Certal, también está presente en ATCV como secretario general de la Comisión Directiva, posición desde la que se ocupa de hacer lobby en el lucrativo negocio de la televisión por cable. La lista es interminable. Alejandro Harrison, titular del capítulo argentino de Certal, preside Pramer –compañía de Liberty Global Inc.–, una de las mayores empresas de medios del mundo. Pramer tiene unos 20 millones de clientes y distribuye señales en 24 países, entre ellas El Garage TV, una de las señales que encabezó la movida –medida cautelar de por medio– contra la resolución de la Afsca que reordenaba las grillas en el cable.
Los conchabos de Harrison no terminan en Pramer. El hombre también se desempeña en otra organización empresarial clave en el negocio de la televisión. Se trata de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), que junto a Cablevisión fue uno de los auspiciantes del seminario organizado por Certal en Miami. Harrison, ex ejecutivo del Grupo Clarín, es vicepresidente de Cappsa, donde es secundado desde una de las vocalías por Pablo Casey, sobrino de Magnetto que, además, ocupa la presidencia de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba).
La compra implicaba un alto grado de concentración. Winograd no exigió estudios de mercado para determinar si la operación disminuía, restringía o distorsionaba la competencia. El visto bueno se otorgó en base a las cifras declaradas por las partes interesadas en que el negocio se concretara. La participación de Impripost en el mercado creció aún más cuando el Grupo Clarín sumó nuevos clientes al negocio de la televisión por cable; por ejemplo, a través de la compra de Multicanal.
No es el único caso que alimenta el entramado de intereses. En la práctica, Winograd es secundado en la Comisión de Regulación del Certal por Walter Burzaco, representante de Magnetto en el negocio de la televisión por cable y titular de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). La entidad, creada a principios de los ’90, fue colonizada por el Grupo Clarín a la par que asfixiaba primero y fagocitaba después una infinidad de pequeños y medianos operadores del interior del país que no podían resistir la presión del dueño del fútbol codificado y que terminaron vendiéndole a Magnetto.
Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios de Clarín y directivo del Certal es otro caso típico. Además de las posiciones que detenta en el holding y en Certal, también está presente en ATCV como secretario general de la Comisión Directiva, posición desde la que se ocupa de hacer lobby en el lucrativo negocio de la televisión por cable. La lista es interminable. Alejandro Harrison, titular del capítulo argentino de Certal, preside Pramer –compañía de Liberty Global Inc.–, una de las mayores empresas de medios del mundo. Pramer tiene unos 20 millones de clientes y distribuye señales en 24 países, entre ellas El Garage TV, una de las señales que encabezó la movida –medida cautelar de por medio– contra la resolución de la Afsca que reordenaba las grillas en el cable.
Los conchabos de Harrison no terminan en Pramer. El hombre también se desempeña en otra organización empresarial clave en el negocio de la televisión. Se trata de la Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (Cappsa), que junto a Cablevisión fue uno de los auspiciantes del seminario organizado por Certal en Miami. Harrison, ex ejecutivo del Grupo Clarín, es vicepresidente de Cappsa, donde es secundado desde una de las vocalías por Pablo Casey, sobrino de Magnetto que, además, ocupa la presidencia de la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (Aedba).
¿Juez y parte…?
La situación del juez Ricardo Recondo es clara. Su influencia en la corporación
judicial, su peso como camarista y ex presidente de la Asociación de
Magistrados, además de su posicionamiento político-ideológico, son ampliamente
conocidos. Que su hija, Ana Recondo, trabaje en el Certal como coordinadora
general del capítulo argentino no es excepcional. En la práctica, el juego de
las relaciones es casi infinito. Menos conocido es el caso del juez Carlos
Mahíques, integrante de la
Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Al igual que sus
colegas De las Carreras y Recondo, Mahíques fue uno de los disertantes del
congreso organizada por el Certal, organización en la que también revista su
hijo, Juan Mahíques, como responsable de Relaciones Institucionales del
capítulo argentino, y su hija, Eugenia Mahíques, como directora del
observatorio de medios.
Especialista en Derecho Penal, el currículum de Mahíques incluye un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde es profesor titular de varias asignaturas. En los claustros de la casa de estudios suelen concretarse las convocatorias del Movimiento Productivo Argentino que lidera Eduardo Duhalde. Quienes transitan la magistratura bonaerense pintan a Mahíques como un cuadro de la derecha de muy sólida formación. Activo militante del antiabortismo, su nombre lo barajó el PRO hacia fines de 2010 para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en medio de un escándalo se cayó la postulación de Daniela Bruna Ugolini, la primera candidata de Mauricio Macri.
Especialista en Derecho Penal, el currículum de Mahíques incluye un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde es profesor titular de varias asignaturas. En los claustros de la casa de estudios suelen concretarse las convocatorias del Movimiento Productivo Argentino que lidera Eduardo Duhalde. Quienes transitan la magistratura bonaerense pintan a Mahíques como un cuadro de la derecha de muy sólida formación. Activo militante del antiabortismo, su nombre lo barajó el PRO hacia fines de 2010 para ocupar un lugar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, cuando en medio de un escándalo se cayó la postulación de Daniela Bruna Ugolini, la primera candidata de Mauricio Macri.
Todo para mí.
Desde el oficialismo se subraya que el Certal es, ante todo, un grupo de lobby.
“Lo que no se entiende es qué hace la Cámara Civil y Comercial Federal asistiendo a ese
congreso”, se preguntó esta semana el senador neuquino del Frente para la Victoria, Marcelo
Fuentes. En el caso de De las Carreras se le dio traslado en el Consejo de la Magistratura a la
denuncia en su contra y tiene 20 días de plazo para hacer su descargo. “Si las
explicaciones no son satisfactorias, se puede abrir el proceso de destitución”,
agregó Fuentes.
En el oficialismo señalan que la situación de Recondo es más delicada. Similares son las evaluaciones que hacen quienes transitan los diferentes ámbitos del Poder Judicial. Ni qué hablar del análisis de los integrantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. “No sólo quedaron claras sus maniobras de digitación del juez subrogante Raúl Tettamanti, el bloqueo a la designación de jueces naturales, sino que ahora surgen estas vinculaciones con esta organización llamada Certal”, dijo Fuentes.
Para el oficialismo, los vínculos son claros. Los hechos parecen confirmarlo. El congreso de Miami también tuvo como panelista a Carlos Moltoni. El gerente de Cablevisión sostuvo que la nueva ley de medios sancionada por el Congreso abre la puerta a la participación de actores que, según su entender, no tendrían que participar. La embestida apunta a preservar el ámbito privilegiado de acumulación que en el sector info-comunicacional consolidó el Grupo Clarín entre 1989 y 1995. Está claro: en la visión de los actuales jugadores no hay lugar para las organizaciones no gubernamentales ni para las universidades, por citar un par de ejemplos.
En el oficialismo señalan que la situación de Recondo es más delicada. Similares son las evaluaciones que hacen quienes transitan los diferentes ámbitos del Poder Judicial. Ni qué hablar del análisis de los integrantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. “No sólo quedaron claras sus maniobras de digitación del juez subrogante Raúl Tettamanti, el bloqueo a la designación de jueces naturales, sino que ahora surgen estas vinculaciones con esta organización llamada Certal”, dijo Fuentes.
Para el oficialismo, los vínculos son claros. Los hechos parecen confirmarlo. El congreso de Miami también tuvo como panelista a Carlos Moltoni. El gerente de Cablevisión sostuvo que la nueva ley de medios sancionada por el Congreso abre la puerta a la participación de actores que, según su entender, no tendrían que participar. La embestida apunta a preservar el ámbito privilegiado de acumulación que en el sector info-comunicacional consolidó el Grupo Clarín entre 1989 y 1995. Está claro: en la visión de los actuales jugadores no hay lugar para las organizaciones no gubernamentales ni para las universidades, por citar un par de ejemplos.
Hoy por hoy.
Tras las revelaciones y la fuerte ofensiva de los consejeros del Frente para la Victoria, los camaristas
Martín Farrell y Santiago Kiernan renunciaron a sus cargos. Al momento de la
dimisión, Farell era el presidente subrogante de la Cámara y miembro de la Sala I del tribunal.
Kiernan, también subrogante, ocupaba un cargo de magistrado en la Sala II. Los dos estaban
jubilados, pero sin embargo habían sido convocados por sus pares, amparados en
una normativa que permite a los jueces retomar sus tareas si es necesario.
Farrell se vio involucrado directamente en la denuncia del Gobierno Nacional por anomalías en la designación de los jueces subrogantes que debían fallar sobre el artículo 161 de desinversión. Al igual que Recondo, Farrell está señalado como uno de los responsables de digitar la elección de magistrados. En Tribunales, las aguas están divididas entre quienes recelan de las intenciones del Gobierno Nacional y quienes no. Sin embargo, unos y otros admiten que se está descorriendo el velo que ocultaba un sistema para la elección de magistrados que rozaba la ilegalidad.
Fue ante esta situación que el Poder Ejecutivo se presentó ante el Consejo de la Magistratura y denunció hechos y situaciones; al tiempo que exigió que se priorizara la selección de jueces a través de concursos y presentó, con acuerdo del Senado, el listado de 16 conjueces que la Cámara Civil y Comercial Federal deberá sortear para cubrir las vacancias del tribunal hasta tanto el Consejo de la Magistratura designe nuevo titulares.
Farrell se vio involucrado directamente en la denuncia del Gobierno Nacional por anomalías en la designación de los jueces subrogantes que debían fallar sobre el artículo 161 de desinversión. Al igual que Recondo, Farrell está señalado como uno de los responsables de digitar la elección de magistrados. En Tribunales, las aguas están divididas entre quienes recelan de las intenciones del Gobierno Nacional y quienes no. Sin embargo, unos y otros admiten que se está descorriendo el velo que ocultaba un sistema para la elección de magistrados que rozaba la ilegalidad.
Fue ante esta situación que el Poder Ejecutivo se presentó ante el Consejo de la Magistratura y denunció hechos y situaciones; al tiempo que exigió que se priorizara la selección de jueces a través de concursos y presentó, con acuerdo del Senado, el listado de 16 conjueces que la Cámara Civil y Comercial Federal deberá sortear para cubrir las vacancias del tribunal hasta tanto el Consejo de la Magistratura designe nuevo titulares.
Modus operandi
El valor de la palabra
El valor de la palabra
Las prácticas a las que suele apelar el Grupo Clarín para
conservar y aumentar su poder de lobby tienen un patrón que quedó en evidencia
hace un par de años. El escenario en aquella ocasión fue una cámara empresaria
clave: la Asociación
de Teledifusoras Argentinas (ATA), entidad que desde 1959 representa a los
canales de televisión abierta que tienen licencias para operar en el país. En
2008, el Grupo Clarín y Telefé habían alcanzado un acuerdo de palabra que
consistía en alternarse en la presidencia de ATA. La idea, alentada por los
canales del interior, consistía en que se alcanzara un equilibrio que
garantizara un mayor equilibrio en las decisiones para que el holding que
dirige Héctor Magnetto no siguiera imponiendo sus posturas. En octubre de 2010,
la cuestión pasaba por designar al sucesor de Pablo Casey, sobrino de Magnetto
y hasta ese momento presidente de ATA.
El candidato de consenso era Luis Velo, ejecutivo de Telefé y referente de las televisoras del interior. Sin embargo, el Grupo Clarín desconoció el pacto y llamó a un cuarto intermedio para dilatar la sucesión. Los canales del interior exigieron que se respetara lo acordado. La discusión fue áspera. La asamblea resolvió votar. Así las cosas, el candidato de los canales del interior ganaba por amplia mayoría. Sin embargo, una jugada de último momento le permitió a Casey entorpecer lo que parecía un resultado cantado. La repentina ausencia de uno de los delegados dejó sin quórum la asamblea. La maniobra del Grupo Clarín abrió profundas diferencias hacia el interior de ATA. Tras una dura pulseada, finalmente, el Grupo Clarín se vio obligado a ceder la posición y Luis Velo sucedió a Casey.
El candidato de consenso era Luis Velo, ejecutivo de Telefé y referente de las televisoras del interior. Sin embargo, el Grupo Clarín desconoció el pacto y llamó a un cuarto intermedio para dilatar la sucesión. Los canales del interior exigieron que se respetara lo acordado. La discusión fue áspera. La asamblea resolvió votar. Así las cosas, el candidato de los canales del interior ganaba por amplia mayoría. Sin embargo, una jugada de último momento le permitió a Casey entorpecer lo que parecía un resultado cantado. La repentina ausencia de uno de los delegados dejó sin quórum la asamblea. La maniobra del Grupo Clarín abrió profundas diferencias hacia el interior de ATA. Tras una dura pulseada, finalmente, el Grupo Clarín se vio obligado a ceder la posición y Luis Velo sucedió a Casey.
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