Reconocido como “socio de honor” por AIR, la
asociación de radioteledifusores que también otorgó esas distinciones a dos
cadenas que promovieron el golpe contra Hugo Chávez en 2002, el CEO de Clarín
comparó a Argentina con Venezuela y llamó al 8N contra el 7D. El apoyo de Elisa
Carrió y Luis Barrionuevo a su convocatoria.
Por:
Roberto Caballero
En el ajedrez, el rey es la pieza más importante. Cuando corre riesgo de ser capturado, se dice que está en jaque. Si no puede librarse de la amenaza, entonces es mate. Está derrotado.
Héctor
Magnetto es la pieza más importante del Grupo Clarín. Como en el ajedrez, su
poder radica en exponer a otras piezas, preservando siempre la integridad
propia. Sin embargo, su aparición en público de esta semana, en Uruguay, donde
fue designado “socio de honor” por la Asociación Internacional
de Radiodifusión (AIR), pareció una jugada desesperada, en la estrategia de
desafío a los tres poderes del Estado que se planteó para evitar cumplir con la Ley de Medios de la democracia.
Magnetto decidió salir de su casillero y quedó expuesto. ¿Habrá sido por
soberbia? ¿Será que ya no escucha, como dicen sus viejos colaboradores? ¿Acaso
buscó victimizarse ante la opinión pública hablando con la dificultad que se le
conoce, para traccionar apoyos que dejó de recibir? ¿O es consciente de que es
la última jugada?
En todo
caso, lo importante no es cómo habla, sino lo que dijo. Porque al salir a
pelear puso en situación de vulnerabilidad a los pocos alfiles y peones que le
van quedando. Los dejó desnudos sobre el tablero. Dijo Magnetto, en el país
oriental: "En este momento, la libertad de expresión y la independencia de
la justicia están sometidas a una presión importantísima, con resultado
adverso. No hay libertad de expresión, sin prensa independiente. Si se debilita
una de ellas, entran en peligro las dos", y volvió a advertir sobre una
supuesta "actitud grosera de presión sobre el Poder Judicial". ¿Quién
dijo que la justicia no debía dejarse presionar, últimamente? Ricardo Lorenzetti,
presidente de la Corte,
en realidad, fue hecho decir esto por Magnetto desde la tapa de su diario de
agitación. Lorenzetti no había dicho exactamente eso. Manifestó, en realidad,
que los jueces no debían sentirse presionados ni por gobiernos ni por corporaciones
económicas. Esto último no fue recogida por los medios del Grupo Clarín, que
tampoco dieron espacio al pedido lógico de rectificación de Lorenzetti, si es
que lo hubo. La presunta hipertensión política hacia el magisterio que denuncia
Magnetto, casualmente, fue también la crítica de la oposición indignada al
oficialismo tanto en el Congreso y en el Consejo de la Magistratura para
defender a un grupo de jueces del Fuero Civil y Comercial Federal demasiado
contemplativos con los requerimientos judiciales de la única empresa que viene
trabando el artículo 161, desde hace tres años. Quizá Magnetto llama
"presión importantísima" o "actitud grosera de presión sobre el
Poder Judicial" a poner luz sobre algunos magistrados que viajaron a Miami
a un congreso de CERTAL (Centro de Estudios para el Desarrollo de las
Telecomunicacionesy el Acceso a la Información de América Latina), una ONG
financiada, entre otros, por Cablevisión, que tiene a gerentes y abogados del
grupo (por ejemplo, Hernán Verdaguer, gerente de Asuntos Regulatorios de
Clarín, y Santiago Piris, que suele firmar, precisamente, como abogado de
Cablevisión), y a familiares de camaristas en su plantel (aparecen los
apellidos de Recondo y Mahiques en su plantel), donde opinaron de manera
adversa a las leyes de desconcentración mediática sobre las que, eventualmente,
tienen algún poder de decisión vía cautelares. No es cuestión de desconfiar así
porque sí de los usías, pero negar que su imparcialidad está en duda sería una
tontera. El propio Francisco de las Carreras, a quien el ministro de Justicia
Julio Alak quiere que se investigue penalmente por presunta "recepción de
dádiva", admitió el tuteo con los empresarios de CERTAL, aunque negó que
le hayan pagado todos los gastos: sólo el pasaje y la hotelería. Desde que se
conoció la sintonía fina ideológica entre jueces y "la actora", que
es la misma que financia total o parcialmente este tipo de foros por la
"libertad de expresión" entre palmeras y piscinas de hoteles 5
estrellas, el interrogante es obvio: ¿Cómo hace un juez, por idóneo que fuera,
para fallar contra un monopolio cuando está de acuerdo con los argumentos del
monopolio? Está difícil la cosa, aun para "un juez prestigioso y de
conducta intachable" como De las Carreras, según la calificación del
diario Clarín, en su edición de ayer, página 18.
Y eso no
es todo: el jueves, ante el Consejo de la Magistratura, Gustavo
Bocanera, secretario de la
Cámara en lo Civil y Comercial Federal, confesó que Carreras
no fue el único que viajó al congreso de CERTAL. También lo hicieron Alfredo
Gusman, Santiago Kiernan y Ricardo Guarinoni, además de Ricardo Recondo.
Mientras
tanto, ante los escándalos que envuelven al fuero que decide sobre el artículo
161, el Ejecutivo sueña con un per saltum que le evite quedar en manos del
humor de estos jueces viajantes. Que sea la Corte la que decida sería, a ojos del
oficialismo, una idea saludable. En este caso, sería como mirar la mitad del
vaso lleno. La dilación, después del fallo del máximo tribunal que dio plazo
hasta el 7D, profundizaría un escenario de crisis institucional –que ya lleva
tres años– derivada del capricho de una corporación económica que pretende
hacer bailar al Legislativo, al Judicial y al Ejecutivo con la música que ella
quiere.
Volvamos
al que escribe las partituras, entonces. "Lamentablemente Argentina está
en un proceso muy parecido al que vive Venezuela, aunque todavía no llegamos a
su nivel (…) Son gobiernos con tendencia claramente autoritaria", alertó
Magnetto, desde el llano. El argumento que compara a Cristina Kirchner con Hugo
Chávez es el mismo que utilizaron Patricia Bullrich, Federico Pinedo y todos
los opositores que viajaron a Caracas para festejar el triunfo de Capriles y
tuvieron que volverse magullados por la apabullante victoria electoral
bolivariana. Es el que se pretendió instalar durante meses al grito paródico de
"¡exprópiese!" desde el prime time dominical de Canal 13, en el show
de Jorge Lanata, buscando un idéntico patrón entre el demonizado proceso
chavista de distribución y el del kirchnerismo, dos modelos que tienen en común
políticas de promoción social ascendente y autonomía regional, pero que no son
exactamente iguales por razones históricas, culturales y económicas. Aunque
falaz y antojadiza, la asociación sin matices ni contextos le sirve a Magnetto
para tejer solidaridades con cámaras patronales internacionales, como la SIP y la AIR, integradas por
antichavistas furibundos de excelentes relaciones con el Departamento de
Estado, de cara al 7D.
A
propósito, la AIR
que distinguió al CEO de Clarín tiene un presidente que se retiró del ejército
chileno en 1989. Su nombre es Luis Pardo Sainz. El 17 de septiembre pasado fue
entrevistado por el abogado de La Nación Adrián Ventura, que le preguntó qué cosas
le llamaban la atención de nuestro país. Esta fue la respuesta: "La Argentina está
atravesando una crisis institucional muy difícil. Hay un grupo de poder, que
está en el Gobierno, y que se ocupa de capturar las instituciones del Estado y
a los medios (…) El temor está instalado y muy esparcido. El hecho de que la AFIP visite a cualquier
persona que haga una crítica, o que un funcionario le diga a un empresario
crítico que lo va a fundir [como dijo el viceministro de Economía, Áxel
Kicillof, sobre el grupo Techint] y que el empresario ensaye una explicación
pública son hechos que muestran que las cosas funcionan mal. Hay un nivel de
degradación que la Argentina
no había vivido nunca antes." Todos los lugares comunes de la agenda
catastrófica que promueven Clarín y La Nación. No falta ninguno. ¿O sí? Claro, el 7D:
"Esa fecha aparece en un fallo de la Corte. Según ese
fallo, ese día termina la vigencia de una medida cautelar y comienza a correr
el plazo de un año para desinvertir. La Presidenta malinterpreta el fallo y le hace decir
algo que no dice." Esto es falso. Vayamos al fallo de la Corte: "En
consecuencia, a partir del 7 de diciembre de 2012 vence la suspensión del
artículo 161 y se aplica a la actora. De ahí que estando su plazo para
adecuarse (el del año que habla la ley) vencido el 28 de diciembre de 2011, sea
plenamente aplicable a la actora con todos sus efectos a partir de la fecha
indicada." Traducción: ya se venció el plazo de un año, sólo que no se
ejecuta por el paraguas de la cautelar. Al vencer el 7D la cautelar, el otro
plazo también caducó.
Digamos
que AIR respalda a la cadena RCTV (Radio Caracas Televisión), vocera de la
derecha venezolana, que el 11 de abril de 2002 pretendió derrocar con un golpe
de Estado a Hugo Chávez, poniendo en su lugar a Pedro Carmona. Los propietarios
de RCTV recibieron el mismo reconocimiento que Magnetto, junto a los de
Globovisión, el canal que durante las 47 horas que Chávez estuvo detenido, le
negó pantalla a las muchedumbres que ganaron las calles para defender al
presidente democrático. Otro grupo premiado es Circuito Belfort, socio de
Globovisión en una cadena de radios que concentra más de 50 frecuencias de AM y
FM en Venezuela. Nelson Belfort, su dueño, integra el Consejo Directivo de AIR,
junto a los argentinos Heber Martínez (ATA- Asociación de Teleradiofusores
Argentinos); y Carlos Molina y Edmundo Rébora (ARPA- Asociación de
Radiodifusoras Argentinas), todos ellos, buenos conocidos de Magnetto.
En su
aparición uruguaya, el CEO de Clarín, mientras se mostraba orgulloso por el respaldo
de sus pares de AIR, declaró: "Soy optimista porque la sociedad está
empezando a reaccionar y pienso que tiene reservas para sostener esta batalla
en el tiempo." Es obvio que aludió así al cacerolazo del 13 de septiembre
y a la convocatoria del próximo viernes, el 8 de noviembre, que Elisa Carrió,
Luis Barrionuevo, Fernando Iglesias, Cecilia Pando y un grupo de blogeros de la
derecha republicana motorizan desde las redes sociales, con la cobertura de los
diarios Clarín y La
Nación. Toda la "sociedad" de la que habla Magnetto
es, en rigor de verdad, un sector de la clase media –no toda– que reproduce su
agenda disconforme por "la inflación", "el cepo al dólar",
"la inseguridad" y la "dictadura K". Como si esas audiencias
cautivas fueran un ejército zombie que reacciona a pedido suyo "para
sostener esta batalla en el tiempo". Pero, ¿de qué batalla habla?
"Nosotros no hacemos salchichas ni dulces, trabajamos sobre una materia
prima que se relaciona con la democracia y las libertades. (…) Hay una
responsabilidad social de los medios de comunicación: están defendiendo a la
democracia. Por eso nos pegan", declaró, épico, en el Uruguay. La presunta
"batalla" por "la libertad de expresión y la democracia"
que Magnetto dice estar librando existe sólo en su fantasía. La Corte Suprema ya
opinó: "A la hora de identificar el perjuicio (la actora) señala que este
radica en la pérdida de licencias que les han sido concedidas, lo que les causa
zozobra económica y financiera (…) afecta irremediablemente el derecho de propiedad
(…) La propia pretensión de los demandantes ubica a la cuestión litigiosa
dentro del campo patrimonial (…) No existen argumentos que relacionen
directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión."
Lo que
el empresario antikirchnerista quiere vestir de epopeya, entonces, es apenas la
defensa de su patrimonio excedido, sometiendo a todo el sistema institucional a
su capricho. ¿Acaso pretende que la sociedad le defienda su dinero? Nunca hay
que olvidar que cuando Magnetto tuvo la defensa de la libertad de expresión de
toda la sociedad en su custodia, silenció un genocidio con 30 mil desaparecidos
y se apropió de Papel Prensa, junto a La Nación. (Nota al margen: el aviso clarinizado de
esta semana de El Cronista Comercial, donde asocia dictadura con kirchnerismo,
es una falta de respeto inconcebible a la memoria de Rafael Perrota, ex
director del diario, torturado y desaparecido por una dictadura de verdad –ver
último libro de María Seoane–. Banalizar el mal es una forma de complicidad solapada
con ese mal).
Está
claro que las garantías judiciales de las que goza Magnetto exceden a las de
cualquier ciudadano promedio. El viernes 1 se conoció la noticia de un hombre
que cometió robo famélico. Fue condenado por llevarse sin pagar dos bifes (27
pesos) para alimentar a su hijo, que no comía hacía tres días. Luego de cuatro
años, se llegó al colmo: querían, además, cobrarles las costas del juicio. Tuvo
que intervenir una sala de la
Cámara de Casación para que el hombre fuera absuelto. A la
inversa, casi tres largos años se tomó el mismo Poder Judicial para designar
juez en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en el
despojo a la familia Graiver, en la que Magnetto está denunciado por la
secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, leading case de la connivencia empresaria y genocida.
Quedó, finalmente, a cargo del expediente el juez federal Julián Ercolini,
después de que este diario y la propia secretaría de Derechos Humanos, a cargo
de Martín Fresneda y el incansable Luis Alen, expusieran la injustificada
demora. Ahora Ercolini puede citar al CEO de Clarín y también al dueño de La Nación, Bartolomé Mitre, a
las indagatorias que vienen pedidas desde el comienzo de la denuncia. Ya van
tres años. A veces, demorar, dilatar acciones judiciales sin tiempo, parece ser
una medida del poder real que se detenta. Y también una manera de instalar un
sistema judicial donde hay algunos que son más iguales que otros.
Alguna
vez, Guillermo Moreno denunció que a través de la firma Impripost (que Clarín
tiene en sociedad con la siderúrgica Techint, en una suerte de insólito joint
venture) dedicada, entre otras cosas, a la impresión de resúmenes de tarjetas
de crédito, Magnetto accedía a los consumos, algunos muy altos, de funcionarios
judiciales diversos, y que estos eran amigablemente notificados cuando los
gastos no se correspondían con sus ingresos, dejándoles la opción de
agradecerles de por vida por el oportuno aviso. Lo dijo Moreno. Está filmado.
Se lo pudo ver en el programa Bajada de línea, de Víctor Hugo Morales, en Canal
9.
Que se
sepa, no hay ninguna investigación al respecto. Todavía.
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