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jueves, 29 de noviembre de 2012

Buitres: la Argentina, un caso testigo, por Mariano Beristain (para INFOnews del 25-11-12)



Si prospera el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, se abriría un horizonte de enorme incertidumbre.



La decisión del juez de Nueva York Thomas Griesa, compartida desde el punto de vista conceptual por el Tribunal de Apelaciones de esa ciudad, abre una nueva caja de Pandora y refleja a todas luces un avance del poder financiero internacional sobre los Estados Nacionales y el poder político. El ataque contra la reestructuración de la deuda en la Argentina es una evidente avasallamiento de los fondos buitre, avalado por un magistrado extranjero con un historial de recurrentes fallos contra la Argentina. Existen varios indicios de que la decisión de Griesa tiene una clara animadversión contra el país y que se basó más en argumentos de orden político que jurídicos. Por ejemplo, en uno de los tramos, Griesa cuestiona directamente la decisión soberana del Estado argentino de establecer su propio cuerpo jurídico, al afirmar que "las legislación misma de la Argentina está en contra de la ley". En este caso puntual, el juez critica la Ley Cerrojo, que en 2005 limitó la reapertura del canje de deuda. En otro tramo más difundido del fallo también hace referencia explícita y crítica a un discurso en el que la presidenta Cristina Fernández reivindica la decisión de la Argentina de no pagarles a aquellos que no ingresaron a los dos canjes de deuda, que aceptaron y avalaron el 92,7% de los acreedores. Es llamativo que un juez de primera instancia de los Estados Unidos responda a través de un escrito "jurídico" a un discurso político de la primera mandataria argentina. En teoría, un juez imparte justicia no política y si lo hace debe esgrimir argumentos técnicos. Otro dato revelador es el rápido tratamiento que le dio a la última fase del caso. Griesa, un hombre conservador, de edad avanzada (82), criticado en su país por la lentitud para dictar sentencias, leyó y procesó siete presentaciones que hicieron distintos grupos de bonistas, del gobierno argentino y de los fondos buitre, y redactó el fallo en un tiempo récord de 48 horas. Esto explica porque el ministro de Economía, Hernán Lorenzino acusó al fallo de alumbrar una "colonización jurídica", en referencia a la intromisión de un juez extranjero en las determinaciones políticas del país. Hasta el ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el ultraconservador, Martín Redrado debió reconocer que "el fallo es incorrecto y tiene errores técnicos", con lo cual admitió implícitamente que la respuesta obedece más a razones políticas. Hasta aquí los recurrentes fallos de Griesa a favor de los fondos buitre parecen decisiones caprichosas de un juez que pueden tener un impacto millonario en perjuicio de la Argentina y que benefician a grupos financieros carroñeros con un enorme poder de presión. Sin embargo, si el caso llega a la última instancia (previa ratificación del criterio arbitrario de igualdad de trato que les otorga a los buitres el 100% del reclamo cuando el resto de los bonistas aceptaron quitas de hasta el 70%) y la Corte Suprema de los Estados Unidos confirma lo actuado por este juez, se sentaría un peligroso antecedente internacional con consecuencias aún difíciles de predecir. La Argentina no es el único país que ha reestructurado su deuda, Grecia hace poco presentó un millonario impago. "Es una jugada perfecta de la banca; se trata de una medida de disciplinamiento sobre el poder político. Esto nos obliga a pensar que va a pasar en otros países como Grecia", reconoce el economista de la Universidad de San Martín, Enrique Dentice. Grecia reestructuró el 95% de la deuda con el sector privado, pero todavía hay un 5% que quedó afuera. Es que el fallo de Griesa podría transformar las decisiones de los Estados en materia de deuda en un verdadero convidado de piedra porque en los hechos la reestructuración podría fracasar pues el fallo del juez de Nueva York les abre nuevas expectativas a los especuladores para recurrir a una instancia judicial y obtener más dinero del que los gobiernos acuerden con los tenedores de bonos en una reestructuración de deuda. En ese caso, la Argentina será recordada en el futuro como un leading case (caso testigo) de la suerte que después corrieron otros países que debieron renegociar su deuda tras ir a la quiebra. El resto de las naciones desarrolladas también deberían seguir de cerca el caso porque también pueden caer como un castillo de naipes empujados por el alto peso de su endeudamiento. No se trata de una quimera o una especulación periodística. La situación de la deuda pública de Europa ha ido haciéndose una enorme bola de fuego desde fines del siglo pasado. En menos de 20 años el nivel de endeudamiento del Viejo Continente creció casi el 50% merced a las graciosas políticas de desfinanciamiento del sector público (que en muchos casos le quitaron impuesto a las empresas y obligaron a los Estados a endeudarse) y a las maniobras especulativas del sector financiero que también se anotaron en los pasivos del Estados y terminaron pagando los propios contribuyentes. Según la agencia de estadísticas Eurostat, la deuda total de los 27 países de la Unión Europea subió hasta ubicarse a finales del año pasado en el 82,2% del Producto Bruto Interno (PBI), pero si se toma a los 17 países que integran la zona euro este porcentaje crece aun más y alcanza el 87,4% del PBI. En naciones como Italia y España la deuda trepó a niveles insostenibles a finales del año pasado. Francia y Gran Bretaña tenían en 2011 ratios de deuda equivalentes al 85,2% del PBI. Pero hay casos más preocupantes. La carga de la deuda de Japón también supera a la de la Unión Europea, pero además el Fondo Monetario Internacional (sí, el propio Fondo) estima que alcanzará el 250% del PIB en el 2015. El lector dirá: "Pero como podrían ir a la quiebra Japón o Francia." Bueno, ¿usted imaginaba hace sólo una década que el hambre y la extrema pobreza dominarían el escenario social de España o Grecia? Además, un informe denominado "Un mecanismo europeo de crisis de la deuda soberana: una propuesta", elaborado por François Gianviti, Anne O. Krueger (la ex titular del FMI), Jean Pisani-Ferry, André Sapir y Jürgen von Hagen, recuerda que "Grecia, Alemania, Italia, Portugal y España tienen experimentado al menos un caso de cesación de pagos desde 1824 (la mayoría de estos incumplimientos se produjeron durante el Patrón Oro). También subraya el informe que la hoy todopoderosa Alemania "ha dejado pagar su deuda soberana en tres ocasiones" en la última centuria. 
No obstante, la realidad del siglo XXI es muy distinta porque este escenario de impagos y potenciales quiebras se produce en un contexto de retirada de los Estados Nacionales y de resignación de la política frente a la consolidación del sistema financiero y del empoderamiento de nuevas formas de liderazgo encabezadas, por ejemplo, por el Fondo Monetario Internacional, en perjuicio de las grandes naciones. En el Grupo de los 20 se observa con claridad el desdibujamiento de la imagen de históricos popes como Estados Unidos, Gran Bretaña e incluso la debilidad de ascendente China. Las únicas decisiones que tienen carácter ejecutivo son las que propone el FMI, que en los últimos años, lejos de perder poder, sigue fortaleciéndose, manteniendo y gobernando las políticas de ajuste que obligan a tomar a Europa. En este escenario, determinado también por el crecimiento imparable de las grandes calificadoras de riesgo –que siempre juegan en tándem con el FMI, el Banco Central Europeo y el poderoso Tesoro de los Estados Unidos–, la Argentina se ha transformado en un lastre al que es necesarios disciplinar, esencialmente porque puede ser transmisor de malos ejemplos. Pero también porque abre una nueva compuerta que le puede garantizar a los acreedores (grandes bancos, fondos de inversión, buitres) dejar sin efecto cualquier posible reestructuración con quita y les permitará asegurarse el cobro del 100% de jugosas deudas que las naciones contrajeron por salvar a los propios bancos que cooptaron a un poder político, que se ha transformado en verdadero garante de esta enorme transferencia de ingresos de los recursos del sector público al sistema financiero.

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