El Ministerio de Seguridad pasó a retiro a las cúpulas de
Gendarmería y Prefectura
El jefe de Gabinete responsabilizó por los errores en la
liquidación salarial en la conducción de ambas fuerzas. La protesta continuaba
pero al cierre de esta edición los nuevos mandos estaban cerca de un acuerdo
con los referentes.
Por:
Martin Piqué
Martin Piqué
El conflicto más grave que vivió el segundo mandato de la
presidenta Cristina Fernández ingresó ayer en su segundo día sin atisbos de
resolución a pesar de dos fuertes decisiones anunciadas por la Casa Rosada. Primero
fue el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el tercer hombre más
importante del Ejecutivo, quien intentó tranquilizar a los efectivos de
Gendarmería y Prefectura asegurándoles que en septiembre cobrarán "lo
mismo que el mes anterior". Abal Medina cargó las culpas sobre la
conducción de la Prefectura,
a la que responsabilizó por graves errores en la liquidación de haberes y una
aplicación "desastrosa" del Decreto 1307/2012. "Habrá por única
vez un pago compensatorio para los que cobren menos de 12.500 pesos, es decir,
el 90% de la fuerza", adelantó Abal Medina. También informó que, tras este
episodio, la tarea de liquidar los sueldos del personal de las fuerzas estará a
cargo del Ministerio de Economía. El otro anuncio del Ejecutivo, anticipado por
Tiempo Argentino, fue la remoción de las jefaturas de Gendarmería y Prefectura,
el pase a retiro de diez oficiales jerárquicos por fuerza y el remplazo por
nuevas autoridades.
El relevo de las cúpulas fue informado en rueda de prensa
por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, acompañada por el secretario de la
cartera, Sergio Berni. En Gendarmería, el comandante general Enrique Zach fue
designado en remplazo de Héctor Schenone. En Prefectura, el prefecto Luis
Alberto Heiler remplazó a Oscar Arce. Los jefes salientes fueron pasados a
retiro junto a otros oficiales superiores de cada fuerza.
Por la noche, después de las 22 y tras varias horas de
reunión con sus subordinados, el flamante comandante general de Gendarmería
pareció arribar a un primer acuerdo. Las negociaciones se prolongaron hasta la
medianoche, cuando los jefes Heiler y Zach lograron el primer acercamiento con
un grupo mixto de prefectos y gendarmes. El Ministerio de Seguridad seguía con
atención esa reunión conjunta, celebrada en el Edificio Guardacostas, aunque
aconsejaba ser prudentes para no crear falsas expecativas. Igualmente era un
primer paso.
Desde el Ministerio de Seguridad dedicaron la mayor parte
del día a identificar interlocutores válidos con los que se pudiera negociar y
confiar en que los acuerdos que se lograran serían aceptados por sus
camaradas.
La actuación de los altos mandos de las dos instituciones en
este conflicto fue observada con atención: Abal Medina dijo que la Casa Rosada
investigará si hubo "un problema administrativo" o si se buscó
"generar un caos usando a los (agentes) de abajo para que los de más
arriba mantengan sus privilegios". "No sabemos si ese mecanismo (el
Decreto 1307) tuvo algún error en su aplicación o si se usó a los de más abajo
como carne de maniobra de quienes quieren cobrar salarios de 80 mil o 90 mil
pesos", subrayó el jefe de Gabinete en la primera conferencia de prensa de
la jornada, en la que estuvo acompañado por Garré y el ministro de Economía,
Hernán Lorenzino. Además, precisó que para restituir los recortes salariales se
aplicará por única vez "un pago compensatorio para los que cobren menos de
12.500 pesos, es decir, el 90% de la fuerza". Luego, agregó, se revisará
cada caso en forma individual, para hacer las correcciones que sean necesarias.
La decisión de mantener la protesta a pesar del anuncio
oficial de Abal Medina alimentó las voces de alarma del oficialismo. A media
tarde, mientras seguían las concentraciones en los edificios Centinela y
Guardacostas, en el Ministerio de Seguridad decían que la falta de líderes
representativos hacía difícil abrir una instancia de negociación con los
sublevados. En relación al nuevo petitorio, los funcionarios reconocían que se
trataba de malestares acumulados desde hace tiempo, que deberán ser analizados.
Pero al mismo tiempo se quejaban porque los altos mandos de ambas fuerzas
–tanto Gendarmería como Prefectura– no habían advertido a las autoridades
civiles sobre la complejidad de las demandas. El descontento con la jefatura de
ambas fuerzas, a la que atribuyen la "desastrosa liquidación" de los
haberes de septiembre, explica por qué una de las primeras decisiones fue
desafectar a 20 oficiales jerárquicos de Prefectura y Gendarmería. Las dos
cúpulas en forma completa.
Mientras la protesta no daba señales de ceder –y sumaba a
otros sectores, como un grupo de suboficiales de la Armada– desde casi todos
los sectores políticos vinculados al oficialismo y a la oposición se reclamó a
los gendarmes y prefectos subordinación a las autoridades democráticas y apego
a la Constitución
Nacional (ver página 4).
Pasadas las 19, los gendarmes mantenían la protesta sin
ningún atisbo de que fueran a regresar al servicio para que la negociación
siguiera por otros carriles. En una improvisada asamblea en el acceso al
edificio Centinela, uno de los oradores –que se identificó como "cabo
Ateneo" –se animó a poner un ultimátum a Garré y a la propia jefa de
Estado. "Le damos a la presidenta de la Nación y a la ministra de Seguridad dos horas
para que alguien se presente acá y dé una solución. Si no vienen en dos horas,
tomaremos otras medidas. Siempre pacíficas, pero no vamos a esperar más",
advirtió.
Un grupo de efectivos logró sumar el apoyo de Hugo Moyano,
de la CGT Azopardo.
El camionero los recibió en secreto por la tarde en el edificio de la central
obrera, les transmitió su solidaridad y cargó duro contra la presidenta.
"Esto demuestra la descomposición en todos los órdenes que está ocurriendo
en el país", atizó Moyano. Por el contrario, el flamante titular de la CGT, Antonio Caló, y el
secretario general de la CTA,
Hugo Yasky, justificaron los reclamos salariales pero cuestionaron el método de
reclamo de los efectivos de ambas fuerzas.
Ya entrada la noche, los gendarmes seguían intransigentes
con los siete puntos del nuevo petitorio. El reclamo consistía en un salario
básico de 7000 pesos en mano; el establecimiento de un nuevo escalafón que
contemple las jerarquías; incorporación a una ART; libre elección de la obra
social; garantías de que no habrá represalias para los participantes en la
protesta, y –en un punto que contradice un fallo de la Corte Suprema, la
resolución de la causa "Zanotti"– el mantenimiento de las medidas
cautelares que benefician al personal en actividad, retirados y pensionados.
Al cierre de esta edición, como resultado de la reunión
conjunta que se realizaba en el Edificio Guardacostas, se estaba cerca de un
acuerdo que incluyera la creación de una comisión de suboficiales para dialogar
con los altos mandos y el compromiso de que no habrá represalias con los que
participaron de la protesta. «
Repercusiones
"Hay que llamar a la tranquilidad, confiar en el Poder
Ejecutivo que ha reconocido los errores salariales y los corrigió."
Daniel Scioli
Gobernador bonaerense
"Pido a las fuerzas que vuelvan a sus casas. Su
responsabilidad es mayor que la de cualquier trabajador."
Mauricio Macri
Jefe de gobierno porteño
"El conflicto está solucionado y también las
condiciones para sentarse a negociar".
Héctor Recalde
Diputado nacional FPV
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