La cuestión de la ‘inseguridad’ tal como la esgrime y usufructúa la derecha está absolutamente deshumanizada, desprovista de toda aproximación analítica desde una perspectiva económica pero también desde una visión de la salud pública.
Por:
Federico Bernal
Hemos analizado en reiteradas oportunidades la necesidad de diseñar un enfoque nacional y popular a la cuestión de la “inseguridad”. Nos hemos basado en algunos de los más importantes trabajos de investigación científica en la materia, no ya desde el uso mediático del término “inseguridad”, sino más bien desde la relación directa y significativa (estadísticamente hablando) entre el crimen y el nivel socioeconómico de la población o sub-población estudiada. Para uno de los pioneros de esta posición, el eje central de un modelo económico aplicado al crimen indica que “algunas personas se convierten en ‘criminales’, no porque sus motivaciones básicas difieran de las de otras personas, sino porque sus costos y beneficios difieren” (Gary Becker. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, marzo-abril, 1968. Págs. 169-217). La cuestión de la “inseguridad” tal como la esgrime y usufructúa la derecha está absolutamente deshumanizada, desprovista de toda aproximación analítica desde una perspectiva económica, pero también desde una visión de la salud pública. Economía, bienestar social y salud pública, como es sabido, están íntimamente vinculados. ¿Cuáles son entonces los factores que podrían alterar la relación “costo/beneficio” de la actividad criminal? La oferta y las oportunidades de trabajo legal, las medidas de disuasión-castigo y su eficiencia (justicia, policía, sistema penitenciario, etc.), los niveles de educación y salud de la población, los niveles de ingreso (salario mínimo) y la redistribución de la riqueza, la verificación de políticas sociales y programas de seguridad social. En la Argentina, el discurso de la derecha y su reincidencia en el célebre caballito de batalla de la “inseguridad” sigue sin ser respondido como amerita, esto es, desde una óptica que explique a la ciudadanía los verdaderos factores detrás de la criminalidad, cómo combatirlos de la mejor y más eficiente manera, etcétera. ¿Cómo combatirlos? Desde un Estado eficiente e inclusivo, inserto en un modelo de desarrollo económico, justicia social e industrialización. No hay más contundente forma de hacerlo que en este contexto. A los hechos y a la historia debe remitirse. Ejemplos sobran, pero se desaprovechan.
EL NEW DEAL. La administración Roosevelt aplicó como respuesta a la Gran Depresión un paquete de medidas públicas sociales y económicas inéditas en el país. A partir de entonces, la interacción entre el gobierno y la economía (también entre el Estado nacional y los gobiernos estaduales) dejaría de ser la misma. Con el New Deal (ND), se puso en marcha una fenomenal transferencia de recursos por miles de millones de dólares, desde el sector público hacia las clases populares. Para algunos autores, fue la primera vez en la historia estadounidense que la Casa Blanca se vuelca masivamente al auxilio de los desempleados y los más humildes. El paquete de medidas del ND no se restringió a los primeros años de la crisis (el pico de desempleo se alcanzó en 1933), sino que por el contrario se extendió durante toda la década del treinta. Incluso, se llegó a superar las primeras grandes medidas. Por ejemplo y según datos oficiales de la época, el “gasto social” per cápita en 114 de las principales ciudades a nivel nacional saltó de 3,9 dólares (constantes de 1967) en 1930 a 18,7 en 1932. Es decir, casi se quintuplicó en apenas dos años. Sin embargo, aquello que revolucionó el rol benefactor y protector en lo social del Estado fue el ND de Roosevelt, fundamentalmente en su primera etapa (1933-1935). A mediados de la década referida, se puso en marcha la Ley de Seguridad Social, mediante la cual se extendía la asistencia pública a niños, personas con discapacidad física y adultos mayores. De esta suerte, el aumento del 160% en materia de “gasto social” experimentado entre 1932/3 se triplicaría para 1940. Los programas del ND impactaron muy positivamente en los niveles de ingreso de la población desempleada. Pero existieron también otros resultados. ¿Cuáles? Si hemos de creernos el discurso reaccionario en materia de “inseguridad” que prevalece en la Argentina, creeríamos que las antedichas políticas públicas no deberían haber modificado un ápice las tasas de criminalidad en Estados Unidos. Pues bien, veamos qué nos dicen investigadores estadounidenses que justamente decidieron trabajar en el impacto que los programas públicos del ND tuvieron en las raíces del crimen.
EL NEW DEAL Y SU IMPACTO EN LAS CAUSAS PROFUNDAS Y REALES DEL CRIMEN. No hay trabajo más importante ni contundente que el realizado por Johnson y colaboradores “Striking the Roots of Crime: The Impact of the New Deal on Criminal Activity” (octubre de 2004), conducido conjuntamente por las universidades de Carolina, Arizona y Brigham Young. Su conclusión cardinal: “el gasto social [NA: “inversión social”], tuvo un impacto estadísticamente significativo en la reducción de los niveles de criminalidad en las ciudades estadounidenses. De no haberse aplicado las políticas sociales durante la Gran Depresión, el crimen a la propiedad privada hubiera sido un 30% mayor al registrado.” ¿Se imagina el lector cuánto ganarían nuestros argumentos si pudiésemos demostrar a la población que, como infieren los autores, “el gasto social impacta directamente en la reducción de la actividad criminal”? El trabajo aludido se basa en el relevamiento de 83 ciudades, siete categorías del crimen, y entre 1930 y 1940. Las fuentes: el U.S. Children’s Bureau, el U.S. Social Security Board y el informe Uniform Crime Reporting del FBI. Los programas de asistencia social implementados en la década del ’30 fueron diseñados para levantar (reforzar) los ingresos de las masas de desempleadas. Se les otorgó empleo, a la vez que se aseguraba un ingreso mínimo a las clases sociales más humildes y empobrecidas por la crisis. El incentivo para cometer una acción criminal, según los Johnson y equipo, fue disminuido drásticamente. Millones de familias desesperadas que antes recurrían a medios ilegales de subsistencia, recibieron de forma sostenida un importante flujo de ayuda estatal en materia de nuevas oportunidades de empleo y programas sociales. En fin, el New Deal disminuyó significativamente el crimen a la propiedad, tanto en términos estadísticos como económicos. De no haberse aplicado el gasto social que se aplicó, la tasa de criminalidad contra la propiedad para el período 1932/8 hubiera sido entre un 24 a un 39% mayor de lo que efectivamente fue. Incluso, señalan los autores, “nuestros resultados indican que los programas de asistencia social –los cuales tienden a ser ignorados a la hora de analizar económicamente las causas del crimen– deberían ser incluidos como un factor adicional en la comprensión de las variables temporal y espacial de la actividad criminal”.
LA “INSEGURIDAD” DE MAGNETTO Y EL MODELO NACIONAL Y POPULAR. La inefable, oportunista y caótica oposición salta de la “crisis” energética al dólar, y del billete verde a Moyano. Pero la energía no rinde sus frutos porque, en el fondo, energía hay y el país y la industria siguen creciendo. Las corridas contra el peso están contenidas, con una serie de paquetes protectores adicionales. En cuanto a Moyano, el resultado del paro demostró una profunda debilidad. Fue muy poco serio escuchar a Binner pedir un gobierno de coalición; y mucho menos serio (creíble y sostenible) ver coincidir bajo un mismo cielo y con la Plaza de Mayo debajo, las banderas rojas de la Ripoll y los trapos del gremio camioneros. ¡Hay que probar otra cosa! Ahí es cuando vuelve a instalarse, como por arte de magia en los canales de TV y programas de radio reaccionarios, la cuestión de la “inseguridad”. Antes que decaiga, Magnetto vuelve a la carga con el miedo. En realidad, Magnetto está inseguro, porque nada peor que una economía que no detiene su marcha y un pueblo batiendo récords en cines, teatros y demás entretenimientos. Se explica así la estrategia de la reacción hacia la “inseguridad”: desinformar, tergiversar e intentar generar caos social a través del “sálvese quien pueda”. Esto es, en definitiva, una manera más de atacar a la democracia real y a sus instituciones.
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