El trasfondo del lockout patronal
Un análisis comparativo con los EE UU, Brasil, Canadá y Australia muestra que allí pagan más impuestos
por la propiedad de la tierra y, además, cuentan con normas de actualización periódica de la valuación fiscal.
El lockout agrario que se extienpor todo el país durará hasta el próximo martes impulsado por las cuatro entidades agrarias en repudio a la reforma tributaria en la provincia de Buenos Aires. Los dirigentes de las entidades justifican la medida alegando una supuesta “asfixia fiscal” que podría comprometer la rentabilidad del sector y hasta la competitividad del mismo a nivel internacional.
COMPETIDORES. La Argentina es el tercer productor de soja del mundo y explica el 20% del mercado mundial. Por delante se ubican los Estados Unidos con un 37% y Brasil con un 25 por ciento. La estructura productiva agraria basada en una explotación extensiva y de exportación de cereales y oleaginosas y, ahora en menor medida, de leche y carne, la asemejan además a países como Australia y Cánada.
Un análisis basado en datos oficiales de aquellos países demuestra que, en rigor y con diferentes características, la estructura tributaria que se aplica a la tierra es tanto o más gravosa que la que existía en nuestro país antes de la reforma bonaerense e, incluso, a posteriori de la misma.
Así, el argumento de las entidades agrarias que sostienen que el aumento del inmobiliario rural los coloca en una suerte de competencia desleal con relación a sus competidores no se sostiene e, incluso, se les vuelve como un boomerang.
En todos los países analizados los productores agropecuarios pagan, bajo diversas formas, impuestos sobre la propiedad de la tierra.
En tres de esos países (EE UU, Canadá y Australia), estos impuestos son “estatales” (provinciales) y no federales (nacionales), al igual que en la Argentina. En el caso de Brasil, se aplica un impuesto federal (ver recuadro).
En los Estados Unidos estos impuestos se aplican en 50 de los 54 estados (provincias). En Canadá estos se aplican en casi todos los estados con la excepción de aquellos con escasa producción agropecuaria como, por ejemplo, Nova Scotia.
En Australia, en los estados de Western Australia y Tasmania son impuestos estatales, mientras que en el resto son impuestos municipales (Local Councils Act).
En estos tres países, se diferencia el “impuesto a la tierra agropecuaria” del “impuesto a la propiedad inmobiliaria urbana”.
La principal diferencia entre ambos impuestos está basada en el método de valuación de las propiedades: en el caso de las propiedades urbanas, la valuación fiscal se basa en encuestas sobre los “precios de mercado” de las edificaciones, actualizadas periódicamente. Mientras que en el caso de las tierras agropecuarias, se usa, en esencia, el método de calcular el “precio de la tierra” mediante el descuento del flujo de renta neta agropecuaria según zonificaciones ad hoc y, por ende, los resultados dependen principalmente de los precios de los productos agropecuarios, de los costos de producción y sus variaciones.
Estas diferencias de enfoque se justifican para evitar que la valuación fiscal de las tierras esté afectada por componentes especulativos en los mercados inmobiliarios rurales.
En los tres países, las construcciones en las fincas (casas, galpones, etcétera) quedan fuera del cálculo de la valuación de la tierra agropecuaria. Se valúan con métodos similares a los de la propiedad urbana y se las tasa en esa forma, cosa que, de forma menos gravosa, ocurre también en la Argentina.
En los tres países, la actualización de la valuación periódica de las tierras agropecuarias está legislada y se realiza en forma anual o, en su defecto, periódica y en lapsos relativamente cortos (máximo cinco años).
En la provincia de Buenos Aires han pasado más de 15 años desde el último revalúo general.
En los tres países existen organizaciones públicas y procedimientos reglamentados para el proceso de valuación de las tierras agropecuarias (y de las propiedades inmuebles urbanas también), que implican la existencia de una tecnocracia, sistemas de negociación y de arbitraje.
Con relación a las alícuotas no se han encontrado datos globales sobre el parámetro. Sin embargo, datos parciales indican que la típica alícuota sobre el valor de la tierra agropecuaria oscila alrededor del 1,8% anual en los EE UU (Estado de Winsconsin) y un 2% en Canadá.
Con relación a la valuación fiscal de las tierras agropecuarias y su relación con las valuaciones de mercado existen, al igual que en la Argentina, pocos datos disponibles para establecer de manera fidedigna un diferencial entre uno y otro.
Sin embargo, un trabajo de John Anderson, “Measuring Use-Value Assessment Tax Expenditures” (1996), desarrollado para los casos de Nebraska y Omaha estableció que la relación entre Valuación Fiscal y Precio de Mercado en Nebraska (Lincoln) es de un 63,9% y del 24,77% para Omaha.
Otro informe realizado en 2002 por Rebecca Boldt, “Impact of Use Valuation on Agricultural Land values and Property Taxes”, para el caso de Winsconsin, estableció que hasta 1995, con valuación fiscal basada en “precios de Mercado” de la tierra, los impuestos sobre la tierra tenían una incidencia del 30% en promedio sobre las ganancias por unidad de superficie. A partir de entonces, se cambió el régimen y se empezó a valuar según el “use value”. Así, en 2000, la Relación entre Valuación Fiscal y Precio de Mercado en Winsconsin fue del 33 por ciento. Comparando con los precios de mercado para North Dakota en 2008 (Land values. USDA. 2011): U$S 770, la Relación entre Valuación Fiscal y Precio de Mercado sería del 45,45 por ciento
Si bien aprecia una dispersión bastante amplia en promedio, la Relación entre Valuación Fiscal y Precio de Mercado es del orden del 40 por ciento.
En Canadá, el precio de la tierra se ha incrementado un 26% entre 2005 y 2008 que contrasta con el incremento registrado en los Estados Unidos, que fue de un 80% entre 2003 y 2011.
En la Argentina ese incremento en la valuación llega hasta el 700% para el mismo período. Los diferenciales están vinculados con el tipo de producción que se realiza en cada uno de los países donde el incremento del precio de la soja (al cierre de esta edición la tonelada llegaba a los U$S 524) incide exponencialmente.
Si la hubiera, la competencia desleal, en rigor, es la que ejerce el sector rural de la Argentina con relación a sus competidores que, además, se ve agravada por las condiciones laborales que impone sobre los trabajadores del campo y que, recién ahora, busca ser revertida al en términos legales (Renatre y Estatuto del Peón). Un estudio minucioso de la envergadura de ese diferencial internacional será materia de otro artículo. Para concluir, compartimos una contundente cita de Adam Smith en su célebre obra La Riqueza de las Naciones de 1776: “Los terratenientes son la única de las clases sociales que perciben su renta sin que les cueste trabajo ni desvelos. La perciben de una forma espontánea. Esta situación tan cómoda y segura, no sólo los convierte a menudo en ignorantes sino en incapaces para la condición necesaria para prever y comprender los efectos de cualquier reglamentación pública.” <
Brasil, un ejemplo a seguir
En el país vecino, que es el segundo productor mundial de soja, a diferencia de los otros casos estudiados incluyendo el de la Argentina, se aplica el Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR) que es de carácter nacional y no provincial o municipal, como sí lo es en los Estados Unidos, Canadá, Australia y la Argentina.
El mismo fue establecido a través del Art. 153, VI, de la Constitución Federal.
El ITR recaudó en 2009, 431 millones de reales (unos 250 millones de dólares). Esto representó un 0,04% de los ingresos tributarios totales del país.
Resulta interesante destacar que el ITR, a partir de 1996, se hace sobre la valuación fiscal que declara el propietario y que esa valuación se usará para fines de eventual expropiación.
Este mecanismo apunta a forzar a los propietarios a declarar un valor muy cercano al de mercado.
Los resultados de este mecanismo son contundentes: como resultado de su aplicación, entre 1992 y 1999, la recaudación se incrementó en diez veces.
Con todo, muchos críticos brasileños dicen que a pesar de ese riesgo, los propietarios rurales subdeclaran en hasta siete veces el valor real del mercado.
Entrevista a Luis Basterra, presidente comisión de asuntos agrarios de la Cámara de Diputados de la Nación (FpV)
–¿La reforma tributaria afecta la competitividad internacional del campo argentino?
–El valor de un bien de producción está en función de la rentabilidad que produce. El revaluó que se dé responde al mismo criterio. Cada distrito en función de sus instancias de representación de la ciudadanía definirá cual es el valor adecuado. En la Argentina hay casos como el de la provincia de Buenos Aires donde estaba muy atrasado con relación al genuino valor.
–Hay una dramática falta de datos y mecanismos institucionales para actualizar la valuación como, por ejemplo, ocurre en los Estados Unidos... ¿Por qué?
–El impuesto inmobiliario ha estado por debajo de lo que debería. Por eso los sistemas informáticos no han sido actualizados. El bien quintuplicó su valor demostrando que se trata de una actividad que ha creado una gran rentabilidad. Eso pondrá el foco de los legisladores en la actualización de esos valores y en buscar un mecanismo de modernización para obtener un aporte equitativo de cada miembro de la sociedad a los fiscos municpales, provinciales y nacionales.
–¿La rentabilidad se afectará o todavía hay margen?
–Si la producción viene en un crecimiento sostenido, quiere decir que hay gran rentabilidad. Esto no significa que haya años puntuales, como esta campaña que, en determinadas regiones, haya tenido un impacto negativo y que existen instrumentos que consideren la pérdida de rentabilidad circunstancial. Pero la actividad es rentable. Todos los indicadores marcan incrementos productivos. Aquellos que han caído estuvieron vinculados a problemas climáticos y no de competitividad intrínsecos a la actividad. Mientras los campos no bajen su valor en el mercado estarán indicando una alta rentabilidad.
–Hay versiones que indican que no se estaría liquidando la cosecha de soja para presionar sobre el tipo de cambio... Estas protestas contra la reforma tributaria ¿no buscan, en realidad, presionar sobre la política macroeconómica?
–Lo que disparó las medidas fue el revalúo bonaerense. Sin embargo, la protesta es nacional, lo que indica que hay intereses más generales. Empiezan a emerger otros elementos respecto de la política agropecuaria. Pero hubo una elección que respalda la política del gobierno sobre la posición de las entidades agropecuarias. Ellos representan un pensamiento parcial.
–¿Hay una agenda pendiente del gobierno en la política agropecuaria que anuncia más enfrentamientos?
–En el campo no hay un pensamiento homogéneo. La Federación Agraria, en temas como concentración de tierras, no tiene la misma visión que el resto de las entidades. La gran mayoría de los productores no está en ninguna de las cuatro entidades. Uno debe suponer que el pensamieto lícito de estas entidades responde a sus intereses económicos y a su forma de entender el sector agropecuario. Pero no está en riesgo la sustentabilidad del sector. Esto no implica que no aspiren a mayores rentas, pero la sociedad, a través de las elecciones, define qué tipo de sociedad transita y se ha definido por el modelo con una política de cambios diferenciados según rentabilidad.
–Con el traspaso del Renatre y la modificación del estatuto del peón, ¿ya está resuelto el problema laboral en el campo?
–Desde el punto de vista institucional se ha equiparado al peón rural como a cualquier trabajador. Son avances que dan herramientas para actuar.
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