El dólar y el encubrimiento neoliberal, por Edgardo Mocca (para “Revista Debate” nº 481, Año X 2012)

DISPUTAS CONTRA LAS NUEVAS “RAZONES DE ESTADO”
La discusión política central en la Argentina de hoy gira en torno a la cuestión del Estado. Por momentos, el centro parece trasladarse al terreno ético: se fija la mirada en el modo de vida y en el patrimonio de determinados funcionarios. En otras circunstancias se enfoca la cuestión de los derechos humanos y sociales en su relación con las prestaciones que suministra el Estado: aparecen así los problemas del transporte, el acceso a la vivienda, la calidad medioambiental de la vida, el derecho a la protesta, entre muchos otros. La derecha mediático-política se empeña en construir un mapa interpretativo que enfrenta a la “gente” con el Estado. Está claro que el filo no apunta al Estado en abstracto y en general, sino a “este Estado”, a este Gobierno. El Estado existe, se dice, para asegurar derechos; la democracia es, exclusivamente, un sistema de derechos. Todo esto tiene, hay que decirlo, una apariencia encomiable. Especialmente en un país en el que hemos asistido y sufrido los atropellos más terribles que pueda cometer un Estado. El Estado argentino ha sido depredador de recursos, vaciador de la economía, perseguidor durante décadas de mayorías políticas populares y llegó a ejercer el terror sistemático contra su propia población. Poner al Estado en el banquillo de los acusados es, entonces, una práctica discursiva atractiva y rendidora. El problema es la perspectiva desde la que se la esgrime. Durante estos días, el lamento principal se dirige a defender los “derechos humanos” de la gente que quiere comprar dólares. Se ha llegado a escuchar, aunque parezca mentira, que las restricciones en bancos y casas de cambio significan una conculcación del derecho constitucional a “entrar y salir del territorio argentino”; curiosa afirmación que podría incluir, entre los privados de ese derecho, a muchos millones de personas cuyos ingresos no alcanzan para permitirse viajes al exterior. Para garantizar ese derecho constitucional el Estado debería pagar pasaje y estadía a todo quien lo pidiera al lugar que lo pidiera. Está claro que la idea es tomar de rehenes a quienes sufren los inconvenientes del control en lo que constituye un claro conflicto que tiene naturaleza económica y proyecciones políticas. Se trata de definir en el curso de una lucha esencialmente política si el Estado tiene capacidad para defender el valor de la moneda nacional y sus propias arcas, en el contexto de una crítica circunstancia mundial, o los grandes poderes económicos logran torcerle el brazo e imponer de facto las condiciones para un regreso al paradigma de la plena libertad de los mercados. Es muy razonable reconocer que las formas en las que el Estado (este gobierno del Estado) se defiende del ataque especulativo dejan lugar a arbitrariedades e injusticias. Claramente, no es lo mismo la situación de alguien que necesita dólares para cumplir con el sueño de viajar al exterior con su familia o terminar de pagar una casa, que la de quien utiliza su condición económica para desarrollar maniobras especulativas a través de un mercado ilegal de tráfico de divisas (mercado ilegal sistemáticamente publicitado por los medios de comunicación monopolizados). Se necesitará mucha sintonía fina para disminuir en todo lo posible los daños colaterales; lo que no es aceptable, desde una perspectiva política mínimamente democrática, es la pretensión de solucionar los inconvenientes a través de la renuncia del Estado a defender los intereses del conjunto de la población. Esto es así porque, como en la Argentina no se fabrican dólares de curso legal, la falta de esa moneda -necesaria para cumplir con los compromisos internacionales- obligaría a pedirlos prestados, lo que constituiría el regreso a la fiesta noventista de los grupos concentrados de la economía financiera. El punto en cuestión es si existe algo así como una comunidad política cuya promoción y cuya defensa justifiquen eventuales perjuicios circunstanciales para un sector de la población. Quienes se rasgan las vestiduras por el derecho a viajar o a ahorrar en la moneda en que cada uno lo prefiera no hacen otra cosa que encubrir sus propios intereses en supuestos derechos comunes. No nos olvidemos de que en los años del neoliberalismo se afirmaba con entera liviandad que la apertura económica debía ser sostenida aun con el dolor de los “perdedores”. Entonces, los perdedores no eran un porcentaje reducido de la sociedad que veía provisoriamente demorados sus proyectos. Los perdedores eran trabajadores industriales masivamente privados de sus empleos y reducidos a la desocupación inmediata o a la condición de cuentapropistas en tránsito al desempleo. Los perdedores eran provincias enteras, consideradas “inviables” según el juicio de los tecnócratas del FMI y del Banco Mundial. Los perdedores eran empresarios nacionales imposibilitados de competir con la embriaguez de la importación, acicateada por la convertibilidad. Perdedores fueron la educación pública, los hospitales públicos, el transporte público. Cada época tiene su “razón de Estado”. La de la década del noventa era la “seguridad jurídica” del capital, como palanca para nuestro ingreso al mundo feliz de la globalización. La razón de Estado actual es la defensa del empleo, del ingreso de los asalariados y las asignaciones de la seguridad social y la protección de la economía nacional en el marco de la competencia selvática que es el desenlace mundial del sueño neoliberal. Como se ve, el Estado y la política no son una red armoniosa de satisfacción de derechos. Son, más bien, una trama conflictiva -y a veces crítica- en la que la existencia y el desarrollo de una comunidad política requieren postergaciones de demandas legítimas en sí mismas e incluso habilita algunas dosis de injusticia parcial. No es una suma de intereses individuales innegociables. No es una agregación de pretensiones corporativas autocomprendidas como vitales e impostergables. No hablamos de otra cosa que del “bien común”, de la tradición filosófica grecorromana, que forma parte central de la concepción republicana. El neoliberalismo niega la existencia del bien común. Hayek y Nozick, dos de sus principales exponentes filosóficos, sostenían que se trataba de una utopía autoritaria y que solamente las condiciones de plenitud para la libertad individual podían crear bases para la convivencia común. La apoteosis de las libertades individuales, despojadas de toda regulación pública es, en nuestra época, el mundo neoliberal más desigual, retrógrado y violento que ninguna otra época histórica. Claro que la idea del bien común democrático no consiste en su imposición autoritaria sino en la vigencia del pluralismo y del principio de la mayoría para nominar a las autoridades provisorias del Estado. Hay, sin embargo, quienes sostienen que el Estado no puede administrar esa dialéctica entre intereses individuales y bienes colectivos. ¿Quién debe hacerlo entonces? Si rasgamos profundamente en la retórica encubridora de quienes, desde una supuesta neutralidad comunicativa, sostienen los intereses de las clases más poderosas, veremos que la única propuesta alternativa al estado democrático es el dominio del “mercado”. Y en el mercado no rige el principio de “un hombre o una mujer-un voto” sino justamente el del predominio del dinero como fuente excluyente de poder. Las variaciones en el funcionamiento del mercado de cambios son un verdadero test para la democracia argentina. No está en juego solamente una pulseada económica entre “el mercado” y el Estado. Esto forma parte, además, de un muy claro objetivo político de grandes corporaciones económicas, claramente articuladas por los medios de comunicación dominantes, de erosionar la legitimidad pública del actual gobierno. Ahora que el país ha revertido los terribles efectos sociales del pensamiento único neoliberal, es necesario evitar que sus mentores regresen arropados en la retórica de los derechos individuales. La tarea incluye también el trabajo colectivo por hacer más eficaz la gestión de aquellas medidas dirigidas a defender el rumbo libremente elegido por las mayorías populares. Publicado en : http://www.revistadebate.com.ar/2012/06/01/5494.php