EL PROYECTO K: RECONSTRUIR EL ESTADO CON SENTIDO POPULAR., por Jorge Makarz (para “Iniciativa”)

La difícil salida del neoliberalismo. Trampas de la herencia política-normativa de las reformas estructurales y el camino a la reconstrucción.

El histórico avance en la discusión por la expropiación del 51% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) pone sobre el tapete el desafío de consolidar de forma definitiva el papel del Estado y la política en la orientación del modelo de desarrollo con inclusión que ha propuesto el kirchnerismo desde 2003. Para eso, la tarea central es seguir desmontando –en la esfera estatal, en las leyes, en las políticas públicas, en la conducta de los actores sociales y económicos– la relación de subordinación de lo público a la lógica mercantil, que marcó a fuego el modelo de concentración del poder económico y de exclusión social que estalló en 2001.

El neoliberalismo argentino de los años ´90 implementó su proyecto socio-económico de la mano de un feroz desmantelamiento de la estructura del Estado. Fue en esa década cuando se configuró un modelo económico radicalmente diferente del esquema de integración que –con divergencias significativas en los distintos procesos pero bajo pautas relativamente asimilables de inclusión y exclusión- había primado desde la segunda posguerra hasta 1976. De la mano de la última dictadura militar, comenzó a perfilarse un orden social novedoso que sería finalmente moldeado desde 1989-1990, en democracia y de la mano del disciplinamiento económico del mercado. El “shock institucional” de las reformas neoliberales consolidó la subrogación del Estado, la conformación de un régimen de acumulación del capital caracterizado por una creciente fragmentación económico-social y la consolidación estructural-hegemónica de un núcleo concentrado de grandes conglomerados empresarios, tanto de capitales nacionales como extranjeros.

En ese marco, la vasta política de privatizaciones encarada bajo el gobierno de Carlos Menem constituyó uno de los ejes centrales de su programa, implementando uno de los más acelerados y extensivos procesos de desestatización de empresas productivas y, fundamentalmente, prestadoras de servicios públicos[1]. Este artículo busca comprender el altísimo impacto político-económico de las privatizaciones y la desregulación en la vida nacional y, en nuestros días, los desafíos que proyecta en esta etapa política diferente como la inaugurada por el kirchnerismo en 2003. Caracterizar el conjunto de componentes del campo normativo, regulatorio e institucional de las privatizaciones permite encuadrar el sentido profundo de la funcionalidad y articulación del aparato estatal neoliberal con los intereses económicos hegemónicos. Una relación predominante en el contexto de reconfiguración del poder económico en la Argentina de los noventa y cuyas lógicas de funcionamiento y nefastas consecuencias (para mencionar algunas, el saqueo de recursos, la promoción de conductas especulativas, la falta de inversión en y/o desestructuración de los servicios públicos, la desnaturalización de la regulación pública, la primacía de los criterios mercantiles privados sobre los fines públicos) el proyecto nacional del kirchnerismo está en condiciones de enterrar definitivamente.

Previo a YPF, el propio ciclo del kirchnerismo ha tenido otras importantes actuaciones en áreas específicas en las que ha intervenido para revertir la tendencia privatizadora neoliberal, como con la recuperación de las jubilaciones por la ANSES, la reestatización de AySA, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino. Ahora bien, la subsistencia del entramado normativo-regulatorio hecho a medida de las privatizadas y la presencia actual de conflictos latentes o manifiestos debido al desmantelamiento (transporte público, energía) hablan de la necesidad de repensar todo el esquema de bienes y servicios públicos de un modo integral, a tono con la orientación de desarrollo económico con inclusión social. Lejos de una perspectiva revolucionaria disruptiva de todo el camino realizado, esta posibilidad supone consolidar el verdadero proceso de reformas abierto en 2003 en la Argentina, uno de cuyos capítulos centrales, por su desvalorización neoliberal, por su capacidad de orientar el ciclo económico y por su papel protagonista en la salida y estabilización de los procesos latinoamericanos posneoliberales, tiene que ver con la reconstrucción del propio Estado. Se trata de una impronta de reformas que, en tanto conjuga la necesidad de los avances con la posibilidad y oportunidad concreta de implementarlas, acusa un realismo político no siempre reconocido. El mismo realismo político que cierta izquierda confunde -de la mano de una incomprensión del sentido general de todo el proceso latinoamericano- con la falta de una “auténtica transformación”.

Las privatizaciones argentinas: bases del saqueo neoliberal

Con las privatizaciones y la reestructuración del papel del Estado quedaron planteados los nuevos paradigmas del desarrollo de la infraestructura económica en el país, que tuvo como resultado la diferenciación entre la gestión empresaria (privada) de los servicios públicos, y el papel de la regulación de los mismos (responsabilidad pública). De este modo, cristalizaron formas novedosas de relación entre el Estado, las empresas privadas responsables de la prestación y la sociedad civil. Los numerosos estudios que se han concentrado en los distintos procesos de privatización y en las características que adoptó la regulación pública durante los ´90, coinciden en que la intervención estatal “no solo se alejó de su histórica responsabilidad por la prestación de los servicios, sino que al limitarse, en el mejor de los casos, al ejercicio del poder de policía, ha tendido a desentenderse de la planificación del desarrollo” (“Mapa de situación y problemáticas regulatorias de los servicios públicos en el interior del país”, FLACSO, 2008)

La ley “madre” en el campo de las privatizaciones argentinas de los ´90 fue la llamada Ley de Reforma del Estado (Nº 23.696, en realidad, Ley de Emergencia Administrativa) que sirvió de sustento legal del vasto y acelerado programa de privatizaciones desarrollado en el país. Por su parte, la Ley de Emergencia Económica (Nº 23.697) otorgó al Poder Ejecutivo Nacional poderes extraordinarios en función de los cuales éste podía legislar prescindiendo del Congreso Nacional. De ambas leyes se desprende la concesión al PEN de la “suma del poder público” en lo que respecta al destino del patrimonio estatal. En paralelo se “invitó” a las provincias a adherirse al programa desestatizador, para lo cual se desplegaron una serie de elementos de presión sobre los gobiernos provinciales para que acompañaran esa estrategia, con apoyo, en muchos casos, por los organismos financieros internacionales. Los condicionamientos abarcaron: asignaciones presupuestarias, avales y, en cuanto a los organismos multilaterales, el otorgamiento de créditos.

Antes de caracterizar el papel de la regulación pública y su funcionalidad con los intereses privados concentrados, veamos (en base a Azpiazu y Basualdo en “Las privatizaciones en la Argentina. Génesis, desarrollo y principales impactos estructurales”, 2004) la larga serie de deficiencias normativas (de formulación o de aplicación) asociadas las privatizadas, particularmente en el caso de los “monopolios naturales” y de aquellos sectores económicos en que se ha formado una estructura fuertemente concentrada:

- En sólo dos casos (energía eléctrica y gas natural), las privatizaciones se efectivizaron a partir de la sanción de leyes específicas (Nros. 24.065 y 24.076, respectivamente). En todos los restantes se recurrió a decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo que facilitaron la recurrencia a renegociaciones contractuales (generalmente, con idénticos resultados a favor de los intereses de las empresas privatizadas), así como a la emergencia de ofertas oportunistas (como en la concesión de aguas y saneamiento[2] , del correo y de los aeropuertos) a sabiendas de la posterior renegociación de aquellas cláusulas “inapropiadas” para los intereses de los ganadores;

- La escasa o casi nula protección de los usuarios y consumidores frente al ejercicio de prácticas oligopólicas por parte de los consorcios adjudicatarios, desconociendo las propias disposiciones del art. 42 dela Constitución Nacional.

- La frecuente reformulación de las normas establecidas con anterioridad a las licitaciones, en detrimento de la credibilidad pública del sistema regulatorio y la vulneración de derechos adquiridos por parte de los usuarios y consumidores;

- La fijación de requisitos formalmente antimonopólicos en los propios llamados a concurso que, sin embargo, en la práctica, fueron fácilmente desvirtuados sin aplicarse sanción alguna (Paradigmáticamente el caso de Repsol-YPF con sus recurrentes prácticas predatorias y anticompetitivas);

- La formulación de marcos regulatorios y la constitución de los respectivos entes reguladores con posterioridad a la transferencia de las empresas públicas al sector privado;

- El propio diseño de las agencias reguladoras que, en poco o nada, se asemeja a las recomendaciones internacionales en la materia. Por otra parte, no se establecieron criterios de coordinación entre sectores estratégicos que demandan necesariamente, una regulación integral, como en los mercados petrolero, gasífero y eléctrico.

Ahora bien, ¿qué elementos puntuales pueden señalarse sobre el papel de las privatizaciones en la generación estatal-privada de una “comunidad de negocios”, tan propia del neoliberalismo menemista?

Entre la destrucción de la regulación y las ganancias extraordinarias

El sistema de regulación que acompañó las privatizaciones puede ser caracterizado a partir de diferentes aspectos. Pero la siguiente explicación del ex Ministro de Justicia menemista, Rodolfo Barra, es de una transparencia tal que evidencia el sentido profundo de los cambios en la relación Estado-Mercado en los ´90:

“El ente regulador cumplirá mejor con su finalidad cuanto menos regule. En realidad, dentro del espíritu de la reforma del Estado deberían denominárselos entes des-reguladores, ya que deben terminar de desmontar el aparato regulatorio contra-mercado construido a partir de los treinta. En esta perspectiva, deberíamos tender más a la desaparición de algunos de estos entes que a su crecimiento, en la medida en que la actividad sobre la que inciden retorne al pleno mundo del mercado” (Diario Clarín, 24/11/98). Rodolfo Barra, ex Ministro de Justicia.

Quienes estudian el origen y evolución de las empresas de servicios públicos privatizados destacan que en relación a la implementación efectiva del proceso privatizador –que, coinciden que, estructuralmente, favoreció privilegiadamente los intereses de los grupos económicos que las controlaban- hay que destacar dos aspectos centrales. Uno tiene que ver con la propia lógica del sector privado más concentrado de la Argentina neoliberal y, la segunda, con el correlato de funcionalidad del Estado en acompañar esa lógica. Se trata de la primacía de la acumulación de ganancias extraordinarias y de la “desnaturalización” de la regulación pública en el campo de los servicios públicos. Repasemos una serie de elementos que permiten demostrar más concretamente la habilitación estatal del saqueo privado de los noventa.

La ley de Reforma del Estado incorpora un criterio complementario (art. 57) en relación con la fundamentación de la “razonabilidad” de los beneficios empresarios y, con ello, a la de las tarifas que los viabilizan. Estas últimas debían “asegurar necesariamente que la eventual rentabilidad no exceda una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas por el concesionario y la utilidad neta obtenida por la concesión”. Asimismo, el art. 15 señala la exigencia de “una adecuada equivalencia entre la inversión efectivamente realizada y su rentabilidad”. A excepción de los casos de la regulación eléctrica y gasífera, en el ámbito de la regulación local de los servicios públicos privatizados existió una carencia generalizada en determinar con mayor precisión ese concepto de “razonabilidad” de las tarifas y/o de los beneficios empresarios. A pesar de los recurrentes señalamientos acerca de la necesidad de contar con tarifas “justas y razonables” (que a su vez garanticen la internalización empresaria de rentabilidades igualmente “razonables”) no existe normativa alguna que aporte elementos de juicio más precisos en cuanto esa definición. A lo sumo, como se desprende de las normas en los campos de la energía y el gas, solo puede inferirse que la “razonabilidad y justicia” de las tarifas tiene el mejor parámetro de referencia en la “razonabilidad” de los consiguientes beneficios empresarios; ésta última, basada en los márgenes de rentabilidad obtenidos, en promedio, en otras actividades y sectores económicos “comparables” o “equiparables” en términos del riesgo empresario (Aspiazu y Schorr, Realidad Económica, 2001). Ahora bien, si este criterio tácito hubiese sido el que definiera dicha razonabilidad entonces cabría esperar que, por una serie de circunstancias ligadas al menor riesgo empresario que la media (resultante de la condición general de mercados monopólicos, con demanda cautiva, con reservas legales y débil regulación), las tasas de beneficios de estas empresas especialmente protegidas deberían ser inferiores a la mayor parte de otras actividades económicas “comparables” (que conllevarían naturalmente, un mayor riesgo y la exposición a una mayor competencia empresarial). Pero en la década de los ´90 ocurrió todo lo contrario. Fueron, precisamente, las empresas privatizadas y/o vinculadas a estas las que las que internalizaron los mayores márgenes de beneficio, fuera de toda razonabilidad. Entre 1993 y 1999, las tasas de rentabilidad sobre ventas de las empresas privatizadas fueron entre dos y tres veces mayores a las obtenidas por las firmas más grandes de la elite económica argentina. Como señalan Aspiazu y Schorr (íbid.), tan contrastantes comportamientos entre las empresas líderes según su vínculo con las privatizaciones “no pueden ser atribuidos a su tamaño y, derivado de ello, a conductas microeconómicas diferenciales (todas son grandes firmas líderes en sus respectivos sectores), sino que remiten al entorno operativo y, fundamentalmente, normativo en que se desenvuelve la mayoría de las privatizadas”. Ahora bien, en el caso de las privatizadas, no sólo son elevados los márgenes de rentabilidad sobre ventas sino también las tasas de retorno sobre el patrimonio neto, que son holgadamente superiores a las que cabría considerar como “justas” y “razonables”. En todos los sectores, con la excepción del de distribución de energía eléctrica, la tasa de beneficio siempre supera, y en muchos casos con holgura, el 10%; mientras que la rentabilidad media sobre patrimonio neto de las cien empresas más grandes del país (excluidas las privatizadas) fue, en 1999, de “apenas” el 3,4%.

Otra forma de constatar los beneficios “extraordinarios” y de “privilegio” obtenidos por las prestatarias de servicios privatizados en la Argentina es comparándolas a nivel internacional. Las tasas de beneficio registradas por Aguas Argentinas en el transcurso de la década pasada que se ubicaron, en promedio, en torno del 23% del patrimonio neto y del 14% de sus ventas anuales. Ello en nada se asemeja a los niveles considerados aceptables o razonables en otros países para la “industria” del agua. Así, por ejemplo, en Estados Unidos las tasas de beneficio (sobre patrimonio neto) obtenidas en 1991 fluctuaron entre un mínimo del 6% y un máximo del 12,5%18; en el Reino Unido la tasa razonable para el sector se ubica entre el 6% y el 7%; en Francia se considera como tasa de retorno aceptable una que se ubique en el orden del 6%. El margen de rentabilidad sobre ventas de Telefónica de Argentina y Telecom Argentina casi triplica al registrado para el grupo de las diez operadoras de telecomunicaciones más importantes del mundo desde el punto de vista de su facturación.

Repensar el Estado, consolidar la transformación

Luego de una serie de intentos en los primeros años del kirchnerismo, que no prosperaron, en rediscutir y reformular el contexto de actuación y el marco regulatorio de las privatizadas[3], a partir de la cancelación anticipada de la deuda con el FMI (enero de 2006), la política del gobierno de Kirchner respecto de la renegociación de los servicios públicos privatizados adquirió un nuevo tono, en el marco de menores restricciones. Con la reducción de la capacidad de injerencia del organismo multilateral de crédito, la mayor autonomía obtenida –clave para el despliegue y sostenimiento de decisiones políticas posteriores vinculadas a la reconstrucción de la economía y del tejido social del país– no se tradujo, en el campo de las privatizadas, en una estrategia uniforme en materia de renegociación.

Además de las ya mencionadas reestatizaciones (el sistema previsional por parte de la ANSES, AySA, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino), la intervención estatal en las privatizadas ha sido variada y flexible: nombró interventores, que aun continúan, en Metrogas (Repsol–British Gas), Autopista del Sol (española Alberti y Sideco-Macri) y Transportadora de Gas del Norte (Techint) y, desde fines de febrero luego de la Tragediade Once, en Trenes de Buenos Aires-TBA (grupo Cirigliano); rescindió las concesiones –que luego quedaron a cargo de otros privados- del ferrocarril San Martín, el Roca y Belgrano Sur; falta concretar la rescisión del contrato del Belgrano Cargas SA (Unión Ferroviaria,La Fraternidad, Roggio, Emapa y Camioneros) y el traspaso de la gestión a las dos nuevas sociedades del Estado, la administradora de infraestructura ADIF y la operadora SOF.

Respecto de la política regulatoria, se plantean nuevos interrogantes sobre cómo se redefinirá el rol estatal en muchos los servicios reestatizados -tipo de control a ejercer, su implementación, etc.- y cómo continuará en aquellos que permanecen en manos privadas. En el caso de las áreas con modelos mixtos híbridos (regulación de tarifas, subsidios e inversión estatal con operadores privados), como el transporte y el sector energético, se trata de terrenos que siguen acumulando tensiones y, como en el caso de Once, es una muestra de lo difícil de resolver los esquemas heredados de la fiesta neoliberal y la necesidad de restablecer la autoridad estatal, acorde a las transformaciones en curso.

En relación a lo normativo también hay desafíos pendientes, que en muchos casos tienen mucho más que ver con la institucionalización de avances ya logrados que con hechos concretos a revertir desde la ley. El sector eléctrico, por ejemplo, sigue contando con la ley 26.065 de 1991, aun cuando en los últimos años se está trabajando con una orientación diferente a la de los ´90. La tendencia actual a direccionar una mayor inversión en generación eléctrica hacia la ampliación de la cobertura del servicio se contradice con un marco legal que descentraliza a los privados las decisiones referidas a generación, el transporte eléctrico y la disponibilidad de las rentas. Algo similar sucede con el vital impulso (social, económico, productivo) que ha implicado la estatizaron las AFJP, y la consolidación institucional de la ANSES, que no se corresponde con la vigencia de la Ley previsional menemista (24.476). La reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es un claro ejemplo de institucionalización de políticas activas, en ese caso, respecto de la protección de la soberanía de la moneda nacional.

En las últimas semanas, vemos señales muy positivas en la dirección de redefinir toda la lógica de las privatizaciones y del proceso de entrega de los recursos públicos, porque el control de YPF –la empresa más grande del país en un sector estratégico para el desarrollo argentino[4]- supone la posibilidad de un cambio de paradigma a favor de la corrección estructural de los resultados nefastos de la gestión neoliberal.

El sector hidrocarburífero es clave en los encadenamientos productivos y sociales del país: de allí surgen insumos básicos para el desarrollo y crecimiento de la industria, la provisión de combustible a empresas y particulares, la provisión a las fuentes generadoras de energía eléctrica. Si bien no toda estrategia de recuperación pública tiene que implicar necesariamente la sustitución de firmas privadas por estatales, hay sectores particulares que demandan que la orientación de las inversiones y de la producción tengan claros criterios públicos, por su inserción en la vida económica y el desarrollo: “En primer lugar, las privadas, por lo general, prefieren no invertir en planes a largo plazo, necesarios para el desarrollo productivo (…); en nuestro país podemos comprobarlo con la falta de energía eléctrica, gas, nafta y gasoil. Recursos estratégicos que hoy escasean por falta de inversión en estos sectores”. Como señala Zaiat (Página 12, 3/3/2012), esta característica de los privados se complementa con que “las multinacionales definen sus programas de inversión, no sólo teniendo en cuenta su situación particular en un país sino como parte de su plan estratégico global”, lo que significa que “no siempre las necesidades de inversión de un país se alinean con los planes globales de las empresas multinacionales”, siendo el comportamiento de Repsol YPF el más evidente en ese sentido. Entre 1999 y 2011, la empresa traccionó la caída del 54 por ciento en la producción nacional de petróleo y el 97 por ciento de la producción de gas. Sólo en Santa Cruz, Repsol-YPF tenía 10 mil pozos de explotación. Actualmente funcionan solamente la mitad. De los 5.000 que están parados, hay 400 que ya se deben abandonar, pero los otros 4.600 no funcionan debido a falta de inversión, reparaciones que no se hicieron y maquinaria que no fue incorporada.

La revisión de la actuación una de las empresas insignia del país, y la gran decisión de expropiación del 51% de sus acciones, no solo significa volver a apuntalar la soberanía sobre nuestros recursos estratégicos, que nunca debimos entregar, en función del interés nacional. También supone la oportunidad de reconstruir, paso a paso pero definitivamente, el papel del Estado en la economía y las estructuras de regulación que habían sido barridas –a base del fortalecimiento de la lógica del mercado y de la exclusión social- por el neoliberalismo. Para ello se necesitan políticas de estado que, como evidencia el caso de la nacionalización de YPF, requieren de la formulación de consensos políticos extendidos y de una masa crítica para sostener las transformaciones. Esa es la naturaleza del desafío histórico del kirchnerismo. El mismo desafío que inauguró el proyecto nacional en 2003, pero que hoy cuenta con las herramientas necesarias y la legitimidad política para transformarlo en realidad.

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NOTAS :

[1] Entre otras, se transfirieron al capital privado: la mayor empresa del país (la petrolera YPF); la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica (a nivel nacional como en 13 provincias; el transporte y distribución de gas natural; gran parte de la infraestructura vial (rutas nacionales y redes de acceso a grandes ciudades); el dragado y el balizamiento de la hidrovía Santa Fe-Océano Atlántico; el servicio postal; el sistema nacional de aeropuertos; los ferrocarriles de pasajeros y de carga (los ramales no concesionados fueron clausurados); el servicio de telefonía; el espacio radioeléctrico; las terminales portuarias; el sistema de agua y saneamiento (en el AMBA, el mayor sistema integrado a nivel internacional, y en 12 provincias); las empresas siderúrgicas y petroquímicas y aquellas del área de defensa, la aerolínea de bandera (Aerolíneas Argentinas), y canales de radio y televisión.

[2] En este caso, la concesión se adjudicó a aquel consorcio que ofreció una mayor rebaja de las tarifas vigentes. A los pocos meses, la empresa concesionaria –Aguas Argentinas S.A.– aduciendo pérdidas operativas, obtuvo un incremento tarifario de 13,5%. En los casos del correo postal y de los aeropuertos, la adjudicación se realizó en función del monto del canon ofrecido por los distintos consorcios. En ambos casos, esos cánones no fueron abonados por las empresas concesionarias, sin que mediaran las sanciones correspondientes. Recordemos que en dos de estas áreas, el kirchnerismo ha revertido la tendencia, quitando las concesiones y reestatizando las empresas. La firma francesa Suez fue retirada del manejo del servicio de agua potable y cloacas del AMBA en 2006 por el “peligro potencial” a la sociedad al distribuir aguas contaminadas en el sudoeste del conurbano, en el marco de la decisión manifiesta de no invertir en Aguas Argentinas. Por otra parte, el grupo Macri fue desplazado de Correo Argentino, entre otras razones, porque la firma pagó del canon que había prometido e incluso contabilizó como inversión el despido de 3 mil trabajadores (Zaiat, Página 12, 3/3/2012)

[3] Bajo la presidencia de N. Kirchner, y considerando la disparidad de los marcos regulatorios existentes, cobró un nuevo impulso la necesidad de establecer un marco regulatorio general, finando un conjunto de condiciones que deberían cumplir todas las prestatarias. Bajo la forma de proyecto de ley, en agosto de 2004 se remitió al Congreso la intención de crear un Régimen Nacional de Servicios Públicos (RNSP); en el documento se identificó a la cuestión regulatoria como “una asignatura pendiente” a ser resuelta por el Estado. A pesar de las mejoras que introducía, no se avanzó en su sanción. Diversas presiones impactaron directamente en su no tratamiento, hasta que concluyeran las negociaciones de la deuda argentina. Sin embargo, resuelta la situación de default argentino, la discusión del proyecto no fue retomado.

[4] Argentina es de los pocos países latinoamericanos que privatizó su empresa estatal de petróleo. Si bien con la creación de ENARSA el actual gobierno nacional revirtió el enfoque aperturista y desregulador del menemismo en la industria de los hidrocarburos, ésta se concentra sobre todo en la importación de energía. Brasil cuenta con Petrobras, que cotiza en bolsa, pero cuya mayoría accionaria pertenece al Estado. Además, Petrobras está presente con al menos el 30% de la participación de los yacimientos en el mar de la llamada provincia petrolera de Pre-Sal. Bolivia reestatalizó YPFB y también renegoció los contratos. En México, Pemex, puede celebrar contratos con empresas privadas para explorar y explotar, en un intento por recuperar reservas. Colombia cuenta con Ecopetrol, solo parcialmente privatizada. En Ecuador existe PetroEcuador y, recientemente, se han renegociado las concesiones a empresas privadas para que el Estado se quedara con una mayor porción de la renta. Venezuela, que cuenta con PDVSA, también ha renegociado contratos Venezuela. En Perú está PerúPetro; en Chile, ENAP y en Uruguay, ANCAP.

Publicado en “Iniciativa” :

http://espacioiniciativa.com.ar/?p=7501

Y en “Redacción Popular”:

http://www.redaccionpopular.com/articulo/el-proyecto-k-reconstruir-el-estado-con-sentido-popular