Entre los intersticios de la tormenta mediática desatada contra el vicepresidente, Amado Boudou, es posible entrever que en la misma semana se culminó el diseño de una política de Estado para las Malvinas y se produjo el fallecimiento del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde. El futuro dirá si una cosa es más importante que las otras. Por ahora resulta evidente que la prioridad depende de la credibilidad que se otorgue a las denuncias contra Boudou que han desplazado completamente del escenario granmediático a los otros dos temas que ocurrieron también esta semana.
Más allá de la insistencia de los grandes medios en batir el parche con Boudou, lo real es que tras nueve años de hacer las mismas denuncias que después nunca son comprobadas o simplemente no tienen la importancia que le quieren endilgar los grandes titulares y las incontables páginas llenas de indignación, la credibilidad de estas estrategias es muy baja y hasta generan rechazo en la sociedad, como lo demostró la semiextinción de Elisa Carrió.
La campaña empezó con denuncias de una contrariada ex esposa contra su ex marido (actual gerente de la empresa Compañía de Valores Suramericana CVS) y haciendo referencias a hechos que supuestamente habían sucedido más de un año después de la separación de la pareja. A esa primera etapa de la campaña se le otorgaron grandes titulares acusando con pruebas sin consistencia. La presión mediática fue tan fuerte que determinó el comienzo de una investigación para descubrir si podía existir un delito, lo cual es inusual, porque las declaraciones de la ex esposa no habían alcanzado siquiera para una denuncia penal.
Se puede avizorar a esta altura que la base de la denuncia es una disputa comercial entre dos grandes empresas gráficas, una es Boldt y la otra es CVS, ex Ciccone Calcográfica. Como lo hizo en otros casos, el Estado flexibilizó condiciones para impedir la quiebra de Ciccone-CVS, lo que resultó en desmedro de su competidora, que además estaba a punto de comprarla y ocupar todo el mercado.
En ese momento, Boudou era ministro de Economía y participó en esa especie de salvataje. El único recurso que le quedó a Boldt fue atacar la legalidad de ese proceso. Boudou asegura que detrás de toda la denuncia está Boldt. Por lo pronto, la causa tiene sentido sólo si puede probar que Boudou se favoreció personalmente de alguna manera con la recuperación de CVS, algo que la investigación todavía está muy lejos de sugerir ni aventurar. Sin embargo, fue una semana especialmente ruidosa por el allanamiento de un departamento que es propiedad del vicepresidente pero que no lo ocupa, sino que está alquilado por un amigo del ex marido de la esposa despechada que es amigo de un amigo de Boudou. Al día siguiente del allanamiento, el vicepresidente hizo su aporte al ruido mediático con una conferencia de prensa destemplada en la que pareció que buscaba enemistarse con la guía telefónica.
La pregunta no es si se pone o no las manos en el fuego por el vicepresidente, sino si se lo hace por la seriedad de estas campañas mediáticas. Es claro que el que ponga las manos en el fuego por los grandes medios resultará quemado y por ahora ellos son los únicos que sostienen la acusación. Lo más prudente sería entonces no hacer caso de esos ruidos granmediáticos y seguir las conclusiones reales de la Justicia.
Pero mientras esta tormenta eléctrica se descargaba sobre Buenos Aires, en la semana se producía un fenómeno que tardó tres décadas en manifestarse.
Costó mucho que la sociedad aceptara plenamente las atrocidades de la dictadura en la represión. Cuando se asumió esa realidad, se mantuvo una especie de tabicamiento sobre otros aspectos de la dictadura como si se pudiera desdoblar la realidad. Durante décadas se habló de la guerra de Malvinas como si no hubiera sido decidida y dirigida por la dictadura, como si el tema de Malvinas pudiera sobreponerse y exorcizar a sus protagonistas, aunque se tratara de los mismos demonios. Había un rechazo a contrastar Malvinas con la dictadura y esa excepción forzada, junto con otras emociones y racionalizaciones provocadas por la guerra, contribuyeron a lo que se llamó la “desmalvinización” de la sociedad. De esa manera se le concedía a la dictadura el concepto completo que implica el reclamo de las islas.
La pregunta siempre fue si una dictadura que había cometido atrocidades infinitas contra su misma gente, podía al mismo tiempo asumir en forma legítima uno de los reclamos más sentidos por la misma sociedad a la que estaba sometiendo. La pregunta es si una dictadura definida por someter a la sociedad puede al mismo tiempo expresarla. No se puede expresar a lo que se reprime. Aquello que busca su sentido en la represión de su gente, sólo puede repetir esa represión en cualquier circunstancia porque es donde encuentra sentido a todo lo que hace. Está más enfocada a eso que a cualquier otra cosa. La guerra fue otra forma de someter, con torturas incluidas. Pero la sacralización del tema Malvinas impidió que el velo se descorriera. Impedía, incluso, que los mismos soldados torturados se animaran a dar testimonio y que la sociedad les prestara atención.
Cuando el Gobierno definió con mucha claridad el marco democrático y pacifista del reclamo de soberanía en las islas creó una brecha, que terminó de abrirse cuando se anunció que se daría a publicidad el informe Rattenbach, tomando distancia crítica de la guerra y de la dictadura. Aunque el proceso ya se venía dando sin que se le prestara demasiada atención, a partir de ese momento se multiplicaron los testimonios sobre maltratos y torturas a los soldados por parte de sus oficiales en la guerra. Reclamar en forma enérgica la soberanía en las islas repudiando, como una condición inherente, a la guerra de 1982 como parte de la dictadura, fue liberador para los veteranos después de treinta años.
Se dio entonces un proceso de confluencia, como si la sociedad hubiera sido sometida a terapia durante 30 años para descubrir finalmente que la dictadura es dictadura siempre, no solamente cuando reprime. La represión que le dio identidad se expresó contra la sociedad civil en la que incluía a sus propios soldados conscriptos. Los hilos conductores de esas formas de represión llegaban a las Malvinas. Así la represión y la guerra son caras de la misma moneda y entre las dos conforman la mayor masacre de argentinos del siglo XX. Ahora la sociedad pudo expresar –y no sólo percibir– que la represión y la guerra identifican a la dictadura. Hay una hermandad entre los jóvenes desaparecidos y los chicos muertos en la guerra, cuyos restos en muchos casos tampoco han sido identificados. Hay un parentesco entre el pedido de identificación de los desaparecidos inhumados como NN y el mismo que planteó Cristina Kirchner a la Cruz Roja para que permita la identificación de los restos de soldados que yacen en las islas.
Eduardo Duhalde era un hombre que se había vinculado con los derechos humanos poco después de la caída de Perón. Su propia vida cubre ese proceso de maduración de la sociedad en relación con los derechos humanos desde cincuenta años atrás hasta la actualidad. La mayor parte de ese tiempo sufrió persecución. En la mesa estuvo más tiempo sentado del otro lado que el Estado, que a veces era el que violaba los derechos humanos y otras veces el que impedía que se juzgara a los violadores. Sin embargo resulta ilustrativo que su ciclo de vida culminara cuando ocupaba un cargo en el Estado, un lugar que durante la mayor parte de su vida ni se hubiera imaginado. De hecho su incorporación como secretario de Derechos Humanos fue parte de una política que anuló las leyes de impunidad y promovió los juicios a los represores. Esa fue, de alguna manera, la expresión de que la sociedad había asumido finalmente esa realidad, la que ahora se funde con la elaboración social de la guerra a partir del diseño de una política sobre Malvinas. Sobre los puntos de esos posicionamientos sobre derechos humanos y Malvinas deberían asentarse las bases para políticas de Estado entre oposición y oficialismo.
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