Miradas al Sur. Año 5. Edición número 201. Domingo 25 de marzo de 2012
Por
Demián Verduga
Repsol-YPF vale hoy un 30% menos que hace dos meses. Las acciones se desplomaron desde mediados de enero. El activo neto de la empresa es el mismo que en 1991. Cuáles son los costos y beneficios de reestatizarla.
El viernes pasado, el gobierno de Mendoza anunció que le quitaba la concesión de los yacimientos Ceferino y Cerro Mollar a la empresa Repsol-YPF. Cuatro días antes, el lunes, la provincia de Neuquén anunció que le anulaba las áreas de Chihuido de la Salina y Portezuelo Minas a las misma empresa. Estas quitas se suman a las que ya habían Santa Cruz y Chubut los primeros días de marzo. Todas estas áreas juntas –hay que señalarlo– no representan más del cuatro por ciento de la producción que tiene Repsol-YPF en todo el país; sin embargo, el efecto político y comunicacional ha sido enorme. Uno de los motivos que explica el impacto es el nivel de coordinación de las provincias productoras entre sí y de éstas con el Estado Nacional. Los interrogantes que quedan flotando son: ¿cómo puede avanzar el Estado en el control de la política petrolera y cuáles son los costos y beneficios?
Antes de hablar sobre el futuro, un breve repaso por el diagnóstico. Los gobernadores ampararon su decisión en la Ley de Hidrocarburos, la 17.319. La norma, sancionada a mediado de 1967 y reformada a fines del ’89 para la privatización, dice en el artículo 31: “Las empresas concesionarias deben garantizar la máxima producción compatible con la explotación adecuada del yacimiento y una conveniente conservación de las reservas”. Los números de Repsol-YPF, por lo tanto, muestran que la empresa está “al margen de la ley”. Las cifras son conocidas: la producción de esa empresa cayó casi un 40% de 1999 hasta el 2010 y sus reservas en el mismo período retrocedieron 52%.
Destinos posibles. Las opciones para que el Estado comience a recuperar el control de la política petrolera en el mediano plazo no son infinitas; a grandes rasgos, se reducen a dos: la creación de una nueva empresa pública o la recuperación de YPF.
“La reestatización se puede hacer a la vieja usanza, por una ley del Congreso en la que se fije el precio. El otro modo, menos compulsivo, es comprar la mayoría de las acciones de la compañía”, le dijo a Miradas al Sur Mariano Barrera, especialista en política económica e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Una cuestión clave para evaluar la segunda posibilidad es saber cuánto vale la petrolera. El precio de mercado, según el valor de las acciones al cierre del viernes, rondaba 11 mil millones de dólares. Hace dos meses valía 16 mil millones. El retroceso se debe a que las acciones vienen en picada desde mediados de enero. Barrera, sin embargo, tiró otras cifras sobre la mesa a la hora de evaluar el valor. “El patrimonio neto, es decir, todos los activos menos las deudas, ronda los 4.500 millones de dólares. Es el mismo que tenía en 1991”. El investigador explicó que esto se debe a que la compañía aumentó enormemente su deuda los últimos cuatro años. “Pasó de deber 9 mil millones de pesos a casi 30 mil millones”. Este aumento de la deuda coincide temporalmente con el ingreso a la compañía del Grupo Petersen, propiedad del empresario argentino Enrique Eskenazi, que controla el 25% de las acciones. “Argentina vendió la compañía a más de 7.000 millones de dólares y el activo neto era mayor al de hoy –remarcó Barrera–. Además hay que hacer una auditoría para ver cuál es nivel real de reservas de petróleo y gas que tiene la empresa. Con todo eso sobre la mesa se podrá poner un precio, que a mi criterio jamás podría superar el monto por el que Argentina la vendió”.
La compra de la mayoría accionaria tampoco es soplar y hacer botellas. Los cepos puestos por el neoliberalismo de los años ’90 son varios. Uno de ellos, pensado justamente para evitar la recompra de la empresa por parte del Estado, lo estampó en el estatuto de YPF José Estenssoro, que fue presidente de la compañía durante los primeros años de la privatización. “Hay un cláusula por la cual para poder comprar más del 15% de las acciones es necesario hacer una oferta por el total y además pasar por la aprobación de la asamblea accionistas”, le dijo a este medio Ignacio Sabbatella, politólogo y becario doctoral del Conicet. “Esto obliga a la negociación. De todos modos, en el contexto actual, no es posible guiarse por lo que indica el valor bursátil, ya que ahí hay un fuerte componente de especulación financiera, que nada tiene que ver con el valor real”.
La reestatización, claro, tendría consecuencias diversas. Aquí se analizarán las económicas. “Las multinacionales suelen hacer frente a este tipo de conflicto presentándose en tribunales internacionales y en el Ciadi”, remarcó Barrera. (El Ciadi es un organismo del Banco Mundial supuestamente diseñado para resolver conflictos entre los estados nacionales y el empresariado global). “Estas presentaciones, luego, son usadas como excusa por el sistema financiero trasnacional para no otorgar créditos a un país –agregó Barrera–. Las multinacionales presionan de ese modo a los estados a la hora de las disputas de intereses”. El investigador, sin embargo, remarcó: “En el caso actual de la Argentina, la situación es que el Estado de todos modos tendrá que intervenir y pagar costos económicos”.
La encrucijada a la que se refiere el investigador de Flacso es así: Argentina está importando combustibles por unos 10 mil millones de dólares anuales, es decir, que ya está perdiendo divisas. La pregunta –que este cronista no puede contestar– es: ¿tiene sentido evitar una tensión con el sistema financiero para poder acceder a préstamos y que parte de estas divisas al final se usen para importar combustible porque YPF no invierte? “Si se lograra comprar la ex petrolera estatal por un precio razonable –remarcó Barrera–, podría relanzarse la exploración y reducir de a poco la importación. El Estado terminaría ganando en el mediano plazo, sino, las divisas se pierden igual”.
En un párrafos anterior se mencionó, como posibilidad, la creación de una nueva empresa pública de hidrocarburos. Esto evitaría los conflictos legales de una reestatización, pero también tendría costos. “Una nueva petrolera podría explotar los yacimientos que se le den de baja a los privados –remarcó Barrera–. Cuando se hace una reversión, las empresas están obligadas a dejar toda la maquinaria que usaron”. “Sin embargo –agregó el investigador– habría que montar varias cosas de cero. YPF ya tiene tres refinerías y a los trabajadores formados para sus funciones. Armar eso desde el principio puede ser más caro como recomprar la ex petrolera estatal”.
El debate político. La tensión entre el Gobierno Nacional y las provincias productoras con Repsol-YPF todavía no se traduce en un debate parlamentario, pero referentes políticos de distintas fuerzas han comenzado a tomar una posición.
Leonardo Grosso es diputado del Frente para la Victoria, tiene 27 años y es miembro Frente Nacional por la Soberanía Energética. “Creemos que es el momento de comenzar a discutir cómo ponemos YPF al servicio del proyecto de desarrollo económico e industrial de los últimos ocho años –le dijo el joven diputado a Miradas al Sur–. El mecanismo deberá encontrarlo el Gobierno, que ha demostrado sobrada capacidad de gestión. El objetivo estratégico debe ser que el Estado y la Nación recuperen niveles de hegemonía sobre la política petrolera”. Grosso puso el acento en una cuestión que considera central para fortalecer en el corto plazo. “Hay que buscar mecanismos para que los yacimientos dejen de estar fragmentados por provincia. Debemos seguir reforzando la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (Ofephi), ya que la desregulación hizo que cada estado provincial, con menos espalda que el Gobierno Nacional, se vea obligado a negociar solo con multinacionales muy poderosas”.
El dirigente del Frente Amplio Progresista (FAP) Horacio Alcuaz también habló con este semanario. “Lo primero que debe reconocer el Gobierno es que esto es parte de una política que permitió a las empresas no hacer lo que tenían que hacer.”, dijo. Luego se refirió a las posibilidades futuras. Su visión, más allá de alguna leve coincidencia, fue bastante diferente a la de Grosso. “Nosotros podemos acompañar todo lo que no provoque alguna situación de déficit para el país –señaló–. La estatización de Aerolíneas Argentinas terminó en un juicio en el Ciadi, que a lo mejor vamos a perder. En aquel momento nosotros propusimos crear una nueva línea de bandera para evitar el juicio y las deudas. La recuperación de YPF no puede implicar perder millones de dólares. A lo mejor, el camino es crear otra compañía. Hay que buscar mecanismos que no ahuyenten a los inversores internacionales.
–¿Pero hay un modo de nacionalizar un recurso estratégico sin generar tensiones?
–Los contratos tienen mecanismos para los incumplimientos. Hay que aplicar hasta el último recurso legal para no quedar expuestos y que no parezcamos caprichosos, que cambiamos las reglas de juego porque sí.
Sabbatella, el investigador del Conicet, intervino en este punto. “Debemos avanzar en una empresa pública, que puede ser YPF. Esa compañía debe actuar en toda la cadena de producción, desde la exploración hasta la comercialización, y debe ser preponderante en el mercado”. “Además –agregó el investigador– se pueden superar algunos conflictos de la etapa anterior de la YPF estatal. Podría darse participación a las provincias en el directorio y también a los trabajadores.”
Como se ve, el debate sobre el futuro de YPF recién empieza.
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http://sur.infonews.com/notas/los-destinos-posibles-para-ypf
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