A partir de 1989, la Argentina decidió restablecer las relaciones con el Reino Unido –suspendidas desde la guerra del Atlántico Sur– con el levantamiento de las restricciones a las importaciones británicas. Su promotor, el entonces canciller Domingo Cavallo. Quitaba el sueño a los intereses de la semicolonia reanudar urgentemente el “comercio” con la metrópolis. El tratamiento de la disputa de soberanía no era prioridad para ninguna de las partes. Sucedieron entonces las reuniones de Nueva York de agosto de 1989. Un mes después, se firmó en Madrid una declaración conjunta, acordándose formalmente el cese de hostilidades de todo tipo. Se estimularon las relaciones comerciales y financieras mediante la eliminación de todas las restricciones impuestas desde 1982, así como las comunicaciones aéreas y marítimas. El 15 de febrero de 1990, una nueva ronda de negociaciones profundizó el camino iniciado en Madrid. Además de restablecerse las relaciones diplomáticas y eliminarse la “zona de protección” alrededor de las Islas Malvinas, se establecieron/aprobaron, entre otras:
1) el “Sistema de Comunicación Directa” entre las islas y el continente;
2) el informe del “Grupo de Trabajo Argentino-Británico sobre Pesca”, clave para el intercambio de información relativa a especies, flotas pesqueras, estado de los stocks y posibilidades de conservación y explotación conjunta; y
3) comenzar la negociación de un acuerdo de promoción y protección de inversiones. Con la firma de los Acuerdos de Madrid, se daba comienzo formal a la estrategia de “seducción” y a la fórmula del “paraguas de soberanía”.
Un mes después de reactivado el vínculo semicolonia-metrópoli –discontinuado muy parcialmente durante la guerra (la Argentina no dejó de pagar la deuda externa), pero vigente desde 1955– el canciller Domingo Cavallo almorzó con Margaret Thatcher en Londres. Allí le manifestó que la “Argentina respetaría los ‘deseos’ de los isleños”, añadiendo que para la discusión del tema de la soberanía se necesitaría “un ambiente de diálogo y amistad entre los habitantes de las Islas y la Argentina” (Clarín – 10/4/90). Estaban sentados los pilares de la traición diplomática al aceptar los “deseos” de los kelpers (profundizada al ridículo con Di Tella y los ositos), como aseguradas las bases para la entrega cómplice de los recursos ictícolas e hidrocarburíferos en el archipiélago. ¿Sólo del archipiélago?
LA RENDICIÓN ECONÓMICA DE 1982.
El programa de privatización y aniquilación del Estado como agente empresario, contralor y planificador comienza en 1989 con las leyes nacionales 16.696 (de Reforma del Estado), 16.697 (de Emergencia Económica) y decretos 1.055, 1.589 y 1.212. Prosigue con la conversión de YPF en sociedad anónima y la fijación de un cronograma de privatizaciones para el sector, para ceñirse en 1992 con las leyes 24.076 (Privatización de Gas del Estado) y 24.145 (Privatización de YPF SA y Federalización de los yacimientos de hidrocarburos). El mismo año en el que se legislaba y ponía en ejecución la nefasta privatización de la estatal petrolera, se firmaba con el Reino Unido el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones (Ley 24.184, suscripta el 1 de diciembre de 1992). Cabe recordar no obstante, que dicha ley venía a aprobar el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones, suscripto por ambos países en diciembre de 1990. Ese mismo año, aunque el mes anterior, la Argentina venía a aceptar de hecho, a través de la denominada Zona de Conservación Exterior, las iniciativas británicas para el inicio de la explotación pesquera, por cierto, establecida unilateralmente en 1986 a través de la Zona Interina de Conservación y Administración de las Islas Malvinas. A partir de entonces, dicha actividad económica comenzaría a reportar a fines de igual año cerca de 12 millones de libras (antes reportaba cero ingresos). Sólo en la primera temporada se entregaron más de 200 licencias individuales para la explotación pesquera.
LA LEY 24.184.
En julio de 1992, el Comité de Descolonización de la ONU aprobó la Resolución 109/1132, por la cual reiteraba la exhortación a Gran Bretaña y la Argentina a procurar una “solución pacífica y negociada sobre la soberanía” de las Malvinas. En paralelo, una decisión del gobierno nacional de crear un registro de buques pesqueros, fijando la obligatoriedad para la concesión de permisos y cupos de pesca, molestó al Imperio. Ello culminó en una autolimitación del caudal de pesca para la Argentina. Semejante actitud sería luego ratificada con la Ley 24.184 de 1992, ley que estableció el principio del trato nacional y cláusula de la Nación más favorecida (este beneficio, negado por Rosas, fue uno de los factores que aceleró los planes británicos para la invasión de 1845), el régimen de indemnización por pérdidas y el sistema particular de solución de controversias entre un inversor y el Estado receptor (CIADI). Tres años después, en 1995, comenzaría a regir la entrega hidrocarburífera. El capitalismo británico había ganado la guerra.
EL VÍNCULO COMERCIAL CON LA POTENCIA COLONIALISTA, ¿POR QUÉ? ¿MÁS VUELOS?
Unos 410 mil millones de dólares exportó el Reino Unido al mundo en 2011. De ese volumen, 614 millones se destinaron a la Argentina, país que a su vez le exportó 714 millones (casi un 1% del total exportado por nuestro país). El superávit comercial que cayó drásticamente entre 2010 y 2011, ronda los 104 millones. No obstante, no radica en estos números la explicación de la instrucción impartida por la ministra Débora Giorgi a unas 20 grandes firmas nacionales y multinacionales, instándolas a sustituir importaciones de origen británico. Más bien se trata de una señal política al Reino Unido, de alto impacto e inédita, tal vez, en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países. La decisión demuestra, entre otras cosas, que el Conflicto del Atlántico Sur, iniciado en 1833, lejos está de su resolución. Quienes entregaron la soberanía nacional a fines de los ’80 y ’90, entregaron también la soberanía económica. Al frente de la Cartera de Economía durante la conflagración, figuraba Roberto Alemann, elemento de la banca europea y suiza en particular. La deuda externa global de América Latina y el Caribe en 1978 rozaba los 155 mil millones de dólares. En 1982, trepaba a 330 mil millones (150% del PBI). Entonces aparecería Domingo Cavallo como presidente del Banco Central para estatizar la deuda privada. En el ínterin, el conflicto bélico con Gran Bretaña. La victoria de Thatcher catapultó el neoliberalismo a escala global, poniendo a buena parte de la periferia al límite de la extinción. Se explica así la rendición económica a partir de 1989, siete años después de la capitulación del 14 de junio en Malvinas. Siete años después, un civil ex funcionario de la dictadura estampó su sello sobre una legislación entreguista y antipopular. La soberanía económica de la Nación sufrió un durísimo revés. La cuestión Malvinas, emblema histórico y excluyente de la cuestión nacional, nos recuerda que la defensa de la soberanía territorial es indisoluble de la económica. Bien lo supo Néstor Kirchner cuando canceló el Convenio sobre Exploración y Explotación Conjunta de Hidrocarburos de 1995; bien lo sabe Cristina Fernández con las medidas del año pasado y la antedicha del Ministerio de Industria. Interrogantes finales: ¿por qué seguir manteniendo relaciones comerciales con la decadente potencia colonialista? Coincidimos en no cortar los vuelos existentes a las Islas. Agregar uno más pero imponiendo a todos nuestra línea de bandera, es una jugada magistral (y complementaria) junto a la instrucción de sustituir importaciones británicas, pero sólo si negamos aborden al avión los kelpers y extranjeros que desde hace más de un cuarto de siglo vienen lucrando con nuestro pescado, nuestro calamar y petróleo. ¿Está la intención de hacerlo?
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Excelente el aporte de Federico Bernal al debate actual en torno a Malvinas.
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