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jueves, 23 de febrero de 2012

La seguridad jurídica del pueblo argentino y el control de los recursos, por Federico Bernal (para “Tiempo Argentino” 19-02-12)



El modelo neoliberal entre 1976 y 2003 puso el país al borde del abismo y a las clases populares al límite de la extinción. Los argentinos y argentinas fueron privados del manejo de su propia economía y de la economía nacional. Privados y privatizados. La Argentina semicolonial, dependiente y atrasada, tuvo en ese período su segunda época dorada (la primera, entre 1880-1930). Los sobrevivientes que lograron atravesar la tempestad, lo hicieron gracias a los desechos que el festín reaccionario vomitaba con aburrimiento y adiposo fastidio. Sobrevivientes y sobrantes, así nos hicieron sentir. Así vivió el 99,9% de la población. Éramos simios en el planeta de los humanos. A propósito de animales y hombres, Marx escribió que, efectivamente, “podremos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en el que comienza a producir sus medios de vida… Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material.” A los bárbaros ajustadores de la semicolonia, simplemente humanizarlos. A los resortes claves de la economía como a los servicios públicos estratégicos, estatizarlos para reconstruir la propia vida material de los 40 millones, con un modelo de desarrollo autónomo y equidad. La privatización del mercado eléctrico a comienzos de los ’90 despojó de una parte sustancial de la propia vida material a millones. El Estado argentino fue reemplazado por sendos Estados extranjeros y accionistas privados. Los recurrentes cortes de luz que desde hace décadas padecen los habitantes de la Capital Federal –entre otras jurisdicciones– tienen un origen específico y grandes responsables.

BREVE HISTORIA DE UNA PRIVATIZACIÓN ELÉCTRICA.

En 1992, la sanción del marco regulatorio del sector eléctrico (Ley 24.065) provocó un cambio drástico en la morfología de este sector. Las empresas estatales nacionales, provinciales y las cooperativas fueron –en el mejor de los casos– desintegradas vertical y horizontalmente, esto es, segmentadas por unidades de negocio: generación, transporte y distribución. Un caso emblemático fue Segba, empresa atomizada en tres distribuidoras (Edenor, Edesur y Edelap), una empresa transportadora de alta tensión (Transener) y seis distribuidoras troncales (para operar en el interior del país), todas ellas desempeñándose bajo una modalidad monopólica, a excepción de las generadoras térmicas e hidráulicas que desde entonces compiten en el Mercado Eléctrico Mayorista. Para el especialista Ricardo De Dicco (CLICeT), “la Ley 24.065 estipulaba que ninguna empresa que participara en una actividad determinada podía hacerlo en otra; por ejemplo, si la prestataria era una generadora, no podía ser simultáneamente transportista y distribuidora. No obstante, durante los años ’90 el mercado eléctrico volvió a integrarse vertical y horizontalmente, pero con el agravante de hacerlo en muy pocos agentes económicos privados y estatales (la mayoría extranjeros). Así nació el oligopolio privado-estatal energético.” Electricité de France (mayoritariamente estatal) fue dueña de Edesur y Edenor entre 1992 y 2003. Luego, le vendió a Petrobras su participación en Edesur, participación que mantiene al día de hoy. En el interín, llegó el Estado italiano.

EDESUR: ESTADOS EXTRANJEROS PARA LA ELECTRICIDAD ARGENTINA.

Estados extranjeros para la electricidad argentina. ¿Quiénes son los responsables de los recurrentes cortes de luz en la Capital Federal? ¿Quiénes son los responsables del pésimo e ineficiente servicio? La empresa italiana Ente Nazionale per l’Energía Elettrica (ENEL) controla el 91% de la ex española Endesa. A su vez, esta última controla un 51,5% de Distrilec, cuyo remanente 48,5% es propiedad de Petrobras. Finalmente, tenemos que Distrilec participa con un 56,35% de Edesur. El porcentaje restante está en manos de dos firmas propiedad de Endesa: Enersis y Chilectra, más un porcentaje muy inferior en poder de los trabajadores. En pocas palabras, más de la mitad de Edesur está en manos de Enel y Petrobras, o lo que es igual, en poder del Estado italiano y del Estado brasileño respectivamente. ¿A dónde queremos llegar? ¿Que la electricidad que reciben los porteños dependa de ejecutivos, técnicos y saldos de caja italianos y brasileños?

SIGA Y SIGA EL BAILE, AL COMPÁS DE LA OSCURIDAD.

La privatización de la electricidad con la Ley Nº 24.065 (de 1992) creó el marco regulatorio que habilitó a las empresas privadas a no invertir y a la vez ser beneficiadas –como efectivamente ocurrió durante el período 1993-2001– por un sistemático e ilícito aumento tarifario cuya captación de capital fue transferida al exterior. Al respecto, De Dicco nos recuerda: “la dolarización e indexación de las tarifas eléctricas según la evolución de los precios estadounidenses resultaron violatorias de la ley 24.065. Y no sólo eso, sino que permitieron a las empresas del sector internalizar rentas extraordinarias, que en ningún momento fueron invertidas en infraestructura y desarrollo tecnológico, sino lisa y llanamente giradas a sus casas matrices. Al mismo tiempo, extorsionaban al Estado con la amenaza de producir apagones si no se redolarizaban las tarifas (desde 2002 hasta el presente).” A propósito de esto y de los cortes de luz que al igual que en esta fecha afectaban a millones de ciudadanos porteños, escribí en este mismo diario el siguiente párrafo que dada su actualidad transcribo textualmente: “Edenor, Edelap y Edesur no han invertido ni invierten como corresponde, a pesar de las ingentes ganancias registradas en el país y giradas a sus casas matrices. Ante los graves incumplimientos, fallas reiteradas y escasa respuesta por parte de Edesur en los cortes de estos últimos días, además de las sanciones, el marco regulatorio exige la rescisión de los contratos. Independientemente de cuál termine siendo la decisión oficial en esta materia, aquello que debe discutirse y resolverse no pasa por una cuestión técnica sino política y cultural. ¿Deben ser argentinos o extranjeros los responsables de la distribución eléctrica en el país? ¿Debe ser el Estado nacional o el Estado de terceros países quienes manejen nuestros servicios públicos? […] No se trata de electricidad sino de autonomía. Las tensiones registradas hoy en el sistema de distribución eléctrica encuentran su explicación en el proceso de desregulación y privatización que tuvo lugar durante la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem” (No se trata de una cuestión de electricidad, sino de pensar nuestra propia autonomía – 4/01/11). En la portada de la edición de Tiempo Argentino que llevaba esta opinión, se podía leer bien grande: “Edesur fue la responsable del 70% de los cortes de luz”.

SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL PUEBLO ARGENTINO.

Recordemos la cita del comienzo: “El hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en el que comienza a producir sus medios de vida… Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material”. Cuando esta frase se aplica a los países de la periferia, los pueblos que comienzan a producir sus medios vida, esto es, su vida material, comienzan a hacerse de los modos de producción y/o de los instrumentos que posibilitan su propia autonomía como nación. Sintonía fina implica humanizar, argentinizar, recuperar el control sobre nuestro patrimonio y vida material; implica erigir y consolidar las bases políticas, económicas, científicas, culturales, sociales, jurídicas y militares que nos permitan proseguir el programa trunco en 1955. El agravio a la seguridad jurídica del ciudadano consumidor debe llegar a su fin, porque, está claro, no somos animales.

Publicado en :

http://www.infonews.com/2012/02/19/economia-11114-la-seguridad-juridica-del-pueblo-argentino-y-el-control-de-los-recursos.php

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