30 Noviembre, 2011 Iniciativa
Por Amílcar Salas Oroño
Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (UBA).
Desde 1998, año en el que H. Chávez llega a la Presidencia de Venezuela, un “nuevo ciclo político” caracteriza a la región sudamericana. Evidentemente el siglo XXI trae consigo un recambio substantivo en lo que se refiere a las agendas políticas de varios gobiernos: más allá de las clasificaciones que puedan establecerse – “populistas”, “moderados”, de “izquierda” o “republicanos”- hay un rasgo en común que permite establecer una consideración más general sobre el período histórico y que, según las perspectivas, alimentan la idea de que se trata de un “cambio de época”: la readecuación de la gestión estatal, esto es, la revalorización de la presencia del Estado en relación a la lógica y dinámica del mercado. Lo que se ha vuelto a posicionar como un factor determinante de la dialéctica histórica latinoamericana es precisamente la injerencia que tiene el Estado en la determinación de los diferentes circuitos de reproducción de las sociedades, sus márgenes de inclusión, sus perfiles socializadores, sus estructuras normativas. En el marco de este panorama, Argentina presenta ciertos rasgos que destacan su carácter.
Al margen de lo que han sido las diferentes fórmulas de “agregación política” del kirchnerismo desde el 2003 – el pasaje que va de la “transversalidad” a la “Concertación”, y de allí a la reinterpretación del lugar del peronismo como coalición gubernamental – la etapa que comienza en el 2003 y culmina con el primer mandato de CFK tiene un elemento claro que la distingue: un circuito virtuoso entre fuentes de financiamiento y políticas públicas. En comparación con otros países de la región, Argentina fue el país que económicamente más creció, 64% – acumulado para el período 2003-2009, según datos de la CEPAL – mientras que Brasil lo hizo tan sólo al 28%, o bien Chile al 30%. Este crecimiento económico le ha permitido al Estado, entre otras cosas, aumentar considerablemente lo que es el “gasto público”: en la suma de los tres niveles de ejecución – Nación, provincias y municipios – está llegando actualmente al 40% del PBI, la cifra más alta de la región, incluso duplicando en dólares al que había durante la convertibilidad. Lo interesante es que estos recursos – que han ido en aumento- se respaldaron en una estructura de financiamiento que podría denominarse “móvil”, esto es, que no siempre tuvo los mismos pilares. A lo largo de estos años, de una primera etapa en donde el gasto se cubría casi exclusivamente a través de la recaudación impositiva, un segundo momento (político) muestra la ampliación de las fuentes de financiamiento también a lo que son: a) los fondos y la rentabilidad de los títulos públicos que pasaron de las AFJP al Estado; b) las reservas, utilidades y adelantos del Banco Central.
Estos cambios, y otros, han posibilitado la edificación de un determinado perfil de lo que puede considerarse la “gestión estatal”: un ciclo en el que las políticas públicas se extienden y se reprograman en función de nuevos recursos; se crean nuevas áreas de intervención, otras metodologías, se modifican los vectores y direccionalidades para el Estado. El proceso se dirige hacia políticas compensatorias y distribucionistas – por ejemplo, la moratoria previsional, la suba de haberes y políticas sociales de diverso tipo. En ese sentido, puede afirmarse que el kirchenerismo instala una lógica política diferente a la que, paradigmáticamente, caracterizó la forma de “actuación política” en los veinte años que van desde el retorno de la democracia en 1983 hasta la asunción de N. Kirchner: de una “metáfora política” en la cual las acciones se concebían y ejecutaban a partir de la idea de un “actuar al interior de un orden” – sean las restricciones corporativas militares de los ´80 o la “convertibilidad” de los ´90 – se pasa, desde el 2003, a otra “metáfora política” ligada, más bien, a “rupturas (parciales) frente al orden”, esto es, un ciclo político que va agregando permanentemente nuevas instancias de actuación para el Estado, espacios de politización y asistencia, posibilitados por una estructura “móvil” de financiamiento. En otros términos, una lógica política expansiva, a contramano de lo que había sido usual en el comportamiento de la clase política hasta el 2003.
Este recambio en lo que respecta a la lógica gubernamental de actuación política, en relación con la dialéctica Estado/mercado, tuvo un instante clave, emblemático, aquel que va a cristalizar la distintiva trama operativa y discursiva del kirchnerismo: el conflicto en torno a la Resolución 125 del PEN. A partir de entonces, varios aspectos objetivos y subjetivos adquirieron un formato particular. En un sentido más proyectual del proceso, aquella coyuntura histórica puede ser remitida como uno de los “orígenes” – quizás uno de los más relevantes – del kirchnerismo. Se trató de un “punto de bifurcación” similar a los que enfrentaron H. Chávez en el 2002, Lula en el 2005, Evo Morales en el 2008 o bien R. Correa en el 2010. Momentos que ponen en entredicho la sustentabilidad política de los gobiernos, instantes críticos que, paradójicamente, resultan en puntos de partida. El “conflicto con el campo” reorganizó política e ideológicamente al kirchnerismo, le brindó una “estructura narrativa” que es la que, a partir de allí, ubica con más definida perspectiva el sentidohistórico de su intervención.
Los desafíos que enfrentará el próximo gobierno de CFK tendrán que ver con la manera en que puedan administrarse las particularidades contenidas en un nuevo “punto de bifurcación” que, a diferencia del 2008, se da en el marco de otra atmósfera política: aquel que se deriva del masivo y contundente respaldo electoral de las últimas presidenciales. En los dos tiempos electorales – el de las PASO y del 23 de octubre- se constituyó un escenario que, siendo altamente positivo para el propio kirchnerismo, ya no se conforma en polémica con otros posicionamientos: los magros resultados cosechados por las diferentes “oposiciones” colocan la “agenda política” casi en exclusividad del lado del kirchnerismo. Es un “punto de bifurcación” positivo, en tanto de manera singular para nuestra historia nacional – y comparativamente respecto de los otros procesos de la región – contará con una situación excepcional en términos de recursos políticos, basada en:
a) experiencia acumulada de ocho años de gestión;
b) mayorías parlamentarias;
c) extensión federal de su coalición política.
Esta situación inédita coloca los interrogantes y desafíos futuros sobre una dimensión que no había demasiado elaborada y problematizada hasta el momento y que hasta podría decirse que fue consolidándose: la representación político-partidaria. Autoclausurados los competidores políticos opositores – aquellos representantes partidarios o corporativos- uno de los principales aspectos que deberá resolver el kirchnerismo es cómo mantener su “productividad política” sin contrapartes políticos concretos, sin un frente y punto externo de referencia. En otras palabras, deberá buscar un nuevo tipo de interpelación y relevamiento con la sociedad. Sin una estructura polémica horizontal con otras fórmulas representativas, ahora deberá recrear una nueva estructura de diálogo vertical con la sociedad civil, otro tipo de comunicabilidad societal, de forma tal que continúe la dialéctica progresiva de demandas/políticas públicas/financiamiento. Es precisamente en la redefinición de su condición y naturaleza activa, y en la elaboración de una nueva organicidad política, que estará la clave de su propia dinámica, y las características de los desafíos.
NOTAS :
[1] 1-De Ipola, E. (2001) Metáforas de la política. Rosario: Homo Sapiens.
[1] 2-Garcia Linera, A. (2008) La potencia plebeya. Buenos Aires: Prometeo.
Publicado en :
http://espacioiniciativa.com.ar/?p=5550
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