Desde que se conoció el apabullante resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 14 de agosto, las fuerzas política opositoras en la Argentina se han ido casi resignando a la idea de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, cosa que probablemente suceda con un cómodo margen. Han comenzado, entonces, a intentar transformar esta renovación presidencial en una elección legislativa. Es necesario, arguyen, que muchos de aquellos que van a votar a Cristina corten boleta y elijan diputados y senadores opositores, para así “equilibrar el poder” del ejecutivo y evitar un “riesgo institucional”, para así impedir que se ponga en juego la “calidad institucional”.Esta teoría adolece de diversas falencias, tanto teóricas como prácticas.
Empecemos por los aspectos teóricos del problema.
Supongamos que en un país se celebran elecciones para renovar al titular del poder ejecutivo, y la mitad de los legisladores. Y que los principales partidos que se presentan son el partido A, el B y el C. Supondremos también que son tres partidos distintos porque tienen distintos proyectos, distintas ideas, distinta forma de ver la realidad, es decir distinta ideología.
Se realizan las elecciones logrando el partido A un 53% de los votos, el B un 20 % y el C un 15%, quedando el restante 12% en poder de diversos partidos menores. El resultado indica que la mayoría de la población desea que el partido A lleve adelante sus ideas. Para lograrlo no le basta con haber ganado la elección ejecutiva. Necesita también una cantidad equivalente de legisladores. Si el Partido A ganara las elecciones ejecutivas, pero el B y C lo hicieran con las legislativas, el resultado sería la parálisis del gobierno, ya que ninguna fuerza podría efectivizar sus proyectos. No faltará quien me diga que, en ese contexto, se deben buscar “consensos” ; el problema es que esto es fácil si los distintos partidos tienen ideologías muy similares, pero casi imposible si defienden concepciones muy distintas de la realidad.
Por otro lado, y seguimos con un análisis puramente teórico, el rol de las fuerzas opositoras en una democracia es controlar la labor del oficialismo, y proponer reformas y alternativas a los proyectos de éste. Ninguna teoría de la democracia sostiene que el rol de las fuerzas opositoras sea “co-gobernar” reteniendo el control del poder legislativo para oponerse a todas las iniciativas del ejecutivo. Si en un país se da un equilibrio de poder entre dos fuerzas políticas que tienen concepciones diametralmente opuestas de la realidad, el resultado no es una mayor calidad institucional sino todo lo contrario : la parálisis, la impotencia, la “an-arquía” (sin-gobierno).
Y en una situación de anarquía, son los sectores más poderosos (los grupos económicos concentrados) quienes comienzan a ejercer el verdadero poder. Y esos grupos nunca se someten al voto popular, y sólo respetan la Constitución y las leyes si son obligados por el poder del Estado.
Vayamos a los aspectos prácticos de la cuestión.
Los legisladores que en Argentina terminan su mandato y deben ser reemplazados son aquellos que se eligieron en 2007, cuando el FpV obtuvo un 46% de los votos. En cambio, los numerosos legisladores que la oposición pudo obtener en las elecciones de 2009, seguirán en sus cargos hasta el 2013.
Por lo tanto, el oficialismo sólo mejorará su presencia legislativa si obtiene más de un 46% de los votos. Si CFK repitiera el 23 de octubre su resultado del 14 de agosto, estaría apenas un 4% por arriba de la elección del 2007, por lo que la mejoría legislativa del kirchnerismo sería casi imperceptible. En el Congreso, todo seguiría más o menos como está ahora.
Pero hay otra cuestión mucho más preocupante. Las fuerzas opositoras han demostrado en los últimos años una férrea voluntad para oponerse a todas las iniciativas del oficialismo, generalmente sin proponer alternativas, o proponiendo políticas exactamente opuestas a las del kirchnerismo. Y cuando dos fuerzas políticas desean recorrer caminos exactamente opuestos, no hay consenso posible, sino sólo una democrática decisión mayoritaria en la cual el que tenga más votos impondrá sus proyectos (No hay , por ejemplo en las políticas económicas, un punto medio posible entre “neokeynesianismo” y “neoliberalismo” ; se hace una cosa o la otra).
Las fuerzas concretas que han integrado la oposición argentina (Radicales, Peronismo Federal, PRO, Socialismo, Coalición Cívica, Proyecto Sur), las cuales, reacomodadas en nuevas alianzas, son las que se presentan a elecciones el 23 de octubre, han mostrado, no sólo la tendencia a oponerse a todo que señalamos antes, sino una gran inefectividad en sus oposiciones y una preocupante carencia de proyectos propios, salvo cuando sugieren medidas de claro corte neoliberal, o medidas descarnadamente demagógicas (el 82% móvil sin financiación)...
De esta manera, la repetida idea opositora de que otorgar mayor poder a estas fuerzas en el Congreso generaría un equilibrio que mejoraría la calidad institucional es claramente un error.
Por lo tanto, la ciudadanía tiene ante sí un clara alternativa. Si desean la continuación de las políticas llevadas adelante por las autoridades en los últimos ocho años, debe votar a CFK junto a los legisladores que le permitan llevar a la práctica sus proyectos.
Si, por el contrario, confía más en las fuerzas opositoras, deberá votarlas en ambas categorías (ejecutiva y legislativa).
Votar el 23 de octubre el candidato oficialista al poder ejecutivo y a los candidatos opositores para el poder legislativo es un error desde el punto de vista teórico, y un desastre institucional desde el punto de vista práctico. Conduciría al país a un parálisis institucional, que sería claramente perjudicial para la inmensa mayoría de los ciudadanos.
Adrián Corbella., 25 de septiembre de 2011.
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