Caso Schoklender: La Fundación de Hebe se presentará como querellante ,por Ricardo Ragendorfer y Jimena Rosli (para "Miradas al Sur" 12-06-11)

Miradas al Sur. Año 4. Edición número 159. Domingo 12 de junio de 2011
Por
Ricardo Ragendorfer y Jimena Rosli
lesahumanidad@miradasalsur.com

El abogado de Madres lo confirmó a Miradas al Sur. El ex apoderado y sus presuntos cómplices serán indagados la semana que viene. Cómo funciona la criminología mediática.
Mañana a primera hora, los abogados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat y Antonio Rojas Salinas, presentarán un escrito en la mesa de entradas del Juzgado Federal Nº 5, a cargo de Norberto Oyarbide, para que la entidad presidida por Hebe de Bonafini sea considerada querellante en el expediente que investiga a Sergio Schoklender y su círculo íntimo, tal cómo anticipó a Miradas al Sur el propio Barcesat. El texto en cuestión señala que el ex apoderado de la Fundación –junto a su hermano, Pablo, y otros integrantes de la cúpula técnica del Plan Sueños Compartidos– habrían incurrido en los siguientes delitos: “Asociación ilícita, defraudación, administración fraudulenta y falsedad de documentos públicos y privados”.

El secreto de sus ojos. Barcesat y Rojas Salinas habían trabajado en los últimos días a destajo para completar el asunto. Antes de ello, Hebe había manifestado a la agencia Télam: “No soy la primera madre a la que un hijo le hace una cagada”. Luego terminaría diciendo: “Los Schoklender son estafadores y traidores”. Aun así, es posible que en el instante de aprobar la presentación de los abogados, ella se haya sentido atravesada por un ramalazo de dolor. Quizás, entonces, haya recordado sus propias palabras al prologar el libro Schoklender desde afuera, escrito por el hombre que ahora está en boca de todos: “Mucha gente me pregunta cómo es Sergio. Tiene dentro de él a cientos de Sergios. A veces es muy pequeñito, a veces es gigante, a veces es muy tierno. Pero encontrar al Sergio verdadero es muy difícil porque él siempre lo esconde”. Tal vez ese recuerdo la haya guiado hacia otra evocación: la de una mañana otoñal de 1993, cuando conoció a Schoklender durante una visita a la cárcel de Caseros. Es que aquel muchacho con aspecto de animalillo apaleado la había conmovido a primera vista. Dicho sentimiento se potenciaría al saber que él había creado el centro universitario, que ya era abogado, que estaba por recibirse de psicólogo y que luchaba por humanizar el trato de los presos.

Al respecto, Schoklender consignó en su autobiografía: “Descubrimos en nuestras miradas la identidad de quienes están dispuestos a dar la vida por lo que para muchos no tiene importancia”. Lo cierto es que, desde ese momento, Hebe lo quiso como a un hijo, le abrió las puertas de su corazón y también la de su casa, tras salir del penal.No es, por cierto, la primera vez que las mujeres del pañuelo blanco prohíjan a alguien que parecía tan vulnerable como ellas. Identificación con la víctima, diría un psicoanalista. No es tampoco la primera vez que ellas se equivocaban.

En este punto, resulta ineludible no exhumar del olvido lo ocurrido el 21 de noviembre de 1977. En esa calurosa tarde, el flamante secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, de visita oficial en Buenos Aires, depositó una ofrenda floral en la estatua del General San Marín. Un griterío alteraba la ceremonia. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo atravesaron las vallas. Corrían para entregar sus papeles al enviado de James Carter. Y lograron hacerlo, a pesar del intento de los policías por impedirlo. Los reclamos de Justicia eran ahora gritados al oído del funcionario norteamericano. Se oían voces de mando, ladridos y disparos efectuados al cielo. Un policía se tiró sobre la fundadora de Madres, Azucena Villaflor. Pero un muchacho rubio se abalanzó sobre el uniformado y lograría rescatarla. Azucena abandonó ese lugar del brazo de su salvador. El pibe dijo llamarse Gustavo Niño. Y aseguraba ser familiar de un desaparecido. Azucena creyó ver en él algo que le remitía a su hijo, Néstor, quien había sido secuestrado por una patota del Ejército. Desde entonces, ambos se hicieron inseparables. Hasta el 8 de diciembre de 1977.Ese día, en la iglesia Santa Cruz hubo una reunión con más de 50 personas. Eran Madres y militantes. Estaban trabajando para publicar una solicitada en el diario La Nación. Entre ellos, se encontraba la monja francesa Alice Domon; también, Gustavo Niño. Éste preguntó por Azucena. Le contestaron que ella no vendría. La respuesta pareció contrariarlo. Fue el primero en retirarse. Después, todos salieron de la iglesia en pequeños grupos. En las inmediaciones había varios vehículos estacionados en doble fila. Y no tardó en desatarse la cacería. Niño había marcado a las víctimas. La jauría corrió hacia las Madres. Apresaron a varias; la monja no lograría escapar. Luego los autos partieron a toda velocidad. Los secuestrados habían sido siete. La escalada represiva se prolongó: en una calle de Almagro fue secuestrada otra monja francesa: Léonie Duquet. Y al día siguiente, en Sarandí, fue apresada Azucena.

La solicitada en La Nación sería publicada el 10 de diciembre. Allí resaltaba el nombre de Gustavo Niño. Ese día, en la Esma, las monjas fueron torturadas. Y el tal Gustavo Niño observaba la escena desde un rincón. En realidad, se trataba del teniente de fragata Alfredo Astiz.Desde luego, entre éste y Schoklender hay una diferencia: el marino fue un cuadro del terrorismo de Estado; el otro, en cambio, un agente de su ambición personal. En todo caso, el peso de semejante analogía está depositada en las figuras de Azucena y Hebe, quienes confiaron en sus respectivos victimarios. Sobre esta última, Barcesat diría: “Su pecado fue nada menos que una negligencia afectiva”.
Final de cuentas. En el aspecto estrictamente judicial –según Barcesat– las grandes defraudadas por el affaire Schoklender “son las Madres, ya que el Estado no fue cómplice ni víctima”. El abogado de la Fundación fundamentó esa idea para Miradas al Sur con las siguientes palabras: “El Gobierno pagó lo que se hizo, y nadie discute la calidad de las casas ni los plazos de entrega. Desde ese punto de vista, la tarea de la Fundación fue irreprochable. Todo lo que se recibió del Gobierno en relación con los contratos de obra pública está respaldado por las obras ya entregadas y las que aún están en ejecución. O sea, no hay un desfasaje entre el dinero y las obras. Lo que pasó es que los fondos destinados a futuros emprendimientos fueron desviados a través de empresas pantallas”. Las palabras de Barcesat están respaldadas por los hechos.

Tanto es así que, a modo de ejemplo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró el viernes que su administración está “en condiciones de dar todas las documentaciones que certifican la correcta ejecución del Plan Sueños Compartidos”. Eso fue lo que declaró Capitanich ante una consulta telefónica de este semanario acerca del pedido del juez Marcelo Martínez De Giorgi a los gobiernos de Chaco, Misiones y Santiago del Estero –además de cinco municipios bonaeresnses– sobre los convenios firmados con las Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Es que este magistrado, junto al fiscal Miguel Ángel Osorio, tienen a su cargo establecer la legitimidad de los contratos capitaneados por los Schoklender entre la Fundación y el Estado. Ello supone chequear si se construyó la cantidad de casas convenidas y si hubo sobreprecios o no. Se trata de una tarea compleja, puesto que la documentación está en cada una de las provincias y municipios en donde se llevaron adelante las construcciones. Por lo pronto, se sabe que desde 2006 a la fecha el Plan Sueños Compartidos entregó 5 mil viviendas, jardines de infantes, escuelas y centros de salud, para lo cual contaron con unos 6 mil trabajadores.Mientras tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello –con la asistencia del fiscal de Casación, Raúl Pleé, quien encabeza la Unidad de Lavado de Dinero, y el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella– se encuentran abocados en la recolección de evidencias para que el juez Oyarbide esté en condiciones de indagar a Schoklender en el transcurso de esta semana.En los últimos días los investigadores encontraron otra propiedad a nombre de Sergio Schoklender –un departamento de dos pisos en Núñez–, una casa adquirida por Pablo en un country bonaerense, a lo que hay que sumar otros seis inmuebles –cinco en Villa Urquiza y uno en Caballito– escriturados por la empresa Meldorek, la cual pertenece en un 90 por ciento a Sergio. Además, se reunió documentación complementaria sobre otros inmuebles, sociedades, aviones, barcos, automóviles –entre los cuales resaltan los dos ya célebres aviones, un crucero valuado en un millón y medio de dólares y una Ferrari 430–, que se le atribuyen Sergio.A la vez, se intenta reconstruir la ruta de unos 50 millones de pesos en cheques de la empresa Meldorek, que él y los suyos depositaban en dos financieras para luego cobrarlos en billetes de baja denominación. Sin embargo –según una fuente del juzgado– todavía falta determinar con precisión el mecanismo con el cual, supuestamente, el mayor de los Schoklender derivó fondos de la Fundación a las sociedades en las que tiene la mayoría accionaria.

Sin embargo, el aspecto político del caso es discordante con su correlato judicial, ya que su lectura transita por los escarpados senderos de la criminología mediática. Mientras las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro seguían fatigando estudios de televisión para ufanarse de su denuncia por lavado de dinero en una operación inmobiliaria cuyo epílogo fue una deuda; es decir, la ausencia de dinero, el diario Clarín, en su edición del 8 de junio, apuntó directamente sobre el Gobierno con una acusación contra el Banco Central por haber bajado de la lista de morosos unos 34 cheques impagos de Meldorek; en 2007 y 2006 –siempre según ese matutino– el Bcra hizo lo mismo con otros cheques de la Fundación. Lo cierto es que la acusación no tardó en desinflarse con el correr de las horas, luego de que la entidad bancaria encabezada por Mercedes Marcó del Pont demostró con documentos en la mano que todos esos cheques sin fondos fueron pagados dentro de los 15 días posteriores a su emisión, por lo que quienes los libraron fueron retirados en forma automática de la lista en cuestión.

En paralelo, la señal TN, Clarín y La Nación deslizaron un cisma en las organizaciones de derechos humanos al emitir y publicar presuntas declaraciones de algunos referentes, entre los cuales estaba Taty Almeida, de Madres-Línea Fundadora. Su desmentida fue: “Hay multimedios que pretenden desunir a los organismos de derechos humanos. Y no tolero que me den vuelta las cosas. Exijo que TN deje de inventar declaraciones que yo jamás hice”. En términos similares se manifestó Nora Cortiñas –tambien de la Línea Fundadora–, al aclarar que ella nunca dijo que “a Bonafini hay que investigarla”.Lo que se dice, una tragedia convertida en oportunidad.

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