LA AFIP, TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y JUSTICIA REFUTAN A NIDERA
La trasnacional Nidera sólo paga por impuesto a las ganancias el 1 por 10.000 de sus ventas. Cómo hace para evadir y eludir impuestos. La AFIP y los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Justicia refutan los descargos por la explotación de trabajo esclavo. Entre las nuevas empresas allanadas en la misma zona hay una del ex subsecretario de Felipe Solá en Agricultura, Félix Cirio, cuyos socios son Lanusse y Zimmerman. “Esto no se arregla con un subsidio.”
Por Horacio Verbitsky (para "Página 12")
La filial argentina de la trader transnacional Nidera, que redujo a servidumbre a 133 trabajadores traídos desde Santiago del Estero, paga el 1 por 10.000 de sus ventas en concepto de impuesto a las ganancias, indicador de maniobras delictivas. Las de los últimos tres ejercicios, en los que aún no operó la prescripción son investigadas en el juzgado penal tributario N 1o. Aunque sus ventas en el trienio 2007-2009 superaron los 12.000 millones de pesos, Nidera declaró márgenes de utilidad bruta insignificantes, del 7 por ciento en promedio. Su utilidad neta declarada rondó el 0,5 por ciento sobre ventas en 2007 y 2008 y pérdidas contables de 140 millones de pesos en el año que acaba de finalizar. La AFIP le reclama el pago de 260 millones de pesos.
Contabilidad creativa
El abismo entre esa facturación milmillonaria y las utilidades exiguas o nulas es una obra de contabilidad creativa que se basa en un trípode: facturas de proveedores inexistentes, triangulación de exportaciones y personal no declarado. Su objetivo es evadir o eludir el pago de cuatro impuestos: retenciones, ganancias, IVA y contribuciones patronales. Hace cinco años, la AFIP denunció una organización criminal que se encargaba de proveer facturas apócrifas a diversas empresas. De esa causa madre se desglosaron otras, según quiénes fueran sus usuarios. Una de ellas fue la de Skanska. Esa constructora sueca reconoció una evasión fiscal por 13,5 millones de pesos, más IVA, suma que pagó para cerrar la causa penal tributaria. Los programas informáticos de la AFIP ya reconocen de inmediato las facturas de esas firmas fantasma. En el caso de Nidera detectó varios millones de esos falsos comprobantes, que sirven para justificar la compra de cereales en negro, evadir el IVA compras y solicitar el reintegro del IVA por las exportaciones realizadas. La trasnacional Nidera, con sede en Holanda, controla la empresa Concordia Agritrading PTE Ltd, de Singapur, hacia donde se dirige el 90 por ciento de sus exportaciones argentinas de cereales, según la declaración de aduana de Nidera. Es decir, que se vende a sí misma. Sin embargo en sus permisos de embarque consta que la carga se dirige a Brasil, China, España, India y Perú. El impuesto a las ganancias en esa ciudad-estado asiática es la mitad que en la Argentina: 17 contra 35 por ciento. Los granos jamás pasan por Singapur. En la Argentina la empresa no paga porque declara un margen de utilidad nula. La mitad de las ventas de Nidera está constituida por commodities, cuyo precio internacional es conocido y pagan derechos de exportación. Los fideos de soja, en cambio, no tributan derechos de exportación y no tienen un precio único de mercado. Por eso, la contabilidad de Nidera sólo acusa un 20 por ciento de commodities y un 80 por ciento de otros productos.
Nidera es uno de los principales expositores en Expoagro, la megamuestra de tecnología agropecuaria organizada por una sociedad cuyos accionistas son los diarios Clarín y La Nación. Tanto La Nación Campo, como Clarín Rural, Radio Mitre, Radio la Red Rural y Expoagro auspiciaron un concurso organizado por Nidera para docentes y alumnos de escuelas agrotécnicas sobre cuidado del suelo. Expoagro se realizará en la primera semana de marzo en el establecimiento La Flamenca, de Baradero. En su parcela de La Flamenca, Nidera expondrá nuevos desarrollos genéticos en soja, maíz, girasol y sorgo y presentará nuevas estrategias para lidiar con las malezas resistentes al glifosato. Habrá una variedad de soja “para lotes de máxima tecnología y manejo moderno” y una tecnología de preinoculado “que se impone cada vez más entre los productores de avanzada”. La Flamenca queda a 30 kilómetros de la estancia El Algarrobo, donde la justicia provincial descubrió el campamento de trabajo esclavo. Clarín recién informó el miércoles en forma escueta sobre el procedimiento en El Algarrobo. Luego de una inicial nota informativa, La Nación adhirió a las desmentidas de Nidera y ayer publicó un furibundo editorial titulado “Las condiciones de trabajo rural” en el que afirma que las denuncias “sobre supuestos casos de esclavitud deben ser investigadas sin contaminaciones políticas e ideológicas”.
Cargos, descargos y refutaciones
Nidera negó haber contratado trabajadores en negro “o en infracción de las condiciones legales de trabajo”. Dijo que los 133 trabajadores reclutados en Santiago del Estero tenían el aviso de alta temprana que establece la AFIP y que los 19 menores contaban con la autorización legal de sus padres. Agregó que había contratado seguros de vida y de riesgos de trabajo para todos y que les realizó exámenes médicos preocupacionales. El transporte fue en ómnibus “registrados ante la Comisión Nacional de Regulación de Transporte” y en el lugar “se les proveyó de todos los elementos necesarios para realizar la tarea de desflore de maíz”. Según la empresa, podían entrar y salir sin restricciones y si alguno quería volver a Santiago, Nidera ponía un transporte a su disposición. También dijo que les proveyó vivienda y alimentación adecuadas. Tenían cama, colchones, botiquín y elementos para su higiene personal y los centros de salud de la zona estaban notificados de su presencia por si requerían atención de emergencia. Su gerente de Recursos Humanos, Juan Carlos Artiagoitia, les dijo a los periodistas María O`Donnell y Edgardo Alfano que Nidera no intervenía en las transacciones entre los trabajadores y el proveedor de alimentos y otros productos. “No realizamos descuentos sobre recibos de sueldo ni intermediamos de ninguna manera”, dijo.
Un delito federal
El fiscal de San Nicolás Rubén Darío Giagnorio intervino en aplicación del artículo 140 del Código Penal que castiga con reclusión o prisión de tres a quince años la reducción a y el mantenimiento de una persona en servidumbre o condición análoga. La reducción a servidumbre es absorbida por el delito federal de trata de personas, que incluye la explotación de la víctima. Por eso luego de iniciar la instrucción la remitió a la Fiscalía Federal de San Nicolás. La ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas fue sancionada en abril de 2008 por iniciativa de la entonces senadora y hoy diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro). Contempla tanto los trabajos forzados cuanto el comercio sexual o la extracción ilícita de órganos de personas reducidas a una situación de esclavitud o servidumbre y, en el caso de menores de 18 años, no admite el consentimiento. Desde hace años el ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos exige que todos los países castiguen la trata. El fiscal Giagnorio dijo que hasta que él se desprendió de la causa, Nidera no había probado que la situación de los trabajadores fuera regular. El contrato de arrendamiento de la estancia El Algarrobo manifiesta que el desflore de maíz se realizaría a máquina. Pero en el lugar no había ningún tipo de maquinaria y estaba previsto que todo el trabajo se hiciera a mano, ya que “dadas las condiciones laborales en que tenían a esta gente, era mucho más barato”. Agregó que, según los ingenieros de la cerealera, la proveedora de alimentos Comat S.A. había sido contratada por Nidera luego de una “licitación interna” en la que presentaron “un listado con los precios a los que vendería sus productos”. Nidera se haría cargo de 24 pesos por día por persona y el excedente del consumo sería descontado de la paga de cada trabajador. En la estancia La Luisa, que allanó pocos días después siguiendo una indicación de los trabajadores esclavos de El Algarrobo, la empresa Southern Seeds Production había contratado un proveedor de alimentos a precios altos, pero “muy inferiores a los de Comat”. Los documentos de los trabajadores fueron secuestrados en las oficinas de SSP, lo cual implica que no podían irse si lo deseaban.
El alta temprana
Un misterio que hasta la noche del viernes no se había esclarecido era la existencia o no del alta temprana de los trabajadores de Nidera que, según la ley se debe realizar en un formulario electrónico de la AFIP, antes de que una persona empiece a trabajar, como su nombre lo indica. Nidera sostuvo que había cumplido con ese requisito, pero las autoridades del ente recaudador lo negaron. Un alto funcionario dijo que en muchos casos las empresas las realizan después de ser descubiertas. El ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, opinó que según su intuición y su experiencia Nidera “debe tener los contratos laborales en regla” porque “empresas tan grandes jamás se arriesgan tanto”. La práctica recurrente de estas empresas es presentar la documentación sólo después de una denuncia ministerial o judicial por contratación en negro “como una cortina de humo para ocultar todo lo demás, como las condiciones de total hacinamiento e insalubridad en las que estas personas estaban”. Su viceministro, Carlos Molina, dijo el viernes que las altas tempranas ante la AFIP eran “lo único en regla que Nidera tiene respecto del listado de cosas que mencionó en su comunicado. Esto no exime de ningún tipo de responsabilidad por las condiciones laborales, y desde el Ministerio vamos a labrar las infracciones correspondientes”, agregó. Entre la documentación que no presentaron mencionó los seguros de vida y contra riesgos de trabajo, los exámenes preocupacionales y los aportes previsionales y sindicales. También el secretario de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo de la Nación, Alvaro Ruiz entiende que el registro de los trabajadores no borra la responsabilidad de la empresa por las condiciones inhumanas en que tenía a sus trabajadores. Ruiz preside la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que el 3 de diciembre de 2008 estableció por primera vez la jornada laboral de 8 horas diarias o 48 semanales para los trabajadores agrarios de todo el país, desde el lunes hasta el mediodía del sábado, sin excepciones. Esa resolución también reguló el pago de horas extra: 50 por ciento por encima de los máximos diarios y semanales establecidos y el doble los sábados después de las 13, los domingos y los feriados. En contra de esa resolución se pronunciaron los representantes de las cámaras patronales: Sociedad Rural, CRA, Federación Agraria y CONINAGRO. En junio de 2010, la presidente CFK presentó un proyecto de ley de Reforma del Régimen de Trabajo Agrario, en reemplazo del régimen nacional de trabajo agrario decretado por el dictador Jorge Videla en 1980, que estableció que la duración de la jornada se ajustaría a los usos y costumbres de cada región o a la naturaleza de la explotación y omitió la situación de los trabajadores no permanentes, como los esclavizados por Nidera. En los fundamentos del proyecto, la presidente y el ministro de Trabajo Carlos Tomada sostienen que más de dos tercios de los trabajadores del sector son no permanentes y “se encuentran desprovistos de los más elementales derechos ya no sólo laborales sino humanos”. En ese sector, agregan, “coexisten bolsones de atavismo con otros que se encuentran en permanente innovación y modernización” y proponen “contribuir al desarrollo del sector en el marco de un proyecto de país más equitativo y solidario”. La reforma, que no interesó al Grupo Ahhh..., establece tres tipos de contratación rural: permanente de prestación continua (quienes trabajan de lunes a viernes), temporario (quienes trabajan por periodos estacionales) y permanente discontinuo (quienes trabajan de forma eventual). Ruiz destaca la responsabilidad del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), organismo autárquico controlado por las cuatro organizaciones de la Mesa de Enlace y por UATRE, que tiene a su cargo el registro de las empresas y los trabajadores del sector. El proyecto lo reemplaza por un nuevo Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, en el ámbito estatal.
(Entrevistas Adrián Vigna.)
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