Aunque asegura que el fallo debe acatarse, para el jefe de la bancada oficialista en el Senado, la decisión de la Corte Suprema significa una derrota para el Parlamento. Asegura que se debe revisar “el tema de las cautelares”.
Felipe Yapurmailto:Yapurpolitica@tiempoargentino.com.ar
Miguel Pichetto no está para nada de acuerdo con la resolución de la Corte Suprema de Justicia que le permite al Grupo Clarín permanecer exceptuado del plazo de un año para la desinversión, tal como lo prevé la Ley de Medios. El senador oficialista sostiene que si bien hay que acatar el fallo, considera también que “lesiona” al Congreso que aprobó la ley por amplia mayoría, porque “ha suspendido la aplicación del artículo 161, que es la cláusula antimonopólica”.
Felipe Yapur :–¿Qué opina del fallo de la Corte?
Miguel A. Pichetto –Al fallo de la Corte hay que acatarlo, pero eso no quita que uno pueda tener una mirada crítica. No comparto los argumentos. Se convalidó, mediante cuestiones y fundamentos meramente formales, la vigencia de una medida cautelar tomada por un juez de primera instancia. Este funcionario judicial tiene hoy más peso político en la Argentina que el Congreso. El gran derrotado es el Parlamento. Acá sancionamos una ley con amplias mayorías, y una medida cautelar, que ni siquiera se refiere a la cuestión de fondo, la frenó.
F.Y.: –Sin embargo los jueces dijeron que debe resolverse en un plazo razonable.
M.A.P. : –Es cierto, pero ese freno le otorga al grupo mediático más importante del país, que tiene el mayor capital accionario y la mayor concentración de empresas, como es el Grupo Clarín, un margen de tiempo mucho mayor al que establecía, el plazo de un año para desinvertir que prevé la Ley de Servicios Audiovisuales. Por lo tanto, la cláusula antimonopólica quedó suspendida y me parece una pérdida muy fuerte y un golpe importante al contenido y a la estructura central de la ley. Este es un artículo clave.
F.Y.: –La suspensión es exclusiva para Clarín, y la ley rige en su totalidad para el resto de los medios.
M.A.P.: –Acá va a ocurrir que otras empresas van a seguir el camino de las cautelares. Lo que acá debe revisarse en la justicia argentina es justamente el tema de las cautelares. Este proceso donde cualquiera se siente agraviado y va por la vía del amparo, y obtiene respuestas rápidas e inmediatas de la justicia, que bloquean decisiones que son de Estado. Normas que fueron aprobadas por el Congreso. Más allá de que la Corte planteó una cuestión que considero criteriosa, como es el pedido de un plazo no muy extenso, pero que al no poner un tope, lo recomendado no se convierte en una norma a la cual el resto de los jueces de primera instancia pueden amoldarse.
F.Y.: –¿Ve una intencionalidad política detrás de esta decisión?
M.A.P.: –No, no. La Corte está integrada por gente honesta. Lo que creo es que tiene una mirada equivocada en este tema. Sinceramente lo digo. Bajo un argumento formal de no entrar a las cautelares, porque no son sentencias definitivas, convalidan de hecho la resolución de un juez de primera instancia que deja sin sustento una ley del Congreso. Es una cuestión de interpretación la mía, desde el punto de vista de disentir con la Corte porque sus fallos son materia de debate y discusión en revistas jurídicas. En este caso, como es una cuestión que tiene contenido público y político, también es materia de opinión del sistema político institucional.
F.Y.: –¿Desde la política, hay un planteo sobre cómo actuar frente a esta decisión judicial?
M.A.P.: –Hay que poner en funcionamiento todo el esquema de la ley, que abre nuevas voces, nuevos caminos, y tratar de construir un espectro de nuevos medios en que eso no esté vedado. Ahora bien, sin duda no dejo de decir que el artículo 161 es clave, porque es un tema que los países modernos, como los Estados Unidos, Canadá y hasta los europeos, ya resolvieron, el combate antimonopólico, a mitad del siglo pasado. En esos países ninguna empresa puede controlar el 70% del dial. Este es el debate, porque en el fondo la Ley de Medios era un debate sobre los monopolios, y la nuestra es una ley antimonopólica.
por Felipe Yapur, para "Tiempo Argentino".
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