Arriba : Protestas ante el Ministerio de Economía durante el "Corralito" del 2001. La ley actual, la 21.526, fue la que permitió que sucedieran éstas cosas.“La ley de entidades financieras de 1977 debe cambiarse, no sólo porque es una ley de la dictadura, sino también porque está imbuida de las ideas de liberalización de los mercados que en aquella época se identificaban con la escuela de Chicago, y que luego se consolidaron en el Consenso de Washington. La ley 21.526 establece una fuerte desregulación sobre el sistema, un modelo que llevó a la actual crisis financiera internacional.
Durante la vigencia de esta ley se produjeron varias crisis financieras y la desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que, asociada a la liberalidad para el ingreso de capitales extranjeros, determinó una fuerte concentración de la actividad bancaria.
A lo largo de todos estos años se fueron introduciendo al texto original una gran cantidad de modificaciones, algunas de las cuales significaron avances, pero ninguna cambió los aspectos esenciales de la ley y sus implicancias. El artículo que permite a los bancos comerciales realizar toda operación que no esté expresamente prohibida, se mantiene incólume.
Los datos macroeconómicos indican que la excesiva permisividad no deriva en una beneficio para la sociedad. Si bien el sistema financiero emergió sano de la crisis del 2001, en 2009 el total de crédito al sector privado no financiero apenas llegó al 11,3 % del PBI, un valor que se repitió éstos últimos años y que es el más bajo de América Latina. Pero además, los bancos mantienen una liquidez excesiva que alcanza al 35% de los depósitos. Gran parte de este dinero debería haberse utilizado para dar crédito, pero los bancos prefieren prestárselo al Banco Central, minimizando exageradamente el riesgo, que es propio de la actividad bancaria.
Por eso se requiere un cambio sustancial desde lo conceptual, pasar de una ley para bancos, a una ley que esté enfocada desde las necesidades de los usuarios. El primer paso para avanzar por ese camino es determinar que la actividad financiera es un servicio público, puesto que el papel que desempeñan las entidades financieras incide sustancialmente en la economía de los habitantes y constituye un factor fundamental y permanente en las relaciones económicas de los individuos entre sí y de éstos con el Estado.
De allí que siempre ha sido una actividad fuertemente regulada.
Resulta esencial democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Para ello, se debe fomentar decididamente a los préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas. También se debe lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que las prestaciones lleguen a las localidades más pequeñas y a todas las familias.
En definitiva, un nuevo marco normativo para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades y sectores específicos, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios”.
Durante la vigencia de esta ley se produjeron varias crisis financieras y la desaparición de una gran cantidad de entidades, situación que, asociada a la liberalidad para el ingreso de capitales extranjeros, determinó una fuerte concentración de la actividad bancaria.
A lo largo de todos estos años se fueron introduciendo al texto original una gran cantidad de modificaciones, algunas de las cuales significaron avances, pero ninguna cambió los aspectos esenciales de la ley y sus implicancias. El artículo que permite a los bancos comerciales realizar toda operación que no esté expresamente prohibida, se mantiene incólume.
Los datos macroeconómicos indican que la excesiva permisividad no deriva en una beneficio para la sociedad. Si bien el sistema financiero emergió sano de la crisis del 2001, en 2009 el total de crédito al sector privado no financiero apenas llegó al 11,3 % del PBI, un valor que se repitió éstos últimos años y que es el más bajo de América Latina. Pero además, los bancos mantienen una liquidez excesiva que alcanza al 35% de los depósitos. Gran parte de este dinero debería haberse utilizado para dar crédito, pero los bancos prefieren prestárselo al Banco Central, minimizando exageradamente el riesgo, que es propio de la actividad bancaria.
Por eso se requiere un cambio sustancial desde lo conceptual, pasar de una ley para bancos, a una ley que esté enfocada desde las necesidades de los usuarios. El primer paso para avanzar por ese camino es determinar que la actividad financiera es un servicio público, puesto que el papel que desempeñan las entidades financieras incide sustancialmente en la economía de los habitantes y constituye un factor fundamental y permanente en las relaciones económicas de los individuos entre sí y de éstos con el Estado.
De allí que siempre ha sido una actividad fuertemente regulada.
Resulta esencial democratizar el crédito, puesto que las carteras de préstamos bancarios reflejan una alta concentración por deudor. Para ello, se debe fomentar decididamente a los préstamos a las micro, pequeñas y medianas empresas. También se debe lograr la cobertura universal para toda la población argentina, para que las prestaciones lleguen a las localidades más pequeñas y a todas las familias.
En definitiva, un nuevo marco normativo para que los bancos respondan a parámetros de eficiencia social como la orientación del crédito a actividades y sectores específicos, determinadas regulaciones en las tasas de interés y la provisión de una cobertura universal de servicios bancarios”.
Por BLOQUE NUEVO ENCUENTRO POPULAR Y SOLIDARIO (Martín Sabbatella, Carlos Heller, Jorge Rivas, Vilma Ibarra, y Ariel Basteiro) y BLOQUE PROYECTO PROGRESISTA (Nélida Belous)
Texto tomado del semanario “Miradas al Sur” (edición impresa) del domingo 25 de abril de 2010, pag.14
Más información sobre este tema, incluyendo el texto completo de la ley, en el blog de Carlos Heller :
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