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martes, 31 de enero de 2023

Córdoba: Juntos por el Cambio presiona a Juan Schiaretti para que no adelante las elecciones, por "Página 12" del 28-01-23

 


Nerviosos por el calendario y las indefiniciones internas


28 de enero de 2023 


Condicionados por la fragilidad de la alianza provincial, desde Juntos por el Cambio presionan al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti para que fije la fecha en las que se desarrollarán las elecciones locales y que no las adelante. A través de una carta formal, la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y el Frente Cívico local reclaman que el mandatario cumpla con la ley electoral y comunique su elección en el inicio del Período Legislativo del 1° de febrero. La preocupación del espacio opositor radica en que aún no logran salvar las diferencias internas y peligra la unidad. Desde el ejecutivo provincial aseguran que todavía tienen tiempo y que están cumpliendo con las normas.


"En nuestra Provincia, es la Ley la que indica desde cuándo se vota y no el humor del Gobernador de turno, indicando la norma, que no puede superar los ciento ochenta días anteriores a la finalización de los mandatos", expresó la coalición opositora en un comunicado y agregó: "No se puede votar cuando más nos convenga, según reiteradas expresiones oficialistas, sino cuando la Ley lo dispone".


Desde el entorno de Schiaretti aseguran que "la ley es clara", y que si bien los comicios deben realizarse entre 60 y 180 días antes que finalice el mandato, y que el Gobernador debe convocar con 90 días de antelación a la fecha que fije, el mandatario "está dentro de los plazos legales". "Hay tiempo para hacerlo", responden.


Los pedidos surgieron a raíz de trascendidos que aseguraban que la elección tendría lugar el 7 de mayo nutridos por los dichos del candidato oficialista, y actual intendente de la ciudad capital, Martín Llaryora, quien ha expresado públicamente que quiere que se vote "lo antes posible".


Desde Juntos por el Cambio sostuvieron que la indefinición en la fecha garantiza "imprevisibilidad" y afecta directo a la coalición porque "genera improvisación, juego suelto, y es difícil unificar a un espacio cuando no sabes cuándo se va a votar". Además, plantearon que el oficialismo, en post de mantener el poder, especula con el calendario y los momentos políticos. "Lo que necesita Juntos por el Cambio es que se dé la fecha para que sea un eje ordenador y empezar a ver cómo calza las candidaturas dentro de un escenario de unidad que hoy está bastante endeble", explicaron en el oficialismo.


La tensión alcanza también a la oposición, por lo que además de las candidaturas, las posturas también están divididas. "Hay preocupación porque no tenemos definidos los candidatos, pero no porque no hay fecha de elección", ironizaron desde JxC. En la provincia, la alianza no está obligada a convocar a elecciones primarias, pero aún debe definir entre sus postulantes que, al momento, son el senador nacional Luis Juez, hombre de Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Rodrigo de Loredo (UCR), bajo tutela de Patricia Bullrich.


Un sector del PRO y del radicalismo alistado detrás del radical de Loredo apuestan a firmar un reglamento y a trazar una alianza para, en caso de no llegar a un acuerdo, dirimir el nombre en una interna abierta y otra rama de ambas fuerzas, que ve con buenos ojos los planteos de Juez, y buscan evitar las primarias. Por el peronismo, el candidato a gobernador designado por Schiaretti será Llaryora, aunque aún resta definir su acompañante.


Por su parte, tanto Schiaretti como Juan Manuel Urtubey anunciaron que correrán para presidente en las elecciones de 2023 tras conformar "un espacio político superador, por fuera de la grieta".


La respuesta de Schiaretti

El Gobierno de Córdoba descartó ayer que la fecha de las elecciones provinciales vaya a definirse durante el mes de febrero, tal como reclamó el frente Juntos por el Cambio.


Julián López, ministro de Gobierno y Seguridad de Córdoba, aseguró que el gobernador Schiaretti no informará sobre la fecha de las elecciones locales el 1 de febrero durante su discurso en el acto de apertura de sesiones legislativas.


"La convocatoria se hará dentro de los plazos vigentes en la legislación que rige en la provincia de Córdoba, con una anticipación de 90 días como se establece y con un plazo comprendido entre los 180 y los 60 días antes de la finalización del mandato", aseguró el funcionario provincial.



Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/519364-cordoba-juntos-por-el-cambio-presiona-a-juan-schiaretti-para

La verdadera cara de Occidente: Lo que revela el envío de carros de combate Leopard a Ucrania, por Luis Gonzalo Segura (para "RT" del 26-01-23)

 



26 ene 2023 

Al final, ha sucedido: Alemania ha cedido a las brutales presiones a las que ha sido sometida para enviar —y acceder a que otros países envíen— carros de combate Leopard 2 a Ucrania, los cuales se unirán a los carros de combate británicos, Challenger 2, y, previsiblemente, a los carros de combate norteamericanos, M1 Abrams. Una nueva prueba de la verdadera cara de Occidente y una no tan nueva escalada del conflicto.


Los profundos valores antidemocráticos de Occidente 

Desde el principio, el conflicto en Ucrania ha sido planteado como una batalla entre las democracias y las autocracias. Entre el Bien y el Mal. Esta cuestión aparece de forma diáfana en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de octubre de 2022, en la que se escenifica la situación geopolítica actual como escenario de competición entre las democracias y las autocracias. Sistemas de gobierno benévolos al servicio de la ciudadanía contra perversos sistemas de gobierno malignos, que estarían al servicio de sus élites en una inmisericorde batalla. Una Santa Cruzada occidental —otra más—. Ni qué decir tiene que en esta versión Estados Unidos trabajaría para conseguir la cooperación del resto de democracias y, de esta forma, organizar una gran alianza que consiga salvar a la humanidad de las perversas garras del Mal.


Así, sobre el papel, resulta un guión de lo más cinematográfico en el que solo se encuentra un defecto: es falso. En primer lugar, no pocos países del listado de aliados de Estados Unidos y su brazo militar, la OTAN, no solo tendrían dificultades para pasar por una democracia, sino que resulta imposible que un observador imparcial no las catalogue como autocracias. Pero, si las democracias occidentales son los bienaventurados hidalgos que cabalgan contra las autocracias, ¿por qué tienen a muchas de las autocracias más salvajes del mundo como aliadas?


Se supone que las democracias se diferencian de las autocracias en que las primeras sirven a la ciudadanía y las segundas sirven a sus élites, pero lo cierto es que los resultados de múltiples encuestas en Alemania demuestran hasta qué punto una gran cantidad de los ciudadanos se opone al envío de armas a Ucrania para alimentar del conflicto.


En el mismo sentido, cuando analizamos la forma en la que Alemania ha decidido enviar carros de combate Leopard 2 a Ucrania, solo se perciben valores profundamente antidemocráticos, más propios de autocracias que de democracias, tanto en los dirigentes alemanes como en el resto de las naciones occidentales. Por un lado, se supone que las democracias se diferencian de las autocracias en que las primeras sirven a la ciudadanía y las segundas sirven a sus élites, pero lo cierto es que los resultados de múltiples encuestas en Alemania demuestran hasta qué punto una gran cantidad de los ciudadanos se opone al envío de armas a Ucrania para alimentar del conflicto.


Así, a principios de año, el 1 de enero, un diario alemán publicó una encuesta en la que el rearme del Bundeswehr y el envío de armas pesadas a Ucrania solo era considerado como importante por una minoría, el 26 % de los encuestados en el primer caso y el 19 % en el segundo.


Una encuesta posterior, del 8 de enero, señalaba que el 50 % de los entrevistados rechazaban el envío de armamento pesado a Ucrania, concretamente carros de combate. Razones más que suficiente para cuestionar que una considerable cantidad de ciudadanos alemanes estén disconformes con esta decisión, sobre todo porque no han sido cuestionados en referéndum ni para esta ni para ninguna otra decisión de tal magnitud en lo referente a Ucrania. Y, claro, si se supone en que las maravillosas democracias occidentales los políticos sirven con gran fervor a sus conciudadanos, ¿por qué no les han consultado al respecto del envío de armas a Ucrania y de muchas otras decisiones?


Por otra parte, no resulta menos revelador que países que se autodenominan como profundamente democráticos hayan sometido a una presión tan salvaje a un país para torcer su decisión de no enviar armamento pesado a Ucrania—incluyendo amenazas abiertas de aislamiento internacional en el caso de que Alemania se negase a enviar carros de combate Leopard 2 a Ucrania, e impidiera que otros países lo hicieran—. De hecho, esta ha sido una constante no solo en Europa, donde múltiples países que no deseaban enviar armamento de ningún tipo a Ucrania se han visto forzados a hacerlo. España sería otro ejemplo. ¿Dónde ha quedado el respeto a la soberanía de los países? Porque, Ucrania, recuerden, era un conflicto que surgía por la soberanía de Ucrania, ¿o no?


No resulta menos revelador que países que se autodenominan como profundamente democráticos hayan sometido a una presión tan salvaje a un país para torcer su decisión de no enviar armamento pesado a Ucrania —incluyendo amenazas abiertas de aislamiento internacional.


Incógnita militar, certeza industrial

El envío de carros de combate occidentales, que Ucrania ha cifrado en trescientos, pero que pudieran no llegar a esa cifra —se estima que podrían ser enviados un centenar, aunque no hay nada seguro en este momento— no se considera un elemento en sí mismo decisivo para cambiar el curso de la guerra en Ucrania, aunque ni mucho menos es un asunto menor. Y más allá de lo que puedan señalar los múltiples ilusionistas y futurólogos occidentales —Fukuyama aseveró en octubre que el Ejército ruso colapsaría en días—, lo cierto es que resulta toda una incógnita en términos militares cuál será el impacto de la llegada de los carros de combate occidentales a Ucrania —ni siquiera se sabe el número exacto—.


Sí se puede asegurar que, al igual que otro tipo de armamento enviado, como los vehículos blindados, proporcionarán movilidad y potencia de fuego, facilitando tanto la posibilidad de realizar movimientos ofensivos como defensivos —se especula con una ofensiva rusa en primavera y también con una ofensiva ucraniana en las próximas semanas—. Sin embargo, existen no pocas dudas al respecto de su impacto real.


Por un lado, se trata de material militar que requiere de, al menos, cuatro militares experimentados —un comandante, un conductor, un tirador y un ayudante—. Pero eso solo si hablamos de un carro de combate, porque el movimiento de varios carros de combate de forma coordinada no es en absoluto sencillo y, por si fuera poco, el aporte de este armamento quedará condicionado al conjunto militar de Ucrania. En el caso de conseguir los ansiados 300 carros de combate, Ucrania necesitaría de 1.200 militares con gran experiencia y altas capacidades. Se antojan demasiados, máxime teniendo en cuenta las grandes pérdidas humanas que ha sufrido el Ejército ucraniano.


Por otro lado, un solo sistema de armas no es capaz por sí mismo en la actualidad de ganar una guerra, al menos una guerra de alta intensidad. Por ejemplo, los 40 blindados —Marder— que Alemania se comprometió a enviar a Ucrania a principios de enero —Francia y Estados Unidos también se comprometieron a enviar blindados— no alcanzan su mayor potencial si no es en combinación con los carros de combate occidentales —Leopard 2, M1 Abrams o Challenger 2—. Y es ahí la razón por la que los carros de combate occidentales adquieren importancia: por sus capacidades y por las capacidades que generan al resto de armas. Los Marder son blindados de transporte militar que sin carros de combate carecen de la suficiente potencia como para romper las líneas enemigas y se muestran frágiles ante las defensas y los ataques rusos. Se trata de una combinación de sistemas, no de un sistema en concreto, lo que permite ganar las guerras. Y es que los sistemas de armas solo alcanzan su máximo potencial si se usan de forma combinada.


Lo que en ningún caso es una incógnita es lo que supone este paso en términos geopolíticos y militares, pues se trata de un aumento de la escalada de tensión y una nueva muestra del deseo de Estados Unidos de alargar el conflicto lo más posible para dañar y debilitar a Rusia.


Por todo ello, está por ver cuándo va a poder usar Ucrania los carros de combate en el teatro de operaciones, cuál va a ser el potencial que pueda extraer de ellos y cuál va a ser su impacto en el conflicto. Pero lo que en ningún caso es una incógnita es lo que supone este paso en términos geopolíticos y militares, pues se trata de un aumento de la escalada de tensión y una nueva muestra del deseo de Estados Unidos de alargar el conflicto lo más posible para dañar y debilitar a Rusia e intentar que ello provoque la caída del actual gobierno ruso o su sumisión. Y, además, claro está, convendría señalar el enorme beneficio económico que obtendrán las distintas empresas de la industria militar que fabrican estos modelos o componentes para ellos. 


El fracaso de los Leopard usados por el Ejército de Turquía

Más allá de lo ya expuesto, convendría señalar que los antecedentes de los Leopard en Siria no son ni mucho menos halagüeños. Se sabe que, al menos, una decena de carros de combate Leopard 2A4 como los que van a ser enviados a Ucrania quedaron fuera de servicio en la confrontación contra el Estado Islámico en pocos meses, de los que dos fueron inutilizados por minas, uno por mortero, cinco por misiles antitanque soviético —9M113 o 9M115-2 Metis-M— y varios más fueron emboscados —paradigmático es el caso del hospital de Al-Bab—.


¿Qué países suministrarán tanques a Ucrania?

¿Qué países suministrarán tanques a Ucrania?

No obstante, los carros de combate Leopard cuentan con numerosas debilidades, especialmente en la óptica del artillero, situada en el lateral izquierdo de la torre; los flancos —bastaría un RPG-7 soviético para dañarlo—; la parte baja del carro; la parte trasera; el anillo de la torre; la zona del techo; y, por último, también en la parte frontal —si bien se cree que estarían protegidos ante un misil antitanque soviético 9M113 Kondurs, no está claro que su blindaje pueda ser suficiente ante versiones más modernas, como el 9M115-2 Metis-M, el 9M113M Konkurs-M o el 9M133 Kornet, aunque habría que saber qué versión se enviará a Ucrania y cuáles serán las mejoras que posean—.


En definitiva, el carro de combate Leopard es un arma que puede proporcionar un valor añadido al Ejército ucraniano, siempre y cuando este sea capaz de usarlo de la manera más conveniente, en un entorno adecuado, con un empleo masivo de fuerzas y contando con el factor sorpresa, pero, de lo contrario, podría ser incluso contraproducente en términos militares y también propagandísticos, pues las imágenes de los carros de combate occidentales destruidos podrían viralizarse en las pocas redes sociales que todavía no hayan sido censuradas por Occidente. De hecho, un ejército experimentado como el turco en un conflicto asimétrico contra un enemigo menor fracasó de forma estrepitosa. Y es que no hay fórmulas mágicas: los ejércitos y las guerras, así como las variables y fuerzas de actúan en ellos, son muy complejos. Veremos a ver.



Publicado en:

https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/456267-revela-envio-carros-combate-leopard-ucrania

MAFIA Y FASCISMO, por Rocco Carbone (para "El Cohete a la Luna" del 25-09-22)


Piedrazos contra el despacho en el Senado, la antesala del atentado.


Urge decir “no” para poder pensar sin las coacciones que pretende imponer el terror

POR ROCCO CARBONE 

SEP 25, 2022 


Las mafias son organizaciones criminales y violentas que se balancean entre lo ilegal y lo legal, en el mercado y en la política. El fascismo es un movimiento contradictorio, de afirmación y negación, que es posible pensar bajo la forma de una interpelación reaccionaria de las multitudes y como una organización que despliega terror. Fascista no es una categoría caduca en la lengua política popular; tiene vigencia y es pertinente para definir a sujetos que políticamente piensan y operan de modo antidemocrático –ahora estando contenidos, paradójicamente, dentro de las fronteras de la propia democracia–, que remiten a la experiencia histórica del fascismo (rememorando sus acciones, sus símbolos: un sol negro vuelto tatuaje, por caso) o que recuperan la experiencia fascista como un modelo a imitar, incluso en ausencia de discursos enunciados con nitidez. En cuanto a su vertiente europea clásica, puede ser pensado como el triunfo de la revolución. De la revolución bolchevique y de los conatos sagrados de la completa emancipación política y económica en Italia y Alemania, y en España también. El fascismo encuentra serias dificultades para surgir allí donde la emancipación es débil.


En la Argentina la emancipación no está en su momento de mayor lustre, es cierto. Y sin embargo no declina. Su corazón sigue latiendo. Sabemos por qué. Ha optado por la retaguardia y una intervención discursiva propia de la tensa andadura folletinesca del suspenso. Son modos de la política y de la lucha emancipatoria para resguardar una apuesta popular igualitaria en un frentismo que ha elegido una práctica de debilidad que construye debilidad. También sabemos que una organización regida por lógicas mafiosas desde la cumbre del Estado no logró detener el corazón emancipatorio nacional en el cuatrienio negro y por eso ahora se ha aliado con el fascismo tecno/neo para volver a arremeter contra ese corazón, cuya expresión nacional estuvo empalmada con un potente latinoamericanismo. Ese corazón estuvo ubicado en un amplio tejido populista integrado a un organismo mayor: el de la democraticidad radical latinoamericana.



El atentado al corazón de la emancipación apuntó a un lugar corporal sintomático, el centro de la razón –se puede decir de la razón nacional– y tuvo las características del fusilamiento (acción realizada por un individuo en la que se dispara contra la cabeza). ¿Por qué se precipitó el atentado? Para interrumpir la fiesta popular que cual retozón neumático hecho multitud se arrojó sobre un barrio de “impropia politicidad” luego del alegato de Lucky Luciani para revitalizar con su soplo la emancipación nacional latente. Atentar con el terror y la violencia contra el orden democrático tiene el objetivo de hacer entrar el impulso emancipatorio en una zona de dificultad reflexiva (conmoción y confusión), imponer una situación brumosa de inmovilismo al campo popular y nacional, y apunta, también, a restaurar un poder que se pretende indiscutible e incuestionable. Si se quiere intervenir en la reproducción de este poder unívoco (indiscutible e incuestionable) debemos estar dispuestxs a pensar de manera distinta.


Mafia y fascismo están presentes en el territorio nacional. Históricamente, son fuerzas concurrentes y en la Argentina de esta parte del siglo XXI también. (De paso, dato sugerente: el próximo 28 de octubre se cumplirá un siglo de la marcia su Roma de Mussolini). Tienen un denominador cultural común: violencia/terror. Ambas, además, tienen una aversión por la democracia, que consideran una especie de cáscara formal que pretenden vaciar y capturar a través del despliegue del terror, precedido por la amenaza. Recordar: antes fueron los piedrazos contra un despacho en el Congreso. Luego, el atentado. Ambas organizaciones, el fascismo y la mafia, son solidarias también porque piensan y practican la cultura patriarcal. Y el atentado tiene también ese sesgo nítido de género.


Jonathan Morel militó la candidatura de Macrì y luego fundó la agrupación Revolución Federal, dentro de cuya atmósfera están contenidxs Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel (nacido en San Pablo, Brasil). Gran parte de la violencia que promueve la reacción se pretende ocultar en el uso de la figura del extraño, del extranjero, del lobo suelto, del electrón perdido. Esta versión se basa en un supuesto antiguo: que la violencia proviene de los intrusos. Complementariamente, cuando el campo popular expone la violencia, cuando devela las tramas ocultas del terror, pasa a ser sindicado como violento, como si la violencia, el terror del que hablamos se originara en su seno. Nada que ver. Uno de los financistas de Morel –según sus declaraciones publicadas en un artículo sinuoso entre la apología y la crítica, Que tengan miedo de ser kirchneristas– es el grupo Caputo –integrado por “el hermano del alma” y el ex ministro de Finanzas, parientes entre sí–, que le encargó muebles por casi 2 millones de pesos. Una de las características de las organizaciones mafiosas son los lazos de parentesco y de amistad entre sus integrantes. Respecto de esta última palabra, vale recordar un discurso que en 1925 un ex primer ministro italiano, político liberal-democrático, pronunció en Palermo. Se trata de Vittorio Emanuele Orlando: “Ahora les digo (oh, palermitanos) que si por mafia entendemos el honor llevado a la exageración, la intolerancia contra toda prepotencia y atropello, llevada hasta el paroxismo, la generosidad que enfrenta al fuerte pero que es indulgente con el débil, la fidelidad a las amistades, más fuerte que todo, incluida la muerte, si por mafia entendemos estos sentimientos y actitudes, aunque con sus excesos, entonces en este sentido son marcas indivisibles del alma siciliana y me declaro mafioso y estoy feliz de serlo” (Giuseppe C. Marino, Storia della mafia, Newton Compton, 2012, p. 128).


En el atentado está involucrado también Gabriel Carrizo. Es asistido por dos letrados que comparten buffet y con terminaciones nerviosas en Juntos por el Cambio: Gastón Marano y Brenda Salva. Marano revistó hasta hace un puñado de días como asesor del senador cambiemita chubutense Ignacio Torres, integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia; anteriormente, trabajó en la Oficina de Ciudadanía de la Embajada de Estados Unidos y más recientemente asesoró a Ramiro Marra, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la Libertad Avanza. En cuanto a la otra letrada, Salva, trabajó como asesora de Karina Bachey, diputada por San Luis, que revista en el bloque PRO y en el interbloque de Juntos por el Cambio.


Tal como la mafia, que ya no se presenta con gorra y escopeta al hombro, tampoco el fascismo se presenta ya con los antiguos rituales de los años ‘20 y ‘30 del siglo pasado. Esas estructuras violentogénicas han evolucionado. Cambiaron (“Cambiemos” propone su lema) sus formas, pero el peligro y las desmesuras que son capaces de descerrajar sobre la existencia popular siguen intactas. Ambas se han transformado pero sus prácticas ancestrales quedan: empresariedad violenta y politicidad del terror. Mafia y fascismo son fenómenos distintos y sin embargo coincidentes, que en nuestra Argentina se han anudado. En Italia también lo hicieron.


Hipótesis para una sociedad convulsionada, para recomponer la autonomía social: decir “no” es empezar a pensar, como afirmaba el viejo David Viñas; sugerencia implícita también en el discurso político-poético del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Decir “no” para pensar sin las coacciones que nos quiere imponer el terror, porque para intervenir en la reproducción de un poder oscuro se precisa pensar de manera distinta. Movilización popular para activar una atmósfera festivo-reflexiva (un libertarismo de espíritu colectivo practicado por un proletariado anímico) para imaginar alternativas. Empalmarla con el corazón emancipatorio resistente en el tejido de una internacional latinoamericana.


Cuando esta hipótesis devenga tesis, acontecerá lo justo y lo bello de nuestra Argentina. Una revolución ética y estética.



Publicado en:

https://www.elcohetealaluna.com/mafia-y-fascismo/



MAS INFORMACIÓN:

https://www.elcohetealaluna.com/author/rocco-carbone/ 

lunes, 30 de enero de 2023

LA INESPERADA TESIS DE FEDERICO MORGENSTERN, por Néstor Espósito (para "Tiempo Argentino" del 28-01-23)



Foto: @MarceDaless


El escrito del secretario de Rosenkrantz que contradice el fallo sobre los chats de D’Alessandro

Federico Morgenstern sostuvo en 2014 que “no hay un imperativo constitucional que imponga la exclusión de la prueba ilegal”. El doble estándar en la Causa Cuadernos y las filtraciones del Lago Escondido Gate.

28/01/2023


Por: Néstor Espósito

@nestoresposito

El fallo del juez federal Sebastián Ramos en plena feria judicial para abortar una investigación sobre presunta corrupción del ministro de Seguridad y Justicia porteño (de licencia) Marcelo D’Alessandro tropezó con una inesperada refutación. Uno de los principales asesores del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, redactó en 2014 una tesis para la maestría de Derecho Penal de la Universidad Di Tella (que se publicó en un Tratado de Derecho Constitucional de la editorial jurídica Abeledo Perrot) sobre «la relativización de la regla de exclusión de prueba ilegal».


Federico Morgenstern, secretario letrado de Rosenkrantz, advirtió en aquel trabajo que «la exclusión probatoria indiscriminada y automática es una solución equivocada» y recomendó: «el sistema vigente debe ser reconfigurado». Morgenstern escribió también el único libro argentino sobre la «cosa juzgada írrita» en materia penal, que prologó el propio Rosenkrantz.


Al cerrar la investigación sobre los chats de D’Alessandro con Silvio Robles –alter ego del presidente de la Corte, Horacio Rosatti–, el juez Ramos recogió un dictamen del fiscal Carlos Stornelli sobre «aquellas supuestas comunicaciones que podrían haber sido obtenidas ilegalmente, producto de presuntas maniobras de inteligencia ilegal». Convalidar una investigación en ese escenario «colisionaría con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales».


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La mirada de Stornelli podría aplicarse tanto a la causa por las filtraciones de los chats como a la Causa Cuadernos. Los cuadernos (fotocopiados, quemados, desquemados y redactados de un tirón según demostró un peritaje) tienen tantas o más características de ilegalidad que los chats filtrados.


Morgenstern –quien escribió su obra académica mucho antes de las causas Cuadernos y Chats– afirmó que «no hay un imperativo constitucional que imponga la exclusión de la prueba ilegal». Eso sí, fijó un límite, en consonancia con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «los casos de tortura y/o presión física o psicológica». Si la prueba ilegal es arrancada bajo tortura resulta inaceptable; lo demás, se puede (y debe) discutir.


«Propongo un esquema normativo alternativo, basado en una ponderación que incorpore y le dé peso a factores como el descubrimiento de la verdad, la necesidad de mantener una justicia funcional y eficaz, la existencia de cierta proporcionalidad entre la intensidad de la lesión producida y la gravedad del delito investigado».


En la Causa Chats, el juez Ramos explicó: «El único motor de arranque de esta investigación penal sería una conducta presuntamente ilícita, lo que iría directamente en detrimento de las más básicas garantías constitucionales de nuestro país».


¿Es realmente así? ¿O acaso la maquinaria judicial contribuyó a frustrar la investigación de un escándalo de presunta corrupción, prevaricato y tráfico de influencias con un apego legalista que aplica selectivamente según la cara del sospechado?


«Es realmente fácil, demasiado simple, hacer que un proceso penal fracase y brindarle así impunidad al mayor criminal. La potencial connivencia entre abogados defensores y policías o peritos corruptos sería (o mejor dicho es) difícil, casi imposible de probar. (…) Si el Estado excluye ese material probatorio también se está contaminando moral y políticamente porque el juez pasaría a ser un encubridor obligado de la maniobra», sostiene el trabajo del asesor de Rosenkrantz.


La denuncia que facilitó el veloz cierre sin investigación de las supuestas actividades de D’Alessandro (sobres con dinero y contratos presuntamente amañados) y su relación con la mano derecha del cortesano Rosatti fue formulada por el abogado Gastón Marano. No se trata, por cierto, de un denunciador serial de esos que abundan en Comodoro Py 2002. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, recordó que es el defensor de uno de los detenidos por atentar contra su vida. Y que cuando ocurrió el intento de magnicidio asesoraba a un integrante de Juntos por el Cambio en la Bicameral de Inteligencia del Congreso.


Para el fiscal Stornelli, la denuncia de Marano no podía investigarse por «la existencia de obstáculos legales insalvables que impedían analizar el fondo de los hechos, ello a la luz del deber de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de representar los intereses generales de la sociedad».


¿Cuáles son esos intereses?, ¿qué es lo que le interesa a la sociedad?, ¿quién tiene autoridad moral para esa exégesis?


«La solución al uso de prueba ilícita no es evidente, porque hay muchos intereses válidos involucrados y además en el plano nacional y regional no hay una previsión legal expresa que la prohíba. No pienso que la regla de exclusión deba ser abrogada, sí reevaluada y usada en un espectro de casos mucho más acotado que en la actualidad», sostiene Morgenstern en su obra.


Si, como se cacarea desde algún sector político, existe un clamor popular contra los actos de corrupción, ese reclamo no puede ser selectivo. No se puede ser tolerante con el delito cometido por amigos o afines sociales y políticos, e implacable sólo con los enemigos.


«Imaginemos una investigación penal por un mega caso de corrupción gubernamental. Cualquier infracción a un derecho individual de cualquier imputado tumbaría la potestad punitiva estatal», desafía el colaborador de Rosenkrantz en su trabajo.


Eso fue lo que pasó en la Causa Chats.


¿La postura de Morgenstern significa avalar actos ilegales? De ninguna manera. Tampoco implica que Rosenkrantz aplicará esa visión si la Causa Chats llegara a la Corte. «Pero a veces el respeto por las formas se convierte en perversión de las mismas; es paradójico que en muchas instancias los mismos sectores (nominalmente entregados a la lucha a favor de los derechos individuales y a reducir el poder punitivo estatal, pero en los hechos dedicados en los últimos años a fortalecer estrategias de imputación contrarias a las garantías individuales y a festejar prisiones preventivas y condenas a cadena perpetua) que en ciertas situaciones de la vida institucional menosprecian las formas como pura cosmética de un esquema burgués o liberal, alegan que la valoración de pruebas ilícitas es un ultraje a la integridad judicial y el Estado de Derecho», fustigó el trabajo del asesor del vicepresidente de la Corte.




Publicado en:

https://www.tiempoar.com.ar/politica/el-escrito-del-secretario-de-rosenkrantz-que-contradice-el-fallo-sobre-los-chats-de-dalessandro/

La sombra de la deuda externa privada, por Raúl Dellatorre (para "Página 12" del 28-01-23)

Imagen: Télam



Por Raúl Dellatorre

28 de enero de 2023


Siendo el tema del dólar uno de los más preocupantes en el contexto de las perspectivas económicas de este año 2023, no puede dejar de llamar la atención la información que surge del Informe sobre Deuda Externa Privada que acaba de dar a conocer el Banco Central esta semana. El primer dato relevante es que el total de la deuda del sector privado con el exterior alcanzó, al 30 de septiembre de 2022 (el dato más reciente hasta ahora informado), un monto récord de 91.364 millones de dólares, unos 7000 millones más que al cierre del trimestre anterior (84.237 millones al 30 de junio), y casi 15 mil millones más en relación al último día del año anterior (76.770 millones al 31.12.2021). 


La acumulación de deuda privada comercial y financiera con el exterior es un problema a corto plazo, ya que el mismo informe del Banco Central señala que, sólo por vencimientos de capital, los compromisos a menos de un año (entre los exigibles y los otorgados sin fecha de vencimiento) ascienden a 49.808 milones de dólares de deuda comercial y 17.183 millones de deuda financiera. Es decir, un total de 66.991 millones, que seguramente se refinanciarán con nueva deuda en su mayor parte, pero que no dejarán de provocar una sangría permanente de divisas en materia de pago de intereses vencidos y parte del capital, sobre todo cuando se trata de deuda comercial (prefinanciación de exportaciones o financiación de importaciones).


Veamos, entonces, alguna información adicional sobre la composición de esa deuda, quiénes son sus deudores y, también, qué particularidad tienen sus acreedores. Es un tema, convengamos, que pese al volumen que representa dentro de la economía argentina (es el doble de la deuda con el FMI, aunque sin sus condicionalidades de política, está claro), pocas veces se menciona en los discursos públicos ni tampoco en el de los analistas privados. 


La comercial, por el ascensor

En su evolución reciente, se destaca por encima de cualquier otra consideración el notable crecimiento de la deuda comercial, en términos absolutos y más en relación a la deuda financiera externa privada. Dependiendo del ciclo del intercambio internacional, la deuda privada comercial osciló entre los 34.700 y los 38.500 millones de dólares entre el 31.12.2017 y el 31.12.2021, pero después de esta última fecha sobrevino la escalada. 


Ya al cierre del primer trimestre trepó a casi 40 mil millones, tres meses después (al 30 de junio) a 44.500 millones y al cierre del tercer trimestre (último informe del BCRA), a 52.266 millones de dólares. Es decir que, en nueve meses la deuda comercial privada creció más de 15.800 millones de dólares, un 43,5 por ciento. 


Dicho de otro modo: en nueve meses los sectores exportadores e importadores aumentaron su deuda en dólares por el equivalente al superavit comercial del mejor año de la historia del comercio extrerior argentino (2019: 15.990 millones de dólares). 


Mientras tanto, en el mismo período, la deuda externa financiera se mantuvo estable entre 39.000 y 41.000 millones. En conclusión, al 30 de septiembre de 2022, la deuda externa privada, de casi 91.300 millones, estaba compuesta por 39.100 millones de deuda financiera y 52.200 millones de deuda comercial. 


Atendidos por sus propios dueños

Un dato que no puede dejar de llamar la atención es con quién se endeudan exportadores e importadores. Y la respuesta es que, de esos 52.266 millones de deuda comercial, nada menos que 28.839 millones, el 55 por ciento, es deuda con empresas vinculadas del exterior. Es decir, del mismo grupo económico. Es decir, tomando el grupo como una unidad global, autopréstamos. 


Entre los 52.266 millones de deuda comercial al 30 de septiembre, agrupados por sector se destacan la "deuda por importaciones de bienes", 31.115 millones; por exportaciones de bienes, 10.647 millones, y por importaciones de servicios, 9768 millones. Pero vamos a la deuda por exportaciones de bienes que ofrece la información más llamativa. 


Esos 10.647 millones de deuda al cierre del tercer trimestre representan un aumento del 82% en apenas tres meses (u$s 5850 millones al 30 de junio). Señala el informe del BCRA que esa "suba del tercer trimestre de 2022 fue explicada principalmente por el sector “Elaboración de productos alimenticios”, que representó el 66% de la posición total de la deuda externa privada por exportaciones de bienes al 30.09.22". Y dentro de ese sector, se encuentran las empresas dedicadas a las comercialización de oleaginosas y cereales, recuerda el mismo informe. 


La soja, siempre la soja

El Banco Central le dedicó un apartado al caso de la evolución de la deuda de este sector, recordando además que durante el mes de septiembre (dentro del tercer trimestre de 2022 que abarca el informe), por Decreto 576/22, el gobierno creó el “Programa de Incremento Exportador” mediante el cual se estableció un tipo de cambio de $200 por cada dólar que se liquidara por las exportaciones de soja y sus derivados, con vigencia hasta el 30 de septiembre.


Recordemos, además, que a través de ese régimen especial se liquidaron en ese período entre 7500 y 7800 millones de dólares por exportaciones de soja y sus derivados.


El apartado del informe del BCRA agrega que "la deuda externa por exportaciones de bienes del sector “Elaboración de productos alimenticios” se incrementó en u$s 3.853 millones con respecto al trimestre previo, totalizando 7.039 millones al 30.09.22, y alcanzando el valor máximo observado desde el inicio de la serie". 


Destaca, además, que "la deuda de exportaciones del sector se encuentra concentrada en pocas empresas, ya que las primeras 10 explicaron el 82% del crecimiento de la deuda por exportaciones de bienes del tercer trimestre. Estas mismas empresas concentraban el 56% del stock de la deuda por exportaciones bienes al 30.09.22".


Sobre un stock de deuda de 7039 millones, el 56%, aproximadamente 3940 millones, estaba concentrada en diez empresas "elaboradoras de productos alimenticios", entre ellas, algunas o varias del rubro exportadores de oleaginosas y cereales.


Pese a que son grandes empresas en general multinacionales, con excelentes contactos en el exterior, la tasa promedio que pagan por la prefinanciación en dólares no es barata. Según el BCRA, la tasa promedio resultante es del 5,18% anual. Según el mismo informe, "las empresas del sector se financiaron en el trimestre en un 56% a través de prefinanciaciones otorgadas por entidades financieras del exterior, totalizando un stock de prefinanciaciones de u$s 3.933 millones al 30.09.22. El 44% del financiamiento restante fue otorgado en forma de anticipos comerciales de clientes. Los anticipos comerciales de clientes, en su mayoría, no pagaron tasa de interés". 


Algunas preguntas que quedan pendientes tras repasar el puntilloso informe del Banco Central sobre deuda externa privada:


¿Para qué se financiaron en el exterior por cifras tan significativas los sectores exportadores justamente en el período que liquidaron más operaciones? ¿No se cobraron las exportaciones, sino que lo que los dólares que entraron en septiembre fueron por endeudamiento de los mismos exportadores como "adelanto" de esos cobros? ¿Cuántos dólares saldrán del país para pagar los intereses de esa deuda comercial?


En resumen, ¿el plan dólar soja fue un programa de incentivo de exportaciones o un plan para conseguir crédito en dólares de corto plazo? ¿Y a qué costo?


Y otra pregunta más integral sobre el informe en general: habiendo tanta deuda de empresas privadas con acreedores del mismo grupo económico, ¿no sería conveniente bucear sobre la legitimidad de esos préstamos? Hasta en el nombre del sagrado cumplimiento de las metas de acumular reservas internacionales con el FMI se podría justificar una investigación profunda sobre el tema. 


Por último, ¿estas formas de endeudamiento privado masivo surgen de alguna política consensuada con sectores representativos? ¿En qué medida es razonable seguir acumulando tanta deuda externa por decisión de fuertes empresas privadas que, desde ahora, ya condicionan el uso de las pocas divisas que recibe el país? 



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Diputados: cansada de las continuas interrupciones, Vanesa Siley cruzó a Mario Negri, por "Página 12" del 26-01-23)


"No le concedo la palabra por machirulo"


El tenso encontronazo tuvo lugar en pleno debate en comisión por el juicio político a la Corte Suprema

26 de enero de 2023 


En el marco del primer encuentro de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para debatir el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, y el diputado de Juntos por el Cambio, Mario Negri, protagonizaron un tenso cruce. “No le concedo la interrupción por machirulo”, respondió la legisladora oficialista, cansada de las continuas interrupciones de Negri.


Todo comenzó cuando Siley hizo uso de la palabra y denunció que dos miembros del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, "convalidaron y consintieron" ser designados por un Decreto de Necesidad y Urgencia en diciembre de 2015.


En ese momento, Negri interrumpió a la diputada y le pidió que sea precisa, haciendo alusión a que la polémica decisión del gobierno de Mauricio Macri fue posteriormente corregida y se recurrió al procedimiento de audiencias y acuerdo legislativo para ambas designaciones.


Sin embargo, Siley hizo caso omiso al comentario de Negri e intentó seguir con su denuncia: "Esa designación fuera del mecanismo complejo y de mayorías agravadas que estima la Constitución Nacional...", continúo la lesgisladora, pero nuevamente fue interrumpida por gritos del diputado opositor.



"Yo entiendo que estén cansados y ya la tolerancia haya bajado casi al umbral cero, pero yo no interrumpí", dijo Siley mientras el diputado de Juntos por el Cambio seguía gritando cosas inentendibles. "Yo habló como quiero y digo lo que quiero diputado Negri. Déjeme terminar la idea", le pidió la diputada.


Ante los gritos, intervino la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, y le pidió a Negri que deje que Siley continúe con el uso de la palabra, así como lo hizo cada diputado "sin interrupciones".


"Te dicen cómo tenés que hablar, cómo tenés que pensar, lo que tenés que decir. Estuve siguiendo atentamente la comisión y estuve respetando a todos y a todas", sostuvo Siley mientras seguían las interrupciones de Negri.


Cansada de los gritos del diputado opositor, Gaillard le preguntó a Siley si le concedía la interrupción a Negri para que pueda aclarar "lo que está vociferando".


La respuesta de Siley fue contundente: "discúlpeme presidenta, no le concedo la interrupción por machirulo. Sigo con lo que estaba diciendo", expresó.



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Chats del Lawfare: un nuevo escándalo asoma detrás de la causa archivada, por Irina Hauser (para "Página 12" del 30-01-23)


Imagen: Jorge Larrosa


La ruta del expediente contra D´Alessandro y Robles


La causa contra el ministro de Justicia y Seguridad porteño y el operador de Rosatti pasó del juzgado de Ariel Lijo al juzgado de Sebastián Ramos, quien archivó la causa en un sólo día. En el medio, a Lijo le sacaron la causa. La intervención de Bruglia, Ercolini y Capuchetti. La sospecha de violación del juez natural. Causas mellizas y apuro en Comodoro Py desde que Alejo Ramos Padilla asomó la nariz.


Por Irina Hauser

29 de enero de 2023


Algo huele mal en Comodoro Py. Es cierto que no es nuevo. Pero todo se hizo más notorio en este enero caluroso cuando de golpe el juez federal Sebastián Ramos archivó la causa donde estaban denunciados el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, el vocero del supremo Horacio Rosatti, por los chats filtrados donde se referían a dos cuestiones en trámite en la Corte: el caso de la coparticipación que reclamaba el gobierno porteño y la disputa por el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo es que el expediente se mudó al juzgado de Ramos si el original era el de Ariel Lijo? ¿Se robaron una causa? ¿Cómo hizo Ramos para firmar un fallo en un día desde que le tocó el tema? ¿Por qué se resolvió en plena feria si no había razones ni medidas urgentes según los lineamientos de la Cámara Federal? Para sumar más sospechas, las denuncias que hicieron contra las mismas personas los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, en las que los jueces de sus provincias se declararon incompetentes, estuvieron en el limbo hasta este viernes, cuando fueron sorteadas en los tribunales de Retiro. Fue justo después que el juez de La Plata, Alejo Ramos Padilla, pidió mediante oficios saber dónde estaban, tras recibir una presentación similar del gobernador bonaerense Axel Kicillof.


Línea de tiempo

En esta trama las fechas importan. La primera denuncia fue presentada en Santiago del Estero por Zamora, el 2 de enero. El juez a cargo, Guillermo Molinari, activó la investigación, pidió que Robles entregara su celular –algo que se negó a hacer—pero en cuestión de horas se declaró incompetente. El 3 de enero llevó una denuncia en Comodoro Py Gastón Marano, el abogado de Gabriel Carrizo, integrante de la “banda de los copitos”, detenido por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, y exasesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia. Ese mismo día presentó una denuncia casi clonada un hombre llamado Nicolás Nahuel Giasanti. Quintela hizo su denuncia el 5 de enero. La fiscal María Florencia Cáceres sostuvo al día siguiente que había motivos para "instar la investigación" por presunto abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o cohecho, pero postuló la incompetencia. El juez Daniel Herrera Piedrabuena resolvió en en ese sentido. La causa de Marano y su melliza fueron las que resolvió el juez Ramos en un santiamén. La gran pregunta es cómo llegó a manos de Ramos. Es una duda relevante por todo lo que sucedió en el ínterin y por el llamativo desenlace.


* La curiosa presentación de Marano, que cuestionaba a Robles por asesorar a D’Alessandro siendo funcionario de la Corte y sin tener título de abogado, fue leída de entrada como una pantalla para favorecerlos y jaquear la denuncia de Zamora. Cuando fue sorteada le tocó al juzgado federal 4, de Lijo. Lijo estaba de licencia y lo subrogaba María Servini. Ella se excusó por una serie de enfrentamientos con D’Alessandro, entre ellos, problemas que había tenido con la custodia que le proporcionaba la policía porteña. 


Ante una situación así la Cámara Federal, cuyo presidente actual es el juez nombrado por traslado durante el macrismo, Leopoldo Bruglia (quien trabajó toda la feria), debía asignar otro subrogante. "Eso es lo que se hace siempre", explicaron tres funcionarios de los tribunales federales. Pero el 6 de enero hizo otra cosa: determinó un “cambio de asignación” de juzgado y sorteó uno nuevo. En el tribunal dicen que esa es una función de la secretaría general, que responde históricamente a Martín Irurzun. En definitiva, le sacaron la causa a Lijo y se la dieron, se supone que al azar, a María Eugenia Capuchetti.  


* Capuchetti no hizo nada. El argumento era que se iba de vacaciones al día siguiente. La Cámara aplicó entonces las subrogancias que estaban previstas. Entre el 9 y el 15 de enero la reemplazaba Julián Ercolini, que dejó pasar los días. Como es obvio, hubiera sido un escándalo que este juez hiciera algo con la causa tratándose de uno de los integrantes de la comitiva que viajó a Lago Escondido, con aparente invitación del Grupo de medios, y entre cuyos integrantes estaba D’Alessandro. En la tanda anterior de chats que se filtraron del Telegram del ministro porteño, Ercolini figuraba como un activo participante de la estrategia para camuflar la travesía a la mansión de Joe Lewis (con facturas manipuladas y ofreciendo una versión trucha a ciertos medios). Ercolini, a diferencia de Servini, no se excusó pese a la cercanía con D'Alessandro.  


* Así, Ercolini le dio el pase directo a Ramos, a quien le tocaba subrogar el juzgado de Capuchetti del 16 al 23 de enero, según la grilla de la Cámara Federal. A este magistrado de bajo perfil le llevó 24 horas o menos firmar el archivo de la denuncia de Marano –también exasesor del PRO en la Bicameral de Inteligencia-- y su clonada. Para eso invocó la teoría de que no le queda otra que aceptar la decisión del fiscal de archivar el caso. ¿Quién había pedido tal cosa? Carlos Stornelli, procesado por espiar en el caso del “D’Alessio Gate”. Antes se había excusado Carlos Rívolo, porque aparecía como contacto frecuente de D’Alessandro. El argumento de Stornelli, que Ramos asumió como propio, es que nada había que investigar, sino todo lo contrario. 


Pero el juez incluso se explayó en 14 páginas, y cuando faltaban solo cuatro días hábiles para que volviera la dueña del juzgado. “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, escribió Ramos. Insistió en que los jueces deben velar "por que no haya injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de las personas sin razón que lo justifique, lo que necesariamente implica proteger las comunicaciones como todo aquello que afecte la intimidad". ¿Qué medidas tomaron Ramos y Stornelli para afirmar que se trató de inteligencia ilegal? Ninguna. Simplemente decidieron el archivo en beneficio de los denunciados y, en consecuencia, de Rosatti. 


* Se supone, siempre se supone porque en algunos rincones de Comodoro Py parece haber reglas propias, que para que algo sea resuelto con tanta premura en plena feria judicial, como ocurrió aquí, debe haber razones urgentes o medidas que no pueden esperar porque existe riesgo de que se pierda prueba. La propia Cámara Federal dejó por escrito cuáles son las únicas razones por las que un juzgado de instrucción tramita “asuntos de feria”: “sumarios con detenidos; sumarios en curso de instrucción donde deberían practicarse todas las diligencias urgentes tendientes a evitar la dispersión de la adopción de las medidas necesarias para asegurar la responsabilidad penal y civil del causante, debiendo garantizarse el control de las partes; juicios correccionales donde hubiere personas privadas de la libertad; recursos de habeas corpus y de amparo; prisiones preventivas y sus prófugos; excarcelaciones y exenciones de prisión; libertades condicionales; prescripción; medidas precautorias urgentes; trámite de exhortos”. La realidad es que ninguna de estas situaciones aparece en la causa en cuestión.


El archivo de la causa sirvió no sólo para aliviar a los implicados y al presidente supremo sino para que los diario dijeran que "un fallo desestimó los chats obtenidos por espionaje ilegal y se abren dudas sobre el juicio político a la Corte". El diputado Rodolfo Tailhade, que integra la Comisión de Juicio Político de Diputados, dijo a este diario que "la oposición ya intentó equiparar los chats con una confesión bajo tormento, algo que aparece en el fallo de Ramos, y con ese otros argumentos van a intentar usar esta causa para atacar el enjuiciamiento a los jueces de la Corte". "Nosotros --anunció en alusión al oficialismo-- devolveremos mostrando que esta causa fue una truchada y está archivada, pero cualquier prueba se puede reabrir. ¿Qué prueba se hizo sobre la verosimilitud de los chats? Nada. Para la Comisión es información válida que compromete a funcionarios en hechos de implicancia pública". Recordó también que las causas impulsadas por los gobernadores Quintela y Zamora están abiertas y su instrucción fue impulsada. "No se pueden cerrar así nomás", concluyó. 


Como es evidente, por la saga que desembocó en Ramos, queda flotando un interrogante más: ¿Se violó la garantía del juez natural? ¿Podría ser todo nulo? Hay quienes responden afirmativamente a ambas preguntas, y creen que cualquier afectado podría plantearlo. 


Las otras causas

Las denuncias de los gobernadores de Santiago del Estero y La Rioja, por lo pronto, están abiertas. Pese a que ya en los primeros días de enero jueces federales de ambas provincias resolvieron declararse incompetentes tras el impulso a las pesquisas, las denuncias en Comodoro Py se sortearon recién el viernes pasado. La de Quintela le tocó al juzgado federal 9, de Luis Rodríguez, que subroga casualmente Ramos hasta el final de las vacaciones de enero. El fiscal es Guillermo Marijuán. La de Zamora quedó en el juzgado 6, que está vacante y subroga Daniel Rafecas, a quien a la vez reemplaza Capuchetti mientras está de vacaciones. La fiscal es Alejandra Mángano. 


Las denuncias en juego fueron planteadas por provincias que se consideran afectadas por el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y por las presuntas conversaciones entre el colaborador de Rosatti y el ministro porteño interesado específicamente referidas al expediente. El sorteo de las causas llegó justo después que el juez Ramos Padilla pidió saber qué otras causas están en trámite sobre esta temática, ya que le tocó recibir la del gobernador Kicillof. Todavía se desconoce qué destino tendrá esa denuncia en particular --que algunos apuestan que terminará, como todo, en Comodoro Py--, pero hay otros caminos judiciales abiertos y, si bien la resolución de Ramos en línea con Stornelli no se puede apelar, no está todo dicho. Desde las primeras revelaciones del viaje de jueces a Lago Escondido, en los tribunales de Retiro hay río revuelto. 



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El acertijo de Máximo Kirchner, por "Página 12" del 30-01-23


La mujer que grita y no es CFK


30 de enero de 2023 


“Yo que siempre he estado ahí te puedo decir que Cristina nunca lo maltrató a Alberto, lo trató entre algodones”, dijo Máximo Kirchner. "En mi vida Cristina lo maltrató a Alberto. Ha sido más dura con Wado, con Mayra, con el Cuervo, conmigo, ahí es más picante… Pero a Alberto jamás le gritó. Ahora, ¿es firme en las discusiones? Claro que sí, ¿cómo podría ser de otro modo?".


Y luego dijo: "En este gobierno no es Cristina la mujer que le grita a Alberto, quizá haya otra, no sé, pero no es Cristina".


Y siguió: "Fue el propio gobierno el que instaló esas versiones y ahora ponen todos cara de distraído y no es así. Me costó mucho trabajar ese vínculo, estar, y lo hice entre otras razones porque quiero que las cosas salgan bien. Pero aparecen personajes menores, sin ningún tipo de discusión política, formación ni humildad, y ahí la cosa se empieza a empiojar a pesar de lo que trabajamos para que no sucediera. Había que cuidar el instrumento que se había creado para presentarse a elecciones y llevar adelante el gobierno, no puede ser que lo más importante sea qué tal quedás ante el público y qué se dice".


Por los pasillos de Casa Rosada aseguran que quien suele levantarle la voz al primer mandatario es una de las mujeres que forman parte de su círculo íntimo y que viene sobreviviendo a los sucesivos cambios de gabinete. Desde el entorno del Presidente hablan de gritos, incluso en reuniones de gabinete.


¿Quién será?



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domingo, 29 de enero de 2023

El juicio a la Corte en la línea de largada, por María Cafferata (para "Página 12" del 28-01-23)

 


Cómo será el proceso que tratará los catorce expedientes contra los supremos


Oficialismo y oposición afilan estrategias para lo que se anuncia como el auténtico comienzo del juicio político planteado por el Gobierno, la votación de la admisibilidad del proceso.

Por María Cafferata

28 de enero de 2023 -


El juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema tuvo su acto inaugural y el oficialismo, ahora, se prepara para la verdadera prueba de fuego: la votación de la admisibilidad del proceso. "Ahí es donde se juega todo", afirma una de las espadas oficialistas a cargo de la organización de la investigación. Y no es solo el Frente de Todos, Juntos Por el Cambio también afila su estrategia frente a la proximidad del inicio de la investigación. La oposición buscará dar la pelea: bloquear, dilatar y correr el eje de la investigación para proteger a los magistrados (aunque no a todos, la enemistad de la Coalición Cívica con Ricardo Lorenzetti podría tener resultados inesperados). El FdT, mientras tanto, todavía tiene que tomar algunas decisiones: con qué denuncia abrirá el proceso de investigación, cuánto durará el debate, si se avanzará sobre todos los magistrados en simultáneo o uno por uno, qué hacer si un testigo decide no comparecer. "Todo a su tiempo", responden en la bancada oficialista, pero la auténtica fecha de largada del juicio político se acerca.


Les diputades del FdT que impulsan el juicio político lo repiten cada vez que pueden: si bien el oficialismo no tiene los dos tercios para destituir a los magistrados por mal desempeño, el proceso "no es un circo". La apuesta, para muchos, es a largo plazo. "La política sirve para construir escenarios de mayor consenso. Los niveles de rechazo de la mayoría automática en 2002 no eran los mismos que en junio de 2003, en el medio pasaron cosas", explica el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez. Para algunes dirigentes oficialistas - al igual que para JxC - el proceso es "puro show", pero para otres es una oportunidad de sentar precedente, de recolectar prueba, emitir un dictamen de acusación - que tiene tres años de estado parlamentario - y esperar a que la relación de fuerzas cambie. 


Con este objetivo en mente, el primer paso es firmar el informe de admisibilidad, que es el requisito establecido por el reglamento de la comisión de Juicio Político para pasar al proceso de recolección de pruebas. Hay presentados 14 pedidos de juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, y aquella instancia sirve para definir si hay o no razones válidas para avanzar con los sumarios. La votación será el 9 de febrero y, si bien el FdT cuenta con la mayoría para aprobar la admisibilidad, sabe que JxC irá con los tapones de punta a dar la pelea. El oficialismo sospecha, por ejemplo, que JxC exigirá que le permitan traer expertos que acrediten la inadmisibilidad del juicio político, de modo de sumar trabas al proceso. 


Y es que JxC apostará a confrontar. "Nosotros no vamos a abandonar, vamos a mostrar el circo que es. No nos vamos a quedar en silencio, vamos a contestarles cada cosa que digan", afirmó, con vehemencia, una legisladora del PRO. No todes les legisladores de JxC comparten, sin embargo, esta postura. Desde un principio la coalición opositora se enfrentó a una disyuntiva: ¿vaciar el debate o salir a disputarle la agenda al oficialismo? Finalmente terminó predominando la segunda opción, pero varios dirigentes observan con preocupación que la investigación sobre la Corte Suprema pueda alargarse demasiado. 


El FdT, mientras tanto, también está atravesado por diferentes miradas sobre cómo encarar el proceso. Algunes legisladores apuestan a que la investigación dure unos dos o tres meses, otros insisten en que hay que estirarlo lo más posible (hasta que arranque la campaña electoral, si se puede). El proceso de recolección de pruebas también abre varios interrogantes. Por ejemplo, con cuál de las denuncias comenzar. "Los primeros testigos tienen que ser Robles y D'Alessandro, fueron los chats los que empezaron todo esto", sostiene un diputado oficialista que es partidario de comenzar investigando la connivencia política entre Rosatti y el PRO (puntualmente el gobierno porteño), No será fácil, desde JxC argumentan que el juez Sebastián Ramos ya cerró la causa porque los chats habían sido obtenidos de manera ilegal y que, por lo tanto, no pueden ser utilizados como prueba en la comisión. "Esto es un juicio político, no un juicio penal. Es información pública de trascendencia institucional", responden, en cambio, desde el FdT.


Existe una discusión interna, aún incipiente, respecto a qué curso de acción tomar en el caso de algún testigo se niegue a comparecer. En el caso de los cuatro jueces de la Corte, estos, en tanto son los acusados, tienen la posibilidad de no asistir y presentar un escrito. Los testigos no. El problema es que, en el caso de ser declarados en rebeldía, se necesita una orden judicial para que las fuerzas de seguridad los hagan comparecer (y algunos diputados desconfían de que haya muchos jueces que quieran firmar ese tipo orden). Rodolfo Tailhade, por ejemplo, está estudiando antecedentes sobre los "poderes implícitos" que tiene el Congreso para garantizar el ejercicio de sus funciones. Según pudo recoger el diputado, existen casos de 1877 y 1995 en los que el Senado ordenó el arresto de particulares.


Otres integrantes de la comisión consideran que la mejor maniobra es comenzar el proceso de investigación por el fallo de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, para desarrollar la acusación, el FdT convocará como testigos a los gobernadores peronistas, al ministro Wado De Pedro y al procurador del Tesoro, Carlos Zanini. JxC, mientras tanto, no se queda atrás y buscará exigir la comparecencia de Sergio Massa: es sabido que el ministro de Economía nunca se pronunció en público sobre el juicio político a la Corte, por lo que la oposición buscará meter cuña en el oficialismo obligándolo a pronunciarse. 


Más allá del orden en el que se terminen encadenando, la comisión deberá investigar unas 60 acusaciones. Está la denuncia por el fallo del 2x1 en el caso "Muiña", la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, entre otros. Las mismas están aglutinadas en los 14 expedientes que serán detallados, por primera vez, el próximo jueves en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados (ver aparte). Pero, al igual que el primer encuentro, esta reunión será más bien una formalidad. "El verdadero debate va a llegar con la admisibilidad", coincidió un diputado radical.


La próxima reunión

El jueves 2 de febrero se llevará a cabo el segundo round de la comisión de Juicio Político. El encuentro se realizará a las 11 en el Anexo de la Cámara de Diputados y contará con la participación de les 14 autores de los proyectos de juicio político presentados. Expondrán legisladores como Eduardo Valdés, María Rosa Martínez, Juliana Di Tullio y Paula Oliveto (de la Coalición Cívica), particulares y representantes de asociaciones civiles. En el caso de los particulares hay dos expedientes que refieren a temas vinculados a los derechos humanos: uno de Pablo Llonto por la paralización de la Comisión Intrapoderes, y el otro de Patricia Isasa contra Rosatti por encubrimiento del represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.


Para evitar que se alargue mucho la reunión, se le dará a cada expositor unos 15 minutos para defender su iniciativa. Luego, cada bloque podrá hacer hasta dos preguntas por expositor. El objetivo del FdT era incluir todos los proyectos presentados para ampliar la investigación y por eso se le dará tiempo a cada une de les autores para que justifique su denuncia. Eso no significa, sin embargo, que todas las denuncias terminen acabando en el informe final de admisibilidad.




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