Ucrania: Las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil, por "Amnesty.org" del 04-08-22

 

Agosto 4, 2022

    *Bases militares establecidas en zonas residenciales e incluso en escuelas y hospitales.

    *Ataques lanzados desde áreas habitadas por civiles.

    *Estas violaciones no justifican en modo alguno los ataques indiscriminados de Rusia, que han causado la muerte y heridas de innumerables civiles.

“Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil.

“Hemos documentado un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron esta tendencia. En otros emplazamientos concretos en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, incluidas algunas zonas de la ciudad de Járkov, la organización no halló indicios de que hubiera fuerzas ucranianas ubicadas en las zonas civiles atacadas ilegítimamente por el ejército ruso.

Entre abril y julio, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Járkov, el Dombás y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques, y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de armas.

Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. El Evidence Lab de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes.

La mayoría de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kilómetros de las líneas de frente. Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil.

Ataques lanzados desde zonas habitadas por civiles

Sobrevivientes y testigos de ataques rusos en las regiones del Dombás, Járkov y Mykolaiv dijeron al equipo de investigación de Amnistía Internacional que el ejército ucraniano estaba operando cerca de sus casas en torno al momento de los ataques, exponiendo las zonas a disparos de represalias de las fuerzas rusas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de esta conducta en numerosos lugares.

El derecho internacional humanitario exige que todas las partes en un conflicto eviten, en toda la medida de lo posible, emplazar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades. La obligación de proteger a la población civil de los efectos de los ataques incluye también retirar a ésta de la vecindad de objetivos militares y avisar de forma efectiva de cualquier ataque que podría afectarla.

La madre de un hombre de 50 años que murió en un ataque con cohetes el 10 de junio en un pueblo al sur de Mykolaiv dijo a Amnistía Internacional: “Los militares estaban en una casa al lado de la nuestra y mi hijo llevaba a menudo comida a los soldados. Le rogué varias veces que se mantuviera alejado porque temía por su seguridad. Esa tarde, cuando ocurrió el ataque, mi hijo estaba en el patio de nuestra casa y yo estaba en la casa. Murió en el acto. Su cuerpo quedó hecho trizas. Nuestra casa fue parcialmente destruida”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró equipo y uniformes militares en la casa de al lado.

Mykola, que vive en un bloque de pisos de un barrio de Lisichansk (Dombás) que fue objeto de varios ataques rusos que causaron la muerte de al menos un hombre de edad, dijo a Amnistía Internacional: “No entiendo por qué nuestro ejército dispara desde las ciudades y no desde el campo”. Otro residente, un hombre de 50 años, dijo: “Sin duda hay actividad militar en el barrio. Cuando hay fuego saliente, oímos después fuego entrante”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a unos soldados que usaban un edificio residencial situado a unos 20 metros de la entrada del refugio subterráneo que usaban los residentes donde murió el hombre de edad.

En una localidad del Dombás, el 6 de mayo, las fuerzas rusas usaron municiones de racimo inherentemente indiscriminadas, cuyo uso está ampliamente prohibido, contra un barrio integrado en su mayoría de casas de uno o dos alturas donde las fuerzas ucranianas manejaban armas de artillería. La metralla dañó las paredes de la casa donde vive Anna, de 70 años, con su hijo y su madre de 95 años.

Anna dijo: “La metralla voló a través de las puertas. Yo estaba dentro. La artillería ucraniana estaba cerca de mi campo […] Los soldados estaban detrás del campo, detrás de la casa […] Los vi saliendo y entrando […] desde que empezó la guerra […] Mi madre está […] paralítica, por eso no pude huir”.

A principios de julio, un agricultor resultó herido cuando las fuerzas rusas atacaron un almacén agrícola en la zona de Mykolaiv. Horas después del ataque, el equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de la presencia de personal y vehículos militares ucranianos en la zona de almacenamiento de grano y varios testigos confirmaron que el ejército usaba el almacén, situado al otro lado de la carretera, frente una finca en la que vivían y trabajaban civiles.

Mientras el equipo de Amnistía Internacional examinaba los daños de edificios residenciales y públicos colindantes en Járkov y en pueblos del Dombás y del este de Mykolaiv, oyeron fuego saliente desde posiciones militares ucranianas ubicadas en las proximidades.

En Bajmut, varias personas residentes dijeron a Amnistía Internacional que el ejército ucraniano había usado un edificio situado a apenas 20 metros al otro lado de la calle, frente a un edificio residencial de gran altura. El 18 de mayo, un misil ruso impactó en la parte de delante del edificio, destruyó parcialmente cinco apartamentos y provocó daños en los edificios próximos. Kateryna, residente que sobrevivió al impacto, dijo: “No entendía qué había pasado. [Había] ventanas rotas y un montón de polvo en mi casa […] Me quedé aquí porque mi madre no quería marcharse. Tiene problemas de salud”.

Tres residentes dijeron a Amnistía Internacional que, antes del ataque, las fuerzas ucranianas habían estado usando un edificio al otro lado de la calle, frente al edificio bombardeado, y que había dos camiones militares estacionados delante de otra casa que resultó dañada cuando impactó el misil. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró indicios de presencia militar dentro y fuera del edificio, incluidos sacos de arena y protecciones de plástico negro que cubrían las ventanas, así como equipos nuevos de primeros auxilios para traumatismos de fabricación estadounidense.

“No tenemos voz en lo que hace el ejército, pero pagamos el precio”, dijo a Amnistía Internacional una persona cuya casa también había sido dañada en el ataque.

Bases militares en hospitales

El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a fuerzas ucranianas que usaban hospitales como bases militares de facto en cinco lugares. En dos ciudades, decenas de soldados descansaban, pasaban el tiempo y hacían sus comidas en hospitales. En otra ciudad, los soldados disparaban desde las proximidades del hospital.

El 28 de abril, un ataque aéreo ruso hirió a dos personas que trabajaban en un laboratorio médico en un suburbio de Járkov después de que las fuerzas ucranianas hubieran establecido una base en las instalaciones.

El uso de hospitales con fines militares es una violación clara del derecho internacional humanitario.

Bases militares en escuelas

El ejército ucraniano ha establecido bases de forma habitual en escuels de ciudades y pueblos de la zona del Dombás y de Mykolaiv. Las escuelas están temporalmente cerradas para el alumnado desde que comenzó el conflicto, pero en la mayoría de los casos los edificios estaban cerca de barrios habitados por civiles.

En 22 de las 29 escuelas que visitó, el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró soldados usando las instalaciones o indicios de actividad militar actual o pasada, incluida la presencia de atuendos militares, municiones descartadas, paquetes de raciones del ejército y vehículos militares.

Las fuerzas rusas atacaron muchas de las escuelas utilizadas por las fuerzas ucranianas. En al menos tres ciudades, después del bombardeo ruso de las escuelas, los soldados ucranianos se trasladaron a otras escuelas de las proximidades, sometiendo a los barrios circundantes al riesgo de sufrir ataques similares.

En una ciudad al este de Odesa, Amnistía Internacional vio que los soldados ucranianos usaban habitualmente zonas civiles para alojarse y como áreas de maniobras, incluso emplazando vehículos blindados bajo árboles en barrios puramente residenciales y usando dos escuelas situadas en zonas residenciales densamente pobladas. Los ataques rusos cerca de escuelas han causado la muerte y heridas a varias personas civiles entre abril y finales de junio; el 28 de junio murieron una niña y una anciana en un ataque con cohetes contra su casa.

En Bajmut, las fuerzas ucranianas usaban un edificio universitario como base cuando lo alcanzó un ataque ruso el 21 de mayo y, según informes, causó la muerte de siete soldados. La universidad es colindante con un edificio de viviendas de gran altura que resultó dañado en el ataque junto con otras viviendas civiles situadas a unos 50 metros. El equipo de investigación de Amnistía Internacional halló los restos de un vehículo militar en el patio del edificio universitario bombardeado.

El derecho internacional humanitario no prohíbe expresamente a las partes en un conflicto establecer bases en escuelas durante los periodos vacacionales. Sin embargo, las fuerzas armadas tienen la obligación de evitar usar escuelas que estén cerca de casas o edificios de apartamentos llenos de civiles, poniendo sus vidas en peligro, salvo que haya una necesidad militar imperiosa. Si lo hacen, deben advertir a la población civil y, en caso necesario, ayudarla a evacuar. Aparentemente, esto no ocurrió así en los casos que ha examinado Amnistía Internacional.

Los conflictos armados inciden de forma muy negativa en el derecho a la educación de la infancia, y el uso militar de las escuelas puede causar una destrucción que prive aún más a los niños y niñas de este derecho una vez finalizada la guerra. Ucrania es uno de los 114 países que han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, acuerdo para proteger la educación en los conflictos armados que permite a las partes hacer uso de escuelas abandonadas o evacuadas únicamente cuando no haya una alternativa viable.

Ataques indiscriminados de las fuerzas rusas

Muchos de los ataques rusos que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses fueron llevados a cabo con armas inherentemente indiscriminadas, incluidas municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, o con otras armas explosivas con efectos en una superficie amplia. En otros se usaron armas guiadas con diversos grados de precisión; en algunos casos, las armas eran lo bastante precisas para dirigirse a objetivos específicos.

La práctica del ejército ucraniano de emplazar objetivos militares dentro de zonas pobladas no justifica en modo alguno los ataques indiscriminados rusos. Todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y adoptar todas las precauciones posibles, incluso en la elección de armas, para reducir al mínimo el daño a civiles. Los ataques indiscriminados que causan la muerte o heridas a civiles o dañan bienes de carácter civil son crímenes de guerra.

“El gobierno ucraniano debe asegurarse inmediatamente de que emplaza a sus fuerzas lejos de zonas pobladas o evacuar a la población civil de las zonas donde opera el ejército. Las fuerzas armadas nunca deben usar hospitales para combatir en una guerra y sólo deben usar escuelas o viviendas civiles como último recurso, cuando no haya alternativas viables”, concluyó Agnès Callamard.

El 29 de julio de 2022, Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano para presentarle las conclusiones de la investigación. En el momento de la publicación, aún no se había recibido ninguna respuesta.

Publicado en:

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

Larreta confirmó que no cumplirá la orden judicial y mantiene policía cerca de la casa de CFK, por "Portal de Noticias" del 30-08-22

Respetamos los fallos que nos gustan... 

El jefe alcalde porteño adelantó que apelará el fallo que lo obliga a cesar con el operativo en Recoleta y recusará al juez Gallardo.

30/08/2022

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta pidió a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que «no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones», al tiempo que cuestionó al juez Roberto Gallardo por la orden para retirar el vallado en Recoleta y señaló que la Policía de la Ciudad mantendrá el operativo de seguridad.

«La violencia es el límite y nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social. El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso tenemos que tener siempre mucha paciencia, templanza, aplomo para aislar a los violentos. No vamos a entrar en sus provocaciones», sostuvo el referente del PRO.

En declaraciones a la prensa, el mandatario de la Ciudad envió un mensaje a la titular del Senado: «A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia, que no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones».

«Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. Está a la vista el modelo que usted defiende del que yo creo: es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta, las agresiones, las antinomias. Es hora de que se ocupe de resolver sus problemas personales», agregó.

Rodríguez Larreta también cuestionó al magistrado que ordenó que se retire el vallado montado en las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta: «Obviamente apelamos el fallo y vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones».

«Tenemos la responsabilidad y la autonomía que nos da la Constitución», afirmó.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, definió a Gallardo como «es un juez a la carta, funcional al kirchnerismo».

Publicado en:

https://portaldenoticias.com.ar/2022/08/30/larreta-confirmo-que-no-cumplira-la-orden-judicial-y-mantiene-policia-cerca-de-la-casa-de-cfk/

Julian Assange y Rafael Correa. Dos casos de Lawfare, por Baltasar Garzón (para "Nodal" del 26-08-22)

 

Baltasar Garzón*

En mi vida profesional como juez he investigado la respuesta más brutal de las dictaduras contra los opositores políticos. He hundido los dedos en las vísceras de las más criminales represiones violentas en diferentes partes del mundo. Una respuesta que se caracterizaba por la violencia contra los colectivos opositores, en forma de detenciones arbitrarias masivas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales fuera de todo proceso y la desaparición forzada de personas.

Esa represión contra la oposición política de finales del siglo XX encontró una respuesta judicial, mejor o peor, desde países como España, a través de la jurisdicción universal y con el procesamiento de sus responsables en sus propios territorios. Es más, como culmen a estos procesos de lucha contra la impunidad, finalmente, la comunidad internacional decidió crear la Corte Penal Internacional, órgano judicial permanente para perseguir estos crímenes.

Sin embargo, la represión y persecución contra la oposición política no ha cesado. En el siglo XXI se ha cambiado la vestimenta. Ante la imposibilidad de desatar campañas violentas de persecución, ha mutado hacia sibilinos métodos de descrédito y encausamiento judicial, combinados sofisticadamente entre medios de comunicación y sectores del poder judicial, para expulsar a opositores políticos. Me refiero al denominado como “lawfare” o “guerra judicial”.

Actualmente la represión contra la oposición no se nos presenta vestida en forma castrense, con bandos militares y escenificando la ejecución de líderes políticos de oposición. En el siglo XXI esa represión ha y se ha vuelto sofisticada y quirúrgica, ejecutándose mediante el “lawfare”. Y para ello basta con desatar una campaña de calumnias mediáticas, aunque sean disparates, para que sean estratégicamente recogidas por ciertos jueces y fiscales que levanten el mazo y saquen del tablero político a esa oposición incómoda

Ejemplos de esta nueva forma de represión, más sofisticada, a través del “lawfare”, tenemos muchos en la región. Pero quizás el caso de estudio más relevante es el que se refiere a Ecuador. El “lawfare” en este país es paradigmático. Cumple con todos los requisitos exigidos y se manifiesta en la forma más pura. Al terminar su década de mandato Rafael Correa, entre 2007 y 2017, y tras dejar un país diferente al que encontró, con índices de desarrollo humano que se habían disparado, en forma orquestada se articuló un proceso instrumental contra él y contra toda persona que se sospechara aliada del exmandatario.

El gobierno de Lenin Moreno, a la sazón vicepresidente del propio Rafael Correa, desde el principio se mostró preocupado por el control de los tribunales. El Consejo de la Judicatura, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de “un proceso de evaluación” destituyó a 23 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia, la más alta instancia judicial. Y se cubrieron las vacantes con jueces “temporales”. Se procedió a destituir sin dilación a varios jueces que fallaron causas a favor de los líderes de oposición de la Revolución Ciudadana, de manera especial en lo referido a Correa.  ¿Hace falta un mensaje más claro y contundente?: El juez que discrepe de la posición oficial, será destituido. A Rafael Correa se le instruyeron 38 disparatados procesos hasta por fin obtener una condena en el tiempo récord de 16 días, con pena privativa de libertad de 8 años y 22 de inhabilitación para ejercer sus derechos políticos.

Se sumó así Lenin Moreno a la lista de los mandatarios que echaron mano de la justicia para, vía lawfare, eliminar a quien pudiera perturbarle en el uso poco mesurado del poder. Comenzó a utilizar sus medios afines para lanzar acusaciones de todo tipo, desde secuestros contra opositores que parecerían sacados de una película, hasta ridículos préstamos personales que se dibujaban como una de las más sofisticadas operaciones de blanqueo de capitales. Incluso loables acciones como la campaña de “la mano negra” de Chevrón, la compañía petrolera que destrozó gran parte del Amazonas ecuatoriano fue utilizada para atacar al expresidente. Y todas esas denuncias milimétricamente lanzadas desde la actual Presidencia, eran recogidas inmediatamente por los medios afines al poder, dimensionadas, ficcionadas, engordadas y abiertamente falseadas. Dejando el camino para la última fase del “lawfare”, que los jueces y fiscales afines al poder de turno abrieran causas penales contra el expresidente Correa con la intención de, a través de sus sentencias, eliminar de la vida política del país a todo el “correismo”. Proscribirlo de la concurrencia política para garantizar el poder sin la posibilidad de que esa opción política pueda regresar. La misma finalidad que las acciones militares, pero con otros métodos más sofisticados.

Pero lo llamativo es que el “lawfare” acordado “ad intra”, hacia dentro del país, desgraciadamente tiene pocos límites, y han perseguido y condenado a muchos de los aliados de Rafael Correa. Sin embargo, el desplegado “ad extra”, hacia fuera del país, se ha tornado en más complicado de presentar ante otros actores. Y ello porque Rafael Correa se encuentra en Bélgica. Esto ha motivado que, por ejemplo, la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL se haya negado a tramitar algunas de esas órdenes internacionales de detención. O que Bélgica, evidentemente, no se haya prestado a ese “lawfare”.

El odio que subyace en el “lawfare” desatado contra Rafael Correa ha afectado a toda persona cercana, y por supuesto, a toda su obra. Y uno de los mayores éxitos de la administración de Correa a nivel internacional, el asilo al periodista Julian Assange, también ha sido objeto de ataques del “lawfare”. La práctica totalidad de las organizaciones de derechos humanos del mundo, como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, se han posicionado contra la persecución de Estados Unidos a un periodista, simplemente por publicar información veraz que revelaba crímenes de guerra en Iraq y Afganistán. La mayoría de los organismos de protección de derechos humanos de la ONU igualmente se han posicionado contra la persecución desatada por Estados Unidos, ya que genera un peligroso precedente para la libertad de prensa en el mundo. Y en esa línea, Ecuador, bajo la administración de Rafael Correa, cumplió con sus obligaciones internacionales y se enfrentó a Estados Unidos, brindándole asilo al periodista en su misión diplomática en Londres y protegiéndole con uñas y dientes frente al país más poderoso del mundo.

Pero claro, esa obra de gallardía internacional olía a “correismo”, y el actual presidente, Lenin Moreno, apuntó su “lawfare” también hacia Julian Assange. Y de esta forma, la Embajada de Ecuador en Londres se convirtió en una cárcel, se incomunicó al asilado, se le prohibieron las visitas y el contacto con el exterior. Se le impuso un protocolo que no se registra en el país ni para los peores criminales con condenas carcelarias. Además, se habría estado espiando al asilado dentro de la embajada, en una trama que se investiga en la jurisdicción española. Pero todo eso no forzó la expulsión de Assange, por lo que, finalmente, el 11 de abril de 2019, Lenin Moreno decidió la expulsión unilateral del asilado, violando todos los instrumentos internacionales de asilo y protección de derechos humanos y dejándole en manos de la extradición de Estados Unidos por la que se le piden, nada menos, que 175 años de cárcel.

Curiosamente, el 11 de abril de este año, dos años después de aquella expulsión, se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Es muy probable que la opción afín al expresidente Correa gane, por lo que, de alguna forma, habrá perdido el sucio “lawfare” y habrán ganado Rafael Correa y Julian Assange, si no se vuelve a utilizar aquel, como ya se atisba, con acciones concordadas de las fiscalías generales de Colombia y Ecuador, para evitarlo, extremo que ha sido advertido y denunciado por el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial.

Noam Chomsky, en su informe pericial sobre el caso Assange, advirtió: “El gobierno norteamericano busca criminalizar a Julian Assange por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”…, “El supuesto crimen de Julian Assange, al esforzarse por descubrir secretos gubernamentales, es violar los principios básicos del gobierno, levantar el velo del secreto que protege el poder de miradas ajenas y evita que se disipe..” y los poderosos entienden que esto “.. puede hacer que el poder desaparezca”.  Por su parte el “crimen” de Rafael Correa es haber sacado a Ecuador de la sima de la corrupción y el no derecho y ponerlo en unos índices de gobernabilidad y bienestar altos y seguir siendo referente en un país en el que las instituciones han sucumbido al lawfare en el que el gobierno saliente las ha introducido con la inestimable dirección e impulso de la administración norteamericana. Así es.

* Magistrado y abogado

PUBLICACIÓN ORIGINAL 15-03-21

Publicado en:

https://www.nodal.am/2022/08/julian-assange-y-rafael-correa-dos-casos-de-lawfare-por-baltasar-garzon-2/

El mensaje de unidad del PJ nacional en respaldo de Cristina Kirchner, por Melisa Molina (para "Página 12" del 31-08-22)

Los dirigentes de los distintos sectores del PJ coincidieron en que hay un embate para proscribir al peronismo.. Imagen: NA

Estado de alerta y convocatoria a actos del Frente de Todos en todo el país

El documento acordado advierte que el juicio contra CFK "se encuentra viciado, con ausencia de pruebas, parcialidad por parte del tribunal y vulneración del principio de inocencia". También apunta contra Rodríguez Larreta y el pedido de juicio político al Presidente. Las duras definiciones de Alberto Fernández en el encuentro. 

Por Melisa Molina

31 de agosto de 2022 

Ante lo que consideran un nuevo embate del Poder Judicial para proscribir al peronismo, el PJ nacional tuvo una reunión cumbre en su sede central ubicada en la calle Matheu. Fue encabezada por el presidente Alberto Fernández y allí definieron, además de ratificar el estado de alerta y movilización, convocar a un encuentro del Consejo y de los partidos políticos que integran el Frente de Todos para el 9 de septiembre en Santiago del Estero, así como una serie de actos y plenarios por distintas provincias. De la reunión --que hasta contó con la presencia virtual de expresidentes de la región-- participaron los referentes más importantes del FdT para apoyar a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y evaluar los pasos a seguir para defenderla, tras del pedido de condena del fiscal Diego Luciani. "Voy a estar al lado de CFK defendiendo sus derechos", dijo el Presidente y denunció que "es evidente que ciertas fuerzas políticas han copado el Poder Judicial". La declaración final fue titulada "El regreso de prácticas desterradas", y tuvo fuertes críticas, no solo al Poder Judicial, sino también al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El Presidente, cuando tomó la palabra, opinó: "Me da asco lo que hacen ciertos jueces en la Argentina" y advirtió que "está en riesgo el estado de derecho". "Por eso estamos más convencidos que nunca de que tenemos que estar unidos. Eso es lo que más fuertes nos hace", dijo. El mandatario destacó que "cuando alzamos nuestra voz es porque nos une la necesidad de justicia y, si se hace justicia, CFK tiene que ser declarada inocente". "Los opositores que me pidan todos los juicios políticos que quieran, estoy orgulloso de defender el estado de derecho. Ninguno de los que estamos acá fue cómplice de un golpe de Estado. Siempre fuimos víctimas y ellos no nos van a enseñar qué es la democracia".

El documento final

En el documento que fue consensuado por todos los presentes y que difundieron al finalizar la reunión, además de decir que "el proceso judicial en el que CFK es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita se encuentra viciado, con ausencia de pruebas, parcialidad por parte del tribunal y vulneración del principio de inocencia", hubo un párrafo especial para cuestionar al jefe de gobierno porteño y a la policía de CABA. "Repudiamos las provocaciones ejercidas mediante la colocación de vallas, la represión con gases y camiones hidrantes y la violencia física para con ciudadanos y ciudadanas que libremente desean manifestarse en el espacio público", puntualizaron. Además, se pronunciaron contra "la violencia ejercida por la Policía de la Ciudad contra el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner" y rechazaron "la detención de personas por manifestar una idea política".

El escrito planteó que "resulta inadmisible la actitud de dirigentes de algunos partidos de la oposición que han pedido el juicio político contra el Presidente por haber manifestado su condena a la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta". Por último, exigieron "el cese de la filmación de manifestantes y domicilios de dirigentes políticos". "Este escándalo político, mediático y judicial no es otra cosa que el lawfare que azota a todas las fuerzas progresistas de Latinoamérica", resaltaron. 

Las intervenciones

Además de Fernández, en la cabecera estuvieron Pablo Moyano, uno de los titulares de la CGT --sorprendió la ausencia de Héctor Daer, otro de los secretarios generales y consejero del PJ--; el titular de la AFI, Agustín Rossi; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller, Santiago Cafiero; los diputados Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés; el gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la legisladora Lucía Cámpora; la senadora Lucía Corpacci y la vicegobernadora del Chaco, Analía Rach Quiroga. La diputada Cristina Álvarez Rodríguez y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participaron por Zoom.

Fernández no iba a estar presente porque había viajado a Bariloche, pero decidió volver antes para participar. El encuentro, que estaba anunciado a las 18, finalmente comenzó después de las 19. Además de diputados, ministros, intendentes, dirigentes de La Cámpora, gobernadores, sindicalistas y representantes de todos los partidos políticos que integran el FdT, dejaron su mensaje virtual distintos líderes de la región como los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Dilma Rousseff; de Colombia, Ernesto Samper; y el exmandatario de España José Luis Rodríguez Zapatero. Samper expresó que "el lawfare afecta al estado de derecho porque se desconoce el derecho a la defensa. Lo que quieren es sacar a los líderes populares de la política, como pasó con Lula y ahora con CFK". Zapatero agregó que "Latinoamérica tiene que apoyar más que nunca a Cristina, a Brasil y a Colombia".

La dinámica del encuentro tuvo etapas. La apertura estuvo a cargo de Cafiero. "Estamos todos dispuestos a continuar dando esta batalla para que en la Argentina no haya más persecución judicial", dijo. Luego, hablaron los vicepresidentes del PJ y los miembros de los partidos. Cuando tomó la palabra, Manzur dijo que "lo que le pasó a CFK merece el repudio más enérgico y por eso es esta convocatoria. Creo firmemente en la inocencia de nuestra vicepresidenta". La sala se colmó de aplausos. A su turno, Pablo Moyano expresó que "CFK está sufriendo una causa inventada y vamos a acompañar todas las medidas que se tomen acá". Además, destacó que "reivindicamos la marcha que hicimos el 17 y creemos que es una buena noticia que se subieran las asignaciones familiares".

Las ideas rectoras

El documento original fue armado por Cafiero --que festejó su cumpleaños en la reunión del PJ-- Manzur y Rossi. Desde ese sector más ligado al Presidente, consideran que el peronismo se encuentra en los albores de "una larga pelea", y que por eso, la primera escala de este camino es realizar un congreso nacional. También confirman que, como todos los años, el 17 de octubre habrá una gran marcha, pero no consideran propicio organizar otras antes. "De todos modos estamos en estado de alerta y movilización", recuerdan.

Para ellos, lo central en todo este recorrido será lograr "federalizar y peronizar la discusión". "No se puede achicar el problema y reducirlo a una 'pelea de consorcio' por las vallas, o algo solo del PJ bonaerense o porteño. Tiene que estar la CGT adentro, hay que convocar e involucrar a todo el peronismo", afirman y creen que para eso, la herramienta del PJ nacional es central. "Desde los medios quieren decir que lo que está pasando es algo que molesta a la Cámpora o a los kirchneristas, tratan de achicarlo, pero acá hay una persecución al peronismo en su totalidad. Siempre que la oposición antagoniza con el kirchnerismo gana, pero si lo hace con el peronismo unido, pierde", opinan.

A la vicepresidenta, dicen, también le interesa que esa ampliación suceda y que en el centro de la escena no esté solo ella, por eso pide a sus seguidores que "canten la marcha peronista". "CFK es dueña de la identidad más potente de todo nuestro espacio y por eso la oposición está dispuesta a todo", subrayan en el FdT.

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/477778-el-mensaje-de-unidad-del-pj-nacional-en-respaldo-de-cristina

“NO TENEMOS GENTE RACIONAL FRENTE A NOSOTROS”

Cristina Kirchner expone frente a los diputados y senadores del Frente de Todos.. Imagen: NA

 "Una policía política se apoderó de la seguridad las calles de la Ciudad de Buenos Aires"

Opinó sobre la interna opositora

Cristina Kirchner sobre la represión del sábado: "Los responsables son los mismos que en 2001"

Ante los diputados y senadores del Frente de Todos, Cristina Kirchner pidió repensar la jurisdicción de la Policía de la Ciudad, al comentar que "una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles". También mencionó la protección judicial al macrismo. 

31 de agosto de 2022 

La vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo en la tarde del martes una reunión con senadores y diputados que integran los bloques del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, del que participaron los jefes de bancada y la mayoría de sus integrantes. En la cumbre, la presidenta del Senado insistió en marcarle a Juntos por el Cambio que no resuelva su interna en base a la represión policial: "No tenemos gente racional frente a nosotros", comentó a los cientos de legisladores que la acompañaron en el Salón Azul del Congreso y les recordó que los que empujaron la represión fueron también los responsables del desastre de 2001.

El encuentro comenzó pasadas las 17.30 de este martes, cuando la Presidenta del Senado ingresó al Congreso, en el que ya estaban esperándola más de un centenar de diputados y senadores, que la recibieron con un fuerte aplauso. Los diputados y senadores oficialistas cerraron filas en defensa de la ex presidenta y le llevaron su respaldo y solidaridad.

Previo a la llegada de la vicepresidenta fueron ingresando al lugar los legisladores, encabezados por sus jefes de bancada: el diputado Germán Martínez y los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti. Una de las primeras en ingresar fue la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien, al igual que el resto de los invitados al encuentro, debió dejar su celular en la puerta del Salón Azul. Entre los presentes figuraban también los diputados Rodolfo Tailhade, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Lucas Godoy y Carolina Gaillard; y los senadores Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio. También el senador neuquino Oscar Parrilli, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el diputado porteño Eduardo Valdés, el sanjuanino José Luis Gioja y la diputada de La Cámpora y secretaria parlamentaria, Paula Penacca.

Cristina Kirchner hizo mención también a la persecución judicial en su contra, luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera su proscripción y una condena de 12 años por el delito de asociación ilícita. La vicepresidenta recordó los casos similares en Brasil y Ecuador, aunque comentó que en Argentina el Lafware fue un "poquito más allá". "No solamente es la persecución, la estigmatización y la anulación de los proyectos nacionales y populares sino, además, el encubrimiento de lo que han hecho ellos. Sus causas totalmente detenidas en la Justicia", apuntó CFK.

Y completó: "De las que hay, pasando por el soterramiento, pasando por el endeudamiento, pasando por las autopistas, pasando por el espionaje claramente. El espionaje a todos, porque había espías a todos y todas. A nadie le faltó… Un espía no se le niega a nadie en un gobierno macrista, no perdonaron a nadie, ni a los propios siquiera".

"Hoy le dimos un respaldo explícito a la vicepresidenta", subrayó el jefe del interbloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, y agregó que "ellos (en relación con un sector del Poder Judicial) quieren dañar al sistema borrando todo lo que hizo el gobierno anterior".

A su turno, la diputada porteña Silvia Penacca resaltó que "se realizó una demostración de apoyo, de cariño y de afecto" a Fernández de Kirchner. "El partido judicial la quiere proscribir a ella y al peronismo, así como a cualquier candidato surgido del campo popular", sentenció.

Las principales definiciones de Cristina Kirchner

Los mismos que en el 2001

"La escuchaba a Cecilia cuando contaba que le recordaban a otras movilizaciones como fue la del 2001. No era el mismo talante porque esta era una movilización de gente alegre fundamentalmente. Alegre y que fue atrás de un objetivo. Y yo me acuerdo del 2001, yo era senadora junto con José, junto con José Luis, sé que vos Leopoldo eras diputado pero nosotros éramos los opositores. Y realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 200. Lo que vimos el sábado y posteriormente todo el fin de semana. Ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo. Fue la misma que lo llevó a un presidente en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio. Yo era, reitero, senadora, Alfonsín, el presidente, era senador. Casualmente un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi. ¿Se acuerdan? Yo por lo menos me acuerdo porque lo integraban los hijos del Presidente, una ministra que ahora es la Presidenta del Pro. Se acuerdan. Bueno, fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De La Rua para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime. Ese decreto de estado de sitio y todo lo que se desencadenó después: 39 muertos a lo largo y ancho del país entre el 19 y el 20 de diciembre. Fue lo que ocupó mi cabeza todo ese día sábado cuando veía las escenas y cuando, incomprensiblemente, comenzó a desatarse la represión." 

Agresión a Máximo Kirchner 

"Cuando hablé esa noche yo no sabía lo que había pasado con Máximo, no sabía. Cuando llegó a casa, llegó a casa colorado. Seguramente si me hubiera contado porque… más allá del rol institucional o político que una tiene, tiene también el rol de madre, soy madre. La verdad que hubiera dicho alguna cosa más seguramente pero yo no había visto esto. Lo vi recién el domingo por la mañana todo lo que había sucedido con él. Él es muy hermético, lo conocen ustedes compañeros y compañeras de bloque. No habla ni una palabra de más ni una de menos. Y cuando yo le pregunté: ¿pero por qué no me dijiste lo que había pasado al otro día? 'Primero para que no digas… y segundo porque lo que me pasó a mí le había pasado a un montón de gente y el hecho de que yo fuera tu hijo no me colocaba en un lugar de privilegio para quejarse. Lo que me pasó a mí le pasó a compañeros, a compañeras, a gente que ni siquiera es militante. A gente que fue suelta'". 

Interna de Juntos por el Cambio

"Me preocupa una oposición que quiere dirimir posicionamientos internos en base a estas cuestiones. Escuchar a alguien que tuvo responsabilidades institucionales y que las tiene desde la política, decir: 'No importa los costos que pueda tener el ejercicio de la seguridad.' Que es precisamente la misma persona que integraba el grupo que le hizo firmar al presidente De La Rua el decreto de estado de sitio que terminó con 40 muertos y un gobierno inconcluso. No es que me ponga nerviosa ni es que me ponga miedosa. Simplemente me da un ejercicio de responsabilidad muy grande porque no tenemos gente racional frente a nosotros".

"Uno puede estar en las antípodas de pensamiento, de la concepción de gobierno, de la ideología, de todo. Lo que no puede, por lo menos a mí me cuesta mucho, es admitir tal grado de irracionalidad y de irresponsabilidad en el ejercicio del gobierno y fundamentalmente de la militancia política".

El debate por una Policía de la Ciudad 

"Quería plantearlo en este ámbito que es el ámbito legislativo, del Poder Legislativo de la República Argentina, yo creo que tenemos que también repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos y que, de repente, una policía política se ha apoderado de la seguridad de las calles. Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos. Por esta Capital hubo guerras civiles durante todo el siglo 19 así que creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del gobierno federal también en una ciudad como esta". 

El Poder Judicial

"Y la otra cuestión que planteó José y que se refiere también y que este es el ámbito adecuado con el tema de la última parte del alegato del fiscal, del guión del fiscal, del mal guión porque es un mal guión por otra parte. Mal guión porque hay guiones que son buenos guiones que pueden merecer un Oscar. Pero un mal guión cuando dice que todos los actos de los poderes del Estado, todos, son absolutamente revisables y que son los jueces los que tienen la última palabra sobre los actos. A ver: yo quiero seguir viviendo en un sistema republicano, representativo y federal y en una democracia, esencialmente ¿no? Donde el gobierno lo elige el pueblo en elecciones libres, democráticas y sin proscripciones cada cuatro años. Me parece que es clave salir del derecho penal para ir al derecho constitucional, de cómo está organizado el país y cuál es su poder".

La demora en las causas de los dirigentes macristas

"Creo que también hay, y lo dije el otro día, un desarrollo de carácter regional. Lo dijo José en el caso de Lula, en el caso de Rafael Correa en Ecuador pero, acá han ido un poquito más: no solamente es la persecución, la estigmatización y la anulación de los proyectos nacionales y populares sino, además, el encubrimiento de lo que han hecho ellos. Sus causas totalmente detenidas en la Justicia. De las que hay, pasando por el soterramiento, pasando por el endeudamiento, pasando por las autopistas, pasando por el espionaje claramente. El espionaje a todos, porque había espías a todos y todas. A nadie le faltó… Un espía no se le niega a nadie en un gobierno macrista, no perdonaron a nadie, ni a los propios siquiera".

Volquetes en Recoleta

"Miren, durante los 5, 6 días, cantando consignas en la puerta de mi casa no se insultó a nadie, no había una sola persona diciendo una mala palabra, creo que la palabra más grande es quilombo. Pero no se insultó a nadie, no se mencionaba a ningún dirigente de la oposición. Y la verdad que intentaron una provocación, como la de los volquetes, que quiero referirme a eso específicamente, porque me indignó. Me llama Oscar esa tarde del sábado desde Neuquén y me avisa de los volquetes, me manda las capturas de los volquetes y me dice "van a hacer lo mismo que hicieron en el Congreso con la reforma previsional, van a querer hacer lo mismo". Entonces, mandamos compañeros y decían algunos "claro, cada volquete pesa 7 toneladas, por eso hablaban de las 14 toneladas cuando decían que en la reforma previsional le habían...". El otro día escuchaba que alguien decía en la televisión que habían hecho un cálculo de que esos volquetes tienen 7 mil kilos, más o menos, una cosa así, claro 7 toneladas. Dos volquetes son 14 toneladas, a una cuadra y media de mi casa. Pero, miles de personas se movilizaron y no hubo un desmán, nada, absolutamente nada. Porque además el peronismo es alegría, somos históricamente alegres".

La conferencia completa de CFK en el Senado

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Cristina Kirchner reúne a los bloques del Senado y Diputados del Frente de Todos, por "Página 12" del 30-08-22

Imagen: NA

Reunión en el Congreso

30 de agosto de 2022

La vicepresidenta Cristina Kirchner mantiene en la tarde del martes una reunión con senadores y diputados que integran los bloques del Frente de Todos en el Congreso de la Nación, del que participan los jefes de bancada y la mayoría de sus integrantes.

El encuentro comenzó pasadas las 17.30 de este martes, cuando la Presidenta del Senado ingresó al Salón Azul del Congreso, en el que ya estaban esperándola más de un centenar de diputados y cenadores.

Previo a la llegada de la vicepresidenta fueron ingresando al lugar los legisladores, encabezados por sus jefes de bancada: el diputado Germán Martínez y los senadores José Mayans y Anabel Fernández Sagasti.

Una de las primeras en ingresar fue la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien, al igual que el resto de los invitados al encuentro, debió dejar su celular en la puerta del Salón Azul.

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El mapa de las causas judiciales que se abrieron tras la represión en Recoleta, por Irina Hauser (para "Página 12" del 30-08-22)

 Agentes encubiertos, espías en las azoteas, el volquete y las modulaciones para cazar

La Policía de la Ciudad apostada alrededor de la casa de Cristina Kirchner.. Imagen: Leandro Teysseire

Legisladores del FdT impulsaron causas en la Ciudad y la Bicameral de Inteligencia en la Justicia federal. El fallo de Gallardo que ordenó el cese de la custodia porteña en la casa de CFK advierte que debe estar protegida por la Federal porque “cualquier otra solución podría llevar a situaciones de desmadre social y violencia inconmensurables”.

Por Irina Hauser

30 de agosto de 2022 

“Las normas son muy claras. La seguridad de la señora Vicepresidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños a cargo de la policía local”, advirtió este lunes el juez Andrés Gallardo al ordenar en una resolución al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que a través de su Ministerio de Seguridad, “cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidante de la Nación”. 

Señala que “la policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio” de Cristina Fernández de Kirchner “en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal”. Gallardo convocó también a una audiencia este miércoles a la que deberán concurrir las y los denunciantes y los ministros de seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y de la Nación, Aníbal Fernández.

La denuncia por el espionaje

El gobierno porteño debe acatar la orden de Gallardo, y aunque apele no se suspende la decisión judicial, según allegados al expediente. En el fuero federal se abrió otra causa, que quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, impulsada por integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia (Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés) contra Rodríguez Larreta y D’Alessandro por tareas de espionaje del personal policial que filmaba y tomaba imágenes de los manifestantes que iban a dar apoyo a CFK en forma pacífica. 

El escrito exhibe las fotos de los policías “apostados con cámaras en determinados balcones de viviendas de vecinos de los edificios aledaños” y personal de civil merodeando la vivienda. Una suerte de contra denuncia absurda fue presentada por Patricia Bullrich y otros referentes del PRO contra la propia CFK, Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el dirigente Luis D’Elía y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini por incitación a la violencia colectiva, asonada, abuso de autoridad y violación de los deberes, que le tocó al juzgado 6, que subroga Daniel Rafecas.

La custodia de Cristina Kirchner

Mientras tanto, el ministro Fernández anunció en su cuenta de Twitter “la decisión de ampliar la custodia de la compañera Vicepresidenta de la Nación, a la custodia de su domicilio independientemente de la custodia personal de la Policía Federal”.

El juez Gallardo explicó que las fuerzas federales son las que ejercen “la dirección y el comando único” en los operativos de control vinculados a CFK, lo que no quita que puedan pedir colaboración a las fuerzas locales. Y alertó: “Cualquier otra solución sería, en términos de desempeño policial preventivo, un verdadero dislate y podría llevar a situaciones de desmadre social y violencia, inconmensurables, en tanto, con un supuesto mismo objetivo, las fuerzas locales y federales, sin un comando unificado podrían tomar decisiones antagónicas y peligrosamente contradictorias”. 

Se deduce que la decisión del gobierno porteño de vallar la cuadra de la casa de la vicepresidenta (cuando se multiplicaban las movilizaciones de apoyo) y llenar el lugar de policías, camiones hidrantes, uso de gases lacrimógenos y otras acciones represivas, no puede entenderse sin una decisión e intención política.

Las denuncias por el vallado

El mismo sábado 27 a raíz del vallado y la gran presencia policias se presentaron amparos ante el fuero contencioso administrativo porteño. El primero fue del dirigente Juan Grabois, quien luego le pasó la posta a la legisladora del Frente de Todos (FDT) Ofelia Fernández; hubo otros de la legisladora Claudia Neira y su colega Claudio Ferreño (FDT) y de los diputados Mariano Recalde y Paula Penacca, entre otros. El juez en funciones el fin de semana, Osvaldo Otheguy decidió no encausar los pedidos de habilitación de turno porque consideró que no había “un asunto urgente”. El lunes ya se juntaron todas las causas en el juzgado de Gallardo, donde fue asignada la primera denuncia.

Los planteos coincidían en señalar la violación de los derechos a la libre circulación, a la libertad de expresión y a manifestarse en la vía pública, pedían remover los vallados y otros obstáculos, limitar el accionar arbitrario e ilegítimo de la policía porteña, evitar detenciones; algunos plantearon la identificación de los agentes que participaron, la prohibición del uso de agentes encubiertos, la portación de armas de fuego y la remisión de todos los registros filmográficos de los agentes. 

Una ampliación de denuncia de Ofelia Fernández hace hincapié en que el operativo, además del uso de tonfas y gases frente a una movilización sin violencia, incluyó las actividades de inteligencia ilegal, por evidentes razones políticas, algo prohibido por la ley de inteligencia. Recordó que la protesta es un derecho que, al revés de lo ocurrido, debe gozar de la protección de la vida y la integridad física de quienes participan. Contra eso, señala, fueron agredidos el periodista Ezequiel Guazzora y los diputados nacionales Natalia Zaracho, Itaí Hagman, Federico Fagioli y Máximo Kirchner, entre otros.

La Policía de la Ciudad como policía política

En las modulaciones policiales, se conoció con el correr de las horas, era fácil advertir el papel de policía política que asumió la de Rodríguez Larreta:

“El gobernador de la provincia (Axel Kicillof) es un manifestante más en este momento. Vamos a trabajar con el personal urbano de la manera correcta, está formada la línea y vamos a aguantar. El hidrante a tomar posición por detrás del personal policial”, decía un agente.

“Está (Andrés “Cuervo”) Larroque, no tiene fueros ni inmunidad diplomática”, se regodeaba otro en alusión al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense.

O sea, el mensaje era que podían reprimirlos libremente o incluso detenerlos. Máximo Kirchner fue agredido e insultado por la propia policía y en las modulaciones, aparece otro mensaje donde alguien dice que “ya no es presidente de la cámara de Diputados”, para colmo con información errónea porque nunca tuvo ese lugar, fue jefe del bloque del PJ.

La orden del juez

El juez Gallardo analizó todas las leyes y resoluciones vigentes, incluso algunas del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich y concluyó que: “no hace falta inventar nada, sino aplicar adecuadamente la ley. Desde la Constitución hacia abajo, dar entidad a lo que las normas disponen. Las normas son muy claras. La seguridad de la señora Vice Presidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños, a cargo de la policía local”. 

El asunto sería más sencillo de resolver, dijo el magistrado si el gobierno local y el federal “fueran del mismo signo político o si al menos existiera, signos opuestos mediante, un nivel de diálogo y acuerdo operativo básico que permita garantía de todos y cada uno de los derechos constitucionales menoscabados. Solo se trata de armonizar las necesidades de unos y otros para impedir que los hechos deriven en situaciones violentas de las que luego haya que lamentarse. Pero, infelizmente, el tema se ha judicializado porque no parecerían existir diálogos fértiles sino imputaciones altisonantes que nos pondrían frente a un peligroso cauce de escaladas simétricas. La democracia no debe sucumbir frente a las tentaciones de la violencia represiva alentada por aquellos sectores que promueven la prevalencia de la facticidad por sobre la legalidad…”.

La resolución señala que las movilizaciones “que dieron origen a la represión por parte de las fuerzas locales” tienen como fin expresar ideas en relación a Cristina Fernández de Kirchner. “No importa si son a favor o en contra, sino lo que cuenta es que son expresiones por o para ella y que impactan en su esfera personal, familiar y social”, sostuvo. Para ella corresponde la custodia federal, que puede variar en dimensión según los sucesos. 

“Para ser bien gráficos y evitar interpretaciones tendenciosas de lo que se va a resolver. Si se produjese un arrebato en el territorio en cuestión lindante con el domicilio de la señora Kirchner o un robo en el kiosco de enfrente de su casa, obviamente esas situaciones corresponden a la policía local (sin perjuicio de que el proceder frente al delito atañe a cualquier efectivo cercano al hecho por imperativo legal). No sea cosa que se pretenda decir ahora que los vecinos de la Vice presidenta quedarán sin protección policial y se los atemorice con esa opción…".

En Comodoro Py

La jueza Capuchetti enviaría este martes el expediente al fiscal Carlos Rívolo para que analice si impulsa una investigación por la denuncia sobre espionaje ilegal, a la que se sumó una ampliación por la presencia de dos volquetes con cascotes cerca de la vivienda de CFK. 

Los diputados de la Comisión Bicameral de Inteligencia recuerdan allí que la Ley 25520 prohíbe “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales comunitarias, cooperativas, asistenciales culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”. 

La inteligencia ilegal, es sabido, ha sido una marca ya desde el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir a opositores (y a los propios). Es ostensible que Larreta apuesta a ponerse todavía más a la derecha. 

Publicado en:

https://www.pagina12.com.ar/477485-el-mapa-de-las-causas-judiciales-que-se-abrieron-tras-la-rep

La casa de Cristina Kirchner transformada en un altar, por Melisa Molina (para "Página 12" del 30-08-22)

Imagen: Leandro Teysseire

Una peregrinación que no para

La Policía porteña esta vez mantuvo los carros de asalto a unas cuadras de la esquina de la Recoleta donde la gente espera a la Vicepresidenta para tocarle la mano. Los lugareños espantados que arrojan bollos de papel mojado y agua desde las alturas contra los que se acercan.

Por Melisa Molina

30 de agosto de 2022

Cientos de personas volvieron a concentrarse frente a la puerta de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por octava vez consecutiva desde que el fiscal Diego Luciani pidió para ella 12 años de condena y la proscripción perpetua. Una vez más, las calles de la Recoleta, uno de los barrios más paquetes de la Capital Federal, fueron una fiesta y, a diferencia de los días anteriores, este lunes la policía de la Ciudad de Buenos Aires no montó un operativo desmedido para reprimir porque la cantidad de personas que asistió fue menor que la que se acercó durante todo el fin de semana. Hubo, sin embargo, algunos carros de asalto a unas cuadras del domicilio y en la intersección de las calles Juncal y Uruguay se instaló un grupo de agentes de tránsito que organizaban la circulación. La vicepresidenta, que había salido de su casa a las 12 del mediodía para ir al Senado, volvió a las ocho de la noche y los manifestantes, con mucho amor y respeto, se acercaron a ella para que firme el libro Sinceramente, para poder decirle gracias, o simplemente para tocar su mano. Ella les agradeció uno por uno, los abrazó y saludó y luego ingresó al domicilio. Una vez que eso sucedió, las personas comenzaron a desconcentrar de manera muy tranquila.

La movilización comenzó cerca de las cuatro de la tarde cuando un grupo de militantes de las organizaciones Peronismo por la Soberanía; Movimiento Octubres y Peronismo 26 de Julio, concentraron en 9 de julio y Juncal. En esta ocasión no hubo militantes de la Cámpora ni de otras de las organizaciones más masivas. El grupo de unas 300 personas comenzó a caminar por la vereda --estaba la orden de no cortar las calles-- hacia la casa de CFK, pero en el camino los vecinos del barrio, llenos de ira, les arrojaban por los balcones bollos de papel mojados y agua.

Una vez en la puerta del edificio, entre la gente se ve a una familia que, muy emocionada, se saca selfies y se abraza. "Venimos de Concordia especialmente a saludar a Cristina. Yo soy abogado y como hoy es el día del abogado no trabajé y vinimos a verla con mi familia", cuenta Mariano. Al lado, su compañera rompió en llanto y dijo a este diario que "le debemos a Cristina que haya nacido nuestra hija, Eva, por el tratamiento por fertilización asistida. Ocho años estuvimos intentando tenerla y nació en el 2014, el año que salió la ley de fertilización". Ella opina que CFK debe ser la candidata a presidenta en 2023. "Pienso que CFK es la única que puede llevar adelante un proceso de recuperación y enfrentarse a los que hay que enfrentarse para poder ayudar al pueblo argentino. No veo en otro dirigente del peronismo los ovarios que tiene CFK", termina.

Cerca de ellos está Ramón, que vino desde el barrio de Lugano. Tiene 55 años y lleva puesta una remera que tiene la foto de Cristina, el día que presentó Unidad Ciudadana en un acto de 2017 en la cancha de Arsenal. "Esta remera la usé para la campaña anterior, pero ahora le agregué el 2023", dice entre risas. Cuando tenía 17 años Ramón fue a la guerra de Malvinas y asegura que quiere a la vicepresidenta por "sus políticas de soberanía".

Durante el gobierno de Macri, Ramón se quedó sin trabajo. Lo despidieron de la fábrica de Terrabusi, donde trabajó toda su vida. Ahora trabaja en un comedor comunitario y a cambio recibe un programa Potenciar Trabajo. Además hace changas en la construcción. "Los que dicen que los que cobramos planes no trabajamos no saben nada, porque yo trabajo y tengo 55 años, pero por más que tenga experiencia y el secundario terminado nadie me contrata", subraya. "Vengo a apoyar a nuestra líder política indiscutible que es CFK. Tiene que volver a ser presidenta para que volvamos a tener felicidad, trabajo y podamos pagar la deuda que dejó Macri", finaliza.

En la calle Juncal, la única que estuvo cortada en una sola cuadra, ya que en Uruguay seguían circulando los autos y colectivos, la gente canta el "che gorila, che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar". Algunas vecinas, mientras tanto, pasan indignadas y los insultan, al igual que lo hacen otras personas desde los balcones. Una de ellas, pasa con un tapado de piel y un perro caniche y dice: "odio ver gente vagando y que no trabaja. No tienen derecho a estar acá, yo vivo en este barrio desde que nací". Ante la consulta de este diario sobre cuál es su trabajo, dice: "ahora no trabajo, pero trabajé en ropa".

También hay carteles con corazones pegados arriba de la puerta del edificio y hasta un hombre disfrazado de pingüino. Rodrigo hizo uno de los carteles y cuenta que "vengo a acompañar a CFK porque creo que la derecha está utilizando como herramienta represora a la Justicia y hay que defenderla". Tiene 21 años y pidió un rato en el trabajo --es oxigenista en el Hospital Rivadavia-- para poder venir con su novio. "El kirchnerismo ayudó mucho a la inclusión, yo soy bisexual, estoy con mi novio, e hicieron mucho por nosotros como el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans, hay un montón de cosas que marcaron a nuestra generación y esperamos que la sigan marcando", concluye.

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