“El 22 de febrero se va a ver si los trabajadores creen en sus dirigentes o en los políticos” de Cambiemos. Con estas contundentes palabras, el secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, confirmó hoy la movilización prevista para ese día contra la política económica del Gobierno, en medio de la escalada de tensión entre la administración macrista y el sindicalismo opositor.
El dirigente gremial exteriorizó su satisfacción al haber recibido el apoyo de las dos CTA y del titular del Suteba, Roberto Baradel, oportunidad en la que sostuvo que “esta convocatoria ha superado los reclamos de los Camioneros. Todos los sectores están reclamando una movilización contra los despidos y el techo salarial”.
Destacó que “sin lugar a dudas será una marcha pacífica”, y responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “cualquier incidente violento que ocurra” durante la movilización.
Asimismo, Moyano recibió el apoyo del consejo directivo de la CGT que por mayoría apoyó la protesta contra la política económica y laboral de la Casa Rosada, a pesar de las diferencias internas que mantiene su sector y el de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) del bancario Sergio Palazzo con los sindicatos de los llamados “gordos” e “independientes”, que buscan una relación dialoguista con el Poder Ejecutivo.
Al término de la reunión, que se realizó en el Sindicato de Camioneros, el secretario gremial de la CGT minimizó una posible fractura de la central obrera, al advertir que “eso es lo de menos”, e insistió en que cada dirigente gremial “deberá rendir cuentas” ante sus representados por las posiciones que toma ante los despidos y la discusiones salariales.
Por su parte, el titular de la CTA, Hugo Yasky, no dudó en pronosticar que la del 22 de febrero “va a ser la marcha más grande que hayamos hecho”. “Venimos a dar un mensaje de unidad a todos los trabajadores del país. Solo no se va a salvar ningún sindicato, tenemos que salir todos juntos”, completó, tras recordar los centenares de despidos ocurridos en el INTI, en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y en el Hospital Posadas, entre otros.
La llegada de una factura de luz impagable no es (ni será) el fin de la adhesión al gobierno de Mauricio Macri. Al contrario. Es lo que la explica. Es el precio que muchos “pagan” voluntariamente para mantenerse a salvo del otro.
Supongamos que el gobierno de Macri, representante de esa indudable derecha dudosamente democrática y moderna, sostiene un pacto más o menos implícito con su electorado (llamémosle) “de clase media”.
¿En qué consiste ese pacto? Por un lado, estos votantes “de clase media” aceptan sin muchas vueltas una reducción de su poder adquisitivo (más o menos significativa de acuerdo al caso). Por otro lado, el gobierno promete mantenerlos a salvo del achicamiento de las distancias sociales: a salvo de tener que mandar a sus hijos a la misma escuela, al mismo hospital, al mismo club, que los hijos de los (llamémosles) “sectores populares”. Y por supuesto, claro está, a salvo de la amenaza que representan estos sectores populares movilizados, de la politización de la vida pública, de la “grieta K”, de las cadenas nacionales, y de esos intolerables etcéteras.
Solemos considerar a ese votante “de clase media” como irracional. Nos preguntamos con cierta desesperación “¿pero cómo (¡¿cómo?!) van a votar a un gobierno que los empobrece, que gobierna para unos pocos, que gobierna para los ricos? ¿Es que no se dan cuenta?”. A continuación, a veces, nos tranquilizamos con “¡ya van a ver cuando no puedan pagar las tarifas de la luz, del gas, de la prepaga!”, y etcéteras.
Sin embargo, y a la luz de los hechos cotidianos, tal vez sea hora de que nos replanteemos estas lógicas. Tal vez sea hora de que abandonemos nuestras sospechas o acusaciones de irracionalidad sobre estos votantes “que no se dan cuenta”. La evidencia concreta y contundente de la perdurabilidad de las adhesiones al macrismo ¿no debería llevarnos a sospechar de la eficacia de estas “interpretaciones economicistas” o materialistas, que de tan obvias hasta parecen ciertas?
¿No será hora de convencernos de que la clave para entender las adhesiones al macrismo está en desentrañar su potencia simbólica, ideológica y cultural, mucho más que en medir su performance “material” (económica)?
Dejemos de esperar que “se den cuenta”. Porque, precisamente, esas facturas impagables son el precio que vastos sectores “pagan”, voluntariamente, para mantenerse a salvo del otro. Que, no lo dudemos a este paso, va a ser, lejos, el primero en no poder pagar y en empezar a transformarse en un número de la UCA.
De ser así, el fin de las adhesiones a este proyecto de despojo, curiosamente asistido por los propios despojados, no va a desencadenarse cuando éstos no puedan pagar la factura de luz (o de otros servicios), cuando no puedan pagar la prepaga, cuando no puedan pagar la escuela privada, y esos etcéteras.
El malestar de los adherentes al macrismo se va a desatar cuando el gobierno deje de garantizarles el mantenimiento de las jerarquías y de las distancias sociales, del orden de clase que había sido puesto en tensión por las políticas de inclusión del kirchnerismo, más allá de todos sus errores (valga el paréntesis, sobre los que es indispensable empezar a pensar y a discutir en serio).
Por eso, no nos sorprendamos de que el gobierno de Mauricio Macri no pare de buscar, recrear, agitar, a toda costa, un clima de visceral odio social. Porque es allí donde está su fortaleza, su parte del pacto, su promesa: su capacidad para mantener las distancias sociales.
El rico, que mande. La clase media, media. El pobre, bien pobre, y bien lejos de todos de los demás.
Dejemos de esperar que “dejen de votarlos cuando se den cuenta de que no pueden pagar la luz”. Porque esa factura impagable es el precio que muchos pagan, voluntariamente, por mantenerse a salvo del otro. Por mantenerse, en suma, con los pobres bien lejos.
28 enero, 2018 La corporación mediático-judicial retomará su ofensiva contra “el populismo” en los tribunales de Retiro. El fiscal malogrado será el mascarón de proa para llevar a cabo otra operación. Tanto su supuesto asesinato como la denuncia del Memorándum con Irán, serán los temas de la próxima semana tras el final de la feria Judicial.
Según cuenta hoy Raúl Kollmann para Pagina/12, la maquinaria judicial alineada con el poder político y mediático se volverá poner en marcha esta semana, en especial después del miércoles, cuando termina la feria judicial. Así como en Brasil se utilizó el aparato de jueces y fiscales para intervenir ferozmente y evitar la candidatura presidencial de Luis Inácio Lula Da Silva, en Argentina el ejército de Comodoro Py se dispone a retomar lo que hasta ahora fue una serie de prisiones preventivas arbitrarias y fallos en que las pruebas pasaron a no tener el menor peso frente a la política de confrontar con lo que el poder llama el “populismo”. En uno de los expedientes más delirantes, el de la muerte de Alberto Nisman, finalmente el informático Diego Lagomarsino desistirá de apelar su procesamiento y pedirá ir a juicio lo más rápido posible. Sus abogados señalan que la ausencia de evidencia es descomunal: a Lagomarsino se lo considera cómplice de un plan criminal en el que no están identificados los autores ni se sabe cómo los supuestos sicarios entraron o salieron del departamento del fiscal, ni existe prueba concreta de que a Nisman lo hayan matado. La misma exigencia de un juicio rápido provendrá de Cristina Fernández de Kirchner en dos causas, la del dólar futuro y la de la obra pública. En otro expediente netamente político, el del Memorándum firmado con Irán, se reclamará nuevamente algo elemental: que declare el principal testigo del caso, el ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble. Y más allá de ese reclamo, seguramente lo más urgente e inmediato serán las apelaciones y recursos para pedir la libertad de los que están presos en esa y otras causas, entre ellos Carlos Zannini, Julio De Vido, Cristóbal López, Fabián De Souza, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y otros. Expedientes en los que no aparece una evidencia de peligro de fuga o de obstrucción de la investigación.
Le Parc Diego Lagomarsino, representado por los abogados del estudio Rusconi, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, no apelará su procesamiento como cómplice de un plan criminal para supuestamente matar a Nisman. La decisión la tomaron el viernes Lagomarsino y sus abogados. El informático pedirá ir a juicio lo antes posible ya que considera que no hay prueba alguna: El juez Ercolini lo acusó de ser cómplice de no se sabe quién. Lagomarsino no registra ninguna llamada ni contacto con quienes supuestamente podrían ser otros integrantes de ese plan criminal. El magistrado convalidó todo lo que dijo la pericia de la Gendarmería opuesta completamente a lo que antes sostuvieron el Cuerpo Médico Forense (CMF) y la Policía Federal, que son los que actuaron el mismo día de la muerte y enseguida después. El CMF tácitamente y la Federal en forma explícita sostuvieron la hipótesis del suicidio. La defensa de Lagomarsino pidió nueve veces que se cotejaran las dos posiciones, pero Ercolini adoptó lo dicho por la Gendarmería, básicamente por razones políticas: el establishment político y mediático necesita que la muerte de Nisman sea un homicidio para de alguna manera echarle la culpa al gobierno de CFK. Es más, no faltó la hipótesis de que actuó un comando iraní-venezolano-kirchnerista sobre el que no hay la más mínima evidencia. El juez aceptó elementos insólitos, como que dos personas le pegaron una tremenda paliza a Nisman, le fracturaron la nariz sin que cayera una gota de sangre, le suministraron ketamina para dormirlo sin que se sepa cuál fue la cantidad del fármaco ni cómo se le suministró, ya que el cuerpo no tenía rastros de inyecciones. La Gendarmería no pudo explicarlo. Tampoco hay ninguna evidencia de cómo entraron al edificio, al departamento y al baño de Nisman, y menos de cómo salieron, teniendo en cuenta que el departamento quedó cerrado con trabas de adentro. En suma, Lagomarsino y sus abogados piden ir a juicio,seguros que no hay evidencias en el expediente y que es descabellado pensar que Lagomarsino o cualquier otra persona vaya a poner a disposición un arma, inscripta a su propio nombre, para cometer un crimen que, además, era clarísimo que iba a tener repercusión nacional e internacional.
Custodios Durante la feria judicial dos de los custodios de Nisman –Néstor Durán y Rubén Benítez– apelaron su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento, es decir haber permitido el supuesto crimen. Los otros dos custodios apelarán a fines de esta semana.
Durán y Benítez señalaron, entre otras cosas, lo siguiente: Que ejercían una custodia de traslado, no tenían responsabilidad sobre lo que ocurriera dentro del departamento. Eran básicamente choferes. Que Nisman dirigía a la custodia y los usaba para diligencias privadas. Que ante las autoridades de la Policía Federal, el fiscal dejó en claro que él daba las directivas respecto de su custodia. Que Nisman prohibió las comunicaciones de los choferes con sus superiores Que los custodios no podían prever ningún peligro en la presencia de Lagomarsino en el departamento porque “integraba el círculo íntimo de trabajo de Nisman”. En el expediente queda claro que se trata de presentar al fiscal como una persona amenazada, pero lo cierto es que viajó por Europa sin custodia alguna, que iba a los boliches sin seguridad y que más bien usaba a los custodios como mensajeros. La Cámara Federal deberá pronunciarse sobre esa apelación, seguramente a lo largo de febrero. Habrá que ver qué dice la Sala II, que tiene el antecedente de haber convalidado el peritaje de Gendarmería, aunque nunca se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Hasta ahora rigieron los intereses políticos.
Memorándum Indudablemente lo que tiene más urgencia es la situación de privación de la libertad de cuatro dirigentes en la causa, nítidamente política, por la firma del tratado con Irán. Mañana mismo, la todavía sala de feria integrada por Martín Irúrzun y el sorteado juez penal Marcelo Lucini, concretará las audiencias en las cuales se pedirá la prisión domiciliaria de Luis D’Elía, y una hora antes la libertad de Fernando Esteche y Jorge Khalil. Los propios médicos del penal dicen que no pueden manejar el cuadro cardíaco y de insulino-dependencia de D’Elía. En paralelo, Carlos Zannini ya recurrió por su libertad a la Cámara de Casación, pero la sala de feria perdió casi todo el mes y no convocó a ninguna audiencia. En lo concreto parece que dejarán la libertad del ex secretario de Legal y Técnica en la sala de Casación que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, camaristas que han actuado siempre en sintonía con la Casa Rosada, el establishment internacional y su aparato mediático, al punto que fueron ellos los que permitieron que Bonadio siguiera adelante con el delirante expediente por traición a la patria por el Memorándum.
Hay dos hechos llamativos en relación a Zannini: El ex funcionario no tiene ninguna otra causa ni ha tenido ninguna otra causa en los 35 años que lleva trabajando en el Estado. Se ha dicho que hay peligro de que obstruya la investigación entre otras por la existencia de un incendio en el que, supuestamente, se quemó el registro de entradas y salidas a la Casa Rosada. El defensor de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, está tratando de encontrar alguna causa judicial sobre ese supuesto incendio del que no hay registro alguno. Todos los imputados insisten con un argumento básico. En diciembre, Bonadio consideró cerrada la instrucción y dio los pasos para elevar la causa a juicio. Es decir que incluso deja de tener sentido el argumento de que los detenidos podrían entorpecer la investigación, teniendo en cuenta que el propio juez dio por concluida la pesquisa.
Testigo En la misma causa del Memorándum, en el que se judicializa un tratado aprobado por las dos cámaras del congreso, también está pendiente un recurso de Casación presentado por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, abogados de Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner. Los letrados dejaron en claro que la sala de feria de la Casación no trató como correspondía ese recurso en este mes porque dice que no recibió un certificado que debió emitir la Cámara Federal respecto de la situación de cada imputado: quién está preso y quién está excarcelado. O sea que se perdió toda la feria. Como es público, tanto Timerman como CFK no están detenidos, el primero por su situación de salud y la ex presidenta por sus fueros. Sin embargo, los camaristas evitaron tratar el tema en enero y se lo dejaron también a Borinsky-Hornos-Gemignani, los camaristas que vienen convalidando todo el grosero proceso, sobre el que los mas connotados juristas del país –León Arslanian, Raúl Eugenio Zaffaroni, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra– dijeron que el Memorándum podía ser bueno o malo, constitucional o inconstitucional, pero nunca un delito. Uno de los puntos más notorios señalados por Rúa y Peñafort es que todo el proceso tiene un vacío llamativo: no fue llamado a declarar el principal testigo de la causa, el ex secretario general de Interpol. Sucede que la principal acusación del expediente es que el Memorándum se firmó para beneficiar a los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA. Ese beneficio iba a ser el levantamiento de las órdenes de captura con alertas rojas. Tal medida nunca ocurrió y las alertas siguen vigentes hasta hoy. El ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, ha dicho reiteradamente que la acusación de Nisman era falsa, que ningún funcionario argentino –y menos todavía Timerman– hicieron gestión alguna para levantar las alertas. O sea que Noble estropearía toda la hipótesis del fiscal, del juez, de la Cámara Federal y hasta de los integrantes de la Casación. Y lo concreto es que, pese a que se ofreció a declarar en la causa, el magistrado cerró la instrucción sin convocarlo. O mejor dicho, evitando su testimonio. Se trata de una maniobra que evidencia el carácter político de la acusación.
Gas El defensor del ex ministro Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, espera para los primeros días de febrero una resolución de la Cámara Federal sobre una de las dos causas en las que está preso el ex funcionario: la relacionada con las compras de Gas Natural Licuado (GNL). En ese expediente, ya está claro que la base es fraudulenta: una insólita pericia realizada por el especialista David Cohen, que ahora terminó imputado por fraude por la fiscalía. El estudio era tan delirante –hablaba de una coima de 7000 millones de dólares– que fue cuestionado hasta por el actual ministro Juan José Aranguren. La lógica es que, con el naufragio de la pericia, naufrague también este expediente. Además, se trató de licitaciones internacionales en las que participaron las mayores empresas gasíferas del mundo, que ni siquiera impugnaron las licitaciones ni sus resultados. Es evidente que si hubiera novedades en la causa del GNL, Rusconi pedirá nuevamente la excarcelación de De Vido, que tiene otra causa, la relacionada con los acuerdos entre la mina de Río Turbio y la Universidad Tecnológica Nacional. El expediente no apunta ni a coimas ni a sobreprecios ni a facturas truchas ni a dinero que alguien se llevó al bolsillo por la puesta en marcha de la mina de carbón. La imputación es porque se firmaron convenios-contratos con una universidad para evaluar técnicamente el plan, contratar personal, hacer los relevamientos ambientales, organizar el proceso de compras y no se hicieron, al estilo del neoliberalismo, contratos con consultoras privadas. En plena campaña, se dispuso el desafuero y la detención del ex ministro en un expediente en el que ni siquiera había sido indagado y en el que no hay una sola pericia que indique que los estudios no se hicieron o que se pagaron demasiado caro.
Indalo El 8 de febrero será la audiencia para resolver sobre el procesamiento y la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. El argumento usado por el juez Ercolini es que los titulares de Indalo cometieron un fraude impositivo y no una evasión. El abogado de López y De Souza, Carlos Alberto Beraldi, reiteró que no hubo fraude, que Indalo recibió un plan de facilidades de la AFIP que recibieron otras 1500 empresas y que, además, se sumaron a dos planes generales, otorgados a miles de compañías a nivel nacional. Más allá de esa polémica, el punto para detener a López y De Souza es que habrían vendido su empresa sin autorización del magistrado, pero Beraldi le señalará a la Cámara que se pidió autorización y que nunca se concretó la transferencia justamente esperando el visto bueno del juez. Sí hubo un cambio de autoridades, pero eso –afirma Beraldi– no violaba la medida cautelar dispuesta por el juez, ya que no cambiaron de manos las acciones ni se redujo lo embargado. Cristina Carlos Alberto Beraldi también es abogado de la ex presidenta. Ya ha dicho que la senadora aspira a ir a juicio cuanto antes en dos causas, la de dólar futuro y la de la obra pública. En el caso dólar futuro es conocido que todos los imputados -la ex presidenta y los ex funcionarios del Banco Central- argumentaron que fue una política económica destinada a evitar una corrida bancaria y una mega devaluación. Eso es lo que terminó haciendo el macrismo luego en el gobierno. Las defensas señalan que no es judiciable justamente por tratarse de una política económica en la que ningún funcionario se benefició. Ocurrió lo contrario: los que se beneficiaron fueron empresarios que después llegaron al gobierno de Mauricio Macri. En concreto, mientras muchos señalaban que el juicio podría empezar antes de fin de año, quienes están en el día a día afirman que los magistrados dejarán el juicio para principios de 2019 o aún después. Es que hay una serie de pericias ordenadas por el tribunal oral que ni siquiera empezaron. La otra causa en la que CFK insiste en ir a juicio es la relacionada con la obra pública. Es el expediente originado en un insólito informe de Vialidad Nacional, con conducción macrista, hecho únicamente en Santa Cruz -no se hizo respecto de ninguna otra provincia- y en que la propia Vialidad dice que el 93 por ciento de las obras se completaron, con elogios a la calidad de la ejecución. Parte de la acusación es que las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 83 licitaciones, pero los imputados señalaron que es algo habitual también en otras provincias, en las que hay empresas con personal, maquinaria y experiencia en ese territorio. Esas empresas, en cambio, difícilmente ganan licitaciones en otros distritos porque jugando de visitantes no tienen ni personal, ni maquinaria, ni experiencia. Por otra parte, fueron obras realizadas y licitadas en Santa Cruz o sea que -como argumenta la defensa- no tiene lógica imputar a un Presidente de la Nación que no tiene incidencia en las vialidades provinciales. En la causa Hotesur, en febrero se terminarán de tomar las dos indagatorias que faltan. Todo indican que después, seguramente en marzo, el juez Ercolini dictará el procesamiento de Cristina y sus hijos Máximo y Florencia. En paralelo, ambos litigan contra la intervención dictada por los jueces a los bienes que les quedaron tras la muerte de Néstor Kirchner. La Cámara ratificó la intervención y desechó la denuncia porque la interventora ni siquiera paga los impuestos correspondientes. Hotesur como Los Sauces son expedientes en los que se acusa a los Kirchner de cobrar en unos cinco años cerca de 25 millones de pesos en alquileres y se sugiere que esos alquileres fueron coimas a cambio de obra pública. Beraldi responde que todos los alquileres están declarados, con contratos, bancarizados y a precios de mercado. Es muy posible que a lo largo de este año o y sobre todo en el 2019 electoral vuelvan a aparecer pedidos de que a Cristina le quiten los fueros y que la detengan. No hay riesgo de fuga ni elementos que indiquen que obstruye alguna investigación, pero está dicho que en su caso, como en el de todos los demás, no pesan ni las pruebas ni el derecho. Es la política. Igualito que en Brasil. Publicado en: https://info135.com.ar/2018/01/28/en-comodoro-py-reflotaran-a-nisman-tras-la-feria-judicial/
El secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, le recordó al Presidente que él, con la reforma previsional, había perjudicado a millones de jubilados que no pueden disfrutar del mismo retiro que su padre y que todos los días padecen los disminuidos servicios del PAMI. Le recordó que la actual diputada Graciela Ocaña lo denunció por corrupción y celebró su procesamiento por las escuchas ilegales.
La carta completa de Moyano es la siguiente:
"Estimado señor Presidente:
"Es insólito que Usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada.
Debería ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su Gobierno no solo se ha “metido”, sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados -padres, madres y abuelos de todos los argentinos- que también se encuentran retirados después de haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su Padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas y en algunos casos contratando con el Estado. Leer más El Presidente respaldó al ministro de Trabajo y criticó al camionero, que le contestó con una carta | Mimos para Triaca y palos para Moyano
"El Presidente de nuestro país debería saber que la gran mayoría de jubilados cobra la mínima, y padecen al PAMI que cada vez les brinda menos prestaciones y cubre menos gastos por medicamentos. Usted se ha 'metido' con todos ellos, entre los que se encuentra mi madre que actualmente tiene 100 años, y que si no fuera por la ayuda familiar no podría tener una vejez digna.
"Si supiera cual es el valor de una jubilación mínima podría comprender de lo que estamos hablando, y también que el respeto por las personas de edad avanzada se demuestra con acciones concretas, no solo con palabras. Su desinterés por los jubilados quedó en evidencia cuando ni siquiera ha podido responderle a Mirtha Legrand cuanto era la jubilación mínima.
"Por otra parte, es bueno que Ud. haya podido presentarse ante la justicia y aclarar el tema de los Panama Papers y haber presentado todos los papeles donde se pudiera constatar en “trámite exprés” que estaba todo a nombre suyo. Igual me permito recordarle que ha tenido otras causas donde ha sido procesado, pero la justicia no ha sido tan expeditiva.
"En mi caso, todas las veces que tuve que pasar por la justicia han sido por denuncias falsas que nunca llegaron a ninguna condena. Incluso ambos tenemos el honor de contar con una denunciante en común: la Sra. Ocaña, quien lo ha denunciado por corrupción y ha celebrado su procesamiento por las escuchas ilegales (Tuit que tuvo que borrar cuando fue contratada por usted).
"No me siento ejemplo de nada, pero quiero decirle que desde hace más de 20 años podría estar cobrando una jubilación de privilegio como diputado de la Provincia de Buenos Aires y nunca lo hice. Sin duda es una contribución al Estado que muchos funcionarios denunciantes seriales no están dispuestos a hacer.", concluye la respuesta de Moyano al primer mandatario.
La decisión de congelar los sueldos de los funcionarios y de exigir que los familiares directos de los ministros no formen parte del Gobierno, generó un inmediato desconcierto y hasta un indisimulable malestar en parte de los integrantes del gabinete que estuvieron ayer en el Salón Blanco cuando Mauricio Macri anunció estas medidas.
Si bien no hubo sorpresa en lo referido al recorte de casi el 25 % en los cargos políticos, algo sobre lo que ya que se venía hablando en las últimas semanas, el reflejo inmediato fue maldecir a Jorge Triaca, al entender que el escándalo que desató el ministro de Trabajo al insultar y despedir a su ex casera, fue el detonante para las directivas del presidente.
Terminado el discurso de Macri, fuentes de la Casa Rosada revelan que, de manera privada, son varios los ministros que se quejaron de lo que definieron como una “reacción espasmódica” del presidente. “Siempre es mejor el largo plazo. ¿Quién, con una preparación de excelencia va a querer trabajar para el Estado de esta manera? Nos aleja de los número uno”, argumentó uno de los integrantes del Gabinete.
Palabras más, palabras menos, el malestar se tradujo en una frase: “No es justo. Por lo que hizo Triaca, ahora nos meten a todos en la misma bolsa”. Y no dejaron de resaltar que el titular de la cartera laboral brilló por su ausencia durante el anuncio presidencial.
Incluso, exteriorizando una indisimulable interna en el seno del gabinete, alguien aprovechó para disparar un dardo dirigido a Marcos Peña, al preguntar con ironía: “¿Todas las áreas del Gobierno tuvieron que achicar un 25 %? Supongo que la Jefatura de Gabinete también hizo el esfuerzo”.
Los comentarios de los funcionarios de primera línea se dividieron a favor y en contra de las medidas, pero en todos los casos no dudaron en identificar la razón de los decretos: el conflicto que Triaca mantuvo con Sandra Heredia. “Lo de Jorge puso en discusión todos estos temas”, se lamentó uno de los ministros presentes en la Casa Rosada.
“Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Ejecutivo nacional. Y este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo”, fue la frase de Macri que provocó una grieta entre las segundas líneas del Gobierno, y que llegaron con sus futuros asegurados, situación que ahora no estará garantizada.
En principio, el decreto afectaría a ministros, secretarios de Estado y subsecretarios. Así, entre las capas más débiles, la decisión de que no habrá paritarias para los empleados jerárquicos del Poder Ejecutivo no cayó nada bien.
Al finalizar el anuncio presidencial, los ministros hicieron una breve evaluación. Durante una charla informal, uno de ellos planteó, en tono de broma: “Tanto que nos quejamos sobre las paritarias para los demás, nosotros tendríamos que empezar a buscar un delegado para que nos defienda”.
Por Alfredo Silletta. “Lo importante es el documento, lo que está escrito, no las fotos que el Tano (Menéndez) se saque”, dice un intendente en una de las tantas charlas en los pasillos del coqueto Amarena boutique hotel, de Costa del Este. Luego agregó: “Si trabajamos bien la unidad tenemos muchas posibilidades de recuperar la provincia el próximo año y lo importante es que el candidato a gobernador será un intendente, ya te firmó que ni Sergio Massa ni Florencio Randazzo tienen alguna posibilidad”. No quiso dar nombres, pero hoy Martín Insaurralde, jefe comunal de Lomas de Zamora y Verónica Magario de La Matanza tienen posibilidades de serlo, sin descartar para vice un intendente del interior de la provincia.
El Frente Renovador tiene algunos puentes tendidos con el PJ bonaerense, especialmente Julio Zamora, alcalde de Tigre, Felipe Solá y Daniel Arroyo, uno de los especialistas que más sabe sobre la problemática de la pobreza. Massa hoy está afuera de una candidatura ya que viene de dos duras derrotas y sin mucho margen para conducir un proceso en la provincia si no acuerda con Cristina Kirchner. Quizás en un amplio acuerdo podrían obtener la vicegobernación para una figura técnica como Arroyo o Mirta Tundis, la especialista en jubilados.
Florencio Randazzo no tiene peso propio –con todo el apoyo mediático de Clarín- logró un escaso 5 por ciento de los votos y en el peronismo no se olvida que rechazó ser candidato a gobernador en 2015 y no aceptó el primer lugar para la lista de diputados que le ofreció Cristina. “De eso no se vuelve”, dijo un participante de la reunión de San Bernardo. Paralelamente, el Movimiento Evita lo abandonó a Randazzo y está tendiendo puentes con el kirchnerismo y el PJ en general, luego del golpe recibido por jugar con el ex ministro de Transporte.
Insaurralde es hoy una de los posibles candidatos para el 2019, ya que mantiene buena relación con la mayoría de los jefes comunales y también con el kirchnerismo. El jefe comunal ya avisó que solamente sería candidato si hubiera “unidad de todos los sectores”. A Magario no hay que descártala por ser mujer y una dura rival de Vidal, además de conducir los destinos de La Matanza, el municipio más importante de la provincia.
Cristina Kirchner sigue siendo la gran electora del peronismo, especialmente de la provincia de Buenos Aires. Por ahora descansa en El Calafate pero su voz será clara para la elección de cualquier candidato. Nadie duda de su centralidad. Ella se puso la campaña al hombro el año anterior y logró un 37% de los votos que no es poco. Mucho más del 11% de Massa y el 5% de Randazzo. Ahora bien, con ese 37% no alcanzó para ganarle a Cambiemos (obtuvo el 42%) pero la debacle económica del gobierno nacional afectará a la gobernadora y hay que ver cómo llega el oficialismo en el 2019.
En el encuentro de San Bernardo todos reconocen que Cristina es la dirigente que más votos junta en la provincia, de allí que su voz será escuchada.
Ante la desastrosa política económica del presidente Mauricio Macri que no muestra ningún resultado positivo, el gobierno dio la orden de avanzar sobre el sindicalismo, especialmente apunta hacia la familia Moyano y hacia Sergio Palazzo, el dirigente de la Bancaria.
Desde la Casa Rosada reconocen que luego de dos años de atacar a la expresidenta y a sus funcionarios ya no surge ningún efecto en la sociedad, de allí que están construyendo un nuevo enemigo en la dirigencia sindical. Al gobierno no le preocupa si son más o menos honestos los dirigentes sindicales, sino arrodillarlo para que firmen una paritaria en baja y acepten la reforma laboral.
Sobre los Moyano ya empezaron a actuar los jueces amigos y a partir de una denuncia de un barrabrava los imputan por lavado de dinero. Extraña situación si hablan de lavado de dinero en la reventa de entradas. Que quedaría para el hermano del presidente que blanqueo millones de dólares o con la mayoría de los integrantes del gobierno que sacaron la plata al exterior para no pagar impuestos en la Argentina.
El dirigente camionero respondió con duras críticas y llamó a una marcha para el 22 de febrero contra las políticas de hambre de Cambiemos. A la marcha de los camioneros seguramente se le sumarán otros gremios combativos, como el de la Bancaria y militancia de sectores kirchneristas.
Paralelamente al ataque contra los camioneros, el gobierno publico una resolución en el Boletin Oficial para anular la “cuota solidaria” de la Asociación Bancaria que percibía en concepto de aportes de los trabajadores del sector no afilados a ese gremio.
Para los dirigentes del sindicato la medida es claramente ilegal y el próximo 1 de febrero definirán, en una reunión de plenario de secretarios generales, la metodología de la protesta frente a lo que consideran un nuevo ataque en el marco de la complicada negociación paritaria que llevan adelante.
La criticada “cuota solidaria” forma parte del acuerdo que la Asociación Bancaria junto a las patronales alcanzaron durante la negociación paritaria correspondiente al año pasado y que fue además homologado por las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo. En ese sentido, en el gremio entienden que la resolución que se publicó en el Boletín Oficial carece de peso legal para desmantelar, aunque sea en un solo ítem, el acuerdo paritario.
En el gremio de Palazzo nadie duda de que esta es una resolución que fue impulsada por los bancos privados y acordada con el gobierno porque con ella buscan abrir otro frente de conflicto en el marco de la ya compleja negociación salarial que lleva adelante el sector. Por ahora las asociaciones patronales insisten en ofrecer apenas un nueve por ciento de aumento salarial y el gremio, además de rechazar la oferta, ya prepara medidas de acción directa que serán debatidas y aprobadas en el plenario de secretarios generales previsto para el próximo jueves.
En esta batalla del gobierno, los enemigos a vencer son Hugo y Pablo Moyano, Sergio Palazzo y Roberto Baradel, el dirigente de los docentes, quien ayer recibió el apoyo del peronismo bonaerense en su lucha por un salario digno de los maestros en la provincia de Buenos Aires.
El plan económico del Gobierno para 2018. Los objetivos, los instrumentos y los riesgos en el frente externo El Gobierno apuesta a lograr la reducción del déficit fiscal y la inflación para obtener el favor de inversores y prestamistas internacionales. Tarifas, ajustes y otras exigencias externas. Dólar, tasas y vulnerabilidad. Por Raúl Dellatorre Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. El cumplimiento de las metas fiscales en el primer plano. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda. El cumplimiento de las metas fiscales en el primer plano. El año 2018 plantea desafíos nada sencillos para el gobierno en materia económica. Viene de un 2017 en el que no logró los objetivos que esperaba (debió corregir las metas de inflación sobre el fin de año), se le presentaron complicaciones en el plano externo (el fracaso en las negociaciones por acuerdos de libre comercio, trabas a las exportaciones a países considerados “amigos”), se frustró un año más la esperanza de ver llegar una oleada de inversiones (predominan las especulativas, y el capital privado que huye es mayor al que ingresa) y, ante todas esas dificultades, se convirtió en una urgencia la necesidad de las reformas previsional, laboral y tributaria que le permitan recomponer las cuentas fiscales sin afectar las ganancias de grandes empresas. Frente a este shock de realidad, el gobierno de Cambiemos se muestra decidido a reafirmar sus objetivos principales (por los que recibe el elogio y respaldo del FMI y el G20, fieles representantes del poder financiero internacional), utilizando instrumentos ya probados (sin resultados), lo cual puede derivar en consecuencias muy costosas para amplias franjas de la población, justamente las menos acomodadas económicamente. Tanto si fracasa como, incluso, si lograra un relativo éxito en su política. Veamos.
1 Las metas fiscales El principal objetivo que se ha fijado el gobierno es bajar un punto porcentual del producto bruto el déficit fiscal “primario” por año. Para 2017, previó bajar a 4,2 por ciento, en este 2018 a 3,2 por ciento, en 2019 a 2,2 y en 2020 a 1,2 por ciento, alcanzando así este último año un virtual “equilibrio fiscal”. Según informó en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para 2017 “se sobrecumplió” el objetivo, ya que el déficit “primario” fue equivalente a 3,9 puntos del PIB, es decir que la baja excedió en tres décimas a la meta. Semejante “éxito” encubre más de una falacia. Primero: la definición del déficit fiscal. Cuando se habla de déficit “primario” se está haciendo referencia a la diferencia entre los gastos de la administración pública “antes del pago de intereses de la deuda”, contra los ingresos totales del fisco. A ese déficit “primario”, de 3,9 puntos del PIB en 2017, habría que sumarle entonces lo que se pagó por intereses de la deuda en el mismo año, equivalente a 3 puntos del PIB, para llegar al déficit fiscal total. El resultado, cercano a los 7 puntos del PIB, difícilmente podría ser exhibido con orgullo por una administración de corte neoliberal como la actual. De todos modos, para Dujovne y el gobierno el objetivo está cumplido y se mantendrán las metas para los años siguientes, aunque ya veremos con qué consecuencias. 2 Metas de inflación y crecimiento El Banco Central sostuvo, hasta fin de 2017, una política fuertemente restrictiva en el plano monetario, con el supuesto objetivo de lograr que la inflación se estabilizara entre el 12 y el 17 por ciento. Con la misma política de tasas de interés altas y reducción del dinero en circulación, confiaba en lograr durante 2018 una inflación restringida entre el 8 y el 12 por ciento. En tanto, estimó que el crecimiento alcanzaría al 3 por ciento en 2017 y pudiera repetirse en 2018, producto de “la mayor confianza” de los empresarios y una “inserción al mundo” más dinámica. Sobre el fin de año, el gobierno debió admitir que la meta de inflación estaba lejos de haberse cumplido, con un índice minorista oficial que reconocería un aumento del 24,8 por ciento en 2017, diez puntos por encima del punto medio de las metas originales (entre 12 y 17, 14,5 por ciento). Ello llevó a modificar la meta para 2018, que de un nivel intermedio de 10 por ciento entre topes (8 y 12), se elevó al 15 por ciento. La consecuencia en materia de política monetaria, fue que se relajó la restricción monetaria y se inició un período de bajas paulatinas en las tasas de interés. Lo que no fue dicho, aunque en fuentes cercanas al gobierno se admite, es que sobre el fin de 2017 se observó una contracción en la tasa de crecimiento económico con respecto al inicio del año, admitiéndose que la política monetaria pudiera haber afectado el crecimiento por las altas tasas de interés y por mantener un dólar retrasado respecto de la inflación. Tras relajarse la política monetaria (con baja de tasas y suba del dólar), se ratificó la meta de crecimiento para 2018 del 3 por ciento. Las políticas, o los instrumentos, con los que se apunta a lograr las mencionadas metas, se sintetizan en los puntos siguientes. 3 Tarifas públicas y jubilaciones Otra cuestión es cómo se logra ese déficit “primario” de 3,9 puntos. Citemos como fuente una consultora de línea ortodoxa, como Economía & Regiones, que hasta hace un lustro (o poco más) fuera encabezada por Rogelio Frigerio, actual ministro del Interior. Dice E&R (informe del 19 de enero pasado), “el gasto total (de la administración nacional) prácticamente no varió desde el 2015 si tomamos en cuenta el pago de intereses (…). Por el lado del gasto, el principal ajuste pasa por el sector privado y se concentra mayoritariamente en la reducción de subsidios económicos, es decir, en aumentos de tarifas de luz, gas, agua y transporte”. Es decir, se bajó el gasto reduciendo los subsidios a las empresas, a las que se compensó con un aumento en las tarifas que paga el usuario. Pero lo que se dejó de pagar en subsidios para tener energía y transporte barato, se terminó pagando en más intereses a los acreedores externos. E&R le critica al gobierno no haber hecho el ajuste sobre el gasto, señalando que se mantuvieron e incrementaron en 2017 las partidas por “jubilaciones, planes sociales y transferencias a provincias”, además de intereses de la deuda. Este es el ajuste que falta, pero que el gobierno plantea a través de la reforma previsional, que supondría un ahorro de casi 100 mil millones de pesos simplemente por el cambio de la fórmula de movilidad. El “ahorro” en jubilaciones, que ya pasó por el Congreso, es uno de los requisitos para cumplir con la meta fiscal. Y es una necesidad ineludible para que la política del gobierno siga a flote. Como dijo el diputado de Cambiemos Mario Negri (UCR): “Si no logramos bajar un punto el déficit primario, hay dos escenarios posibles, los acreedores no suben las tasas de interés y tenemos una crisis a mediano plazo, o los acreedores no nos prestan más y tenemos una crisis inmediata”. No hacen falta explicaciones adicionales. El ajuste sobre las jubilaciones es una imposición de la política económica del gobierno. 4 Obras públicas y crecimiento Tras un freno casi total a la obra pública en 2016, la reactivación parcial en 2017 significó un bálsamo que impulsó la actividad y explicó, en buena medida, el cálculo de crecimiento que se habría ubicado entre 2,5 y 2,8 por ciento. El interrogante es si se repetirá para este año. El Presupuesto Nacional anticipa un congelamiento o leve retroceso en el monto de obras públicas de este año, producto de la necesidad de restringir el gasto para arrimarse a la meta de 3,2 puntos del PIB en el déficit “primario”. Ello puede repercutir en una menor tasa de crecimiento si el sector privado no responde. Por ello se buscó impulsar la oferta privada vía suba del dólar y baja de tasas. Hay que ver si esa supuesta mayor oferta encuentra demanda. Las metas del gobierno entran en contradicción por el tipo de instrumentos elegidos: suba de dólar es más inflación y menos consumo; baja en obras públicas es menor déficit pero menor crecimiento. Si se mantiene el objetivo de ponerle un techo bajo a las paritarias para reducir la presión inflacionaria, eso supone menor consumo y menor crecimiento, La meta de crecimiento del 3 por ciento aparece como la más comprometida, al tiempo que la meta de inflación ya se orienta a una revisión temprana este año. 5 Dólar, tasas y volatilidad La deuda externa es el gran condicionante de la política económica de Cambiemos. Porque es su única fuente de financiamiento, ya que ni el comercio exterior ni el ingreso de inversiones extranjeras le están dando ninguna satisfacción. Y la fuga de capitales sigue siendo mayor al monto de capitales que ingresan. Sólo llegan capitales especulativos, pero para mantener esa corriente de ingresos, el único atractivo es tasas muy altas en pesos y un valor del dólar que suba muy lentamente. Ambas tendencias están cambiando (bajan las tasas en pesos y se acelera el ajuste cambiario), lo que previene el riesgo de una fractura en el financiamiento externo. Este es el punto más sensible de la política económica, para el cual el gobierno no parece tener plan alternativo. Y el peligro es inminente. Publicado en: https://www.pagina12.com.ar/92103-las-politicas-de-ajuste-y-el-abismo
Imagen: Enrique García Medina El programa económico de este gobierno conduce a una crisis fuerte, sea en el mediano plazo o en el largo. Incluye producción con poco valor agregado, reducción del consumo interno y crisis de las pymes. Es decir, desempleo, lo cual hace que el programa sea socialmente insustentable y pueda derivar en más exclusión y, en especial, en más delitos contra la propiedad. Por otra parte, el proyecto económico se sustenta en préstamos que están llegando a su fin, según advertencias de Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional. O sea que el proyecto es también financieramente insustentable. ¿Adónde vamos? Creo que si no se detiene este programa antes, vamos a un nuevo 2001 con consecuencias muy graves en todos los órdenes. Un gobierno electo por supuesto tiene derecho a gobernar. Pero no a quebrar el Estado de Derecho, a criminalizar a toda la oposición y menos a provocar una catástrofe. Nadie tiene hoy el poder para desequilibrar o desestabilizar al actual gobierno. Ningún partido. Ninguna fuerza política. Ni siquiera la CGT puede hacerlo. El gobierno tiene todo en sus manos y nadie, absolutamente nadie, lo puede conmover. El problema es, justamente, que la única desestabilización posible la provocará en el mediano o largo plazo el proyecto económico inviable del propio gobierno. Me limito a avisarles esto, aunque sé que para el gobierno todo aviso es inútil de momento. Contra eso tenemos que resistir, porque puede generar violencia y, aunque no la provoque, lo que veo difícil si no se frena antes, es absolutamente indeseable una situación de esta naturaleza. Desde que conocí el proyecto económico vengo advirtiendo este riesgo. No lo digo ahora. Lo vengo diciendo desde hace dos años. Les digo a los argentinos que se cuiden, que no respondan con violencia a ninguna provocación. Estamos frente a un grupo de poder que sufre una ilusión óptica en su soberbia infinita, que camina hacia un precipicio y lo confunde con una selva tropical, que padece de alteraciones sensoperceptivas graves. Es por eso que afirmo que cuanto antes se vayan mejor. Ojalá sea en el 2019. Pero si no sacan un poco el pie del acelerador de este camino al desastre, puede pasar algún accidente antes. Al menos tienen que desacelerar un poco. De lo contrario ellos mismos se van a poner al país de sombrero. Las experiencias históricas no tan lejanas de las crisis de programas similares muestran que estos accidentes finales no avisan y sus consecuencias son muy dolorosas.
En síntesis: lo político siempre puede resolverse, lo económico es más difícil, pero tiene arreglo a la larga (pese a que también produce dolor y es violencia social), pero lo único que no podemos resolver son los muertos, porque nadie los puede resucitar. Eso es lo que a toda costa debemos evitar. Debemos evitar la violencia venga de donde venga. Toda violencia, vista luego retrospectivamente, es insensata. Cuando la vemos desde la distancia de cierto tiempo, nos damos cuenta de que careció de sentido. Esto es lo primario. Lo demás, tarde o temprano se resuelve.
* Profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.
Por Ricardo Aronskind Funcionarios pirómanos atizan el fuego inflacionario Se derramaron toneladas de cháchara sobre si la meta de inflación para 2018 debía ser del 10 o del 15%. Se especuló sobre quien le dobló el brazo a quien. Se filosofó sobre la independencia del Banco Central. Se fabricaron elogios en la prensa oficialista por el ‘realismo’ de las nuevas metas recalibradas. Todo ejecutado con el fondo de la consabida melodía: “Qué mala que es la inflación”. Lo cierto es que la supuesta nueva meta oficial ‘realista’ para 2018 ya no parece cumplible. En el sector privado se habla del 20% como un dato mucho más verosímil que cualquier declaración o documento oficial. Los economistas críticos ven otra realidad. ¿Qué se está jugando? Para comprender qué lugar ocupa la inflación en la estrategia de la clase dominante argentina representada por el actual gobierno, hay que pensar en un proceso de dos etapas. En el primer período se buscaría una modificación distributiva profunda, para establecer tasas de rentabilidad muy altas en algunas actividades, utilizando para ello la fluidez con que una inflación del 20/30 por ciento anual permite modificar precios relativos en tiempos relativamente breves. Para este esquema de redistribución regresiva, lo esencial es la caída del salario real. El experimento de la Convertibilidad, donde se logró la tasa de inflación cero, les demostró a los sectores dominantes que es dificilísimo hacer caer el salario real en proporciones significativas, o sea, redistribuir el ingreso a su favor, sin inflación. En una segunda etapa, una vez logrado el cambio en el mapa distributivo deseado, el objetivo sería clavar, cristalizar, esa estructura distributiva con un conjunto de hechos consumados —institucionales, políticos, legales— difíciles de revertir. Pero eso es futuro lejano. ¿Cuál es la función real de la meta de inflación? La meta de inflación se pone para delimitar el ring de la puja distributiva. Claro que es un ring delimitado por el gobierno, en una pelea donde tiene que ganar el capital concentrado versus el trabajo y el resto de la sociedad, y donde el árbitro y uno de los boxeadores pelean codo a codo contra la designada víctima del espectáculo. También están en juego los resultados finales de las colocaciones financieras. No es chiste. Se trata entonces de un juego de suma 15 en total, donde si todos los precios suben —bienes transables, bienes no transables, servicios públicos y privados—, el único precio que queda para evitar que el promedio sobrepase la meta oficial es el salario. Sí: justo el salario. El alza de precios ha adquirido una dinámica muy activa en el primer mes de 2018. No es exagerado decir que, con todos los motores inflacionarios puestos en marcha, el acumulado de precios hasta fines de abril puede aproximarse al 10%. Si a comienzos de mayo ya alcanzamos el 10% ¿cómo se hará para terminar el año en el 15? Pero ante todo: ¿cómo se generó un impulso inflacionario tan fuerte, luego de dos años de gobierno que discursea contra el terrible flagelo? Un papel relevante han tenido los tarifazos oficiales recientes y sus múltiples interacciones con el sistema de precios, el movimiento ascendente del dólar de las últimas semanas, los rápidos traslados a los precios de costos reales y potenciales por parte de los oligopolios proveedores de bienes masivos, los aportes alcistas de las poderosas cadenas de comercialización, además de alzas en los alquileres y otros servicios con cláusulas de actualización, junto con el tradicional comportamiento sobre-reactivo de la patria remarcadora de todos los tamaños. El gobierno no sólo genera aumentos de alto impacto generalizado, sino que acepta de buena gana todo tipo de incrementos privados, justificados o injustificables. Al eliminar la mayoría de las retenciones sacó el colchón amortiguador entre los precios en dólares y en pesos. Cualquier devaluación pasa a todos los bienes importados y a todos los exportables. Completa el cuadro el alza del precio internacional del petróleo, que —Aranguren mediante— impactará en los precios internos de los combustibles. Toda esa maraña de alzas de costos-precios cuenta con el visto bueno del gobierno. Es parte del sinceramiento en la jerga liberal o, como sosteníamos más arriba, del cambio buscado en los precios relativos a favor del capital concentrado. Como si no viviera en la Argentina, como si desconociera la historia de los comportamientos económicos de los formadores de precios, como si no fuera un gobierno que surge del riñón del empresariado, el gobierno dice esperar impactos inflacionarios menores, manejables mediante expectativas de inflación moderadas a partir de la confianza pública en la solvencia técnica de su equipo económico. En realidad es una apuesta a la credulidad de los empresarios y del resto de la sociedad. Pero los grandes empresarios —que aprecian el estilo managerial de este gobierno, y lo tienen como un haber propio— no son lectores ingenuos de diarios oficialistas. Primero remarcan y después comentan las declaraciones de Cambiemos. La explicación de la inexistencia de una política gubernamental seria en relación a la inflación reside en que, por su naturaleza, el macrismo da lugar a todas las demandas del capital concentrado. El gobierno macrista funciona como una cooperativa de negocios, no como un grupo de técnicos experimentados aplicando un plan articulado. En ese sentido, su actitud pasiva y permisiva frente a la inflación privada refleja el reconocimiento a una suerte de derecho adquirido del gran capital local: se ha naturalizado —por parte de diversas fracciones— que lo normal en Argentina son tasas de ganancia desmesuradas, justificándolas en el riesgo y la incertidumbre que deben enfrentar. Dado que el gobierno, por sus características más profundas, renuncia a controlar, regular o sancionar la formación de los precios abultados que permiten la captura de rentas monopólicas u oligopólicas gigantes, el único ancla antiinflacionario que queda son los salarios, que pasan a ser presentados como responsables de los impulsos alcistas existentes en la economía. Mientras la generalizada catarata de aumentos en todos los rubros va a ser maquillada por la red de medios oficialistas como necesarios reacomodamientos y sinceramientos para sanear la economía, la pretensión de recuperar el poder adquisitivo erosionado por el festival empresario va a ser presentada como factor peligroso de retroalimentación de la inflación. ¿No era que los argentinos estamos todos de acuerdo que hay que combatir al flagelo inflacionario? ¿Por qué vienen entonces ahora los sindicatos a boicotear con sus demandas desmesuradas el esfuerzo que estamos haciendo entre todos? Hasta que al poder corporativo le convenga, es decir, luego de haber incrementado en forma irresponsable sus propios precios, la lucha contra la inflación quedará reducida, no casualmente, a la lucha contra la recomposición del salario, ya que no es esperable ninguna medida antiinflacionaria efectiva que pueda recortar las hiper ganancias empresarias por parte de éste, su gobierno. ¡Otro segundo semestre! Tendremos, por lo tanto, paritarias muy conflictivas. De esas paritarias surgirá otro dato clave para estimar la inflación final del año: cuánto lograrán moverse los salarios en relación al resto de precios clave de la economía. El árbitro de la pelea desea fervorosamente que se muevan muy poco. Bajar otro escalón más en la escalera descendente del salario real. Si las patronales son astutas, propondrán aumentos pequeños… pero con cláusulas gatillo. Pero atención: en el segundo semestre, el movimiento obrero se podría encontrar con una recesión importante, en buena medida ocasionada por la caída de los ingresos no sólo de los asalariados, sino de los millones de no asalariados (comerciantes, profesionales, cuentapropistas) que, sin darse cuenta, dependen de que los trabajadores ganen aceptablemente. Si el gobierno obtuviera la caída salarial deseada en el primer semestre, conjuntamente con el aumento del desempleo, de los recortes estatales en personal y en gasto público, de la contracción del consumo y de la demanda en general, habría juntado todos los ingredientes de otro segundo semestre de brotes verdes inexistentes. En ese contexto de deterioro social, la cláusula gatillo se disolvería en el aire y lo acordado en paritarias sería considerado como una broma entre amigos… que no era vinculante. Lo notable será que para que el número de inflación presupuestado por el gobierno de los brillantes economistas neoliberales sea parecido a la realidad, habrá que sacrificar completamente un número aún más importante: el crecimiento económico de 2018 que quedaría raquítico si se aplica el único instrumento que concibe el gobierno: el ancla salarial. Con la excusa de la lucha contra la inflación se planteará entonces una mega-contención salarial y la continuidad del debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores vía desempleo y recesión. Es previsible por lo tanto que en el primer semestre se refuerce la combatividad del gobierno para poner un techo bien bajo en las paritarias. La culpa no es de Sturzenegger No es bueno ver sólo el árbol. El tema no son personas puntuales, ni fracasos puntuales. La coyuntura está teñida por la inconsistencia de toda la política económica oficial. No se trata de la figura de Federico Sturzenegger, quien en un país con una derecha con mínimas nociones republicanas jamás podría haber vuelto a ejercer un cargo público de importancia. Su presencia en el Banco Central devela que precisamente está en el poder una facción para la cual el megacanje y demás intentos ruinosos de salvar la convertibilidad merecen ser premiados con las más altas responsabilidades públicas. Pero además, son las concepciones económicas disfuncionales de todo el equipo económico neoliberal las que explican el supuesto fracaso gubernamental para cumplir sus promesas, no exclusivamente las de Sturzenegger, a quien empiezan a candidatear para chivo expiatorio. La idea absurda, perimida, teóricamente refutada de atacar la inflación sólo con política monetaria contractiva ha sido avalada por todo el gobierno. Mientras otros funcionarios pirómanos echan leña y nafta y fósforos al fuego inflacionario, el presidente del BCRA ha mantenido metas fantasiosas, incumplibles, hablando de credibilidad y reputación ante los mercados en abstracto. Como si los mercados, o sea las grandes empresas y los bancos, actuaran como en los manuales de economía neoclásica, y no como decididos jugadores en la puja inflacionaria y distributiva. Pero los errores teóricos vienen siempre en los gobiernos neoliberales acompañados por agradables compensaciones que se miden en millones de dólares: Hagamos como que creemos en esta cháchara monetarista y mientras tanto que nos siga pagando fortunas con las LEBACs La cifra que informa de la adquisición de 15 millones de balas de goma por parte del gobierno coincide, casualmente, con la meta del 15% de inflación. Son los argumentos científicos que les van quedando.
Ricardo Aronskind es economista y magister en Relaciones Internacionales, investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
27 de enero de 2018 · Axel Kicillof analiza el fracaso del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea El ex ministro de Economía señaló que el gobierno de Cambiemos ofrece libre comercio a un mundo que se volvió proteccionista. "Macri tiene un dogma aperturista que se choca con la realidad histórica, por eso su política de inserción internacional es un corso a contramano", aseguró. Axel Kicillof: "La tasa alta sólo sirve para que los pesos no se vayan al dólar". Axel Kicillof: "La tasa alta sólo sirve para que los pesos no se vayan al dólar". El diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV) Axel Kicillof consideró que el fracaso del presidente Mauricio Macri en lograr un acuerdo Mercosur-Unión Europea se debe a que el mandatario argentino ofrece “libre comercio” en momentos en que el mundo que “va a contramano (de esa política) y protege a sus propios productores”. En ese sentido señaló que “Macri no comprende esta realidad” y por eso “el mundo le cierra la puerta en la cara cada vez que va a golpearla”, sintetizó el ex ministro de Economía. “Macri tiene un dogma aperturista que se choca con la realidad histórica, por eso su política de inserción internacional es un corso a contramano”, dijo y ejemplificó: “Se le ocurre ser ultra liberal y ultra librecambista con la UE, cuando este bloque tiene una política de defensa a sus productores”. Durante una entrevista por FM La Patriada, Kicillof citó otro ejemplo al respecto: luego de asumir, el Presidente argentino dio un giro y regional al asociarse con la Alianza del Pacífico, “y al poco tiempo (su par norteamericano Donald) Trump retiró a su país de ese tratado” con el argumento de proteger a los productores estadounidenses. “Macri no comprende eso, por eso tiene tantos traspié. Va a buscar algo que el mundo no quiere darle, que es librecomercio”, esgrimió el ex ministro al tiempo que aclaró que su análisis se basa en los hechos y que en ello no hay una cuestión valorativa: “No digo si esto está bien o mal, es lo que está pasando”. Tras explicar el contexto, el ex funcionario aseguró que el acuerdo Mercosur-UE que el gobierno de Cambiemos hizo fracasar era “tremendamente desfavorable” para la región. “El acuerdo era que nosotros le damos todo y ellos casi nada”. Lo que el mandatario argentino hizo fue “pedir migajas, que le reconozcan un poco más de posibilidades de exportar carne, y la UE respondió en defensa de sus productores”. En su opinión, la caída de ese acuerdo tuvo que ver también con la “política errática” del gobierno de Cambiemos. “El Presidente anda buscando inversiones pero nadie sabe cuánto va a estar el dólar ni las tasas de interés”, criticó. “Lo único que fomenta la política macroeconómica de Macri es la especulación financiera”, que en el ámbito interno genera “desprotección del trabajo y la industria”, dijo. Además, “nadie sabe si este modelo va a seguir”, porque el equipo económico está integrado por “ministros sin posicionamientos claros” que conviven en una permanente “desorientación, pujas y contradicciones que dan poca consistencia al programa económico”. Por otra parte, para el diputado la política del Gobierno es la de una administración que “no tiene vocación industrialista” y sostuvo que el actual modelo económico “sólo fomenta la especulación financiera”. En ese sentido rechazó el argumento oficial de que el sostenimiento de altas tasas de interés es para bajar la inflación. “En realidad lo hace para planchar el dólar”, aseveró Kicillof. Publicado en: https://www.pagina12.com.ar/92023-macri-no-comprende-la-realidad
