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lunes, 30 de enero de 2017

Gil Lavedra: "Negar lo ocurrido causa estupor", por "Página 12" del 30-01-17



 Lavedra señaló que los dichos de Gómez Centurión "no contribuyen a unir a los argentinos".
Declaraciones del referente de la UCR sobre las expresiones de Gómez Centurión

El exintegrante del tribunal del Juicio a las Juntas dijo que las expresiones del titular de la Aduana le causaron dolor, porque fueron realizadas por "un funcionario de un gobierno democrático".





El referente del radicalismo y exintegrante del tribunal del Juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra aseguró que le causaron "dolor" las declaraciones del titular de la Aduana y excarapintada, Juan José Gómez Centurión, sobre la última dictadura cívico-militar, porque "a esta altura de la democracia es algo que ya no puede ser negado".

"Me provoca dolor porque viene de un funcionario de un gobierno democrático", agregó el abogado cercano a la alianza de gobierno. 

"Cuando se habla de negacionismo, cuando se alude a tratar de negar la realidad para evadir algo que resulta incomodo o doloroso, para tratar de no enfrentarlo. A esta altura de la Argentina negar lo ocurrido causa estupor, no es opinable", afirmó Gil Lavedra tras la afirmación de Gómez Centurión sobre que la cúpula militar de la dictadura no tuvo un plan sistemático de extermino sino que se trató de "un modelo caótico de dirigir una guerra".  

Consultado sobre la responsabilidad políticas de los dichos de Gómez Centurión y los pedidos de renuncia que surgieron desde los organismos de derechos humanos, el excamarista federal indicó que "está bien la divergencia de opiniones", pero consideró que  "no se puede tener posiciones divergentes" respecto de lo ocurrido durante el proceso militar y las palabras del titular de la Aduana no pueden "tocar ningún núcleo de valor y principios básicos compartidos" hacia el interior del Ejecutivo.  "No son declaraciones que ayuden o contribuyan a unir a los argentinos, que era uno de los objetivos básicos del gobierno", apuntó.

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RODRÍGUEZ SAA: “El Ejecutivo es responsable”, entrevista de Alejandra Dandan para “Página 12” del 30-01-17



“Hay que liberarla, pedirle disculpas y anular todo lo que se hizo”, dice Rodríguez Saá.
(Imagen: Télam)
Alberto Rodríguez Saá habla sobre la detención ilegal de Milagro Sala


En diálogo con PáginaI12, el gobernador de San Luis señala que el gobierno nacional está involucrado en la persecución a Milagro Sala, a la que define como una presa política. Pide que se atienda el reclamo de los organismos internacionales y se la libere.

Por Alejandra Dandan

Alberto Rodríguez Saá dice que cuando subió al templo de Kalasasaya, en el Alto Comedero, extendió el brazo derecho para un  lado y veía viviendas. Extendió el izquierdo, y lo mismo. Por eso, al cumplirse un año de la detención ilegal de Milagro Sala, dijo que la organización Tupac Amaru no sólo había hecho todo lo que tenía que hacer, sino que muy probablemente Milagro Sala hasta puso plata del bolsillo para hacerlo. El gobernador de San Luis es uno de los representantes políticos que comenzaron a reclamar la libertad de Sala, luego de las resolución de Naciones Unidas y de los pronunciamientos de organismos internacionales de protección a los derechos humanos. En esta entrevista cuenta por qué viajo para Navidad a Jujuy, y pide a diputados, senadores, gobernadores y al peronismo poner el tema en la agenda. Al Gobierno le reclama que acepte dar un paso atrás: “El Ejecutivo también es responsable de esto, al Gobierno le sirve muchísimo si logra legitimarlo. Creo que hay que poner un límite, respetar las demandas de los organismos de derechos humanos. Se puede decir basta, volver atrás y liberarla”.

–¿Por qué decidió acercarse? ¿Conocía a Milagro Sala?

–No la conocía personalmente. Pero en el marco de un conflicto, levantamos el teléfono y hablamos una o dos veces. Cuando llegó Navidad, entendí que era una presa política y me pareció interesante preguntarle si aceptaba que la pase con ella. La llamé. Y ella, re-amable, me dijo que sí. Así, empecé el trámite, me autorizaron, pero no en la forma que yo quería.

–¿Por qué?

–Quería que fuera más natural el encuentro de Nochebuena, con más libertad en el penal, pero no aceptaron. Tuvo que hacerse todo de acuerdo al reglamento, como si ella estuviera casi incomunicada. El juez tiene atribuciones suficientes para poner condiciones mucho más dignas, con respeto, porque no fueron condiciones dignas de una Navidad, ni horarios dignos, podría haberse hecho de otra manera. Pero el juez dijo que era incompetente, y luego el jefe del servicio penitenciario se portó correctamente. Yo llamé al ministro de Gobierno para anunciarle que iba. Estuvo bien, me dijo que era peronista, conversó conmigo, pero después salió a decir cualquier cosa. Le dije que ni siquiera le estaba pidiendo permiso, sino que le decía que iba porque me parecía correcto dado que soy gobernador de una provincia, y esto lo hacía a título personal.

–¿Gerardo Morales intentó comunicarse con usted?

–Morales quiso hablar con el senador Adolfo Rodríguez Saa. Hizo varios intentos. Al final se encontraron en el Congreso. Y Morales le dijo: espero que no vayas a Jujuy. Mi hermano le contestó: mi hermano está con eso. Nunca habló. Nos encontramos circunstancialmente en una reunión y le dije, buen día, nada más. Quiero decir que otras navidades las pasé con inundados de la provincia en el corazón de las sierras, con gente humilde que había perdido todo, como una forma de poner el tema en la agenda, porque ese es el punto: poner en la agenda este tipo de cuestiones de mucho dolor para que los gobiernos busquen soluciones. Con ella, fue así. Volví a verla el 25. Pero estuve también con los demás compañeros y compañeras que están en la misma situación. Y sobre los que lamentablemente pasa esto, que uno no se acuerda los nombres, por eso es importante escribirlos y escribirlos, hasta que nos acordemos de todos los militantes para hacer el reclamo completo: son presos políticos.

–¿Cual es su evaluación de lo que sucede?

–Milagro Sala es una presa política porque fue detenida ilegalmente. A ella se la detiene por un acampe. Después se llama a una suerte de indagatoria por el acampe. La detienen por una infracción municipal que tiene como pena máxima dos días de arresto. De trabajo comunitario. Así que detenerla por un acampe es ilegal. Después le agregan asociación ilícita, figura que no existe por una falta municipal. Es como ir en auto a una fiesta y que los que van adentro decidan estacionar en un lugar donde no se puede. No se puede hacer que vayan presos por asociación ilícita porque los tres se pusieron de acuerdo para estacionar. Es una locura jurídica. Se hizo de manera torpe y hasta puede ser motivo de humoradas, pero no pueden colgarle el proceso después para intentar resolverlo porque eso cambia las reglas del debido proceso. Eso está clarito en el derecho. El debido proceso es como una foto del día que vos cometes el delito: en esa foto no está la posibilidad que te detengan por una falta municipal y una vez detenido empiecen a colgarte galletas. La Argentina tiene el caso de Gorriarán Merlo, no se puede detener a alguien ilegalmente y luego colgarle el juicio porque todo es nulo y eso es exactamente lo que hacían los tribunales de la inquisición. Era una suerte de proclama que llamaban acto de fe. La proclama la daba el cura. Después te venían a detener, te tenían uno o dos meses hasta que vos con tu silencio firmabas que aceptabas al tribunal de la inquisición y sus reglas en total estado de indefensión. Esto es lo mismo. ¿Qué hay que hacer? Liberarla. Y pedirle disculpas, mire lo que digo. Pedirle disculpas y anular todo lo que se hizo. Todo es nulo.

–Su provincia tiene tradición en construcción de viviendas. ¿Cómo analiza las obras de la Tupac?

–Una galleta que le colgaron con mucha imprudencia es eso de que se robó todo. Quien se ha parado simplemente en la loma donde está el valle y desde donde se ven las construcciones de Milagro Sala no sólo dice que no se robó todo, sino que no se robó nada. Veamos cuánto fue lo que le dieron, en qué condiciones y qué hizo ella, y vamos a ver que se necesitan montañas y montañas de dinero para construir lo que se construyó en Jujuy, son miles de viviendas. Hay que sumar gas, infraestructura, la red de agua, caminos, calles, veredas, asfalto, los árboles. Lo que dicen es muy agraviante. Que se saquen las cuentas, seguro que si nos ponemos a sumar ella puso plata de su bolsillo.

–¿Qué debe hacer el Ejecutivo?

–El Ejecutivo está involucrado porque el caso Milagro Sala le sirve al gobierno muchísimo si logran legitimarlo. Hay que escuchar a los organismos internacionales. Hay que poner un limite, respetar las demandas de los organismos de derechos humanos. Siempre hay un momento en el que se puede decir basta, volver atrás, decir me equivoqué y liberar a Milagro Sala. Liberarla a ella y al resto. Y, en libertad, que sigan los procesos con todas las garantías de la ley.

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¿QUIÉN LAVA MÁS BLANCO?, por Cristian Carrillo (para “Página 12” del 30-01-17)






Gustavo Arribas, jefe de la AFI, investigado por la Justicia. Mariano Federici, titular de la UIF.

(Imagen: DyN)


El traspaso de la Unidad de Información Financiera a Finanzas recalentó las internas en el Gabinete


Cruces en el Gobierno por el control del lavado


La cuestionada intervención de la UIF en el caso Arribas reavivó el conflicto entre las carteras de Justicia y Finanzas. Caputo avanza también en el área de Seguros, nombrando a un funcionario con denuncias por evasión.



Por Cristian Carrillo



En el Gobierno existe una feroz interna por el manejo de la Unidad de Información Financiera (UIF). Una parte del oficialismo reprocha que los cambios en el funcionamiento y en el organigrama de la entidad reguladora apañan al sistema financiero. El principal inconveniente que apuntan es el traspaso de jurisdicción de la UIF, que desde su creación estuvo bajo la órbita del Ministerio de Justicia y ahora pasó a depender de la cartera de Finanzas, que conduce Luis Caputo. Funcionarios del área aseguran que no hay problemas de coordinación y regulación y toman como ejemplo lo hecho en otros países. Sin embargo, las falencias en el monitoreo quedaron en evidencia con el caso del ex jefe de los espías, Gustavo Arribas, donde se cuestionó que la UIF, a cargo de Mariano Federici, fue notificada pero no actuó diligentemente.



A escasos meses de que el país ocupe por primera vez la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo supranacional encargado de delinear acciones y propuestas para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, crece el malestar entre las distintas áreas involucradas en la conducción UIF. Durante la votación del paquete de leyes del blanqueo se incorporó sobre el final un artículo para pasar las funciones de control de la UIF a Hacienda y, tras la separación de esa cartera, a Finanzas. El traspaso había sido solicitado por un grupo de bancos extranjeros, y trasladado por Caputo a su bloque de Diputados, como condición para asegurarle al gobierno un éxito en el blanqueo. Según sostiene la parte molesta con esa decisión, ésto implicó un menor seguimiento de operaciones que podrían considerarse sospechosas, explicando el abultado número de adherentes a ese beneficio y el elevado monto ingresado.



Desde su creación, en el 2000, la UIF siempre respondió al Ministerio de Justicia y con los años fue ganando autonomía en la gestión. Desde los primeros días de gobierno, Cambiemos comenzó un acelerado proceso de desmantelamiento y fragmentación de la UIF. Empezó con el arribo de abogados provenientes de los estudios que defienden a bancos o personal de esas entidades financieras acusados de lavar dinero, como el caso de la vicepresidenta María Eugenia Talerico, y continuó con el despido de la mitad de los analistas de información. Por su parte, Federici fue propuesto por Felipe Miguel, el jefe de ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. Como muchos otros funcionarios macristas, tiene experiencia gerencial en el sector privado, vinculado a la industria del seguro, con antecedentes en Boston Compañía Argentina de Seguros, SDM Consulting Group, Led Argentina y Pull Luego fue el turno de achicar la nómica de técnicos. En el caso de los trabajadores de planta permanente hace unos meses se les quitó funciones y se les redujo el salario, denunciaron ante este diario fuentes que representan al sector (ver aparte).



Pero la decisión de centralizar toda la información en el Ministerio de Finanzas es lo que más ruido hizo. Según reconocieron a este diario fuentes cercanas al ministro de Justicia, Germán Garavano, todavía se preguntan por qué no quedó en Hacienda, como fue el cambo originalmente. Por un lado, la cartera de Justicia que conduce mantuvo la representación de la UIF ante el GAFI y el Gafilat (regional). A partir del trabajo realizado hasta 2014 por la UIF, el país dejó de estar en la lista gris y desde el 1 de junio pasado, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, segundo de Garavano, fue designado como vicepresidente del GAFI. A partir del 1 de julio tomará el cargo de presidente de esa misma entidad. Entre otras funciones que mantiene el Ministerio de Justicia se encuentra la coordinación de los organismos de cumplimiento de ley, de los reguladores (Comisión Nacional de Valores, Banco Central y AFIP) y la de los sujetos obligados.



Por otro lado, están las atribuciones de la UIF bajo la órbita de Finanzas, que tiene la tarea de centralizar la información que reciba de los mismos bancos que solicitaron el cambio de jurisdicción. De esta manera, Caputo se aseguró la posibilidad de bloquear el acceso a cualquier dato sobre los blanqueadores. El arreglo con los bancos, según aseguran fuentes oficiales, tendría como contrapartida una rebaja en las comisiones para futuras colocaciones de deuda, aunque aún ese beneficio no se reflejó en las recientes emisiones.



“Mi oficina trabaja en el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional para el Combate del Terrorismo y los crímenes financieros lo que implica una red de trabajo de más de 30 organismos del Estado, incluyendo agencias de cumplimento de la ley, reguladores y el apoyo de las Naciones Unidas. La única interna que tenemos es con los grupos criminales que operan para que tengamos un país más injusto e inseguro. Tenemos un largo y fuerte compromiso ético político para que el país sea exitoso en esta lucha por las instituciones”, señaló a PáginaI12 Juan Félix Marteau, coordinador para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo del Ministerio de Justicia, al ser consultado sobre el tema.



El interrogante es cómo se plantará el país ante el GAFI con estas modificaciones. El director de la Unidad Coordinadora Internacional de Justicia, Eugenio Curia, quien es el representante nacional ante el GAFI, aseguró a este diario que “el cambio de órbita a Finanzas no afecta en lo más mínimo la posición argentina” y citó otros ejemplos de países de la región que utilizan ese organigrama. Según indicó, “siempre hubo una coordinación operativa sin problemas”. Sin embargo, la UIF deberá explicar qué sucedió con el caso de Arribas, quien habría recibido un pago de 600 mil dólares de un condenado por corrupción y pago de coimas en Brasil en el marco de la investigación denominada Lava Jato. PáginaI12 buscó comunicarse con Federici para que explique la posición de la entidad que conduce, pero no respondió.



El despliegue de influencias del flamante ministro e Finanzas no se circunscribe a la UIF. También desembarcó en la Superintendencia de Seguros. La entidad encargada de supervisar al millonario sector asegurador quedará a cargo de Juan Alberto Pazo, quien se ufana de ser íntimo amigo de Caputo. Pazo se desempeñaba como jefe de Gabinete de Federici y antes de desembarcar en la función pública era directivo de Las Blondas, la firma a cargo de comercializar la marca de indumentaria Rapsodia.



Pazo estuvo investigado por presuntas maniobras de evasión de la firma y figura como directivo en sociedades offshore radicadas en Panamá asociadas a esa etiqueta de ropa. “Hoy miramos al sistema financiero como uno de nuestros principales socios y eso es esencial para prevenir delitos financieros”, había asegurado como representante de la UIF durante un evento de ASAP. Pazo reemplazó a Edgardo Podgarny, quien a comienzos del año pasado desarticuló una exigencia establecida en 2012 para que las aseguradoras destinen una porción de sus fondos al financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura. La medida implicó reducir del 18 al 3 por ciento la porción de la cartera de inversiones de las compañías del sector dirigida hacia fondos comunes de inversión pequeñas y medianas empresas.



Pazo es señalado por un ala del Gobierno como el “articulador de la jugada”, respondiendo a Caputo, que implicó el traspaso de la UIF a la órbita de la cartera económica. El superintendente además se jacta de seguir siendo el de mayor influencia en el Gabinete de la UIF. Dentro de la Unidad también hay otra interna, debido a que las decisiones de Federici no toman en cuenta la posición del Consejo Asesor, que integran representantes del BCRA, AFIP, CNV, Ministerio de Justicia, de Finanzas, de Interior, un experto en temas de lavado, y otros sobre prevención de drogadicción.



Este incumplimiento es una grave violación del artículo 8 de la Ley 25.246, que señala que la UIF estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete Vocales. Los integrantes deben ser designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan. Esto implica que el presidente de la UIF tendrá voz, pero no voto en la adopción de sus decisiones, para lo cual se requiere de al menos cinco de sus integrantes y se decidirá por mayoría simple. Hasta el momento fueron nombrados en el Consejo José María Gielis, en representación del BCRA; Mariano Sebastián Proh, del Ministerio del Interior; Martín Andrés Montero, del Ministerio de Justicia; Germán Miguel Gordillo, de Finanzas; y María Soledad Castro, de la CNV.



Las fuentes del gobierno que no están de acuerdo con este tipo de manejos sostienen que Federici pretende gobernar sin consejo asesor que lo condicione. No obstante, para eso debería impulsar otra nueva reforma express como la que consiguió cuando mudaron la UIF a Hacienda, que terminó en Finanzas.



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PARRILLI: "Un mensaje cuasi mafioso a todos los opositores", por "Página 12" del 29-01-17)





(Imagen: Guadalupe Lombardo)



Parrili volvió a acusar al Gobierno por espionaje

El ex titular de la AFI reiteró que la divulgación de una conversación telefónica entre él y la ex presidenta Cristina Kirchner es "un delito gravísimo". "El que ordenó que escuchen a Cristina fue Macri", afirmó.


Oscar Parrilli, ex director de Inteligencia durante el kirchnerismo, se refirió hoy en el marco de una entrevista con América TV, a las repercusiones del audio de una conversación telefónica con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner filtrado la semana pasada. Según trascendió, la escucha fue realizada en julio del año pasado en el marco de una causa que lleva adelante el juez Ariel Lijo. En ella se investiga a Parrilli por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, vinculado al Triple Crimen de General Rodríguez.

El ex jefe de la AFI dijo en diálogo con el canal América que evalúa "pedir una investigación para ver quién es el responsable de haber filtrado estos audios a los medios", señaló al gobierno por hacer espionaje político y consideró que la difusión de la grabación de su charla con la ex presidenta Cristina Fernández era "un mensaje cuasi mafioso a todos los opositores".

También se refirió a la responsabilidad en el tema de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “más Gustavo Arribas (jefe de la Agencia Federal de Inteligencia) con la complicidad de algunos jueces y fiscales". De todas formas, señaló que si en los audios "hubieran tenido algo serio, algo grave, no habrían esperado hasta ahora". El objetivo de esta maniobra mediática, expresó el ex jefe de la AFI, sería "esconder este desastre que están haciendo”.

La semana pasada, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a la ex presidenta por abuso de autoridad ya que, según él, es preciso investigar si al espía Antonio “Jaime” Stiuso se le armaron causas. Alegó que en un momento del audio, Cristina Fernández de Kirchner le dice a Parrilli: “Empezá a buscar todas las causas que le armamos, no que le armamos, que lo denunciamos a Stiuso”. Las denuncias que el gobierno anterior hizo contra el ex agente fueron presentadas a la Justicia, impulsadas por fiscales y hoy son causas judiciales en curso. CFK respondió a esta acusación del fiscal Marijuan con una denuncia que presentó el jueves pasado en los tribunales de Santa Cruz contra el gobierno de Macri, por violación de secreto y abuso de autoridad, entre otros delitos.

"Lo que me pasó a mí es una anécdota. La relación mía con Cristina y con Néstor (Kirchner) es de hace 30 años", dijo Parrilli en referencia al tono informal de la conversación telefónica. Lo "gravísimo", afirmó Parrilli es “que se hizo espionaje político". "Esta era una causa que se había iniciado contra (el ex secretario de Seguridad, Sergio) Berni, y como no encontraron nada, enfocaron la causa en contra mío", aseguró.

Destacó que se enteró del tema en octubre, cuando fue notificado de la causa, pero indicó que entonces "ni el juez ni el fiscal me hicieron alguna pregunta que tuviera que ver con esas escuchas".

En la entrevista televisiva Parrilli también se refirió a la muerte del fiscal Alberto Nisman y reiteró que cree que se trató de un suicidio. "Toda la investigación demuestra eso, si ves la causa, las pruebas dicen que se suicidó", sostuvo el ex funcionario y afirmó que al fiscal  "lo dejaron solo, lo dejaron con mucho conflictos internos. Trataron de que llevara adelante una denuncia fantasiosa".

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