ANTE EL JUEZ JULIAN ERCOLINI, LA EXPRESIDENTA PIDIO LA NULIDAD DE LA INDAGATORIA Y CALIFICO COMO "UN DISPARATE MAYUSCULO" LA ACUSACION
La ex presidenta, Cristina Kirchner, calificó como "un disparate mayúsculo" la causa por supuestas irregularidades en la obra pública destinadas -según el juez Julián Ercolini- a enriquecer al empresario Lázaro Báez y aseguró que se trata de "una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático" para "tapar el desastre económico y social" de diez meses del gobierno de Mauricio Macri. La ex mandataria aseguró que si su gestión hubiese sido parte de una "asociación ilícita", el gobierno de Macri debería ser una "asociación ilícita terrorista porque genera terror entre la gente".
Cristina enumeró la serie de argumentos errados que sostienen la causa judicial en su contra, en base a los cuales calificó "ridículo" el avance de la investigación. En primer lugar, la ex mandataria señaló que se califica como "asociación ilícita" a "un gobierno elegido en las urnas". Luego aclaró que los fondos de las obras públicas fueron "votados por el Congreso Nacional", agregó que desde 1994 son "las provincias las que llaman a licitación" y subrayó que durante su gestión las obras tuvieron el visto bueno de "la Auditoría General de la Nación y de la Comisión Revisora del Parlamento".
"Si nosotros éramos una asociación ilícita, este gobierno es una asociación ilícita terrorista, que impone el terror a la gente cuando va al supermercado o cuando le llega la factura de luz o de gas", ironizó la ex presidenta sobre los primeros diez meses de gestión de Cambiemos y aseguró que, con las causas judiciales, Macri “busca tapar el sol con la mano y trata de esconder lo que es un verdadero desastre”.
Además, la ex mandataria resaltó que en el escrito que presentó ante Ercolini solicitó la ampliación de la investigación: "No es que no queremos que se investigue. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública". Acto seguido, Cristina destacó que el empresario Angelo Calcaterra, primo de Macri, fue uno de los que más fondos de obra pública recibió durante su gestión, e indicó que en varias obras lo hizo asociado con Báez.
"No puede ser que se revisen sólo los fondos asignados en una provincia y a una empresa", advirtió la ex mandataria, quien agregó que no es "amiga ni socia comercial de Lázaro Báez", y que durante su gobierno se "duplicaron las empresas de obra pública" para desarrollar las obras en todo el país.
Respecto de Calcaterra, Cristina agregó que el pliego para el soterramiento de las vías del tren Sarmiento --obra asignada a Iecsa, empresa del primo de Macri-- venía desde su gestión, pero la gestión de Cambiemos modificó el punto que indicaba que la obra se realizaría con financiamiento internacional para que sea el Estado el que financie la obra, "que, por supuesto, se cuidaron de que no lo firmara Macri", aclaró. "Que se investigue el favorecimiento a Iecsa", reclamó.
Por último, la ex presidenta aseguró que la causa judicial en su contra busca "la difamación, proscripción y estigmatización de un movimiento político" e indicó que "existe una "persecución judicial de todos aquellos candidatos que pueden poner en riesgo los resultados de las próximas elecciones legislativa", de 2017.
VIDEO DE LA SALIDA DE CRISTINA DE COMODORO PY
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-313092-2016-10-31.html
"UN SECTOR DEL PODER JUDICIAL ESTA PARTIDIZADO"Zaffaroni advirtió que "se clonan" las causas contra la ex presidenta
UNA MULTITUD MILITANTE Y DIRIGENTES DE VARIAS AGRUPACIONES KIRCHNERISTAS ESPERARON A LA EXPRESIDENTA EN COMODORO PY"La citan a Cristina y nos citan a todos"
Este es un espacio de reflexión social, política Y cultural. TWITTER: @Mirandohadentro @adrianccorbella
Páginas
▼
lunes, 31 de octubre de 2016
CAMBIO LA PANTALLA, por Sebastian Abrevaya (para "Página 12" del 31-10-16)
Voto electrónico que hace cortocircuito
Los ocho agujeros negros que pueden trabar la reforma electoral. Mañana empieza el tratamiento en el Senado del controvertido voto electrónico ya aprobado en Diputados. Pero la oposición maneja un listado de irregularidades que hasta ahora el oficialismo no pudo responder
EL PJ CUESTIONARA LA REFORMA POLITICA DEL PRO CON POSIBILIDAD DE LOGRAR MAYORIA EN EL SENADO
El bloque del PJ presentó sus objeciones a partir de los distintos informes técnicos sobre los puntos débiles, vulnerables al fraude, del voto electrónico que propone Cambiemos en su reforma política. Un trámite difícil para el oficialismo.
Por Sebastian Abrevaya
El sueño de la Boleta Unica Electrónica que el presidente Mauricio Macri le encargó personalmente a sus hombres de mayor confianza está cada vez más lejos de convertirse en realidad. En la antesala del tratamiento parlamentario que comenzará mañana en el Senado, las principales figuras del Frente para la Victoria ya tienen en su poder un detallado informe con las falencias del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. La eliminación del chip RFID de la boleta, la aplicación “gradual” del nuevo sistema y la instrumentación de un “plan de contingencia” en caso de que la Cámara Nacional Electoral no apruebe el sistema propuesto por el Poder Ejecutivo son sólo algunos de los puntos que el peronismo ya está analizando y prevé imponer. Estas modificaciones dejarán a Cambiemos al borde de un doble abismo. Por un lado, el temporal: tendrá que trabajar contrarreloj para obtener la ley antes de fin de año. Por el otro, el político: si el FpV-PJ logra sumar, como es probable, las voluntades de otros bloques como el peronismo federal, alcanzará los dos tercios de los votos en el Senado, obligando al oficialismo a aceptar sus cambios cuando la iniciativa vuelva a Diputados (ya que Cambiemos, aun con apoyo del massismo, no alcanza con dos tercios necesarios para insistir en su redacción original). Y aún si los cambios en el Senado no se aprueban por los dos tercios de los votos, de todas maneras Cambiemos necesitará conseguir la mayoría absoluta del total de los Diputados para sostener su posición.
En el marco de un escenario político cada vez más complejo para el oficialismo, en el que las posiciones de los distintos bloques legislativos se van tensando por la aproximación del año electoral, la Cámara alta comenzará mañana a tratar un proyecto altamente sensible para el Poder Ejecutivo. Macri en persona presentó la iniciativa en junio y le encomendó a Frigerio, al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, entre otros, que aprueben la implementación de la Boleta Unica Electrónica. Con minoría en ambas Cámaras, se convirtió en uno de los desafíos más grandes para el oficialismo ya que para legislar en materia electoral se necesita una mayoría especial (la mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara).
Tras meses de reuniones, negociaciones, marchas y contramarchas, el oficialismo logró el 20 de octubre aprobar en la Cámara de Diputados su proyecto. En el camino debió hacer múltiples concesiones, tanto a sus propios socios de la UCR como a los opositores “amigables” del Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Así es como dejó de lado la ampliación de la cantidad de bancas de Diputados y se incluyó la paridad de género (aún contra la voluntad expresa de varios de sus principales legisladores como Pinedo, Pablo Tonelli y Nicolás Massot). Este punto establece que en todas las listas de candidatos a las PASO debe intercalarse un hombre y una mujer. A cambio, el PRO logró mantener el corazón de su iniciativa: la Boleta Unica Electrónica, a implementarse de una sola vez y en todo el país para las legislativas de 2017. El sistema de votación planteado por el macrismo se trata de un mecanismo similar al utilizado en las elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires (se iban a utilizar en las PASO porteñas pero pese al apuro macrista debieron dar marcha atrás). Mediante una pantalla se eligen los candidatos, la máquina emite una boleta que lleva impresa la voluntad del elector en un mismo soporte: en papel y, además, con un chip RFID, que es el que permitía realizar el escrutinio electrónico.
Distintos referentes de la comunidad científica, técnicos informáticos y ONG especializadas cuestionaron duramente el sistema por su vulnerabilidad y por posible afectación del secreto del voto. En recientes conferencias sobre tecnología y seguridad como la última edición de la EkoParty se demostró que el chip RFID puede ser fácilmente leído a la distancia e incluso modificado y/o dañado para alterar la voluntad del votante. En contra de lo que decía el macrismo, no se requerían equipos sofisticados ni costosos para realizar estas operaciones. Podían realizarse con un smartphone y mediante un software muy sencillo. Ya en la elección porteña del año pasado distintos técnicos informáticos advirteron sobre estas vulnerabilidades, lo que incluso le valió a un programador, Joaquín Sorianello, que fuera detenido y su casa allanada por demostrar las fallas del sistema de la empresa Magic Software Argentina. Finalmente fue sobreseído pero en el expediente judicial quedó constancia de la vulnerabilidad del sistema. Estas y otras cuestiones fueron expuestas durante el debate en comisiones de Diputados, a las que el macrismo y Cambiemos no les dieron mayor entidad.
Sin embargo, y como ya adelantó Página/12, los senadores del FpV-PJ Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti presentaron en el Senado un proyecto que contempla la impresión electrónica de la boleta pero sin chip y con conteo manual, lo que podría mejorar ciertos aspectos de seguridad frente a eventuales ataques informáticos.
Pero además de ese proyecto, varios senadores peronistas ya tienen un informe presentado por el apoderado del PJ, Jorge Landau, donde desgrana 8 agujeros del texto aprobado en Diputados que requerirían cambios en la Cámara alta:
Los ocho puntos vulnerables
Además de los cambios anteriores, la media sanción de Diputados contiene un capítulo sobre paridad de género, pero con una redacción distinta a la del proyecto ya aprobado en el Senado. “Tienen la misma filosofía pero la propuesta del Senado mejora y amplía el concepto porque avanza un poco más en el tema del reemplazo de senadores. Nosotros diferenciamos a los que ingresaron por mayoría de los que ingresaron por minoría”, explicó a Página/12 la senadora, Marina Riofrío, quien adelantó que a pesar de haber aprobado ya su proyecto en la Cámara alta buscarán corregir la iniciativa de la Cámara baja. De esta manera se garantizan que sea tratada, ya que se trata en el mismo proyecto de la BUE que el oficialismo pretende aprobar.
El futuro del trámite parlamentario
La ronda de audiencias convocadas por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y Prespuesto y Hacienda (todas presididas por el FpV-PJ), comenzará el martes a las 13 con la presencia de Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, le detalló a este diario que esta semana, además de los representantes del Poder Ejecutivo pasarán los apoderados de los partidos políticos. El jueves serán de la partida Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, los integrantes de la Cámara Nacional Electoral. Posteriormente será el turno de expertos informáticos y académicos. Y el martes de la semana próxima consejeros políticos de las embajadas donde el voto electrónico ya fue descartado. Se trata de representantes que contarán la experiencia de países como Alemania o Portugal, entre otros.
En este contexto, el Senado recién estaría en condiciones de emitir dictamen de comisión en aproximadamente tres semanas y el tratamiento en el recinto se produciría hacia el fin de noviembre. Como las sesiones ordinarias del parlamento terminan en noviembre, el Ejecutivo debería convocar a extraordinarias o prorrogar las ordinarias. En medio de todo esto, el Congreso debe aprobar la ley de Presupuesto, otro tema central y que históricos dirigentes parlamentarios reconocían que podría influir en las posiciones sobre la reforma electoral.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313087-2016-10-31.html
Los ocho agujeros negros que pueden trabar la reforma electoral. Mañana empieza el tratamiento en el Senado del controvertido voto electrónico ya aprobado en Diputados. Pero la oposición maneja un listado de irregularidades que hasta ahora el oficialismo no pudo responder
EL PJ CUESTIONARA LA REFORMA POLITICA DEL PRO CON POSIBILIDAD DE LOGRAR MAYORIA EN EL SENADO
El bloque del PJ presentó sus objeciones a partir de los distintos informes técnicos sobre los puntos débiles, vulnerables al fraude, del voto electrónico que propone Cambiemos en su reforma política. Un trámite difícil para el oficialismo.
Por Sebastian Abrevaya
El sueño de la Boleta Unica Electrónica que el presidente Mauricio Macri le encargó personalmente a sus hombres de mayor confianza está cada vez más lejos de convertirse en realidad. En la antesala del tratamiento parlamentario que comenzará mañana en el Senado, las principales figuras del Frente para la Victoria ya tienen en su poder un detallado informe con las falencias del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. La eliminación del chip RFID de la boleta, la aplicación “gradual” del nuevo sistema y la instrumentación de un “plan de contingencia” en caso de que la Cámara Nacional Electoral no apruebe el sistema propuesto por el Poder Ejecutivo son sólo algunos de los puntos que el peronismo ya está analizando y prevé imponer. Estas modificaciones dejarán a Cambiemos al borde de un doble abismo. Por un lado, el temporal: tendrá que trabajar contrarreloj para obtener la ley antes de fin de año. Por el otro, el político: si el FpV-PJ logra sumar, como es probable, las voluntades de otros bloques como el peronismo federal, alcanzará los dos tercios de los votos en el Senado, obligando al oficialismo a aceptar sus cambios cuando la iniciativa vuelva a Diputados (ya que Cambiemos, aun con apoyo del massismo, no alcanza con dos tercios necesarios para insistir en su redacción original). Y aún si los cambios en el Senado no se aprueban por los dos tercios de los votos, de todas maneras Cambiemos necesitará conseguir la mayoría absoluta del total de los Diputados para sostener su posición.
En el marco de un escenario político cada vez más complejo para el oficialismo, en el que las posiciones de los distintos bloques legislativos se van tensando por la aproximación del año electoral, la Cámara alta comenzará mañana a tratar un proyecto altamente sensible para el Poder Ejecutivo. Macri en persona presentó la iniciativa en junio y le encomendó a Frigerio, al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y al presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, entre otros, que aprueben la implementación de la Boleta Unica Electrónica. Con minoría en ambas Cámaras, se convirtió en uno de los desafíos más grandes para el oficialismo ya que para legislar en materia electoral se necesita una mayoría especial (la mitad más uno del total de los miembros de cada Cámara).
Tras meses de reuniones, negociaciones, marchas y contramarchas, el oficialismo logró el 20 de octubre aprobar en la Cámara de Diputados su proyecto. En el camino debió hacer múltiples concesiones, tanto a sus propios socios de la UCR como a los opositores “amigables” del Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Así es como dejó de lado la ampliación de la cantidad de bancas de Diputados y se incluyó la paridad de género (aún contra la voluntad expresa de varios de sus principales legisladores como Pinedo, Pablo Tonelli y Nicolás Massot). Este punto establece que en todas las listas de candidatos a las PASO debe intercalarse un hombre y una mujer. A cambio, el PRO logró mantener el corazón de su iniciativa: la Boleta Unica Electrónica, a implementarse de una sola vez y en todo el país para las legislativas de 2017. El sistema de votación planteado por el macrismo se trata de un mecanismo similar al utilizado en las elecciones generales de la Ciudad de Buenos Aires (se iban a utilizar en las PASO porteñas pero pese al apuro macrista debieron dar marcha atrás). Mediante una pantalla se eligen los candidatos, la máquina emite una boleta que lleva impresa la voluntad del elector en un mismo soporte: en papel y, además, con un chip RFID, que es el que permitía realizar el escrutinio electrónico.
Distintos referentes de la comunidad científica, técnicos informáticos y ONG especializadas cuestionaron duramente el sistema por su vulnerabilidad y por posible afectación del secreto del voto. En recientes conferencias sobre tecnología y seguridad como la última edición de la EkoParty se demostró que el chip RFID puede ser fácilmente leído a la distancia e incluso modificado y/o dañado para alterar la voluntad del votante. En contra de lo que decía el macrismo, no se requerían equipos sofisticados ni costosos para realizar estas operaciones. Podían realizarse con un smartphone y mediante un software muy sencillo. Ya en la elección porteña del año pasado distintos técnicos informáticos advirteron sobre estas vulnerabilidades, lo que incluso le valió a un programador, Joaquín Sorianello, que fuera detenido y su casa allanada por demostrar las fallas del sistema de la empresa Magic Software Argentina. Finalmente fue sobreseído pero en el expediente judicial quedó constancia de la vulnerabilidad del sistema. Estas y otras cuestiones fueron expuestas durante el debate en comisiones de Diputados, a las que el macrismo y Cambiemos no les dieron mayor entidad.
Sin embargo, y como ya adelantó Página/12, los senadores del FpV-PJ Juan Manuel Abal Medina y Omar Perotti presentaron en el Senado un proyecto que contempla la impresión electrónica de la boleta pero sin chip y con conteo manual, lo que podría mejorar ciertos aspectos de seguridad frente a eventuales ataques informáticos.
Pero además de ese proyecto, varios senadores peronistas ya tienen un informe presentado por el apoderado del PJ, Jorge Landau, donde desgrana 8 agujeros del texto aprobado en Diputados que requerirían cambios en la Cámara alta:
Los ocho puntos vulnerables
1 Eliminar el “chip”. “Hace posible que el contenido del voto sea violado con un simple teléfono celular. El escrutinio manual ya previsto lo hace innecesario por lo que el artículo 18 del proyecto y 62 quater del Código Electoral Nacional deben ser modificados y la operación de escrutinio mejor definida”, sostiene el informe. Todavía resta definir si se podría utilizar otra opción para habilitar de conteo electrónico
2 Modificación en la eliminación de candidatura a vicepresidente para las PASO. Según el documento, la norma no debería tener carácter obligatorio sino que cada partido debería ejercer la libertad de llevar la fórmula completa en las PASO o no. Además, “hay una trampa” en esta modalidad: se le permite elegir al presidente surgido en las PASO como su vice a un independiente, es decir un ciudadano que no fue candidato a nada: el famoso ‘tapado’. “Esta posibilidad debiera estar expresamente prohibida”, remarca.
3 Establecer un “plan de contingencia”. “Haber desplazado hacia la Justicia electoral el control de la aplicación del nuevo sistema y la información de los resultados del escrutinio resulta un gran avance para la vida institucional del país ya que sustrae el control de las elecciones del poder político y lo traslada al Poder Judicial. No obstante en el despacho votado se eliminó un plan de contingencia por si la Cámara Electoral no aprueba el software o el hardware propuesto por el Poder Ejecutivo. Esta anomalía debe corregirse y volverse a la redacción original remitida por el Gobierno que incluía la lógica previsión de utilizar el papel para el caso que la CNE no apruebe el sistema electrónico”.
4 Aplicación gradual. “Es más prudente para el prestigio de nuestro sistema de votación y para la propia CNE que en la ley se regulara una aplicación gradual, tal como ha sostenido la misma CNE, las ONG, los especialistas extranjeros, todas las experiencias similares, particularmente en Brasil y Salta. Es que se va instrumentar en pocos meses una innovación tecnológica y cultural que modifica lo que hasta ahora ha funcionado aceptablemente bien y sustituirlo por un mecanismo que va a funcionar ‘mejor’”.
5 Prohibir agregados al pie del padrón. “Las fuerzas de seguridad actualmente emiten su voto en las mesas especialmente asignadas mediante un régimen especial que ha funcionado sin inconvenientes. Se ha procedido así para eliminar la arbitrariedad de los presidentes de mesa que permitían votar a pie de padrón no sólo al personal de seguridad sino al personal de correo, fiscales, presidentes de mesa, delegados electorales, etc. Esas anormalidades han sido una fuente inagotable de irregularidades en las votaciones desde anulación de mesas de votación hasta múltiples presentaciones judiciales. De aplicarse el artículo 4 de la media sanción, el personal de seguridad dejaría de votar en su mesa especial y volvería a votar donde presta servicios, volviéndose a la práctica desterrrada y facilitando el doble voto”.
6 Exhibir la lista completa de candidatos. “Solo se le permite conocer al votante la cabeza de la lista ocultándole el resto. No se entiende porque la ley no le permite exhibir al votante en la pantalla la totalidad de las integrantes de las listas de candidatos que va a votar. De modo que corresponde modificar el artículo 16 del proyecto que reforma el 63 del CEN y permitir que los ciudadanos conozcan a todos los candidatos que van a votar o no votar”.
7 Garantizar a las fuerzas provinciales llevar candidato a presidente. El proyecto con media sanción establece que para las “agrupaciones que no compitan en todas las categorías, el diseño de pantalla deberá asegurarles igualdad de oportunidades”. “Esta redacción es la antesala de una posterior judicializacion porque su redacción no es clara en orden de garantizarle a las agrupaciones provinciales que puedan llevar un candidato a presidente adherido a sus listas. Esto las pone en condiciones de desigualdad respecto a las agrupaciones nacionales con representación local cuando se celebren elecciones presidenciales por lo que debiera volver a redactarse”, asegura el informe.
8 Relación entre la CNE y la comisión de seguimiento. “La Comisión que integran todas las fuerzas políticas participantes de la contienda ya existe en el art 59 bis del Código desde 2010. Tratándose en esta oportunidad de la puesta en marcha de un nuevo sistema de votación que involucra a todas las fuerzas politicas, parece más racional que la misma tenga relación directa con la CNE que es quien pone en marcha el sistema y desde el Ministerio del Interior que es quien aplica algunos de sus aspectos”.
Paridad de género
Además de los cambios anteriores, la media sanción de Diputados contiene un capítulo sobre paridad de género, pero con una redacción distinta a la del proyecto ya aprobado en el Senado. “Tienen la misma filosofía pero la propuesta del Senado mejora y amplía el concepto porque avanza un poco más en el tema del reemplazo de senadores. Nosotros diferenciamos a los que ingresaron por mayoría de los que ingresaron por minoría”, explicó a Página/12 la senadora, Marina Riofrío, quien adelantó que a pesar de haber aprobado ya su proyecto en la Cámara alta buscarán corregir la iniciativa de la Cámara baja. De esta manera se garantizan que sea tratada, ya que se trata en el mismo proyecto de la BUE que el oficialismo pretende aprobar.
El futuro del trámite parlamentario
La ronda de audiencias convocadas por las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales y Prespuesto y Hacienda (todas presididas por el FpV-PJ), comenzará el martes a las 13 con la presencia de Frigerio y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, le detalló a este diario que esta semana, además de los representantes del Poder Ejecutivo pasarán los apoderados de los partidos políticos. El jueves serán de la partida Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, los integrantes de la Cámara Nacional Electoral. Posteriormente será el turno de expertos informáticos y académicos. Y el martes de la semana próxima consejeros políticos de las embajadas donde el voto electrónico ya fue descartado. Se trata de representantes que contarán la experiencia de países como Alemania o Portugal, entre otros.
En este contexto, el Senado recién estaría en condiciones de emitir dictamen de comisión en aproximadamente tres semanas y el tratamiento en el recinto se produciría hacia el fin de noviembre. Como las sesiones ordinarias del parlamento terminan en noviembre, el Ejecutivo debería convocar a extraordinarias o prorrogar las ordinarias. En medio de todo esto, el Congreso debe aprobar la ley de Presupuesto, otro tema central y que históricos dirigentes parlamentarios reconocían que podría influir en las posiciones sobre la reforma electoral.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313087-2016-10-31.html
domingo, 30 de octubre de 2016
El juez Bonadío quiere allanar mañana la casa de Cristina Kirchner en Río Gallegos, por Roberto Navarro (para "El Destape Web" del 30-10-16)
El juez se prepara para armar un circo de gendarmes y prefectos en el domicilio de la ex presidenta en Río Gallegos para tapar el peor momento de Macri. El operativo será mañana a primera hora.
30 de octubre 2016
El juez Claudio Bonadío quiere allanar la casa de la ex presidenta Cristina Fernández en Santa Cruz, por la causa "Los Sauces". Fuentes judiciales aseguraron a El Destape que lo hará mañana lunes a primera hora. Así responderá a las presiones de periodistas y funcionarios que durante los últimas días reclamaron públicamente que se apuren los procesos contra funcionarios del anterior Gobierno.
"Veo con preocupación que la Justicia ya no muestra el mismo ímpetu por investigar la corrupción del kirchnerismo y ese proceso está cada vez más lento o paralizado". El apriete a los jueces corrió por cuenta del ministro del Interior Rogelio Frigerio. Y no fue el único.
Fuentes judiciales señalan que a la casa de Mascarello 441, en Río Gallegos, llegarán gendarmes y prefectos con cascos, chalecos anti balas y armas largas, dispuestos a entregarle circo a los medios que le siguen haciendo oposición al gobierno que se fue hace casi un año.
Además, Bonadío quiere allanar otras dos propiedades de la ex presidenta, que en este momento están alquiladas. Ambas en Río Gallegos. Con dirección en Moreno 882 y Alvear 391. Es decir: el juez pretende allanarle la casa a familias ajenas a la causa judicial y a la política, que no tienen nada que aportar al proceso.
El Gobierno, al tanto de la jugada de Bonadío, espera tener una semana de show televisivo. El allanamiento se sumará a la declaración indagatoria de Cristina Fernández frente al juez Julián Ercolini, también mañana lunes, en la causa que investiga los presuntos ilícitos con la obra pública para beneficiar a Lázaro Báez.
Seguidilla de "reclamos"
El allanamiento al hogar de Cristina será la acción más agresiva -por lo simbólico- ejercida por un juez en su contra. Y se dará luego de la peor semana de Macri en el poder: se conoció que en setiembre fue la caída en ventas en supermercados y shopping más pronunciada del año. Sumada a un derrape de la industria del 8 %.
Primero fue el comunicador oficial Jorge Lanata, que le da letra y a veces órdenes al Gobierno: "La lentitud de los procesos judiciales por corrupción K es cada vez mayor", lanzó con tono amenazante. Luego Margarita Stolbizer advirtió: "Existe un parate en la Justicia en las causas donde es investigada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner". Más tarde los siguió el jefe de Gabinete, Marcos Peña: "De repente todo lo que había de hiperactividad judicial parecería que paró". Y el apriete final fue del presidente Mauricio Macri: "Queremos saber qué pasó con cada una de las denuncias".
Así, el presidente muestra una vez más que, ante la ausencia de medidas a favor de las mayorías populares, su única estrategia política es demonizar a Cristina Fernández. Y el juez Bonadío confirma su vocación por ser funcional al saque a la población que ejecuta Macri.
Publicado en:
http://www.eldestapeweb.com/el-juez-bonadio-quiere-allanar-manana-la-casa-cristina-kirchner-rio-gallegos-n22248
La fórmula Cristina-Scioli duplica en la Provincia a sus rivales en las elecciones del 2017, por "El Destape Web" del 30-10-16
La ex presidenta y el ex gobernador crecieron en los números y están posicionados primeros para los comicios a senador y diputado.
30 de octubre 2016
Una encuesta que publicó la consultora Dicen ubica a la dupla Cristina Kirchner y Daniel Scioli líderes para las elecciones del año que viene.
El dato más importante es que en octubre crecieron en las encuestas y ya se ubican con 42 puntos porcentuales en la Provincia para los comicios de 2017, cuando se elegirá senadores y diputados.
La fórmula duplica a sus rivales: Sergio Massa y Margarita Stolbizer juntos suman 21%. Y Elisa Carrió junto a Jorge Macri logran 23% por Cambiemos.
La fórmula de Massa bajó un punto. En cambio, Carrió se mantuvo igual de septiembre a octubre. Por su parte, la buena noticia para el Frente para la Victoria es que del mes pasado a hoy sumó 4 puntos.
Publicado en:
http://www.eldestapeweb.com/la-formula-cristina-scioli-duplica-la-provincia-sus-rivales-las-elecciones-del-2017-n22254
EL RECUERDO DE KIRCHNER GENERÓ LA UNIDAD PERONISTA, por Martín Piqué (para "Tiempo Argentino" del 29-10-16)
por Martín Piqué,
@MartinPique
En la semana que terminó, la figura de Néstor Kirchner tuvo un nuevo capítulo de homenajes, de remembranza emocionada, de biografía en forma de libro o de revisión crítica. Al cumplirse seis años de su muerte, el ex presidente, que logró crear una identidad dentro del peronismo, tensionando con él,fue recordado de un modo nuevo. En este 2016, con Mauricio Macri en el gobierno, Kirchner se convirtió en ausencia en el modelo antagónico del presidente de ojos azules y saco entallado, coacheado por gurúes, auxiliado por el telepromter y el audífono invisible en el oído. Con Macri en la Rosada, Kirchner es el espejo inverso –las antípodas- del presidente pulido con años de “diseño político”, según la definición que el ensayista y artista plástico Daniel Santoro suele utilizar para describir a la maquinaria hiperprofesionalizada con que el macrismo construye a sus candidatos.Según la revista Ñ, publicación cultural del Grupo Clarín, el libro más vendido de no ficción en las últimas dos semanas fue Kirchner, el tipo que supo, de Mario Wainfeld. Tampoco parece casualidad que en la última semana se hayan realizado cientos de actos, recordaciones o demostraciones espontáneas de afecto y adhesión hacia el fundador del kirchnerismo. El diputado del Parlasur y ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, asegura haber contabilizado “325 actos, desde La Quiaca a Tierra del Fuego, de personas de carne y hueso, que salieron a homenajearlo poniendo el cuerpo”. “Esto desfasa todo lo que la televisión nos quiere vender sobre la impronta de Néstor. El Kirchner real le ganó al televisivo", señaló Valdés en diálogo con Tiempo Argentino.
Abogado y hombre de contacto frecuente con el Papa Francisco, Valdés fue uno de los organizadores del panel convocado bajo el título “cómo Argentina salió del infierno”, que tuvo lugar el jueves pasado en la UMET. Uno de los disertantes de ese encuentro fue el ex jefe de gabinete del primer kirchnerismo, Alberto Fernández. “Este aniversario del fallecimiento de Néstor tuvo algo distinto y es que nadie se apropió de su figura. Él volvió a ser de todos. Mientras Cristina fue presidenta, el homenaje a Néstor fue propiedad del gobierno. Ahora volvió a ser patrimonio de todos”, remarcó Fernández.
Para el ex ministro, la presidencia de Macri está haciendo crecer la figura de Kirchner. Por contraste. “Este año se mezclaron las dos cosas. Por un lado, Néstor volvió a ser de todos y, por otro, la comparación con Macri le dio más sentido a expresar públicamente la valoración a Néstor. Estoy viendo que Macri parte de un concepto muy complejo, que es la idea de derrame, que ya ha fracasado estrepitosamente. Sin decirlo Cambiemos mantiene ese modelo. Nosotros no recibimos una herencia pesada, recibimos un país destruido. Por eso, hay que construir una alternativa, volver a un frente amplio, progresista y que nos incluya a todos”.
La convocatoria en homenaje a Kirchner que reunió más gente se realizó en Villa Palito, la urbanización de San Justo en la que el entonces presidente prometió levantar viviendas y sanear lo que en ese momento era un basural.
El jueves, su hijo Máximo y un grupo numeroso de diputados nacionales, intendentes, legisladores porteños, referentes sindicales y territoriales se juntaron en el mismo lugar. Estuvieron Axel Kicillof y Andrés Larroque, diputados nacionales y compañeros de Máximo en La Cámpora. También lo hiceron el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y el ex gobernador Daniel Scioli.
“El núcleo de Cristina y el conjunto de los que defendimos las posiciones de FpV en los últimos meses está logrando que hoy, muchos sectores que dudaron, hayan reflexionado y comprendido que no hay espacio de acuerdo con este gobierno o con opciones de cierta similitud. Yo creo que la división que se dio se produjo en el plano de los dirigentes, no en el conjunto de nuestro pueblo”, analizó Larroque.
“En el peronismo hay un proceso de unidad que se está consolidando a partir de la lectura de la realidad”, señaló Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. “El contraste entre Néstor y Macri habla de una filosofía económica, política y de un modelo de país distintos. Mientras Macri espera que darle más plata a los más ricos genera un derrame, Néstor demostró en la práctica que esa teoría era equivocada”, subrayó el diputado Kicillof.
Publicado en:
http://tiempoar.com.ar/articulo/view/61739/el-recuerdo-de-kirchner-empuja-la-unidad-peronista
ESTAFA HISTÓRICA, por David Cufré (para "Página 12" del 29-10-16)
Por David Cufré
“Vamos a mantener Fútbol para Todos bajando los costos de producción y sin emitir avisos políticos durante la transmisión de los partidos”, prometió Mauricio Macri el 17 de noviembre pasado, a pocos días del ballottage. “Estoy harto de la campaña del miedo de este gobierno”, se quejó en aquella oportunidad. El compromiso asumido ante la ciudadanía terminó por ser un engaño electoral. “Queremos ratificar que Fútbol para Todos no va a existir más desde el primero de enero, cumpliendo lo que habíamos dicho, que se terminaría el programa”, anunció oficialmente anteayer el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, sin el más mínimo respeto por la verdad ni la palabra empeñada. Es una constante en el gobierno de Cambiemos. El ministro de Trabajo sostiene que no hay crisis de empleo mientras la desocupación creció de 5,9 a 9,3 por ciento. El ministro de Hacienda y Finanzas afirma que la economía dejó de caer mientras el Indec presenta datos del derrumbe del consumo, la actividad industrial y la construcción. El ministro de Producción asegura que su prioridad son las pymes mientras la ejecución presupuestaria de los programas de apoyo al sector no llega al 20 por ciento en el año. El ministro de Ciencia y Tecnología justifica su continuidad en el cargo con la nueva administración porque se mantendrán las políticas de desarrollo del sector mientras los investigadores marchan al Congreso por los recortes de partidas en el presupuesto 2017. El ministro de Turismo dice que hay que cuidar las economías regionales mientras confirma que se analiza terminar con los feriados puente. El Presidente se congratula de haber bajado la inflación mientras octubre apunta a un alza del índice de precios del 3 por ciento y en el año roza el 45 por ciento, contra el 23 que había hace un año, según la medición del gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. El titular del Indec se presenta como el paladín de la transparencia a pesar del apagón estadístico que ocultó el desastre económico y social de la devaluación y la quita de retenciones, y ahora manosea los indicadores para seguir disimulando las consecuencias de la política económica, al punto de reducir el informe de 46 páginas sobre la desigualdad social que se entregaba hasta el año pasado a un par de cuadros colgados en la página web del organismo sin ninguna difusión, datos que reflejan cómo el 10 por ciento más rico de la población aumentó su participación en el ingreso nacional y el 10 por ciento más pobre se hundió aún más en la pobreza. El ministro de Educación dice defender la escuela pública mientras se desangra el plan Conectar Igualdad de distribución gratuita de neetbooks a estudiantes. El jefe de Gabinete se ufana de que ahora hay diálogo mientras deja a las pymes, a las CTA y a la oposición que no es oficialista afuera de cualquier mesa de negociación.
La lista de ejemplos es mucho más amplia porque las desmentidas de la realidad a las palabras de los funcionarios ocurren casi invariablemente cada semana. La promesa de pobreza cero era una burla ya desde un principio. La conclusión de ese comportamiento sistemático de generar un relato inventado es que no tiene demasiado sentido detenerse en lo que diga el Gobierno sobre lo que está haciendo y lo que hará sino que más bien conviene observar los hechos concretos. Es un ejercicio indispensable para anticiparse a las transformaciones en marcha y generar el debate sobre los resultados que provocarán esos cambios. Si las mentiras son flagrantes en aspectos tan visibles como los mencionados al comienzo, empezando por el ida y vuelta con Fútbol para Todos, lo que está sucediendo en cuestiones más técnicas es directamente una estafa histórica.
Estafa Histórica debió haberse llamado la ley que el oficialismo bautizó como de Reparación Histórica para los jubilados. En los ‘90, Domingo Cavallo le puso Ley de Solidaridad Previsional a una de las iniciativas más perjudiciales para el sector, con lo cual el macrismo recupera una práctica habitual de los gobiernos de derecha de disfrazar sus verdaderas acciones mediante dosis concentradas de marketing y cinismo. Lo que debería recordar Cambiemos y la dirigencia que lo acompaña es que cuando la realidad hizo estallar en 2001 la burbuja del marketing por su propio peso lo que arremetió fue el “que se vayan todos”. Es un camino peligroso el que transita el Gobierno, que pone en riesgo vidas, haciendas e instituciones.
Las advertencias unánimes de especialistas en temas jubilatorios sobre las deficiencias de la ley de Reparación Histórica se van verificando en la práctica a poco de andar.
- Contra lo prometido, la Anses no está ofreciendo a quienes tienen sentencia firme pagarles el juicio que ganaron, sino que les está planteando acuerdos a la baja. Esto es porque utiliza un índice para calcular la actualización de las remuneraciones (Ripte) que arroja resultados menores al índice que utiliza la Justicia (Isbic), de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Las diferencias son mayúsculas. A modo de ejemplo, un jubilado por la ley 24.241 que gana actualmente 8369 pesos y que debería tener una actualización de su ingreso hasta 23.050 pesos de acuerdo a los parámetros judiciales, acaba de recibir una propuesta de “reparación histórica” de 9733 pesos. Son 13.300 pesos menos. En este caso se observa una particularidad adicional, sobre la que ya están alertando los estudios jurídicos dedicados al derecho previsional: la Anses está haciendo mal los cálculos dentro de los parámetros que fija la propia ley, lo cual seguramente derivará en una avalancha de nuevos juicios para hacer cumplir lo que garantiza la norma. En el ejemplo mencionado, la “reparación” debería ser de 13.701 pesos según esa ley, en lugar de los 9733 ofrecidos. Son 4100 pesos menos. Otro jubilado, en este caso por la ley 18.037, cobra actualmente 15.141pesos: con la reparación lo llevan a 36.733, cuando las estimaciones de los abogados que lo representan lo sitúan en 41.474 pesos usando la misma ley. Y si se siguieran los criterios de la justicia, el monto debería ser de 56.778 pesos. Estas inconsistencias obedecen a que la Anses está haciendo algo insólito: estima actualizaciones a grandes rasgos, sin detenerse en análisis rigurosos expediente por expediente, dado que su capacidad operativa le permite liquidar de 4 mil a 5 mil juicios por mes, muy lejos de los 600 mil casos que ya resolvió en apenas tres meses desde la promulgación de la ley. No es que los equipos técnicos de Emilio Basavilbaso, el jefe de la Anses, se hayan transformado en superdotados, para pasar de 15 mil a 600 mil expedientes en tres meses, sino que hay una decisión política de rifar el sistema previsional. Más abajo se volverá sobre este punto, que es central para explicar las implicancias de la reforma del sistema jubilatorio que prepara Cambiemos, con la vuelta de las AFJP.
- A los que tienen sentencia firme, además, se les achica el monto de los retroactivos que acompañan la actualización de haberes. Esto es porque la ley de Reparación Histórica los dispuso desde el momento del traslado de la demanda, en lugar de hacerlo desde el primer reclamo por vía administrativa. En promedio, esto equivale de ocho meses a un año menos de retroactivo. Para quienes no tienen sentencia firme, la reducción puede ser muy superior, puesto que la ley fijó un tope de cuatro años, cuando hay juicios iniciados antes que eso.
- El reconocimiento del Estado de que estaba liquidando mal las jubilaciones está multiplicando la litigiosidad previsional, en lugar de terminarla, como había prometido el Gobierno en los fundamentos de la ley. Jubilados con mayores condiciones físicas y económicas para esperar juicios que se resuelven en tres o cuatro años, más cuando la propia Anses admite que está en falta, están iniciando acciones legales para exigir la actualización de sus haberes y los retroactivos correspondientes al margen de la oferta de “reparación histórica”. La Anses está haciendo una invitación masiva, servida en bandeja, para litigar contra el Estado, y con lógica, cada vez son más los jubilados y los abogados que aprovechan la oferta. Basavilbaso admitió esta situación el último miércoles en el Congreso, pero en lugar de hacer autocrítica por haber multiplicado los riesgos de litigiosidad previsional, se justificó diciendo que “ahora la gente tiene confianza en que le van a pagar”. Pero se olvidó de aclarar que la reparación histórica era supuestamente para terminar con los juicios, no para acrecentarlos de manera exponencial.
*Otra consecuencia de la confesión de violación de derechos previsionales que hizo el Gobierno con la ley de Reparación Histórica es que el Estado argentino será demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vulnerar el acuerdo de solución amistosa al que había llegado el kirchnerismo en 2009, en la causa Menéndez y Caride, por el cual entre otros compromisos la Argentina asumió la obligación de liquidar las sentencias judiciales firmes en el plazo de 120 días. Como el macrismo ahora no paga las sentencias sino que ofrece acuerdos a la baja, afectando derechos que, como los previsionales, son irrenunciables según la Constitución, expone al país a una condena en ese tribunal internacional. “Estamos estudiando el caso para hacer la denuncia”, anticipó Federico Bobrovsky, experto del estudio que en 2009 firmó con el gobierno el acuerdo de solución amistosa.
- El universo de jubilados alcanzados por la reparación histórica no serían 2,5 millones, como sigue diciendo la Anses, sino a lo sumo un millón, de acuerdo a lo que surge de los propios datos oficiales. Es un debate que se arrastra desde la presentación del proyecto y cuya resolución no tardará en producirse. Como vienen las cosas, otra vez el cálculo oficial habría estado largamente sobredimensionado para darle mayor espectacularidad política.
- La reparación para quienes no hicieron juicio no alcanza a compensar en la mayoría de los casos la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados sufrieron este año por una movilidad del 32 por ciento contra una inflación en torno al 45. Los datos oficiales son muy imprecisos, pero para 191 mil personas la actualización de haberes llega a un máximo de 550 pesos. Dentro de ese universo, serían miles los casos en que no son ni siquiera 100 pesos, pero esa información es una incógnita porque la Anses no lo reveló. En conjunto, hasta el momento cobraron la reparación 600 mil jubilados, de los cuales un tercio recibieron hasta 550 pesos (191 mil), y otro tercio (214 mil), hasta 1550 pesos. Son montos muy lejanos a las expectativas que despertó un título tan rimbombante como reparación histórica.
- La Anses sigue sin aclarar qué ocurrirá si los 600 mil jubilados que empezaron a cobrar la reparación rechazan o no homologan en la Justicia lo que les dieron de manera automática, sin haber hecho ninguna solicitud ni expresado ninguna aceptación del convenio. ¿Les sacarán lo que les aumentaron? ¿Les obligarán a devolver la plata? El desmanejo es gigantesco. A la vez, la Anses aceptó pagar 1150 pesos a cada abogado que solo concurra a homologar los acuerdos, sin que eso les implique ninguna tarea más que poner la firma. Es un costo para el Estado de 2900 millones de pesos en caso de que sea cierto que hay 2,5 millones de jubilados implicados, o de 1150 millones si fueran un millón. En cualquier caso, se trata de un gasto multimillonario por algo que no resuelve la litigiosidad previsional ni repara históricamente a casi nadie.
- El compromiso asumido por la Anses achicará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La disminución será de 10 mil millones de dólares en cuatro años si el blanqueo funciona bien y aporta 5000 millones de dólares, o de 15 mil millones en caso de que fracase el blanqueo, de acuerdo a la propia estimación que publicó la Anses.
Basavilbaso dijo en el Congreso que hay que darle una oportunidad a la vuelta del ahorro privado al régimen de jubilaciones, y también sostuvo que en 2035 el sistema actual será insostenible. Tal como se había señalado, la “reparación histórica” lo que está haciendo es acelerar los procesos, desfinanciando la jubilación pública y generando las excusas para su privatización, mientras que las promesas de terminar con los juicios de los jubilados son exactamente lo contrario, y lo que cobra una mayoría es chaucha y palitos. La estafa histórica que significaron las AFJP está engendrando con la Reparación Histórica su segunda criatura.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312988-2016-10-29.html
sábado, 29 de octubre de 2016
Morales no escucha ni a la ONU, por "Página 12" del 29-10-16
EL GOBIERNO DE JUJUY RECHAZARON EL PEDIDO DE LIBERACION DE SALA
A pesar de la contundencia del reclamo que hizo la Organización de Naciones Unidas de “liberar de inmediato” a Milagro Sala, el gobierno de Gerardo Morales trató de desacreditarlo: el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo que ese pedido “no es vinculante” y “ni siquiera es una recomendación” de la ONU, sino la "opinión de un organismo técnico dentro de un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos". Además, señaló que se basó en información “desactualizada”.
La primera reacción del gobierno jujeña está en sintonía con lo que planteó luego de que se conociera el reclamo de la ONU el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el sentido de que lo dicho por ese organismo internacional no implica una obligación para el Estado argentino. Avruj afirmó también que la detención de Sala es una cuestión que atañe a la Justicia y en particular a la provincia de Jujuy, y que “la primera causa por la cual fue detenida ya no está en vigencia, pero hay otras que tienen que ver con malversación, corrupción o actos de violencia que están en pleno proceso”. “De la primera lectura no surge que todas esas situaciones fueran debidamente tomadas en cuenta por la Comisión”, agregó el funcionario en diálogo con Página/12.
Miranda mantuvo el mismo discurso. "Tomaron como válida que la detención de Sala se refiere al ejercicio de un derecho a la protesta, conocido como el acampe (de diciembre en la plaza principal de Jujuy), y esto no es así: Sala ha sido excarcelada en esta causa y está detenida por otro tipo de hechos de corrupción graves", dijo en diálogo con radio Belgrano, en alusión a la seguidilla de causas que el Poder Judicial jujeño activó a partir de entonces y por las cuales la líder de la Tupac Amaru -privada de su libertad a mediados de febrero- continúa detenida.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró “arbitraria” la detención de Sala y demandó que sea liberada “de inmediato”. Ese organismo internacional sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades argentinas de que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la también diputada del Parlasur. Además ordenó que se conceda a Sala una “reparación adecuada” y se inicie “una investigación sobre la violación a los derechos” que implicaron los más de 200 días de encierro.
En contra de lo señalado por el organismo de la ONU, también el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, interpretó hoy que "hay razones como para considerar" Milagro Sala "tiene que ser detenida". “Ojo con algo: no es lo mismo Milagro Sala que cualquier persona que no tiene ningún margen de poder; ella era líder de una organización que manejó políticamente una provincia. Entonces las posibilidades de entorpecimiento de los procesos tienen que ver con el poder que alguien tenga", argumentó al hablar en la misma emisora.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312982-2016-10-29.html
A pesar de la contundencia del reclamo que hizo la Organización de Naciones Unidas de “liberar de inmediato” a Milagro Sala, el gobierno de Gerardo Morales trató de desacreditarlo: el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, dijo que ese pedido “no es vinculante” y “ni siquiera es una recomendación” de la ONU, sino la "opinión de un organismo técnico dentro de un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos". Además, señaló que se basó en información “desactualizada”.
La primera reacción del gobierno jujeña está en sintonía con lo que planteó luego de que se conociera el reclamo de la ONU el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, en el sentido de que lo dicho por ese organismo internacional no implica una obligación para el Estado argentino. Avruj afirmó también que la detención de Sala es una cuestión que atañe a la Justicia y en particular a la provincia de Jujuy, y que “la primera causa por la cual fue detenida ya no está en vigencia, pero hay otras que tienen que ver con malversación, corrupción o actos de violencia que están en pleno proceso”. “De la primera lectura no surge que todas esas situaciones fueran debidamente tomadas en cuenta por la Comisión”, agregó el funcionario en diálogo con Página/12.
Miranda mantuvo el mismo discurso. "Tomaron como válida que la detención de Sala se refiere al ejercicio de un derecho a la protesta, conocido como el acampe (de diciembre en la plaza principal de Jujuy), y esto no es así: Sala ha sido excarcelada en esta causa y está detenida por otro tipo de hechos de corrupción graves", dijo en diálogo con radio Belgrano, en alusión a la seguidilla de causas que el Poder Judicial jujeño activó a partir de entonces y por las cuales la líder de la Tupac Amaru -privada de su libertad a mediados de febrero- continúa detenida.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró “arbitraria” la detención de Sala y demandó que sea liberada “de inmediato”. Ese organismo internacional sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades argentinas de que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la también diputada del Parlasur. Además ordenó que se conceda a Sala una “reparación adecuada” y se inicie “una investigación sobre la violación a los derechos” que implicaron los más de 200 días de encierro.
En contra de lo señalado por el organismo de la ONU, también el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, interpretó hoy que "hay razones como para considerar" Milagro Sala "tiene que ser detenida". “Ojo con algo: no es lo mismo Milagro Sala que cualquier persona que no tiene ningún margen de poder; ella era líder de una organización que manejó políticamente una provincia. Entonces las posibilidades de entorpecimiento de los procesos tienen que ver con el poder que alguien tenga", argumentó al hablar en la misma emisora.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312982-2016-10-29.html
Nueva derrota para Cambiemos en el Cogreso, por culpa de la UCR, por "El Destape Web" del 29-10-16
El espacio del Presidente sufre su segundo embate en menos de dos semanas en el Poder Legislativo.
29 de octubre 2016
El PRO sufrio una autentica semana negra en el Congreso por el impedimento de aprobar las leyes de iniciativa público privada y de reforma del Ministerio Público Fiscal, a razón de internas con sus aliadados , la UCR y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
Según asegura Télam, el círculo cercano a Emilio Monzó, presidente de la Cámara Baja, reconoce que "el tema está hundido". "Esto se saca por unanimidad o no se saca", consideró el legislador en diálogo con la agencia estatal de noticias, al tiempo que reveló que "existían conversaciones informales y todos estaban de acuerdo, pero de pronto algunos que decían que si, después terminaron afirmando lo contrario".
De esta manera, el macrismo en la Cámara de Diputados dieron por agotada la posibilidad de que este año se pueda aprobar el proyecto de aumento del número de bancas, que se introdujo sorpresivamente en una sesión y que fracasó por la negativa de sus socios de la UCR a acompañarlos.
Publicado en:
http://www.eldestapeweb.com/nueva-derrota-cambiemos-el-cogreso-culpa-la-ucr-n22235
MILAGRO EN LA ONU, por Ailin Bullentini (para "Página 12" del 29-10-16)
NACIONES UNIDAS CALIFICO DE “ARBITRARIA” LA DETENCION DE LA DIRIGENTE SOCIAL
“Hay que liberar de inmediato a Milagro Sala”...
El gobierno contestó que tiene SEIS MESES para contestar (un arresto arbitrario) ... ... ...
La resolución fue tomada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y ya fue comunicada a la Cancillería. Reclama también una “reparación” y una “investigación sobre la violación a los derechos”.
Por Ailín Bullentini
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas reclamó al Gobierno “liberar de inmediato” a Milagro Sala, cuya privación de la libertad consideró “arbitraria”. Entre otros argumentos, el organismo internacional sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades nacionales de que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la dirigente de la organización social Tupac Amaru, que permanece encarcelada en Jujuy desde enero pasado, y acusó al Gobierno de entregar “argumentos dogmáticos”, en lugar de pruebas, para justificar su encierro. El organismo de la ONU, además, ordenó a las autoridades nacionales que concedan una “reparación adecuada” a Sala y que se inicie “una investigación sobre la violación a los derechos” que implicaron los más de 200 días de encierro.
“La importancia de esta resolución no puede ser exagerada: es fundamental”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales que, junto a Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el equipo de defensores de Sala, radicó la denuncia que originó la respuesta conocida ayer. “Desde el momento en que es posible privar de su libertad a una persona en forma arbitraria, sin ninguna causa justificada, y a pesar de los fueros que tiene como parlamentaria del Parlasur, todos estamos en peligro”, continuó el periodista en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede porteña del CELS, de la que participaron también el director ejecutivo del organismo, Gastón Chillier y Elizabeth Gómez Alcorta, integrante del equipo de abogados defensores de Sala.
“Creemos y creímos siempre en la fuerza de las razones, de la verdad, de la Justicia. Lo que dice la resolución forma parte de los planteos que presentamos ante el Poder Judicial de Jujuy, que esta defensa considera adepto y disciplinado al poder político del gobernador Gerardo Morales”. Esto, afirmó “demuestra que Milagro Sala tiene una detención arbitraria y que por eso es una presa política”.
Los abogados y los organismos de derechos humanos denunciaron al Estado argentino ante la ONU por el caso de Sala en febrero pasado. La dirigente había sido denunciada penalmente por la fiscalía el 15 de diciembre por los supuestos ilícitos de instigación a cometer delitos y sedición por participar de un acampe frente al edificio de la Gobernación jujeña. El 16 de enero de este año fue detenida y, aunque dos semanas después recibió la excarcelación en esa causa, el Poder Judicial jujeño activó una seguidilla de investigaciones con las que la mantuvo en prisión. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del organismo internacional admitió la denuncia, solicitó informes al gobierno nacional y, en agosto pasado, definió una postura que finalmente fue comunicada el jueves al país. Además, señaló que “informará” al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre esta resolución, que no será debatida allí ni en ninguna otra instancia, sino que ya fue notificada al estado argentino.
El organismo internacional considera que la privación de la libertad de Sala es “arbitraria” ya que “se da como resultado del ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Menciona específicamente los artículos de esas declaraciones relacionados con la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación. En ese sentido, apuntó a la detención de Sala por acampar frente a la Gobernación provincial y recordó “la obligación que tienen los Estados de impedir que se lleven a cabo detenciones arbitrarias en el contexto de manifestaciones pacíficas y particularmente que no abusen de procedimientos penales en estos contextos”.
“El grupo llega a la conclusión de que la detención es arbitraria en función de que el Estado no pudo demostrar que estaba justificada”, señaló Chillier en la conferencia de prensa de ayer. En el documento, el organismo internacional plantea al respecto que “no fue convencido” de que los elementos legales para determinar que la prisión preventiva de Sala “se cumplieron conforme a la normativa aplicable”.
“Pareciera que uno de los argumentos centrales del Gobierno para justificar la detención se basa en la gravedad del delito y no en las circunstancias personales de la persona sospechosa, particularmente del riesgo de fuga o de que pueda afectar pruebas”, continúa la resolución, en referencia a la prolongada prisión preventiva de la dirigente de la Tupac Amaru.
El grupo de trabajo señala que “pudo constatar” que a Sala “se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica por diferentes medios”. Además, acusa al Gobierno nacional de haber presentado “argumentos dogmáticos” que impidieron “que se pudiera constatar que se trató de una medida razonable”. También advierte que “fue convencido del uso indebido de la figura de la orden de la detención para privar de la libertad así como también de acusaciones consecutivas por el mismo poder judicial”.
“Pareciera que las acciones legales y procesales se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en diciembre (de 2015)”, apunta el informe, en el que se destaca la acción de jueces y fiscales que estaban de feria y que “iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia”. Por último, hace hincapié en la “inobservancia” del desafuero como condición previa para privar de la libertad a una legisladora. Sala es diputada del Parlasur.
“Ahora le toca al Estado Argentino cumplir”, consideró Verbitsky, quien señaló que la resolución de la ONU es “similar” a lo que el organismo internacional determinó en el caso de la detención de Leopoldo López, opositor al gobierno de Venezuela. “El Gobierno de Venezuela no ha respondido. Le toca ahora al Presidente Mauricio Macri responder. Después de meses de declaraciones en contra de Venezuela le toca a él demostrar que su conducta es distinta –continuó–. Después de meses de hablar del regreso de Argentina al mundo, le toca demostrar que ese regreso no es sólo para endeudarse sino también para responder ante organismos con los que el país tiene obligaciones.”
A diferencia de lo que aseguró el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj (ver aparte), tanto el titular del CELS como la abogada de Sala remarcaron que la resolución del Grupo de Trabajo “no es una opinión, sino un requerimiento”. Y esperan que, tal como lo solicita la misiva, El Gobierno a través de Cancillería responda “a la brevedad” cómo y cuándo dejará en libertad a Sala, si va a indemnizarla o resarcirla de algún modo, y cómo, y si va a iniciar una investigación sobre la violación a sus derechos. El lunes, el CELS presentará una carta a la Cancillería consultando sobre todo esto.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312977-2016-10-29.html
Máximo Kirchner: "Presidente escuche a la gente, no a sus asesores", por "Ámbito Financiero" del 27-10-16
Dirigentes peronistas recordaron este jueves en distintos actos al ex presidente Néstor Kirchner, al cumplirse el sexto aniversario de su muerte.
Dirigentes peronistas recordaron este jueves en distintos actos al ex presidente Néstor Kirchner, al cumplirse el sexto aniversario de su muerte.
"El pueblo se ordena solo cuando está contento. No hay que simular colectivos, hay que escuchar a la gente. Señor presidente escuche a la gente, no a sus asesores", expresó Máximo Kirchner, durante su discurso en Villa Palito, en el acto de homenaje por el sexto aniversario del fallecimiento del exmandatario, Néstor Kirchner.
"El Gobierno está privilegiando a las minorías por sobre las mayorías. Macri es el presidente de todos, tiene que gobernador para todos los argentinos piensen lo que piensen y vivan donde vivan", expresó.
En tanto, al recordar a su padre sostuvo: "Un dirigente debe aspirar a que el día en que se muera haya un pueblo que lo recuerde".
"Gobernar los destinos de un país no es soplar y hacer botella. Nadie le dice al Presidente que es fácil, pero si las decisiones que toma van siempre en contra del pueblo, no puede reclamar entonces que nosotros no queramos representar a quienes tenemos que representar. No se puede dejar a los trabajadores fuera del mapa", señaló.
Máximo Kirchner criticó la frase de Macri sobre Aerolíneas y los jardines de infantes y sostuvo: "El Presidente elogió la privatización de Aerolíneas Argentinas en la época de Menem, entonces le pregunto por qué no había jardines de infantes en Villa Palito cuando asumió Néstor".
Además se refirió al fin de Fútbol Para Todos y expresó: "Si lo hubieran mirado, se hubieran dado cuenta que entre los partidos había spots contra la violencia de género. Y ahora se espantan con el Ni uno Menos. Ahora sólo salen las programaciones de los canales y publicidades de cerveza. El FTP era una política pública".
Más tarde se refirió a la unidad del peronismo y fustigó a los que piden la unidad de la oposición. "El peronismo no necesita unidad en los despachos, necesita unidad para defender a la gente", señaló.
También aclaró que "se puede defender a la gente y administrar el Estado racionalmente". "Se puede administrar el país de manera racional sin tener que tomar en un año 30 mil millones de deuda, mientras el pueblo se queda sin trabajo", le sugirió al Presidente.
En Villa Palito, en 2003, Kirchner realizó un acto en el que anunció la urbanización de la zona, que por entonces era uno de los asentamientos más precarios de La Matanza.
Del homenaje participaron intendentes bonaerenses, diputados y senadores del Frente para la Victoria, y organizaciones como La Cámpora y Nuevo Encuentro. "Néstor fue aquel hombre que nos enseñó desde el principio y que enfrentó a las corporaciones y nos liberó del Fondo Monetario Internacional que nos condicionaba", sostuvo Verónica Magario, intendenta de la Matanza.
El diputado Máximo Kirchner eligió esta fecha para presentar seis proyectos de ley, que contemplan desde temas como la Coparticipación y el financiamiento de los partidos políticos, hasta la ley de Ministerios y la designación del Presidente del Banco Central. También la creación de un Fondo de Desarrollo Provincial Minero y una Oficina Nacional de la Industria del Software. "Apuntan al fortalecimiento del federalismo y la autonomía financiera de las provincias", resumieron desde La Cámpora.
Más temprano, en el Cruce Varela, hubo un acto que encabezaron los intendentes de Berazategui, Patricio Mussi y de Florencio Varela, Julio Pereyra, en tanto que también participarán curas en Opción por los Pobres y la diputada Mayra Mendoza.
En tanto, los ex ministros de su gestión Rafael Bielsa, Alberto Fernández, Daniel Filmus, Ginés González García y Jorge Taiana también participaron de la mesa redonda "Cómo Argentina salió del infierno", coordinada por el diputado del Mercosur Eduardo Valdés.
Publicado en:
http://www.ambito.com/860373-maximo-kirchner-presidente-escuche-a-la-gente-no-a-sus-asesores
EL GOBIERNO SIN APURO. MILAGRO PRESA, por Alejandra Dandan (para "Página 12" del 29-10-16)
EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS LE RESPONDE A LA ONU
Para Claudio Avruj la resolución es solo “una opinión y no es vinculante”. También derivó el tema “a la Justicia de Jujuy”. De todas formas, hay preocupación en el Gobierno y el informe se está analizando.
Por Alejandra Dandan
Los integrantes de organismos de derechos humanos sostienen que si el gobierno no cumple con el reclamo de Naciones Unidas de otorgar la “libertad inmediata” a Milagro Sala pagará un altísimo costo político internacional. El gobierno de Cambiemos no desconoce el peso de las instancias internacionales. Los abogados del Área Jurídica Internacional en materia de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos mantuvieron ayer maratónicas reuniones, a puertas cerradas, sobre el informe. En diálogo con Página/12, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que van a “tener en cuenta” la resolución, pero le bajó el precio: “Es una opinión y no es vinculante”.
El informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Personas de la ONU llegó a Cancillería el jueves con un plazo de 24 horas para ser comunicado. Hasta el mediodía de ayer, los organismos de derechos humanos que impulsaron el reclamo (ver aparte) no habían sido notificados oficialmente. Pero uno de los responsables del área Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos había estudiado el informe durante toda la noche.
Parte de los problemas del Gobierno son algunos de sus propios antecedentes: el caso de Belén, la joven que estuvo presa en Tucumán acusada de un aborto que en realidad fue espontáneo y las posiciones que asume a nivel internacional ante resoluciones de organismos internacionales sobre Venezuela.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó en julio un informe que incluyó una recomendación para liberar de forma inmediata a Belén. En ese caso, el Estado nacional buscó herramientas políticas para articular con el estado provincial y la Justicia y levantar la prisión. En agosto, Belén salió en libertad. Aquel reclamo era incluso menos incisivo, porque habló de “recomendación” y no de “solicitud”. La abogada de Amnistía Internacional Paola García Rey recuerda para este caso que el gobierno ya aceptó el lugar de autoridad del Grupo de la ONU al receptar las denuncias y responder los pedidos de informes.
Avruj estuvo ayer en Tucumán. Atendió a Página/12 bien dispuesto, pero sólo con siete minutos de tiempo antes de embarcar.
–Naciones Unidas solicitó al gobierno la inmediata liberación de Sala. ¿Qué va a hacer el gobierno?
–Es una opinión de la comisión de trabajo, y no es vinculante. No requiere un inmediato cumplimiento de parte del Estado. Lo que le corresponde es elevarlo a las áreas indicadas, que es lo que hicimos hoy, al entregarlo a la justicia de Jujuy. Es un reclamo a la Justicia y nosotros somos respetuosos de la independencia de los poderes y de la autonomía de cada provincia, en este caso de Jujuy. Las respuestas del Superior Tribunal de Justicia podremos elevarlas ante la Comisión. Son los pasos normales. El Comité recibió la denuncia del CELS y de otros organismos. Elaboraron este informe que no es vinculante y llega al Estado argentino. La Justicia de Jujuy ahora tiene hasta seis meses para analizar y hacer las observaciones que considere sobre las recomendaciones y opinión del Comité.
–Dice que es una opinión, pero es una resolución de la ONU que tiene antecedentes: en Córdoba con un joven detenido y luego liberado y el más reciente, con el caso Belén. En ese caso no era ni siquiera una solicitud, sino una recomendación y el Gobierno hizo gestiones. Que diga que es una “opinión” minimiza esto que parece grave.
–Estamos diciendo qué nos corresponde hacer: elevarlo a la Justicia y tomarnos el tiempo debido para analizarlo. Ver, en consecuencia, si nos corresponde o no una acción más, pero siempre respetando esa independencia. Esto nos llegó hoy. Nuestro equipo de abogados lo estuvo viendo y lo mandamos. Fue una primera reunión. Trabajaremos con Cancillería para cumplimentar, porque respetamos el sistema internacional de derechos humanos al cual pertenecemos y sostenemos.
–Habla de la independencia del poder judicial. Pero cuando interviene una instancia como Naciones Unidas esto deja de ser un problema de una provincia o de la Justicia: el que aparece como responsable es el estado nacional. El Ejecutivo ya no puede delegar la responsabilidad en el poder judicial de Jujuy.
–Siempre es el Estado el responsable en todas las causas frente a los organismos internacionales. Tenemos claro que es así. Por eso trabajamos con las provincias. Ahora, como esto no es taxativo ni para ya, lo tenemos que estudiar. Somos respetuosos. Acá hay una opinión de la Justicia. La primera causa por la cual fue detenida ya no está en vigencia (NdR: el acampe), pero hay otras que tienen que ver con malversación, corrupción o actos de violencia que están en pleno proceso. De la primera lectura de los abogados –por eso le pido un poco más de tiempo– no surge que todas esas situaciones fueran debidamente tomadas en cuenta por la Comisión.
–Hubo oportunidades en las que el gobierno nacional y la justicia provincial pudieron defender sus fundamentos. Ante la evaluación de las respuestas, el organismo internacional tomó la decisión que tomó. También refieren a los fueros parlamentarios, un tema mal respondido aparentemente por el gobierno en los pedidos de informe, porque dicen que es un tema resuelto.
–No sé si fueron mal respondidos o es una mala interpretación del Comité. Aquí hubo resoluciones por el tema de los fueros del Parlasur. Los abogados están trabajando y van a seguir, el lunes a lo mejor puedo ampliar algo.
–Un diagnóstico como éste, más allá de si lo considera vinculante ¿no le hace repensar lo que sucede con Sala?
–Por eso marcaba que somos respetuosos de las instancias internacionales, porque consideramos que son importantes y vamos a tenerlo en cuenta. Esta resolución es una opinión. Hay que darle la entidad que tiene. Por eso queremos la respuesta de la Justicia jujeña. Queremos ir viendo qué pasa con los días. Como no tenemos apuro, vamos a ir viendo y respetando claramente la autonomía de la Justicia.
Tenemos 60 días para pedir una revisión si lo creemos necesario. El tema es importante. Y es serio. Eso lo sabemos.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312978-2016-10-29.html
Para Claudio Avruj la resolución es solo “una opinión y no es vinculante”. También derivó el tema “a la Justicia de Jujuy”. De todas formas, hay preocupación en el Gobierno y el informe se está analizando.
Por Alejandra Dandan
Los integrantes de organismos de derechos humanos sostienen que si el gobierno no cumple con el reclamo de Naciones Unidas de otorgar la “libertad inmediata” a Milagro Sala pagará un altísimo costo político internacional. El gobierno de Cambiemos no desconoce el peso de las instancias internacionales. Los abogados del Área Jurídica Internacional en materia de derechos humanos de la Secretaría de Derechos Humanos mantuvieron ayer maratónicas reuniones, a puertas cerradas, sobre el informe. En diálogo con Página/12, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que van a “tener en cuenta” la resolución, pero le bajó el precio: “Es una opinión y no es vinculante”.
El informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Personas de la ONU llegó a Cancillería el jueves con un plazo de 24 horas para ser comunicado. Hasta el mediodía de ayer, los organismos de derechos humanos que impulsaron el reclamo (ver aparte) no habían sido notificados oficialmente. Pero uno de los responsables del área Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos había estudiado el informe durante toda la noche.
Parte de los problemas del Gobierno son algunos de sus propios antecedentes: el caso de Belén, la joven que estuvo presa en Tucumán acusada de un aborto que en realidad fue espontáneo y las posiciones que asume a nivel internacional ante resoluciones de organismos internacionales sobre Venezuela.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU presentó en julio un informe que incluyó una recomendación para liberar de forma inmediata a Belén. En ese caso, el Estado nacional buscó herramientas políticas para articular con el estado provincial y la Justicia y levantar la prisión. En agosto, Belén salió en libertad. Aquel reclamo era incluso menos incisivo, porque habló de “recomendación” y no de “solicitud”. La abogada de Amnistía Internacional Paola García Rey recuerda para este caso que el gobierno ya aceptó el lugar de autoridad del Grupo de la ONU al receptar las denuncias y responder los pedidos de informes.
Avruj estuvo ayer en Tucumán. Atendió a Página/12 bien dispuesto, pero sólo con siete minutos de tiempo antes de embarcar.
–Naciones Unidas solicitó al gobierno la inmediata liberación de Sala. ¿Qué va a hacer el gobierno?
–Es una opinión de la comisión de trabajo, y no es vinculante. No requiere un inmediato cumplimiento de parte del Estado. Lo que le corresponde es elevarlo a las áreas indicadas, que es lo que hicimos hoy, al entregarlo a la justicia de Jujuy. Es un reclamo a la Justicia y nosotros somos respetuosos de la independencia de los poderes y de la autonomía de cada provincia, en este caso de Jujuy. Las respuestas del Superior Tribunal de Justicia podremos elevarlas ante la Comisión. Son los pasos normales. El Comité recibió la denuncia del CELS y de otros organismos. Elaboraron este informe que no es vinculante y llega al Estado argentino. La Justicia de Jujuy ahora tiene hasta seis meses para analizar y hacer las observaciones que considere sobre las recomendaciones y opinión del Comité.
–Dice que es una opinión, pero es una resolución de la ONU que tiene antecedentes: en Córdoba con un joven detenido y luego liberado y el más reciente, con el caso Belén. En ese caso no era ni siquiera una solicitud, sino una recomendación y el Gobierno hizo gestiones. Que diga que es una “opinión” minimiza esto que parece grave.
–Estamos diciendo qué nos corresponde hacer: elevarlo a la Justicia y tomarnos el tiempo debido para analizarlo. Ver, en consecuencia, si nos corresponde o no una acción más, pero siempre respetando esa independencia. Esto nos llegó hoy. Nuestro equipo de abogados lo estuvo viendo y lo mandamos. Fue una primera reunión. Trabajaremos con Cancillería para cumplimentar, porque respetamos el sistema internacional de derechos humanos al cual pertenecemos y sostenemos.
–Habla de la independencia del poder judicial. Pero cuando interviene una instancia como Naciones Unidas esto deja de ser un problema de una provincia o de la Justicia: el que aparece como responsable es el estado nacional. El Ejecutivo ya no puede delegar la responsabilidad en el poder judicial de Jujuy.
–Siempre es el Estado el responsable en todas las causas frente a los organismos internacionales. Tenemos claro que es así. Por eso trabajamos con las provincias. Ahora, como esto no es taxativo ni para ya, lo tenemos que estudiar. Somos respetuosos. Acá hay una opinión de la Justicia. La primera causa por la cual fue detenida ya no está en vigencia (NdR: el acampe), pero hay otras que tienen que ver con malversación, corrupción o actos de violencia que están en pleno proceso. De la primera lectura de los abogados –por eso le pido un poco más de tiempo– no surge que todas esas situaciones fueran debidamente tomadas en cuenta por la Comisión.
–Hubo oportunidades en las que el gobierno nacional y la justicia provincial pudieron defender sus fundamentos. Ante la evaluación de las respuestas, el organismo internacional tomó la decisión que tomó. También refieren a los fueros parlamentarios, un tema mal respondido aparentemente por el gobierno en los pedidos de informe, porque dicen que es un tema resuelto.
–No sé si fueron mal respondidos o es una mala interpretación del Comité. Aquí hubo resoluciones por el tema de los fueros del Parlasur. Los abogados están trabajando y van a seguir, el lunes a lo mejor puedo ampliar algo.
–Un diagnóstico como éste, más allá de si lo considera vinculante ¿no le hace repensar lo que sucede con Sala?
–Por eso marcaba que somos respetuosos de las instancias internacionales, porque consideramos que son importantes y vamos a tenerlo en cuenta. Esta resolución es una opinión. Hay que darle la entidad que tiene. Por eso queremos la respuesta de la Justicia jujeña. Queremos ir viendo qué pasa con los días. Como no tenemos apuro, vamos a ir viendo y respetando claramente la autonomía de la Justicia.
Tenemos 60 días para pedir una revisión si lo creemos necesario. El tema es importante. Y es serio. Eso lo sabemos.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312978-2016-10-29.html
viernes, 28 de octubre de 2016
El Gobierno reconoce que "lo que vale es el papel", por "Página 12" del 28-10-16
ADRIAN PEREZ RECHAZO MODIFICACIONES EN EL PROYECTO DE BOLETA ELECTRONICA
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, defendió el proyecto de ley del Gobierno para el uso de la boleta electrónica, que se discute en el Senado, y rechazó las críticas de legisladores del bloque FpV-PJ que proponen que las papeletas no tengan un chip de trazabilidad, ante los riesgos de vulnerabilidad a hackeos en el recuento de los resultados. No obstante, el funcionario puntualizó que si se implementa este sistema, durante el escrutinio "el dato correcto será el del papel" impreso.
"Lo que vale es el papel", insistió el funcionario autor de la reforma que tiene media sanción de Diputados y que pasó a la Cámara alta, donde una de las críticas centrales pasa por la seguridad informática, el carácter secreto del voto y si las máquinas que emiten las boletas van a cumplir solo una función de impresoras y no de transmisión de los números finales.
Al defender su iniciativa, Pérez sostuvo que el uso de la boleta electrónica tiene dos objetivos: evitar el "robo de boletas" y "evitar los errores manuales en las cargas manuales". Sin embargo, la última palabra la tendrá el conteo voto a voto y no el dato de la carga electrónica: "Si (durante el conteo de votos) hay diferencia entre el chip y el papel, lo que vale es el papel", afirmó.
Durante una entrevista por radio La Red, el ex diputado de la Coalición Cívica reiteró la necesidad de que cada boleta tenga un chip y, en este sentido, sostuvo que "es equivocado plantear la posibilidad de sacarle el dispositivo digital, es una parte central del proyecto". No obstante afirmó: "Siempre que haya algo electrónico, habrá que trabajar sobre la seguridad para que eso no ocurra".
La eliminación del chip es lo que propone el bloque del FpV-PJ en el Senado. Si impone esa modificación, para lo cual cuenta con número suficiente, el proyecto del Gobierno volvería en revisión a Diputados. Allí corre ahora el riesgo de naufragar porque el Frente Renovador estaría dispuesto a acompañar los cambios y no acompañaría al oficialismo en la ratificación.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312908-2016-10-28.html
El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, defendió el proyecto de ley del Gobierno para el uso de la boleta electrónica, que se discute en el Senado, y rechazó las críticas de legisladores del bloque FpV-PJ que proponen que las papeletas no tengan un chip de trazabilidad, ante los riesgos de vulnerabilidad a hackeos en el recuento de los resultados. No obstante, el funcionario puntualizó que si se implementa este sistema, durante el escrutinio "el dato correcto será el del papel" impreso.
"Lo que vale es el papel", insistió el funcionario autor de la reforma que tiene media sanción de Diputados y que pasó a la Cámara alta, donde una de las críticas centrales pasa por la seguridad informática, el carácter secreto del voto y si las máquinas que emiten las boletas van a cumplir solo una función de impresoras y no de transmisión de los números finales.
Al defender su iniciativa, Pérez sostuvo que el uso de la boleta electrónica tiene dos objetivos: evitar el "robo de boletas" y "evitar los errores manuales en las cargas manuales". Sin embargo, la última palabra la tendrá el conteo voto a voto y no el dato de la carga electrónica: "Si (durante el conteo de votos) hay diferencia entre el chip y el papel, lo que vale es el papel", afirmó.
Durante una entrevista por radio La Red, el ex diputado de la Coalición Cívica reiteró la necesidad de que cada boleta tenga un chip y, en este sentido, sostuvo que "es equivocado plantear la posibilidad de sacarle el dispositivo digital, es una parte central del proyecto". No obstante afirmó: "Siempre que haya algo electrónico, habrá que trabajar sobre la seguridad para que eso no ocurra".
La eliminación del chip es lo que propone el bloque del FpV-PJ en el Senado. Si impone esa modificación, para lo cual cuenta con número suficiente, el proyecto del Gobierno volvería en revisión a Diputados. Allí corre ahora el riesgo de naufragar porque el Frente Renovador estaría dispuesto a acompañar los cambios y no acompañaría al oficialismo en la ratificación.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312908-2016-10-28.html
SISTEMA QUE HUYE SIRVE PARA LA ELECCIÓN, por Miguel Jorquera (para "Página 12" del 28-10-16)
LOS PROMOTORES DE LA BOLETA ELECTRONICA NO QUIEREN QUE SUS MAQUINAS SEAN REVISADAS
Especialistas en informática los invitaron a someter las máquinas de votación a “una auditoría abierta y gratuita para identificar los posibles riesgos del voto electrónico” que impulsa el PRO, pero rechazaron el convite.
Por Miguel Jorquera
Los organizadores de Ekoparty, la conferencia de seguridad informática más grande de Latinoamérica –que este año reunió a 2500 hackers y especialistas en informática del continente en el Centro Cultural Konex–invitaron a las autoridades del Gobierno y sus legisladores a facilitarles las máquinas para el sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE) para “realizar una auditoria abierta y gratuita para identificar los posibles riesgos del voto electrónico como herramienta democrática”. Pero las autoridades respondieron –según contaron a Página/12 los responsables de Ekoparty– “con evasivas” y con el argumento de que “todavía no se conoce el software” que se utilizaría en todo el país en las elecciones legislativas de 2017, cuyo proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
“En nuestra condición de ciudadanos independientes, especialistas en seguridad informática y organizadores de Ekoparty la conferencia de seguridad informática más grande de Latinoamérica: invitamos al diputado nacional Pablo Tonelli, a la empresa Magic Software Argentina (MSA) y a la Dirección Nacional Electoral a facilitarnos el acceso al sistema de Boleta Única Electrónica con el fin de realizar una auditoría abierta y gratuita para identificar los posibles riesgos del voto electrónico como herramienta democrática”, dice el convite abierto desde la página oficial de Ekoparty y que extendieron en las redes sociales, después del fracaso de los trámites e invitaciones formales.
Tonelli fue el encargado de llevar adelante el debate en comisiones de la Cámara baja y uno de los defensores acérrimos de la BUE. MSA, la proveedora del sistema de boleta única electrónica que se implementó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta. La Cámara Nacional Electoral será la encargada de auditar la BUE, antes, durante y después de la votación. Ninguno respondió la invitación.
El año pasado, Ekoparty realizó un panel de debate sobre el sistema BUE que acababa de utilizarse en la elección porteña, donde los especialistas fueron muy críticos con el sistema. En el video del debate –aún disponible en YouTube–, el moderador expuso en una breve introducción que “un grupo de voluntarios detectó una serie de irregularidades que no fueron subsanadas y se votó con esos riesgos”.
“Deberían preguntarnos a nosotros, los especialistas, y nosotros involucrarnos porque el voto electrónico nos va a caer del cielo como un baldazo de agua y solo nos quedará quejarnos por las redes sociales”, insistió el moderador. “O ser presidente”, replicó uno de los asistentes que arrancó las carcajadas del resto como otra muestra de la vulnerabilidad del sistema. En esa oportunidad hubo en el panel dos sillas vacía: la destinada a los partidos políticos que respaldan la BUE y las empresas proveedoras. Hoy, en la nueva convocatoria de Ekoparty para debatir sobre la vulnerabilidad de la BUE también habrá sillas vacías y tampoco estarán las máquinas para demostrarlo.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312875-2016-10-28.html
Especialistas en informática los invitaron a someter las máquinas de votación a “una auditoría abierta y gratuita para identificar los posibles riesgos del voto electrónico” que impulsa el PRO, pero rechazaron el convite.
Por Miguel Jorquera
Los organizadores de Ekoparty, la conferencia de seguridad informática más grande de Latinoamérica –que este año reunió a 2500 hackers y especialistas en informática del continente en el Centro Cultural Konex–invitaron a las autoridades del Gobierno y sus legisladores a facilitarles las máquinas para el sistema de Boleta Unica Electrónica (BUE) para “realizar una auditoria abierta y gratuita para identificar los posibles riesgos del voto electrónico como herramienta democrática”. Pero las autoridades respondieron –según contaron a Página/12 los responsables de Ekoparty– “con evasivas” y con el argumento de que “todavía no se conoce el software” que se utilizaría en todo el país en las elecciones legislativas de 2017, cuyo proyecto ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.
“En nuestra condición de ciudadanos independientes, especialistas en seguridad informática y organizadores de Ekoparty la conferencia de seguridad informática más grande de Latinoamérica: invitamos al diputado nacional Pablo Tonelli, a la empresa Magic Software Argentina (MSA) y a la Dirección Nacional Electoral a facilitarnos el acceso al sistema de Boleta Única Electrónica con el fin de realizar una auditoría abierta y gratuita para identificar los posibles riesgos del voto electrónico como herramienta democrática”, dice el convite abierto desde la página oficial de Ekoparty y que extendieron en las redes sociales, después del fracaso de los trámites e invitaciones formales.
Tonelli fue el encargado de llevar adelante el debate en comisiones de la Cámara baja y uno de los defensores acérrimos de la BUE. MSA, la proveedora del sistema de boleta única electrónica que se implementó en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Salta. La Cámara Nacional Electoral será la encargada de auditar la BUE, antes, durante y después de la votación. Ninguno respondió la invitación.
El año pasado, Ekoparty realizó un panel de debate sobre el sistema BUE que acababa de utilizarse en la elección porteña, donde los especialistas fueron muy críticos con el sistema. En el video del debate –aún disponible en YouTube–, el moderador expuso en una breve introducción que “un grupo de voluntarios detectó una serie de irregularidades que no fueron subsanadas y se votó con esos riesgos”.
“Deberían preguntarnos a nosotros, los especialistas, y nosotros involucrarnos porque el voto electrónico nos va a caer del cielo como un baldazo de agua y solo nos quedará quejarnos por las redes sociales”, insistió el moderador. “O ser presidente”, replicó uno de los asistentes que arrancó las carcajadas del resto como otra muestra de la vulnerabilidad del sistema. En esa oportunidad hubo en el panel dos sillas vacía: la destinada a los partidos políticos que respaldan la BUE y las empresas proveedoras. Hoy, en la nueva convocatoria de Ekoparty para debatir sobre la vulnerabilidad de la BUE también habrá sillas vacías y tampoco estarán las máquinas para demostrarlo.
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-312875-2016-10-28.html
La ONU le pidió al Gobierno "liberar de inmediato" a Milagro Sala, por "Página 12" del 28-10-16
CALIFICO LA DETENCION COMO "ARBITRARIA"
El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas sostuvo que "no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva" de la dirigente de la organización Tupac Amaru, privada de su libertad en la provincia de Jujuy desde el 16 de enero pasado, a instancias del gobierno Gerardo Morales.
La resolución de la ONU será explicada durante una conferencia de prensa prevista para las 16 en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del que participarán el presidente y el director ejecutivo de ese organismo, Horacio Verbitsky y Gastón Chiller, respectivamente, además de la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
Entre los argumentos de Naciones Unidas se sostiene que en la causa contra la dirigente "no se demostró que existe (...) riego de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad" y, en por este motivo, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
"El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo" indica el comunicado conjunto firmado por el CELS, la organización Andhes y Amnistía Internacional, que presentaron una denuncia sobre el hecho en febrero pasado.
La ONU, además, consideró que el Estado argentino impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que, por su condición de parlamentaria del Mercosur, Sala contaba con fueros que impedían su detención.
LEER LA RESOLUCIÓN COMPLETA
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312918-2016-10-28.html
El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas sostuvo que "no existen elementos legales para justificar la prisión preventiva" de la dirigente de la organización Tupac Amaru, privada de su libertad en la provincia de Jujuy desde el 16 de enero pasado, a instancias del gobierno Gerardo Morales.
La resolución de la ONU será explicada durante una conferencia de prensa prevista para las 16 en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del que participarán el presidente y el director ejecutivo de ese organismo, Horacio Verbitsky y Gastón Chiller, respectivamente, además de la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta.
Entre los argumentos de Naciones Unidas se sostiene que en la causa contra la dirigente "no se demostró que existe (...) riego de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad" y, en por este motivo, solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe como va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
"El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo" indica el comunicado conjunto firmado por el CELS, la organización Andhes y Amnistía Internacional, que presentaron una denuncia sobre el hecho en febrero pasado.
La ONU, además, consideró que el Estado argentino impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. También entendió que, por su condición de parlamentaria del Mercosur, Sala contaba con fueros que impedían su detención.
LEER LA RESOLUCIÓN COMPLETA
Publicado en:
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-312918-2016-10-28.html
jueves, 27 de octubre de 2016
miércoles, 26 de octubre de 2016
DANIEL PENAZZI: "¿Cómo lo evitan? ¿Cacheando votantes?"
Penazzi explica en un video de 2 minutos con 20 segundos cómo CON EL VOTO ELECTRÓNICO no sólo no desaparece EL CLIENTELISMO sino que SE FORTALECE Y SIMPLIFICA.
En definitiva, y esto no lo dice con estas palabras Penazzi, con el voto electrónico se puede volver al Fraude Patriótico, sólo que con wifi, bluetooth y lucecitas de colores...
(1):
Daniel Penazzi es hoy Profesor Asociado por Concurso, en FaMAF ( Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad de Córdoba).
Penazzi es:
*Licenciado en Matematica, Famaf, 1988.
*Ph.D. in Mathematics, University of Minnesota, 1993.
Cristina Kirchner: "No saben qué hacer con la causa Dólar futuro", por "El Destape Web" del 25-10-16
La ex presidenta le respondió a un medio y afirmó: "Los que cometieron delitos con esta causa son los funcionarios de este Gobierno".
25 de octubre 2016
"No saben que hacer con causa "Dólar futuro" porque los únicos que cometieron delito fueron los funcionarios del actual gobierno", afirmó Cristina Kirchner en una serie de tuits por un titular en un medio antikirchnerista.
"Acabo de leer en Infobae un titular: "Dólar futuro: la Cámara explicó por qué demora en definir la situación de Cristina Kirchner". Textual. El pasado viernes, presenté en dicha causa pedido de "pronto despacho" por haberse vencido todos los plazos para que la Cámara resuelva mi situación procesal. O sea si confirma o revoca el procesamiento ordenado por Bonadío. Una vez más me entero por los medios", contó la ex presidenta sobre la causa en su contra.
LEER A CRISTINA EN TWITTER
Y cuestionó a los medios: "Para eso entre otras cosas están los medios: para que te enteres por ellos lo que resuelven los jueces sobre tus derechos".
Publicado en:
http://www.eldestapeweb.com/cristina-kirchner-no-saben-que-hacer-la-causa-dolar-futuro-n22106
INFORMACIÓN RELACIONADA:
El secretario de Finanzas invirtió en futuros y después les fijó el precio